domingo, 5 de junio de 2011

EL SUMARIO DEL "CASO BRUGAL" MUESTRA A DOS ALCALDES EN MANOS DE UN PROMOTOR

Enrique Ortiz y Sonia Castedo en el palco del estadio Rico Pérez. / JOAQUÍN DE HARO
El informe policial destapa la connivencia entre el promotor y los políticos
Santiago Navarro / Artur Balaguer Alicante


Las relaciones entre los dos máximos mandatarios populares de la ciudad Alicante en las últimas décadas, el exalcalde Luis Díaz Alperi y su sucesora, Sonia Castedo, con el promotor Enrique Ortiz, fueron más que cordiales. El informe policial del caso Brugal destapa la connivencia existente entre los tres, y constata que los políticos venían a ser, en la práctica, los representantes del empresario en el Ayuntamiento. La íntima conexión entre ellos quedó clara durante el bienio 2008-2009, cuando se aceleraron los trámites de la redacción del nuevo Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad.

El magistrado Manrique Tejada, titular del Juzgado número 5 de Alicante, levantó ayer el secreto de la pieza separa del caso Brugal que investiga un supuesto trato de favor del Ayuntamiento de Alicante al promotor Ortiz en el trámite del planeamiento urbano de Alicante.

Las diligencias de la causa ocupan más de 8.000 folios, de los cuales unos 3.000 corresponden a conversaciones telefónicas entre Ortiz, Alperi y Castedo en las que queda claro el interés del promotor por conocer los detalles del nuevo planeamiento en programas urbanísticos, especialmente en lo que afectaba a la recalificación del estadio Rico Pérez y a las futuras zonas protegidas donde comprar un suelo que luego se trasvasaba a zonas urbanizables de la ciudad. “Tenemos que ver lo del Hércules” o “me tienes que enseñar el planito”, requiere una y otra vez Ortiz a Castedo y Alperi en las conversaciones intervenidas por la policía.

La respuesta de los dos políticos del PP, en la mayoría de los casos, fue afirmativa. “Te hemos apañado lo del Hércules” o “sí, sí, mañana te lo llevo [el planito]”, son algunas de las respuestas de la actual regidora.

Las diligencias recogen los numerosos encuentros en restaurantes de la ciudad, en visitas a sus domicilios privados, e incluso en la Gerencia Municipal de Urbanismo, donde también, según el sumario, seguían hablando del nuevo PGOU.

A cambio de este supuesto trato de favor y acceso a información privilegiada, la policía y el fiscal sostienen que el Enrique Ortiz efectuó numerosos regalos tanto a Alperi como a Sonia Castedo. El más llamativo de la abultada lista fue un viaje a Creta de dos semanas para el exalcalde y otra concejal del PP, Sonia Alegría, en un jet de una empresa del sobrino del consejero Juan Cotino.

Por estos hechos, y sobre la base los informes de la Brigada de Policía de Blanqueo de Capitales, el fiscal Anticorrupción presentó el 17 de junio de 2010 un escrito de acusación contra 21 personas, entre ellas, Alperi, Castedo y Ortiz, por los supuestos delitos de cohecho, tráfico de influencias y uso privilegiado de información. 

El informe policial del sumario del caso Brugal señala que uno de los modus operandi del empresario Enrique Ortiz para “beneficiar” a los cargos del PP era “cuanto menos gestionando las vacaciones que estos vayan a disfrutar”.

Ortiz gestionó un viaje de Alperi a Creta en el jet del sobrino de Cotino 

Una de las iniciativas que la policía refleja en su informe es el viaje a la isla de Creta en un avión privado tipo jet para Luis Díaz Alperi y la también concejal del PP Sonia Alegría. La primera conversación intervenida sobre ese viaje fue el 3 de julio de 2008 entre Ortiz y Vicente Cotino Ferrer, sobrino del vicepresidente primero del Consell. “El día 29 necesito el avión, si es posible, par ir a Creta”, requiere Ortiz a Cotino. Éste le responde que sí podrá llevar a cabo el encargo. La policía asegura que Cotino materializó el deseo de Ortiz a través de la firma Asedes Capital Sociedad Anónima, cuyo objeto es la explotación y arrendamiento de ese tipo de aviones. Cotino Ferrer es el apoderado de esa mercantil.

