martes, 22 de mayo de 2012

"CASO GÜRTEL"; EL EXTESORERO DEL PP NIEGA IRREGULARIDADES EN LAS CUENTAS DE SU PARTIDO

El extesorero nacional del PP rechaza comentarios después de comparecer ante el juez
Cristina Ibáñez, exgerente regional del PP, asegura sentirse tranquila al dejar el juzgado

Luis Bárcenas, ante el TSJ de Valencia. / JORDI VICENT
F. S. Valencia

Luis Bárcenas, extesorero del Partido Popular, exsenador y uno de los principales políticos imputados en el caso Gürtel, declaró este martes en Valencia ante el magistrado José Ceres, que investiga desde la sala de lo Civil y Social del Tribunal Superior de Justicia valenciano un supuesto delito de financiación ilegal del PP valenciano. En concreto, Ceres imputa a Bárcenas en una de las tres piezas de la causa, la relativa a un supuesto delito electoral del PP en los comicios municipales y autonómicos de 2007.

Según fuentes del caso, respondió a preguntas del juez, del fiscal y de su abogado, aunque lo hizo con vaguedades, negó cualquier irregularidad en su actuación y no aportó ninguna novedad a la causa. No admitió cuestiones de los abogados de las partes ni de la acusación particular, que ejerce el PSPV-PSOE. A la salida del TSJ, no quiso hablar con los periodistas.

Aparte de la causa de Valencia, Bárcenas también tiene que responder ante el TSJ madrileño, después de que la Audiencia Nacional revocara la decisión de aquella instancia en la que acordaba en septiembre de 2011 el sobreseimiento provisional y archivo de la causa referida al extesorero del PP y otros cargos populares. La investigación judicial del caso Gürtel vio indicios suficientes de la implicación de Bárcenas en la trama tras encontrar apuntes contables en los que se constataban pagos en comisiones de la caja B de las empresas de Francisco Correa, cerebro de la trama. En los apuntes figuraban iniciales como “L. B.”, como “L. Bárcenas”.

Dinero de empresas
El magistrado valenciano investiga si la empresa de Álvaro Pérez, El Bigotes, Orange Market, la matriz de la trama en Valencia, financió con dinero de varias constructoras valencianas actos electorales del PP valenciano.

Este martes también se tomó declaración a Cristina Ibáñez, exgerente del PP valenciano, y al igual que Bárcenas solo respondió a Ceres, al fiscal y a su representante legal. Y hoy le llega el turno a Yolanda García y David Serra, tesorera y vicesecretario de Organización del PPCV hasta el pasado fin de semana. Pero quizá la comparecencia más esperada es la que hará el viernes el diputado Ricardo Costa, exsecretario general del PP valenciano cuando los hechos investigados.

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EN EL PAÍS

EN OTROS MEDIOS

LA GERENTE DEL PP VALENCIANO SE NIEGA A RESPONDER AL ABOGADO DEL PSPV EN EL TSJ

TRIBUNALES | Causa de la presunta financiación ilegal


Europa Press | Valencia

La gerente del PPCV, Cristina Ibáñez, se ha mostrado "tranquila" a la salida del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), donde este martes ha declarado en calidad de imputada por el caso de supuesta financiación irregular de la formación 'popular' regional.

Ibáñez ha explicado a la salida de la sede judicial que ha respondido a las preguntas formuladas por el magistrado José Ceres, que instruye la causa y a todas las partes, excepto a la acusación particular, que representa al PSPV.

La responsable 'popular' estaba citada a las 12.00 horas en la sede del TSJCV, a donde ha llegado puntual y donde ha permanecido más de dos horas. A su salida, a preguntas de los medios, ha remarcado que se va "igual de tranquila" que cuando ha llegado.

Además

LA AUDIENCIA DE CASTELLÓN PARALIZA EL JUICIO A CARLOS FABRA Y DEVUELVE EL CASO A NULES

Carlos Fabra, abandona los juzgados de Castellón en una foto de archivo. | Efe
TRIBUNALES | Juicio contra el presidente del PP de Castellón
Está acusado de delitos de cohecho, tráfico de influencias y contra hacienda
Fabra presentó un recurso por entender que no debía ser imputado por cohecho

Efe | Valencia

La Audiencia Provincial de Castellón ha devuelto al Juzgado de Instrucción número 1 de Nules la causa sobre el expresidente de la Diputación de Castellón y líder del PP en esa provincia, Carlos Fabra, porque no se considera competente para juzgarlo.

