miércoles, 26 de octubre de 2011

"CAUSA DE LOS TRAJES"; VEINTE HOMBRES Y 16 MUJERES, CANDIDATOS A JUZGAR A CAMPS

El azar ha designado esta mañana a los miembros del jurado de la causa de los trajes

IGNACIO ZAFRA / MARÍA FABRA - Valencia / Castellón 

Veinte hombres y 16 mujeres son los candidatos a formar parte del jurado que decidirá si el expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps es culpable o no de un delito de cohecho impropio. Una única bola, la marcada con el número 28, ha sido, esta mañana, la encargada de decidir quiénes son candidatos a integrar ese jurado que, a partir del día 12 de diciembre, se sentará como tribunal de la llamada causa de los trajes de la trama Gürtel.
 
A partir de la bola número 28, un programa informático ha iniciado la combinación matemática que ha señalado a los candidatos sobre una base de 2.372 ciudadanos de la provincia de Valencia.

El sorteo para ser candidato a jurado se celebra cada dos años sobre datos del censo (el último para elegir la base general de candidatos se celebró en 2010 y el universo fue de 1.873.229 personas). Cada provincia realiza un sorteo, ya que le ley marca que los integrantes del jurado han de ser vecinos de la provincia donde supuestamente se cometió el delito, en este caso, Valencia. Según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), la cantidad total elegida es el número de causas que se pueda prever multiplicada por 50. En 2010, los candidatos elegidos fueron 3.000, de los que quedaron 2.372, ya que el resto presentó excusas o incompatibilidades que se ajustaban a las estipuladas por la norma.

La identidad no es pública

Los 36 candidatos elegidos esta mañana, cuya identidad no es pública, recibirán un cuestionario que deberán devolver cumplimentado y en el que se les pregunta por faltas de requisitos, causas de incapacidad, incompatibilidad o supuestos de excusa que puedan alegar. Tienen hasta cinco días para contestar después de haber recibido el cuestionario. Y en la respuesta debe incluirse la documentación que se considere acreditativa de las excusas que estipula la ley para no poder ser miembro de un jurado.

Las excusas serán abordadas en una vista no pública y después de esta, siempre que queden al menos 20 candidatos, el jurado se conformará el primer día señalado para juicio, es decir, el 12 de diciembre.

Los nombres de estos 20 candidatos estarán, ese día, en una urna. Se irán extrayendo uno a uno, para que las acusaciones, defensas y el magistrado presidente, les sometan, si así lo consideran, a varias preguntas. Las acusaciones, en conjunto, tienen cuatro posibilidades de recusación. Las defensas, también en total, tienen otras cuatro posibilidades de recusación. Cuando se haya completado el jurado, es decir, cuando se haya dado el visto bueno a 11 candidatos (nueve titulares y dos suplentes), acabará la selección y quedará conformado el tribunal. A continuación, Camps se sentará en el banquillo, junto al exsecretario del PP valenciano Ricardo Costa por haber recibido supuestamente regalos de la red Gürtel.
   

"CASO EMARSA"; EL ALCALDE DE MANISES LOGRÓ PODERES CASI ABSOLUTOS EN LA SOCIEDAD PÚBLICA EMARSA

El juez confirma la acusación contra Enrique Crespo (PP), que es también vicepresidente de la Diputación de Valencia

IGNACIO ZAFRA - Valencia

El juez que investiga el saqueo de Emarsa, la sociedad de depuración del área metropolitana de Valencia, ha notificado hoy la imputación del alcalde de Manises y vicepresidente de la Diputación de Valencia, Enrique Crespo, del PP, por los delitos de malversación de caudales públicos, estafa continuada y delitos societarios.

El juez Víctor Ríos destaca en el auto que Crespo, en su calidad de presidente y consejero delegado de Emarsa consiguió que el consejo de administración de la empresa pública que controlaba con holgura le concediera "amplísimos" poderes: "Representar a la sociedad ante cualquier persona o entidad, administrar bienes muebles e inmuebles, ejercitar y cumplir toda clase de derechos y obligaciones, constituir, modificar, ceder y extinguir contratos de todo tipo, constituir, reconocer, aceptar, pagar y cobrar deudas y créditos, disponer, enajenar, gravar, adquirir y contratar respecto de toda clase de bienes muebles e inmuebles..."