Más adelante, Ortiz, a través de su hermana, confirma a Cotino que el jet es para Alperi. “Tú nada, tú dile que queda confirmado y ya está, pero del presupuesto y demás ya hablará don Vicente con don Enrique, y ya está (...) y que te pase el presupuesto, si eso te dice, ¿le paso el presupuesto?, pués pásamelo, lo hacemos así y ya está, ¿vale?”, asegura Ortiz a su hermana.

La concejala Sonia Alegría acompañó al exalcalde hasta la isla griega

El vuelo parece peligrar inicialmente por la elevada tarifa que exige la empresa de Cotino, unos 50.000 euros. Pero más adelante, Ortiz vuelve a regatear aclarando que el viaje es para dos personas (Alperi y la concejal). El regateo por el precio de la tarifa llega a poner nervioso al propio Alperi: “Pero Enrique, ahora no me puedes decir eso. Hay otra solución, que me vaya nadando”. Finalmente, Alperi y Alegría viajaron a Creta por 40.000 euros y la factura fue abonada a través de la firma Rivaflecha S. L., a través de de una transferencia a Caixa Cataluña. El juez instructor ha ordenado a la policía judicial que investigue esa mercantil.

La policía asegura que otro dato de la “amistad íntima” del empresario y los políticos fue una cena en el yate Elena, propiedad de Ortiz, con motivo de un partido de fútbol de la selección española en junio de 2008. Al evento, además de Alperi y Castedo, se sumaron otros tres concejales del PP (Marta García Romeu, José Sobrino y Sonia Alegría) y el hermano del empresario. La alcaldesa Castedo reiteró ayer que no hubo ningún delito en el trámite del PGOU, “porque Ortiz no se benefició”.

“Hay que hablar de lo que hemos quedado”
Tal era el grado de connivencia que tenía Enrique Ortiz con Luis Díaz Alperi que el exalcalde se tomó la molestia de informar al contratista antes de anunciar su dimisión y cederle el sillón a Sonia Castedo. Y con el jefe del Consell, Francisco Camps y el líder del PP en Alicante, José Joaquín Ripoll, delante.

Este es un extracto de la conversación captada el 11 de septiembre de 2008 entre ambos:

Alperi: Dentro de un cuarto de hora doy una rueda de prensa y dimito como Alcalde.

Ortiz: ¿Por qué?

A.: Porque sí, que sí, porque ya está bien.

O.: ¿Qué me dices?

A.: Pues lo que te digo y entonces... He estado toda la mañana con Camps y estamos de acuerdo, está aquí conmigo y Ripoll y Sonia, se queda Sonia, claro.

O.: ¿Me lo dices en serio?

A.: Claro que sí.

O.: ¿Y se queda Sonia?

A.: Evidentemente. Si no se queda Sonia, yo me voy.

O.: Bueno, ¿y ya has hablado con Paco [Camps] hoy?

A.: Sí, que está aquí conmigo. (...)

A.: Toma, felicítala directamente (y le pasa el teléfono a Sonia).

Sonia Castedo: Dime, Enrique.

O.: Buenas tardes, señora alcaldesa.

S. C.: Calla, calla.

O.: Este es un crack.

S. C.: Calla.

O.: Pues felicidades.

S. C.: Te paso con Luis.

O.: Bueno, dentro de un rato ya no serás mi amigo el Alcalde, solo serás mi amigo.

A.: Eso espero.

O.: Lo celebraremos.

En otra conversación entre Ortiz y Castedo, ambos intentan concretar una cita.

O.: A ver cuándo nos vemos porque tenemos que hablar de lo que habíamos quedado y de los párkings.

S. C.: Sí, cierto.

O.: Que nos están achuchando con que empecemos y que tal y que cual (...).

S. C.: Vale.

O.: Míramelo y yo te asalto cualquier momento por la mañana, voy al Ayuntamiento (...).

S. C.: ¿Qué otro?

O.: Con Jesús [Quesada, redactor del Plan General].

S. C.: Si, es cierto.

O.: Con Jesús, porque a ver qué vamos a hacer con lo del Rico Pérez y estas cosas.

Las escuchas policiales también revelan que Ortiz intentó influir en el Consell para que eliminara la obligación legal de aportar un metro cuadrado de suelo protegido por cada metro reclasificado y que hasta llegó a presentar alegaciones al Plan General a través de terceros con esa finalidad, incluyendo a la Federación Provincial de la Construcción.