Según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), la Sección Primera de la Audiencia Provincial alega en un auto que la Sección Segunda estimó recientemente un recurso Fabra descartando el delito de cohecho, lo que aleja la causa de este ámbito jurisdiccional.

El juzgado de Nules había remitido el caso a la Audiencia para que procediera a la apertura del juicio oral, pero sin el delito de cohecho, "el caso le corresponde a un juzgado de lo penal, no a una sala de la Audiencia", subrayan las citadas fuentes.

El pasado 20 de enero, el juzgado de Instrucción número 1 de Nules acordó la apertura del juicio oral contra Carlos Fabra, al que impuso una fianza de 4,2 millones de euros por supuestos delitos de cohecho, tráfico de influencias y contra la hacienda pública.

Fabra presentó un recurso de apelación contra esta decisión por entender que no debía ser imputado por cohecho, y la Sección Segunda de la Audiencia estimó su petición el pasado 4 de mayo, manteniendo, no obstante, que podría haber existido tráfico de influencias.

El Juzgado número 1 de Nules, que ha tenido nueve titulares en los últimos ocho años, dio por concluida el pasado mes de diciembre la instrucción de esta investigación, abierta en diciembre de 2003 tras dos querellas presentadas contra Fabra por el empresario Vicente Vilar, titular de Naranjax, una mercantil de productos fitosanitarios.

Naranjax tenía pendientes de aprobación varios productos por parte de los ministerios de Agricultura y de Sanidad, y Vilar trató de contactar con Fabra a través de sus respectivas esposas, Monserrat Vives y Amparo Fernández, que eran amigas.

Según el auto, existen indicios de que Fabra medió con las autoridades y funcionarios públicos para agilizar la tramitación y obtención de las autorizaciones haciendo valer su condición de presidente de la Diputación.

La denuncia que originó estas diligencias fue presentada en diciembre de 2003 por Vilar y, a raíz de la misma, Hacienda denunció a Fabra por supuestas irregularidades en la declaración de la renta de 1999, tras lo cual el juez ordenó investigar sus cuentas desde ese año hasta 2004.

Fabra y su mujer, durante los ejercicios fiscales entre 1999 y 2004, obtuvieron ingresos que ocultaron a la Hacienda Pública y que no se correspondían con el patrimonio ni con la renta por ellos declarados, según ese auto.

Las cantidades defraudadas en ese periodo suman más de 880.000 euros por parte del ex presidente y más de 580.000 por parte de su esposa.

Además

"CASO PALAU"; EL JUEZ IMPUTA AL ADMINISTRADOR DE LAS EMPRESAS MATRIZ QUE HIZO DONATIVOS A CDC

New Letter y Letter Graphic
Les hicieron donativos de 775.000 euros y ahora están en concurso de acreedores

Efe | Barcelona

El titular del juzgado de instrucción número 30 de Barcelona ha imputado al administrador de la sociedad matriz de las empresas proveedoras del Palau de la Música New Letter y Letter Graphic, que hicieron donativos de 775.000 euros a CDC y actualmente se encuentran en concurso de acreedores.

Según consta en una diligencia del juzgado, a la que ha tenido acceso Efe, Juan Antonio M. ha sido imputado en la causa abierta sobre el saqueo del Palau de la Música por su cargo de administrador de Mail Rent, matriz de las empresas New Letter y Letter Graphic que entre 2007 y 2009 facturaron al Palau de la Música 847.000 euros por trabajos que no están justificados.

El juez Josep Maria Pijuan investiga, en una pieza separada del expolio, si esas empresas pudieron ejercer de intermediarias en el presunto pago de comisiones de la constructora Ferrovial a CDC a través del Palau de la Música, a cambio de la adjudicación de obra pública en la etapa de gobierno de Jordi Pujol.

Juan Antonio M., que compareció el pasado 16 de mayo en el juzgado para designar abogado y procurador, fue desde febrero del año 2001 administrador de la sociedad Mail Rent, declarada en concurso de acreedores en septiembre de 2011, igual que sus filiales New Letter y Letter Graphic.

Responsables de esas dos filiales ya declararon como imputados en junio del año pasado ante el juez, en una comparecencia en la que justificaron los trabajos que facturaron al Palau de la Música, aunque sin aportar facturas que los acreditaran.

El administrador de Mail Rent declarará ahora ante el juez instructor para dar explicaciones sobre las donaciones que el entramado de empresas hizo a CDC, y que se han descubierto a raíz del informe elaborado por el administrador concursal de esas sociedades, aportado al juzgado que investiga el "caso Millet".

