lunes, 4 de abril de 2011

"CASO VOLTOR"; BUILS ORDENÓ DESVIAR 325.000 EUROS PARA PAGAR EMPLEADOS FANTASMA DE UM

Por escrito
 
* La Policía Judicial interviene entre la documentación incautada correos
* Se inflaban los proyectos de informática

E. Colom | E. Urreiztieta | Palma

El ex conseller de Turismo del actual Govern que encabeza el PSOE y ex dirigente de Unió Mallorquina Francesc Buils también ordenó la colocación de empleados fantasma de UM. Esto es, activistas y cargos de confianza del partido que fueron puestos a cobrar fondos públicos de organismos del Consell de Mallorca para los que en realidad nunca trabajaron sino que se les pagaba así su plena disposición para la formación política.

Los fondos públicos apartados para pagarles sus sueldos, que también fueron fijados siguiendo directrices que provenían de Buils, se obtenían tras inflar el presupuesto de convenios públicos destinados teóricamente a financiar servicios informáticos de la institución insular que presidía Maria Antònia Munar, tal y como publica este lunes EL MUNDO / El Día de Baleares.

Así lo acredita la documentación extraída de los archivos informáticos y servidores de correo electrónico confiscados por la Policía Judicial y la Fiscalía Anticorrupción tras registrar en febrero de 2010 el Consorcio de Informática Local de Mallorca (Cilma), un organismo en el que UM puso a decenas de empleados fantasma a sueldo bajo el pretexto de su contratación en servicios informáticos, provocando que el presupuesto de este consorcio acabara disparándose de los 479.000 euros de 2003 a los 1,13 millones de euros de 2007, año electoral.

Según fuentes de la investigación judicial bautizada como caso Voltor, las órdenes de Buils eran transmitidas a través de correos electrónicos enviados por una de sus secretarias directamente al gerente del Cilma Eugenio Losada. Se le indicaba exactamente qué personas debían ser contratadas y qué cantidad de dinero debían percibir mensualmente, llegando a reservar para algunas de ellas, personas influyentes en la estructura interna del partido, hasta 48.900 euros brutos anuales sin que nunca pisasen luego el Consorcio más que para firmar su contrato.

elmundo.es

EL TSJB ASUME LA PIEZA DE LA ÓPERA DE CALATRAVA DENTRO DEL "CASO PALMA ARENA"

CORRUPCIÓN | Novedades del caso

* Hace días el Alto Tribunal rechazó hacerse cargo de la instrucción
* Francisco Javier Muñoz Jiménez será el magistrado de la causa

Hugo Sáenz | Palma

El Tribunal Superior de Justícia de Baleares asumirá finalmente la pieza referente a la ópera de Calatrava dentro del caso Palma Arena debido a la condición de aforado del diputado regional Francesc Fiol (PP).

Así, en un auto emitido este lunes, la Sala Civil y Penal del Tribunal ha decidido aceptar la competencia para el conocimiento de las Diligencias Previas de la pieza número 3 del caso (Ópera de Calatrava) y reclamar al Juzgado de Instrucción número 3 de Palma las actuaciones, después de que el fiscal reclamase una fianza civil de 1,6 millones de euros al parlamentario autonómico, que está imputado en esta pieza.

En este sentido, también se ha decidido designar como magistrado instructor de la causa a Francisco Javier Muñoz Jiménez y como ponente de la causa a Antonio Terrasa García.

La decisión se produce tan solo unos días después de que el juez José Castro elevara esta pieza al TSJB, que, en principio, se negó a asumir la investigación de esta causa hasta que la Fiscalía no reclamara la fianza civil para el diputado popular Francesc Fiol.

Tras solicitar la fianza de 1,6 millones de euros para Fiol, el juez Castro elevó la pieza separada del Palma Arena al TSJB para que asuma su investigación y determine si decreta o no la petición de caución contra el diputado 'popular' Francesc Fiol.