En otra conversación grabada el 28 de agosto de 2009, Ortiz llama a Vicente Cotino para felicitarlo por el nombramiento de su tío, Juan Cotino, como nuevo consejero de Urbanismo y jactarse de la situación.

Ortiz: Vicentico, no te llamé ayer a las 12 de la noche...

Vicente Cotino: Si.

O.: Para felicitarte porque... porque...

V. C.: Porque, ¿qué ha pasado?

O.: No, coño, lo de tu tío, de puta madre, ¿no?

V. C.: De puta pena, macho, no me jodas.

O.: ¿Por qué?

V. C.: Coño, era una... una conselleria que me estaba adjudicando obras que tengo que dejar de licitar.

O.: Por eso, por eso... ahora me las da a mí... ¡Ah! Qué grande. No, hombre, no, yo creo que es bueno, eh.

V. C.: ¿Es bueno? No sé, no sé.

   


elpaís.com

"CASO BRUGAL"; ORTIZ GESTIONÓ UN JET PRIVADO PARA QUE CASTEDO Y ALPERI REGRESARAN DE OPORTO TRAS NEGOCIAR CON IKEA

Según se recoge en el sumario

La Policía afirma en el informe que ambos 'defendieron los intereses de Ortiz'
Presionaron para que la firma se instalara en unos terrenos del constructor

Europa Press | Alicante

El empresario alicantino Enrique Ortiz supuestamente gestionó parte del viaje a Oporto (Portugal) para que la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y el exalcalde, Luis Díaz Alperi, pudieran volver en avión privado tras las negociaciones con los responsables de Ikea, de las cuales, según la investigación policial, el constructor estuvo plenamente informado, ya que ambos "defendieron los intereses de Ortiz" en la implantación de la multinacional en la ciudad.

Según consta en el sumario de la pieza separada del caso Brugal, relativa al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante, tanto en los informes policiales y en diligencias previas elevadas por el fiscal al juzgado instructor, Luis Díaz Alperi presuntamente se puso en contacto con Enrique Ortiz para informarle del viaje que iba a hacer con Sonia Castedo a Oporto para negociar con los representantes de Ikea en noviembre de 2008.

Además, el exalcalde presuntamente le pide a Ortiz que les gestione la vuelta desde Santiago de Compostela. Así, Díaz Alperi le comenta: "nosotros, y cuando digo nosotros, me refiero a Sonia Castedo y yo, nos vamos a ir a Oporto (...) para darles cumplida satisfacción a los de Ikea".
 
'Hay que apretarles un poco'
Ortiz le dice que es "bueno, que hay que ir, pero que hay que apretarles un poco", a lo que Díaz Alperi responde que con la información de la que dispone "ya sabremos lo que le tenemos que decir".

Así, añade que él y Castedo han "considerado que no es conveniente" que él asista, pero le pide "conseguir un avión para esto", en concreto para la vuelta desde Santiago de Compostela, ya que tras la reunión en Oporto ambos van a Galicia. Ortiz le pregunta si su "amigo común" no puede ofrecérselo y Díaz Alperi le dice que no porque "lo tiene en Zurich".

Por ello, Ortiz le pide concreción sobre el día y le asegura que hará "la gestión". En concreto, la gestión consiste en establecer comunicación con Vicente Cotino, a quien le pide que "reserve el avión para el día 2 de noviembre", a lo que el otro accede, ya que es "uno de los apoderados de la mercantil Asedes Capital SA, que tendría como objeto social", entre otros, del arrendamiento de "todo tipo de vehículos destinados al transporte", incluidas aeronaves. Según el informe, "queda de manifiesto que el señor Ortiz habría realizado las gestiones solicitadas por el señor Díaz Alperi".

Después, el informe policial indica que el exalcalde "da traslado al empresario investigado de lo acaecido en la primera reunión con los representantes de Ikea, manifestando que las personas con las que se ha reunido (...) les habrían mostrado las instalaciones que la multinacional tiene en la ciudad lusa".
 