Ríos también pone de relieve la sospechosa elección de Crespo de Esteban Cuesta, también imputado en la causa, como gestor de Emarsa. El alcalde de Manises eligió a un enfermero, que sigue siendo dirigente del PP de Valencia, sin ninguna preparación para el cargo, incapaz dice, de entender lo que era un "pagaré".

El futuro judicial de Crespo era complicado desde que Esteban Cuesta, exgerente de Emarsa, dirigente local del PP en Valencia y ya imputado en la causa, empezó a declarar ante el juez el 7 de octubre. Cuesta responsabilizó a Crespo de ser el instigador del saqueo de Emarsa, que fue disuelta el año pasado por el PP con un agujero de 17 millones de euros después de pagar cantidades millonarias por servicios y suministros falsos. El exgerente responsabilizó a Crespo de imponerle la contratación de empresas ahora investigadas y de cargar la compra de artículos de lujo a las arcas de la sociedad pública.

El exgerente, enfermero de profesión contó ante el juez que Crespo le explicó, al llegar a su nuevo despacho, que no podía tocar a ninguno de los cargos directivos de la entidad. En otras palabras, debía dejar que el sistema siguiera funcionando como hasta entonces.

A medida que avanzaba su declaración (que duró más de 24 horas repartidas en varias jornadas), Cuesta fue implicando más a Crespo. El exgerente afirmó que el alcalde de Manises le decía con quién contratar; le daba órdenes de pagar a las firmas ahora investigadas cuando había retrasos, y le impuso la contratación de cuatro personas (tres vinculadas a Manises y la cuarta, concejal del PP en Moncada) que nunca trabajaron para Emarsa y solo pasaban por allí para cobrar. Cuesta también declaró que era el vicepresidente de la Diputación quien elegía y a veces compraba personalmente los artículos de lujo (de marcas como Loewe o Montblanc) que se abonaban con dinero de la sociedad pública. A la vista de esas declaraciones, la fiscal del caso pidió al juez la imputación de Crespo.

Faltas a la verdad

El alcalde de Manises insistió ayer en su inocencia y su confianza en la justicia. La imputación, afirmó, "será la mejor manera de defenderme de las reiteradas faltas a la verdad que el exgerente de Emarsa, Esteban Cuesta, profiere en cada una de sus declaraciones". "Que todo el peso de la ley caiga sobre aquellos que han cometido las presuntas irregularidades y constantemente lanzan injurias y calumnias hacia mi persona de forma tan grave", agregó.

El portavoz socialista en la Entidad de Metropolitana de Servicios Hidráulicos, Ramón Marín, consideró ayer que el alcalde de Manises "ha sido por acción u omisión el principal responsable del saqueo de la depuradora". "Son dirigentes de su propio partido en la ciudad de Valencia, como Esteban Cuesta, los que sin ser desautorizados le están señalando directamente todos los días como el responsable de lo sucedido en [la planta de] Pinedo". "Hace tiempo que tendría que haber dimitido", concluyó Marín.
  

"CASO GÜRTEL"; LA AGENCIA TRIBUTARIA DESTAPA LA FÓRMULA FRAUDULENTA DEL ENTRAMADO GÜRTEL

Francisco Correa, cabecilla de la trama Gürtel.
Hacienda desvela el mecanismo utilizado por la red liderada por Correa para evitar al fisco

María Fabra Castellón

Si existieran publicaciones dedicadas a explicar cómo se diseñan estructuras opacas para la cometer un fraude fiscal, el entramado de Gürtel se calificaría de “típico o de libro”. Así describe la Agencia Tributaria el diseño de la trama liderada por Francisco Correa, en un informe en el que sostiene que sobre su asesor fiscal, Ramón Blanco Balín, existen “numerosas pruebas” que “confirman plenamente” los indicios de haber sido cooperador necesario de los delitos contra la Hacienda Pública que se le imputan a Correa.