Precisamente, la Sala de lo Civil y Penal del TSJB rechazó el lunes pasado asumir la pieza del caso Palma Arena relacionada con la contratación presuntamente irregular del arquitecto Santiago Calatrava, al alegar que las acusaciones no habían solicitado aún, pese a haberlo anunciado, una fianza de responsabilidad civil contra Fiol.


elmundo.es

"CASO MALAYA"; UN POLICÍA DECLARA QUE JUAN ANTONIO ROCA SE ENRIQUECIÓ CON "PELOTAZOS" URBANÍSTICOS

En terrenos municipales
José Carlos Villanueva | Málaga

La jornada de este lunes prosigue en el juicio del 'caso Malaya' con la declaración de un inspector de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef). Dicho investigador ha asegurado, a preguntas de la defensa de Juan Antonio Roca, que el exasesor urbanístico se enriqueció con "pelotazos urbanísticos" sobre terrenos municipales.

Ésta ha sido una de las formas que ha utilizado el inspector para referirse a cómo se incrementó el patrimonio del principal acusado en la trama de presunta corrupción municipal, que se enjuicia en la Audiencia de Málaga.

Se trata, según el mando policial, de "operaciones enormes" que acarreaban "comisiones por intermediación en la compra venta de parcelas", ha detallado el perito policial.

Además, ha relatado la existencia de "contratos y facturas en las que se asocian determinadas ganancias con determinadas intermediaciones", en referencia a diversa documentación incautada a Roca.

De hecho, se ha referido especialmente a la operación inmobiliaria conocido como ‘Dama de noche’, llevada a cabo por el promotor Fidel San Román -también acusado- y el Ayuntamiento de Marbella. En ella, la sociedad EKA 620, vinculada a Roca, «recibió un 19% sobre la superficie que se iba a construir».

Según el inspector, el mencionado empresario reconoció que «pagó a Roca por la licencia de primera ocupación, incluso en fechas próximas a su detención».

Paralelamente, el investigador de la Udef ha aludido a "determinadas operaciones con base a malversaciones de caudales públicos y actos ilícitos, que han ido engrandeciendo su patrimonio", en alusión al ex gerente de Urbanismo. En este punto, ha recordado el llamado 'caso Saqueo 1', desvelado por EL MUNDO en octubre de 1999: "El señor Roca fue condenado a indemnizar con 24 millones de euros al Consistorio de Marbella", ha destacado.

Origen ilícito

Sin embargo, el perito ha reconocido que no podía concretar qué proporción tiene el origen ilícito, dentro del patrimonio global de Roca, tras preguntarle la letrada del acusado, Rocío Amigo.

Para el inspector de la Udef los archivos de la empresa Maras Asesores, incautados al contable de Roca, Salvador Gardoqui, y en los que se guardaba toda la contabilidad interna de sus empresas, además de la caja B, "complementan el proceso de información de su patrimonio".

Precisamente, ha puntualizado el policía, "a través de Maras Asesores vimos que se pagaban grandes cantidades de dinero en B y se adquirían bienes suntuarios, coches y cuadros; eso también es patrimonio".

"Si no hubiéramos levantado el velo de la estructura societaria no hubiera sido posible determinar el patrimonio de Roca". Esta ha sido otra de las conclusiones del inspector, durante el interrogatorio de la defensa.

Dicho perito ha reconocido que ya en 2001 él personalmente investigaba a Roca. Cuando Rocío Amigo le ha preguntado qué motivos le movían a ello el presidente del tribunal, José Godino, le ha dicho que no tenía por qué contestar.

Fue precisamente en febrero de 2001 cuando la Fiscalía Anticorrupción presentó ante la Audiencia Nacional la querella por el ‘caso Saqueo 1’, con las pruebas aportadas por este diario. El entonces juez en funciones de guardia Guillermo Ruiz Polanco acudió el 8 de febrero de ese año a Marbella para practicar registros en distintas dependencias municipales, así como en el Club Financiero Inmobiliario, la residencia y oficina privada de Jesús Gil. Las actuaciones judiciales recayeron después en el Juzgado Central 6, cuyo instructor era Juan del Olmo.

"CASO MALAYA"; LA POLICÍA DICE QUE ROCA TIENE UN CARÁCTER "IMPERATIVO" Y SUS MPLEADOS LE OBEDECÍAN

Juan Antonio Roca.
Uno de los responsables de la investigación dice que el traspaso de patrimonio a sus hijos se hace "en 2005 y se perfecciona el día antes de las detenciones"

Málaga.