Acuerdo definitivo
"Esa misma noche, tal y como también confirma el señor Díaz Alperi, tenían prevista una cena con los representantes de Ikea, donde se trataría más a fondo los asuntos, y en la cual, tanto el exalcalde, como la alcaldesa de la ciudad, defendieron los intereses del señor Ortiz", se asegura en el informe policial.

Según añade, "el señor Díaz Alperi tranquiliza al señor Ortiz diciéndole que les ha trasladado a los de Ikea que no están dispuestos a que les tomen el pelo, en clara referencia a las trabas que los representantes de la multinacional están poniendo para el cierre definitivo del acuerdo", que, según le informa, será en ese mismo mes de diciembre, según el "compromiso" de los representantes de Ikea con Castedo.

El informe policial indica que queda "una vez más de manifiesto que el señor Díaz Alperi, a pesar de haber abandonado la alcaldía de la ciudad seguiría teniendo gran peso en las decisiones y negociaciones llevadas a cabo por el consistorio alicantino, siendo, junto con la actual alcaldesa, el gran valedor de los intereses urbanísticos de Ortiz en la capital alicantina".

Ubicación en Valencia
Esta conclusión de los investigadores se basa en unas palabras de Díaz Alperi a los representantes de Ikea: "yo quiero seguridad, lo que no va a meterse la alcaldesa es en una reforma urbanística muy importante, que al final siempre tiene follones y que además coincide en que además en estos momentos la alcaldesa es quien lleva Urbanismo para luego no hacer nada vosotros".

Posteriormente, Díaz Alperi vuelve a "aparecer la figura del exalcalde, ya que como refieren los contertulios próximamente obtendrá un cargo, presumiblemente político, desde donde podrá ejercer presión para que la tienda Ikea sea instalada en Alicante", ya que uno de los responsables de la multinacional le ha trasladado a Ortiz que la consellera, entonces de Industria, y ahora de Turismo, Belén Juste, está ejerciendo "presiones" para que se instalaran en Valencia.

Según el informe, "la consellera tendría en mente la instalación de una tienda en la Comunitat Valenciana y su ubicación sería Valencia", por lo que el señor Laval -representante de Ikea- apostaba por "dejar pasar el tiempo, mientras la multinacional negocia con la Federación del Mueble para que se rebaje la presión política".


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"CASO CAN DOMENGE"; SACRESA PREVIÓ GASTARSE 1,5 MILLONES EXTRA POR EL SOLAR Y AL FINAL PAGÓ 18

Novedades del caso

Esteban Urreiztieta | Eduardo Colom | Palma

La promotora catalana Sacresa contempló gastarse un máximo de 1,5 millones de euros extra al comprar el solar de Can Domenge y acabó desembolsando, según sus propios informes internos, un total de 18.486.344 euros sin especificar el destino del dinero. La Policía Judicial que registró la sede de la empresa de la familia Sanahuja en Barcelona se incautó de un "estudio económico" fechado el 16 de enero de 2006. Es decir, apenas dos semanas después de ser publicado por el Consell de Mallorca que presidía Maria Antònia Munar el concurso para vender el mejor solar público de cuantos quedaban en Palma. En este nuevo documento, al que ha tenido acceso EL MUNDO/El Día de Baleares, Sacresa calculó un gasto suplementario de 1.450.000 euros al hacerse con este terreno de 52.200 metros cuadrados, situado entre las calles General Riera y Camí de Jesús.

El análisis financiero de la promotora estableció que desembolsaría, además de los 30 millones de euros por los que sacó a la venta el solar la institución insular, "300.000 euros" más en concepto de "impuestos"; "150.000 euros" en "comisiones de agentes"; y un millón más para acometer "la urbanización exterior".

Sin embargo, y tal y como reveló ayer este periódico, en el mismo registro policial los investigadores intervinieron otro documento interno de Sacresa. En él la empresa que resultó finalmente elegida por Munar anotó que para hacerse con el solar había incurrido en "otros gastos" por importe de los citados 18 millones "en junio de 2009".

Estos documentos están siendo analizados ahora por los investigadores para intentar determinar si la promotora catalana, que se acabó quedando el solar a mitad de precio –Can Domenge estaba valorado en 60 millones de euros–, pagó comisiones a la cúpula de UM. Y es que en estos momentos es una incógnita el destino de los fondos empleados por Sacresa, máxime cuando en el solar no se han comenzado siquiera las obras porque el concurso fue abortado durante esta legislatura por el Consell de Mallorca que presidía la socialista Francina Armengol al incumplir Sacresa los plazos contemplados en la licitación. A la vista de los mismos encargó un dictamen jurídico al catedrático Miguel Coca y acabó anulando el procedimiento.