La Agencia Tributaria explica claramente cuál era el sistema: Para ocultar la titularidad de patrimonios y sus rentas, estos inscribían bajo la titularidad formal de una sociedad española que recibe fondos (a través de su constitución y ampliaciones de capital o préstamos) de un socio único extranjero, que es una sociedad residente en otro país, y que a su vez es propiedad de una tercera residente en un paraíso fiscal o territorio no cooperante. Normalmente, tal como explica el informe, el administrador de la sociedad española es un hombre de paja “normalmente, alguien vinculado al despacho de los asesores fiscales”, mientras que los propietarios últimos de la sociedad extranjera pueden no llegar a conocerse, “precisamente por haber constituido las sociedad en esos territorios no cooperantes”. “Si es preciso, la cadena de sociedades puede alargarse hasta el infinito, y su residencia situarse en países convenientes a los fines que se persiguen”, asegura el documento entregado al Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Otra estructura más simple es la venta de sociedades sin apuntar el cambio en el Registro Mercantil

El mismo informe explica “otro esquema más simple” que consiste en la creación de una sociedad mercantil española, incluida en el Registro Mercantil con el asesor fiscal y sus empleados como socios fundadores y administradores. A continuación, esta sociedad vende sus acciones o participaciones a quienes van a ser los dueños reales, sin que la venta conste en el Registro Mercantil ni en las bases de datos de la Agencia Tributaria, que pasar a “desconoces así por completo a los titulares reales”. “Es un mecanismo sin complejidad jurídica, pero que de hecho también sirve para ocultar la titularidad real”, sostiene la Agencia Tributaria.

El escrito se ha elaborado después de que el asesor fiscal de Correa solicitara el sobreseimiento de su causa. Tras la petición, el magistrado que aún instruye el caso Gürtel, Antonio Pedrerira, solicitó un informe sobre los indicios o pruebas que sostuvieran la acusación de cooperación necesaria para la comisión de delito fiscal por la que está imputado. Hacienda afirma que Ramón Blanco, “al aportar sus especializados conocimientos en el tema, diseñar la estructura, ordenar o intervenir en operaciones, llegando hasta asumir la administración de una sociedad patrimonial española dedicada a estos fines, está desempeñando un papel indispensable para la consecución de los fines de la trama”.

En su exposición, la Agencia Tributaria afirma que Correa tiene sociedades de muy diversa índole: Unas que realizan actividades empresariales, otras con funciones complementarias, otras para inversiones inmobiliarias de carácter especulativo, otras que son las titulares de cuentas bancarias en paraísos fiscales y territorios no cooperantes (numerosas sociedades domiciliadas en Antillas Holandesas, Nevis, lslas Vírgenes...) y otras que tienen la única finalidad de dar opacidad a un patrimonio situado en España.

Pese a que no era el motivo del informe, la Agencia Tributaria expone otra consideración y se refiere a que “la complejidad de la conducta desplegada, el empleo de cadenas de sociedades y cuentas bancarias situadas en diversos territorios, etc. consigue, precisamente, lo que pretende: hacer difícil llegar a conocer toda la realidad de las operaciones y personas a las que éstas deben imputarse”. Por ello, señala, se justifica el tiempo que está en marcha la instrucción, cerca de tres años, durante la que se han requerido “registros en despachos, peticiones de contabilidades de sociedades, de cuentas bancarias, comisiones rogatorias internacionales y la obtención de abundante documentación que requiere un detenido examen y análisis para obtener conclusiones fiables”.
 