Uno de los responsables de la investigación del caso 'Malaya', perteneciente a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), ha asegurado este lunes que el presunto cerebro de la trama de corrupción en Marbella (Málaga), Juan Antonio Roca, tenía un carácter "imperativo" y ha apuntado que sus empleados, muchos de ellos acusados en esta causa, obedecían sus instrucciones.

El presidente del Tribunal encargado del enjuiciamiento, José Godino, ha preguntado a este investigador, que ha continuado su declaración en la vista oral del juicio, si el carácter del principal acusado era "vehemente e imperativo o condescendiente con sus empleados", a lo que el agente ha contestado "vehemente e imperativo, creo".

Asimismo, en el contexto de la existencia o no de una estructura u organización, el magistrado le ha preguntado si éste contaba con las opiniones de sus subordinados, indicando el investigador que "en determinados casos evidentemente delega, por eso tiene una estructura".

También se le ha cuestionado por parte del presidente de la Sala si las personas que le rodeaban más directamente "podían tener conciencia de que formaban parte de una organización", asegurando el testigo que a lo largo de la investigación se observó "que tenía un ámbito cercano de seguridad, en el que se utilizaban determinadas medidas y contramedidas".

Eso, a juicio policial, "es porque se quiere ocultar determinadas operaciones", según ha manifestado el testigo. Asimismo, ha añadido que a Roca esas terceras personas "le llamaban jefe, jefa a la mujer y obedecen las órdenes de Juan Antonio Roca Nicolás".

A preguntas de las defensas, ha insistido que la tesis de la investigación fue que su patrimonio "tiene en su gran parte origen en operaciones ilícitas", indicando que aunque los indicios aportados al juez inicialmente de disciplina, jerarquía y pluralidad de personas para concluir que existía una estructura criminal son propios de cualquier empresa, existe "la vinculación con actividad delictiva".

Ha dicho que Roca reconocía la titularidad de su patrimonio "exclusivamente con empresarios con los que compartía intereses"; mientras que "formalmente, oculta" la estructura societaria. "En relación con los empresarios con los que se relaciona, que en muchos casos le pagan, no lo oculta", ha apuntado y ha señalado que el traspaso a sus hijos se hace "en 2005 y se perfecciona incluso el día antes de las detenciones".

"En la situación de partida, ni yo ni la Agencia Tributaria fuimos capaces de determinar cuál era el patrimonio que se podía adscribir a Juan Antonio Roca Nicolás", ha insistido el investigador, aunque ha confirmado, a preguntas de la defensa de éste, que las actividades de estas empresas en distintos sectores como el hotelero o el ganadero eran "reales".

Asimismo, ha manifestado que en la investigación se ha observado que determinados negocios "con base en actos ilícitos han ido engrandando su patrimonio", pero no ha podido cuantificar el aumento; y ha indicado que se han visto incrementos "enormes", algunos "con base en terrenos del Ayuntamiento", y contratos y facturas "en las que se asocian determinadas ganancias en la intermediación empresarial".

El investigador ha explicado una operación inmobiliaria en la que habría intervenido el principal acusado y que a su juicio supone "un pelotazo urbanístico". Además, ha reiterado que no les consta que el patrimonio previo de Roca "se utilizara en operaciones posteriores", ya que "figuraba quebrado", indicando que en esa época tenía "un pasivo bastante grande".

Respecto al gabinete jurídico, ha apuntado a un papel de "constituir sociedades" con las que "ocultar el patrimonio de Roca", mientras éste "está siendo investigado" por diferentes juzgados. El presidente del Tribunal ha vuelto a centrar el debate en la existencia o no de esa ocultación, momento en el que se ha suspendido el interrogatorio hasta este martes.

Registros e intervenciones

Las defensas que han intervenido en la sesión de este lunes, la de Roca y la del principal socio del gabinete jurídico, han cuestionado en su interrogatorio la validez tanto de las escuchas telefónicas y su necesidad, como de los documentos intervenidos en registros, centrando sus preguntas en las solicitudes remitidas por los investigadores al juez con "errores", según los letrados; y en el sistema de bridas o en la cadena de custodia.