La empresa Mail Rent fue constituida en 1998, con un capital de 3.006 euros y un objeto social dedicado al "negocio y tráfico inmobiliario", así como al alquiler de maquinaria para la manipulación del papel y el plástico en las artes gráficas y en la publicidad.

El informe aportado ahora al juzgado por el administrador concursal concluye que New Letter, Letter Graphic y su matriz Mail Rent establecieron una mecánica que tenía como destino final el pago de 775.000 euros en donaciones a CiU, según se desprende de los registros contables de la entidad.

Además, según el informe, las tres sociedades "han instrumentado una operativa que fue generadora de una facturación de Mail Rent a sus filiales New Letter y Letter Graphic" que alcanzó la cantidad de 1,8 millones de euros entre los años 2007 y 2009.

El estudio señala que una facturación bajo el concepto de alquiler de maquinaria que se hizo a Mail Rent carecía de contraprestación real y su único sentido era el de "neutralizar el impacto impositivo que se derivaba de la facturación de New Letter y Letter Graphic" a CiU, la Fundación Fórum Barcelona, la Fundació Orfeó Català, la Fundación Ramon Trias Fargas, Coalició per Europa, Proinosa y Unitat per les Illes.

En los tres años citados, New Letter y Letter Graphic facturaron un total de 2,3 millones de euros a esas tres entidades, entre ellas CiU, que a su vez recibió una donación de 775.000 euros procedente de las mismas sociedades.

El informe concursal resalta que el criterio de facturación de las empresas dependía del cliente y que, en el caso de CiU, la Fundació Orfeó Català, Gráficas Sant Sadurní, Fundació Orfeó Català, Fundación Ramon Trias Fargas, Coalició per Europa y Proinosa, "las facturas son de importes elevadísimos" y con el concepto genérico de "varios".

El administrador concursal de las empresas de buzoneo ha descubierto también pagos por valor de 1,3 millones de euros a una cuenta "sin nombre, sin número de identificación fiscal, sin domicilio, sin documento alguno que ampare las cantidades pagadas y permita conocer el destinatario final de esos importes".

"CASO VOLTOR"; EL ALCALDE DE PORRERES NIEGA HABERSE ENRIQUECIDO CON UN CONVENIO DE INESTUR

Investigación de Anticorrupción


Efe | Palma

El alcalde de Porreres, Bernat Bauçà, ha negado hoy ante la juez del caso Voltor haberse enriquecido personalmente o haber desviado dinero a Unió Mallorquina (UM) valiéndose de un convenio entre su consistorio y el Instituto de Estrategia Turística (Inestur) que investiga Anticorrupción.

Bauçà, alcalde por Convergència per les Illes (partido heredero de la extinta UM), ha declarado hoy como imputado ante la jueza instructora de este caso, en el que se investiga un supuesto desvío de fondos del Inestur cuando el instituto público estaba controlado por UM.

Lo ha hecho por una pieza sobre un convenio de colaboración firmado entre Inestur y la fundación municipal Auditorio de Porreres en 2008 para desarrollar artes escénicas, acuerdo que se sospecha disimuló una subvención directa de 500.000 euros para obras en el auditorio de la localidad. "Rotundamente no", ha contestado el alcalde a la pregunta del fiscal Miguel Ángel Subirán acerca de si él u otras personas, o bien su partido, se han beneficiado del dinero público, y ha añadido que es "muy escrupuloso" con los fondos del Ayuntamiento.

Ha sostenido que no sabe la diferencia entre una subvención y un convenio y ha asegurado que todo el dinero se empleó en el auditorio, aunque solo constan facturas de parte de la cantidad total, lo que ha achacado a que nunca se le reclamó justificación de los gastos. En un momento de su declaración, el alcalde ha afirmado que en el convenio queda "muy claro" que su objeto son las obras, si bien el fiscal le ha insistido en que realmente no fue así, ante lo que ha dicho que él entiende que "dentro de las artes escénicas entran las obras".

El imputado, que es alcalde en el municipio mallorquín desde 2007, ha explicado que el convenio lo firmó en 2008 el entonces conseller de Turismo Francesc Buils, de UM, y él mismo en calidad de presidente del Auditorio. "El objeto era para las obras que se estaban realizando en el Auditorio", ha insistido el alcalde acerca del convenio, que era por 250.000 euros para ese año y con posibilidad de prórroga automática por cuatro anualidades a razón de otros 250.000 euros cada año.