"R" en el reparto de comisiones de la visita del Papa
El informe de la Agencia Tributaria pone varios ejemplos de la tarea desempeñada por el asesor fiscal de Francisco Correa, Ramón Blanco, en las actividades de la trama, desvelados de la documentación obtenida en registros, contabilidades y cajas de seguridad. Tras el análisis de estos documentos, Hacienda apunta a que las diferentes anotaciones relativas a "Ramón" ó "R", “nos llevan a la plausible participación del Sr. Blanco identificado como "R"”. Entre los documentos en los que aparece esta referencia se encuentra el que “parece ser” el reparto de comisiones entre miembros de la organización de Correa obtenidas de TECONSA por el contrato por la televisión pública valenciana por la visita del Papa, en julio de 2006. La constructora leonesa Teconsa fue la empresa que logró que RTVV le adjudicara el contrato para montar la sonorización de los actos de la visita del Papa a Valencia, en 2006, por 6,4 millones, cuando subcontrató esos trabajos por 3,1 millones de euros a tres empresas especializadas en estos servicios, en los que la constructora no tenía ninguna experiencia. El desglose de los 3 millones de euros de la comisión que se repartieron, según la documentación incautada a la trama señalan a seis receptores. Aunque en la misma carpeta en la que aparecía esa documentación había otro documento final titulado “Resumen fical” que limitaba a cinco los receptores de parte del “botín”, en el que falta la comisión que supuestamente se llevó la propia Teconsa. Según la policía, Francisco Correa se llevó un 30% de la comisión, es decir, 900.000 euros; Pablo Correa, un 21%, 630.000 euros; Álvaro Pérez El Bigotes, un 16,67%, 500.000 euros; el ahora exdirector de la televisión pública valenciana, Pedro García, que aún no está imputado, otros 16,67%, 500.000 euros, mientras que “R”, que podría corresponder al nombre de Ramón Blanco Balín, hubiera cobrado un 9% de la comisión, 270.000 euros.

"CASO BRUGAL"; EL HERMANO DE CASTEDO Y SU SOCIO SE DESVINCULAN DE LA TRAMA DEL PGOU

Castedo (i) y Gutiérrez (d), acompañados por su abogado, a la salida del Juzgado. | E.Caparrós
En los juzgados de Alicante

* Los dos imputados se han desvinculado del empresario Enrique Ortiz
* El fiscal solicita una prueba de caligrafía para contrastar anotaciones

Juan Nieto | Agencias | Alicante

Los socios del despacho Salvetti, José Luis Castedo, hermano de la alcaldesa de Alicante, y el ex edil socialista Javier Gutiérrez, se han desvinculado este miércoles de la presunta trama corrupta relacionada con la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana de Alicante, que investiga la causa separada del caso Brugal, relativa al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

Ambos han acudido este miércoles al titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Alicante, donde estaban citados para declarar. Los dos imputados han descartado haber participado en ninguna irregularidad y han negado cualquier vínculo con el empresario Enrique Ortiz, a pesar de los contactos que entre ellos aparecen en las escuchas policiales.

Han sostenido que la única relación laboral que han tenido con Ortiz ha sido en otro asunto distinto en la partida de Balsares, en el término de Santa Pola, por un montante de 60.000 euros, pero en nada referente al PGOU alicantino porque el constructor contaba con otro despacho legal para esos asuntos.

Se han acogido a su derecho de sólo contestar a preguntas de su abogado y no a las del fiscal Anticorrupción y de las acusaciones populares, del PSPV-PSOE e IU-EU, y han presentado 160 folios de escritos para tratar de contrarrestar el contenido del informe policial elaborado a raíz del registro de su despacho profesional, que habría arrojado indicios en su contra.

Además, han presentado ante el juez un documento en el que explican que su bufete carecía de capacidad para aprobar o resolver alegaciones al documento urbanístico.

Por su parte, el fiscal ha solicitado una prueba pericial de caligrafía para comprobar si las anotaciones a mano en los documentos de los que se incautó la Policía en el registro del despacho corresponden a José Luis Castedo. El juez instructor del caso todavía no ha aceptado esta petición.

Los interrogatorios forman parte de la ronda iniciada para investigar presuntas irregularidades en la tramitación del PGOU de Alicante.


elmundo.es

"OPERACIÓN OSSIFAR"; LA DETENIDA TRABAJABA EN UN DEPARTAMENTO "FANTASMA" CON AGENTES DE UM A SUELDO

* La arrestada se encuentra en la Comandancia del Instituto Armado
* Se investiga la compra fraudulenta de unos contenedores soterrados

Europa Press | Palma

La empleada arrestada por agentes de la Guardia Civil en el marco de la segunda fase de la Operación Ossifar, cuya identidad responde a las iniciales L.J.Z., trabajaba en un departamento presuntamente 'fantasma' que tenía a sueldo a personas al servicio de la extinta Unió Mallorquina (UM) y que era conocido como departamento de Ciudadanía, según han informado fuentes de la investigación.