La titular del Juzgado de Instrucción número 12 de Palma ha incoado una nueva pieza secreta en el sumario del caso Can Domenge en el marco de la cual está interrogando de nuevo a los históricos líderes de la formación uemita así como a los responsables de la empresa que se llevó el controvertido concurso para intentar determinar si medió un soborno millonario.

A falta de poder acreditarlo de manera fehaciente los investigadores manejan indicios de que medió un pago que rondó los seis millones de euros y que el capitán del yate de la familia Sanahuja intervino en las operaciones.

Mientras continúa esta línea de investigación abierta en la que se intenta determinar la existencia de un delito de cohecho, la juez Carmen González ya ha decretado la apertura de juicio oral contra la antigua cúpula de UM en el Consell de Mallorca con Maria Antònia Munar a la cabeza. Para ella la Fiscalía Anticorrupción solicita una condena de seis años de prisión. Por su parte, la defensa del Consell de Mallorca solicita para ella nueve años de cárcel al incluir en su acusación el delito de malversación de caudales públicos.


elmundo.es

"CASO VOLTOR"; LA JUEZA INTERROGA ESTE MARTES A NADAL POR EL PAGO IRREGULAR DE 70.000 EUROS

Pago al jefe de informática del Inestur

Europa Press | Palma

La titular del Juzgado de Instrucción número 10, Carmen Abrines, interrogará este martes al ex conseller de Turismo del Govern, Miquel Nadal, dentro de la pieza del caso Voltor que investiga si el Instituto de Estrategia Turística (Inestur) abonó de forma presuntamente irregular unos 70.000 euros a su coordinador de Informática a través de dos sociedades que habría creado expresamente para ello y pese a estar contratado a su vez en la empresa pública.

La comparecencia del también ex presidente de Unió Mallorquina (UM) tendrá lugar en el marco de la pieza número 5 de la causa, que trata de averiguar las irregularidades que se habrían cometido a raíz de los ingresos -62.000 euros más IVA- que percibió el informático Carlos Martínez entre 2007 y 2009, y que habría cobrado mediante sus empresas Mediterránea 2F y TCP-IB Technologic mientras estaba a su vez contratado en el Inestur.

El propio Martínez justificó ante la jueza, durante su declaración como imputado, que había creado ambas sociedades para poder cobrar este dinero como compensación de las horas extra y el exceso de trabajo que desarrollaba como empleado del Inestur, si bien precisó que todo ello se produjo a instancias de los servicios jurídicos de la empresa pública. Así, el encausado aportó numerosas facturas de los trabajos que le fueron encargados desde el Inestur y explicó de forma pormenorizada cada uno de los servicios que prestó.

En relación a Nadal, Martínez, sobre quien pesa un presunto delito de negociaciones prohibidas a funcionarios, manifestó que no le conocía en persona aunque sí señaló que como en 2009 el ex dirigente 'uemita' estaba interesado en la instalación "en tan sólo una semana" de cámaras en las playas por seguridad tras los atentados que ETA perpetró ese año en Palmanova, plazo de tiempo que motivó que ninguna empresa se ofreciese para ello. Sólo una vendió los equipos, que compró Martínez para él mismo instalarlos, tras lo cual el Inestur le refacturó la cantidad abonada (5.846 euros).

Por otro lado, también este martes están citados a declarar el antecesor de Nadal en la Conselleria, Francesc Buils, asistido por los abogados Mateu Sedano y Matías Barón, y el ex responsable de la contabilidad del Inestur, Álvaro Llompart, defendido por Fernando Mateas, en su caso como imputados dentro de la pieza número 3, cuyas pesquisas giran en torno a la transferencia presuntamente irregular de 1,2 millones de euros públicos que la empresa pública efectuó en una cuenta corriente abierta en la entidad bancaria Banif.