La Conselleria de Turismo abonó finalmente las anualidades de 2008 y 2009, hasta un total de 500.000 euros, de los que, según denunció el pasado febrero el actual conseller del ramo, Carlos Delgado, el consistorio únicamente justificó gastos correspondientes a artes escénicas por unos 120.000 euros -62.892 euros el primer año y por 57.872 el segundo-. El resto de gastos, indicó Delgado, correspondían a las obras y quedaban por tanto fuera del objeto del acuerdo.

El imputado se ha referido durante su declaración a la conversación que tuvo con Delgado el día en que, en rueda de prensa, anunció que la Conselleria iba a remitir este asunto a Anticorrupción. "Recibí una llamada al ayuntamiento del señor Delgado diciéndome que acababa de hacer una rueda de prensa y que llevaba el tema a la Fiscalía. Le pregunté el motivo y me dijo que no tenía nada en contra mía, pero sí contra los consellers anteriores. Me contestó textualmente: 'Vosotros jugáis a la política con la lengua y yo jugaré con otras cosas'", ha dicho.

En cuanto a unas facturas presentadas del año 2006, cuando no existía convenio, el alcalde ha indicado que debe tratarse de un "error administrativo" en la fecha y, sobre otras del año 2007, ha reconocido que son referentes a obras que ya se estaban realizando cuando se firmó el acuerdo con Inestur. El fiscal le ha hecho saber que la suma de las facturas de las obras y de las artes escénicas del año 2008 no llegan a los 250.000 euros del convenio y el imputado ha respondido que no es cierto y que "supera dicha suma de mucho", ante lo que el representante del ministerio público le ha requerido que presente las facturas que faltan.

Por la misma pieza hoy también ha comparecido el exgerente del Insetur Antonio Oliver, quien ha confirmado que el concepto del convenio era para desarrollar artes escénicas como producto turístico cultural, aunque ha añadido que él no llevó nada relacionado con el acuerdo ni hizo ningún seguimiento de él.

LA CORRUPCIÓN SALPICA POR TERCERA VEZ EN TRES AÑOS AL AYUNTAMIENTO DE ARRECIFE

CANARIAS | Lanzarote
Un interventor y dos ex concejales son detenidos por la Policía
Una denuncia avisaba de irregularidades en facturas y contratos
La investigación se extiende al Ayuntamiento de Oliva (Fuerteventura)

Yira Arredondo | Arrecife (Lanzarote)

Por tercera vez en los últimos tres años el Ayuntamiento de Arrecife (Lanzarote) se ve salpicado por la corrupción. Tres personas han sido detenidas esta mañana por la Policía Nacional tras el registro de la corporación. La investigación se extiende a Fuerteventura, donde las autoridades también están inspeccionando el Ayuntamiento de la Oliva.

Uno de los arrestados es interventor en los ayuntamientos de Arrecife, San Bartolomé y Teguise, otro es ex concejal en el Ayuntamiento de San Bartolomé y presidente del Consejo Regulador de la Denominación de vino de Lanzarote y, el tercero, es el ex concejal José Miguel Rodríguez, también imputado en las operaciones 'Jable' y 'Unión'. Están acusados de prevaricación, malversación de fondos y falsedad en documento público.

Agentes de la policía judicial de la Policía Nacional han intervenido el consistorio sobre las 10 de la mañana por orden judicial y a las 14.00 horas aún continuaban registrando las oficinas.

Esta actuación está relacionada con una denuncia anónima presentada ante la Fiscalía el pasado mes de enero que avisaba de irregularidades en facturas y contratos realizados por la institución desde el año 2008 hasta 2011.

Desde que se iniciara la investigación a principios de año, que está siendo llevada a cabo por el Juzgado número 4 de Arrecife, la secretaria del ayuntamiento y trabajadores de intervención, contratación y tesorería ya han pasado por sede judicial para prestar declaración. De hecho, el fiscal Ignacio Stampa ha reclamado en los últimos meses gran cantidad de documentos al Ayuntamiento de Arrecife.

Según se apunta en la investigación, el interventor del ayuntamiento habría participado, presuntamente, en la elaboración de facturas falsas y en la práctica del pago por servicios no prestados al consistorio. La figura del interventor es la encargada de fiscalizar los pagos. Fuentes de la investigación apuntan que esta operación es un "golpe al corazón de la corrupción económica en Arrecife".

Es la tercera vez en los últimos tres años que esta institución es intervenida por orden de un juez. En 2009, el Ayuntamiento de Arrecife fue una de las corporaciones investigadas en el marco de la 'operación Unión', que destapó el mayor caso de corrupción de Lanzarote. Un año más tarde, la 'operación Jable' también sacó a la luz prácticas corruptas.