En este sentido, ha indicado que no abrió "ninguna caja" hasta que lo remitió el juez, apuntando que "en cualquier caso, si he utilizado algún tipo de documentación fue porque saqué una copia en la propia diligencia de entrada". Sobre los registros le ha preguntado también el acusado y letrado del socio del gabinete jurídico, quien ha dicho que "la cadena de custodia nunca ha estado bajo control judicial", lo que ha calificado de "muy grave".

Esta defensa ha asegurado que "todo ha sido un montaje y a propuesta de estos señores", a lo que el presidente del Tribunal ha indicado que si tiene dudas sobre si no están todos los documentos "presente la denuncia correspondiente", aunque ha considerado que "no se pueden hacer insinuaciones delictivas". "La Sala no puede consentir eso", ha añadido el magistrado.


estrelladigital.es

"CASO ERES FALSOS EN ANDALUCÍA"; LA JUEZA LLEVARÁ AL SUPREMO LA NEGATIVA DE LA JUNTA A ENTREGAR LAS ACTAS DE LOS CONSEJOS DE GOBIERNO

José Antonio Griñán, presidente de la Junta de Andalucía (EFE).
Andalucía | Junta de Andalucía | Prejubilaciones falsas | Mercedes Alaya

España | @Agustín Rivera. Málaga

Al Supremo. La juez Mercedes Alaya prevé llevar al Alto Tribunal a la Junta de Andalucía tras la anunciada negativa del Ejecutivo Griñán de entregar las actas de 480 consejos de Gobierno. Alaya ha citado este mediodía (a las 13.30 horas) a la representación legal de la Junta de Andalucía. El equipo jurídico de la Junta no entiende las razones por las que la juez requiere las actas de Gobierno, materia prima fundamental en su investigación sobre los EREs falsos.

La magistrada tiene decidido enviar al Tribunal de Conflictos de Jurisdicción, dependiente del Tribunal Supremo, este conflicto judicial entre el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, donde Alaya es titular, y la Junta de Andalucía, empeñada en torpedear la acción de la juez, convertida en azote de las prácticas autorizadas en los Ejecutivos Chaves y Griñán.
Al mismo tiempo que el Gobierno andaluz tiene que hacer frente a la iniciativa de la Fiscalía Anticorrupción en este caso, ya ha sufrido dos rotundos autos de la juez. El último, de 21 folios y fechado el 30 de marzo, resalta que la ex consejera de Economía y Hacienda Magdalena Álvarez estaba al tanto de los informes de la Intervención General que rechazaba el método de entrega de las ayudas. El Confidencial ya adelantó el 22 de marzo que Álvarez firmó ayudas utilizadas en presuntos EREs falsos.

Mercedes Alaya quiere saber si en el Consejo de Gobierno se aprobó algún cambio en el presupuesto para ampliar las ayudas a empresas en crisis, el método de trabajo entre la Consejería de Empleo y el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), la actual IDEA y si Chaves y Griñán conocían los informes de la Intervención General y de la Cámara de Cuentas andaluza.

Este diario ya publicó que el Gobierno andaluz presidido por Manuel Chaves incumplió las recomendaciones internas de control de subvenciones. La Junta de Andalucía pagó 199 millones de euros en ayudas a empresas, aunque sólo se presupuestaron 38 millones, según el informe de Intervención General de la Junta enviado en 2005 a la Consejería de Empleo.

La juez admitió en su primer auto que se podría ampliar el número de procesados. Explicó que el actual número de imputados obedece a “la escasa documentación recibida” y no descarta nuevas calificaciones jurídico-penales. La instrucción también se extendería a otras personas que aparecieran indiciariamente responsables de los hechos.

De esta manera, la juez tumbó la supuesta transparencia de la Junta de Andalucía en la divulgación de los EREs falsos, que contó con su apartado estrella con la publicación en el Twitter y Facebook del consejero Manuel Recio de la investigación interna del Gobierno andaluz.

elconfidencial.com

ANTICORRUPCIÓN DENUNCIA A JAVIER SALAS, ÚLTIMO PRESIDENTE DEL INI, POR TRÁFICO DE INFLUENCIAS

LA JUEZ INVESTIGA TAMBIÉN DELITO FISCAL EN LA VENTA DE PATRULLEROS A VENEZUELA

En Exclusiva | @Carlos Sánchez.-

La Fiscalía Anticorrupción ha movido ficha contra Javier Salas Collantes, presidente del Instituto Nacional de industria (INI) entre 1990 y 1995. Es decir, en la última etapa del anterior Gobierno socialista. Lo acusa de un doble delito: tráfico de influencias y delito fiscal en relación a su participación en la venta de ocho patrulleros a Venezuela. La operación se firmó en Caracas en noviembre de 2005.