La arrestada se encuentra en la Comandancia del Instituto Armado en Palma aunque aún no ha comenzado a ser interrogada por los investigadores, quienes en torno a las 9.30 horas se han personado en las dependencias de la empresa pública y han procedido a la detención de la trabajadora en el marco de este caso, que indaga en concreto el desvío de entre 1 y 1,5 millones de euros públicos en la adquisición de contenedores soterrados de basuras a Seguridad y Limpiezas S.A.

El arresto se ha producido después de que el ex jefe del área de Medio Ambiente de Emaya, Germán Chacártegui, se prestase a colaborar con las investigaciones y, en dependencias de la Guardia Civil, manifestase que dentro de la compañía se comentaba que la labor de los empleados que trabajaban en el departamento orientado a la ciudadanía estaba relacionada con UM. Por entonces, la empresa estaba presidida por Cristina Cerdó mientras que la gerente era Malen Tortella -quien también fue detenida en esta operación-. La sociedad municipal ya se encontraba bajo la lupa judicial por haber sido presuntamente utilizada para favorecer a personas afines a la formación nacionalista mediante su colocación en esta empresa.

Cabe recordar que, en el marco de la primera fase de este caso, la Guardia Civil destuvo el pasado mes de agosto tanto a Chacártegui como al administrador único de la empresa Seguridad y Limpiezas S.A., Juan Pocoví, quienes posteriormente quedaron en libertad con cargos. En concreto, sobre los imputados pesan los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, fraude a la administración y prevaricación.

Ordenada por el Juzgado de Instrucción número 2 de Palma a instancias de los fiscales Pedro Horrach y Miguel Ángel Subirán, la operación Ossifar apunta a que el Consistorio abonó por cada contenedor -se adquirieron unos 200- más de 11.000 euros, una cantidad muy superior al precio unitario del mercado en el resto de España, calculado en unos 6.000 euros. Según las pesquisas, Chacártegui, quien hasta su destitución en julio de 2009 era responsable de los servicios de recogida de basuras, habría intervenido en las presuntas irregularidades que derivaron en el sobrecoste de la compra de los 'containers'.

Así las cosas, tras detectarse estas supuestas irregularidades, el equipo de gobierno liderado por la ex alcaldesa Aina Calvo puso estos hechos en conocimiento del Ministerio Público en verano de 2009. Sin embargo, no fue la única actuación que llevó a cabo el Ayuntamiento en este sentido ya que también interpuso una denuncia ante la Comisión Nacional de la Competencia contra Seguridad y Limpiezas S.A. y otras tres empresas -Nord Engineering, Reparaciones Técnicas y Servicios Avant y Schmitdt Ibérica de Equipos de Mantenimiento de Carreteras (RTSAvant)-, que finalmente fue archivada, tal y como consta en la resolución de la Comisión a la que ha tenido acceso Europa Press.

El Ayuntamiento decidió el 10 de febrero de 2009 convocar un concurso para instalar en algunas calles de la ciudad un nuevo sistema de contenedores soterrados, que eran importados por distribuidores españoles de países como Italia y Finlandia debido a sus ventajas medioambientales. A la convocatoria concurrieron empresas locales y dos UTE -la formada por Llull Sastre Construcciones y Contratistas Mallorquines Asociados, y la UTE Adecuación Calles Palma- que resultaron adjudicatarias el 16 de marzo de estas licitaciones.

Adquisición a un precio superior no justificada
El expediente señala sin embargo que, tras resultar adjudicataria, la UTE Adecuación Calles Palma firmó en abril un contrato con Seguridad y Limpiezas para adquirir los denominados contenedores Easy a un precio superior al que presentó al Ayuntamiento cuando dio a conocer su oferta, sin que hasta el momento haya sido justificada esta decisión.

Cabe recordar que, en la jerarquía de Emaya, sobre Chacártegui se encontraban únicamente la ex presidenta de esta empresa y ex número dos de UM en Cort, Cristina Cerdó, quien está imputada en los casos Picnic y Maquillaje, así como la ex gerente Malen Tortella, encausada por su parte en este último procedimiento

"CASO MERCASEVILLA"; LA JUEZA ALAYA ABRE JUICIO ORAL CONTRA LOS CUATRO ACUSADOS POR PEDIR COMISIONES ILEGALES

Un jurado popular examinará el caso

Efe | Sevilla

La juez que investiga el caso Mercasevilla ha abierto juicio oral contra los cuatro acusados de pedir una comisión ilegal de 450.000 euros a cambio de una subvención de 900.000 y ha remitido el caso para su enjuiciamiento por un jurado popular.

Fuentes del caso han informado a Efe de que la juez de instrucción 6 ha rechazado todas las cuestiones previas planteadas por los acusados: los exdirectivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce, una funcionaria y el exdelegado de la Consejería de Empleo en Sevilla Antonio Rivas.

Este es el primero de los cuatro sumarios del caso que llega a juicio, mientras que en el que investiga la "venta fraudulenta" de los terrenos de Mercasevilla ha sido citado como testigo, el próximo 1 de diciembre, el entonces secretario del Ayuntamiento de Sevilla Venancio Gutiérrez.


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"CASO DE LOS TRAJES"; UN BINGO DE JUQUETE ESCOGE A LOS 36 CANDIDATOS A FORMAR EL JURADO DEL JUICIO DE CAMPS

Finalmente se elegirán a nueve y dos suplentes

* Veinte hombres y dieciséis mujeres han sido escogidos este miércoles
* La identidad de los primeros seleccionados para el tribunal no es pública

Efe | Valencia

Veinte hombres y dieciséis mujeres han sido seleccionados este miércoles mediante sorteo para formar parte del tribunal popular que comenzará a juzgar, el próximo 12 de diciembre, al ex presidente de la Generalitat Francisco Camps y al ex secretario general del PPCV Ricardo Costa por un delito continuado de cohecho.

El sorteo ha tenido lugar en la sala del jurado de la Ciudad de la Justicia de Valencia, donde se ha extraído una bola de un bombo de bingo de juguete con un número (no utilizado en sorteos anteriores con la misma base de candidatos), y que en este caso ha sido el 38.

En la segunda fase del proceso, informatizada, este número se ha utilizado para iniciar una combinación matemática que ha señalado a los 36 candidatos de una base integrada por 2.372 ciudadanos.

Los candidatos, cuya identidad no es pública, recibirán un cuestionario en el que podrán indicar las eventuales causas de incapacidad, incompatibilidad o prohibición que puedan afectarles.

Cuentan con un plazo de 20 días para formular sus alegaciones y deben aportar la documentación que consideren acreditativa de sus excusas, las cuales serán examinadas en una vista a puerta cerrada.

Después de este trámite, y siempre que existan al menos 20 candidatos, se llevará a cabo la conformación del jurado, que se celebrará el primer día señalado para la vista oral, el 12 de diciembre.

Los abogados y el fiscal podrán hacer diferentes preguntas a los ciudadanos y recusar a algunos de ellos. Las acusaciones, en conjunto, tienen cuatro posibilidades de recusación, y las defensas tienen otras cuatro.

Cuando se haya dado el visto bueno a los once miembros del jurado (nueve titulares y dos suplentes), comenzará la vista oral, en la que comparecerán como acusados Camps y Costa.

Ambos están acusados de un delito continuado de cohecho pasivo impropio por haber aceptado diferentes prendas de vestir abonadas por empresas de la trama 'Gürtel'.

Según el auto de hechos justiciables, el expresidente de la Generalitat recibió, al menos, doce trajes, cuatro americanas, cinco pares de zapatos y cuatro corbatas, prendas valoradas en 14.021 euros que fueron pagadas por responsables de la trama.