La denuncia está relacionada con el cobro de comisiones no declaradas al fisco, para lo cual Salas pudo aprovechar tanto sus contactos como su capacidad de influencia. Navantia, una empresa pública dependiente de la Sepi (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), firmó en noviembre de 2005 en Caracas un contrato con la Marina de Venezuela para la construcción de 4 patrulleros oceánicos para vigilancia y protección de la zona económica exclusiva y 4 patrulleros de vigilancia del litoral.

La denuncia se ha presentado en el juzgado de instrucción número ocho, de Madrid, según han asegurado a El Confidencial varias fuentes de toda solvencia. La magistrada que lo instruye, Rosario Espinosa Merlo, ya ha tomado declaración a Salas, un político del entorno de lo que un día se llamó ‘beautiful socialista’.

La denuncia afecta también a otra persona cuya identidad de momento se desconoce, y surge a instancias del Banco de España, que hace más de un año presentó toda la documentación que obraba en su poder a la Fiscalía Anticorrupción. Durante ese tiempo, los servicios de la fiscalía han acumulado nuevas pruebas y verificado las entregadas en su día por los servicios jurídicos del banco central. Finalmente, decidió presentar la denuncia ante el juzgado de guardia, que ahora es quien debe continuar con las pesquisas.

Javier Salas está por el momento imputado, pero la jueza, con fama en medios judiciales de ser muy reservada en la instrucción de sumarios, aún no ha decidido si abre procedimiento abreviado u ordinario. Se trata, dijeron las fuentes consultadas, de un procedimiento “largo y complejo”. El Confidencial ha intentado sin éxito ponerse en contacto con Javier Salas en dos lugares diferentes.

Un contrato de 1.000 millones de euros

El contrato para Navantia ha supuesto más de 3.700.000 horas de trabajo de producción y unas 500.000 de ingeniería. La construcción de estos barcos se ha llevado a cabo en el Astillero de San Fernando-Puerto Real, dotando así a la zona de la Bahía de Cádiz de una importante carga de trabajo hasta el año 2012. Precisamente, este jueves, 7, se entregará el primero de los cuatro patrulleros oceánicos, mientras que ya se han entregado tres de los cuatro patrulleros de vigilancia del litoral. La factura de la operación estará al final del proceso en el entorno de los 1.000 millones de euros.

Salas Collantes, que fue el último presidente del INI, es actualmente consejero externo independiente de Red Eléctrica de España (REE), una compañía con mayoría del capital público, y donde han aterrizado algunos antiguos cargos socialistas: Miguel Boyer o Luis Atienza, ex ministro de Agricultura.  O José Folgado, ex secretario de Estado de Economía con el Partido Popular. Salas está considerado muy próximo a los ex ministros Carlos Solchaga y Claudio Aranzadi. Este último fue su jefe directo en los tiempos que presidía el INI. Como tal, también compatibilizó su cargo con la presidencia de Iberia cuando la compañía formaba parte del grupo público de participaciones industriales.

Salas es también presidente del patronato de la Fundación Entorno y forma parte de numerosos consejos, como los de las empresas Telvent (Grupo Abengoa) y Young & Rubicam, además de ser socio fundador y director de Saga Servicios Financieros. En Telvent es presidente del comité de auditoría, del que también forma parte el diplomático Emilio Casinello.

Según lo publicado por El País desvelando material distribuido pro Wikileaks, la venta de armas a Venezuela provocó en su día una profunda división en el Gobierno. En concreto, sostiene el diario, decenas de documentos confidenciales muestran cómo Washington presionó una y otra vez a altos cargos de Exteriores y Defensa, incluidos sus titulares, e incluso al propio presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Finalmente, la venta de barcos se cerró, pero EE UU vetó la transferencia de tecnología necesaria para el contrato de los aviones.

elconfidencial.com