Las investigaciones apuntan a que la cuenta fue abierta por Buils, quien habría efectuado dos transferencias por un total de 1,2 millones pese a contar con un informe jurídico desfavorable ya que no se podían depositar en un banco distinto al designado oficialmente para la Conselleria. Por su parte, el ex gerente del Inestur, Antoni Oliver, manifestó que fue Llompart quien propuso la apertura de esta cuenta tras entrevistarse con Buils y con el ex presidente de UM Miquel Àngel Flaquer.

Por su parte, el sucesor de Buils, Miquel Nadal, aseguró sin embargo que cuando tuvo conocimiento de la existencia de esta cuenta, ordenó que se cancelase de forma inmediata y, al preguntar por qué había sido abierta, le explicaron que fue una decisión del anterior conseller, es decir, de Buils.

En un oficio policial incluido en el amplio sumario del caso, el Grupo de Delincuencia Económica asevera que "llama poderosamente la atención" el hecho de que los intereses a percibir en la cuenta de Banif sean nulos, pese a la cantidad ingresada, de lo que se deduce según el escrito que la apertura de la cuenta y el ingreso de los 1,2 millones de euros con un informe jurídico en contra "no obedece a los intereses del Inestur en cuanto a la obtención de una alta rentabilidad". De hecho, el capital invertido no llegó a producir rentabilidad alguna.

Se da la circunstancia de que la magistrada ya había finalizado la instrucción de esta pieza como paso previo a su transformación a procedimiento abreviado, aunque finalmente fue acordada la práctica de nuevas diligencias complementarias. A nivel global, el caso Voltor investiga un presunto desvío masivo de fondos públicos a través del Inestur a empresarios próximos a UM en forma de contratos y subvenciones irregulares.


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PIDEN UN AÑO DE CÁRCEL AL EX ALCALDE DE CÓMPETA POR DELITO URBANÍSTICO

Del PP

Efe | Málaga

El ex alcalde de Cómpeta (Málaga), Leovigildo López (PP), se enfrentará a una petición fiscal de un año y tres meses de prisión e inhabilitación para empleo o cargo público durante diez años por un delito sobre la ordenación del territorio al conceder una licencia no adecuada a derecho.

El ministerio público señala en su escrito, al que ha tenido acceso Efe, que el alcalde pese a conocer un informe de la Consejería de la Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía "categórico y claro" sobre la no adecuación de la licencia procedió a otorgarla.

Debido a ello, Leovigildo López se sentará en el banquillo de los acusados el próximo jueves en el Juzgado de lo Penal numero 3 de Málaga, según han asegurado hoy a Efe fuentes judiciales.

Además del alcalde están acusadas cuatro personas más, dos de ellos pertenecientes a la comisión de gobierno, el asesor técnico y la secretaria del Ayuntamiento.

Estas cuatro personas también están acusadas de un delito contra la ordenación del territorio y que se enfrentan a la misma pena de prisión e inhabilitación.

Los hechos se remontan a noviembre de 2004 cuando una mujer solicitó al Ayuntamiento de Competa la aprobación del proyecto de actuación para la construcción de una vivienda unifamiliar en una zona conocida como "Pago de El Cerro", en una zona no urbanizable.

Informe desfavorable
El fiscal destaca en su escrito acusatorio que en marzo de 2005 la Junta de Andalucía formuló informe desfavorable al proyecto de actuación para la construcción de la vivienda al no ajustarse a lo establecido en la ley.

Además entre otras irregularidades, la Consejería de la Vivienda y Ordenación del Territorio no consideraba la necesidad justificada de vivienda unifamiliar aislada cuando esté vinculada a un destino relacionado con fines agrícolas, forestales o ganaderos de la finca.

No obstante, y a pesar de lo anterior, E.A.Y., actuando como asesor técnico municipal, emitió un informe favorable "realizando una interpretación torcida y convenida de la normativa urbanística, ignorando de manera voluntaria, las causas en virtud de la cuales se emitió el informe negativo de la Junta de Andalucía", según el fiscal.

Esta "lamentable" interpretación fue corroborada y confirmada por la secretaria del Ayuntamiento, actuando como asesor jurídico, Y.N.V. "conocedora de la contrariedad a derecho del contenido del informe", siempre según la versión del ministerio público.

Posteriormente, el 28 de septiembre de 2005, la comisión de gobierno de la corporación municipal otorgó la licencia pese a conocer "el informe categórico, claro y evidente de la Junta de Andalucía".


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"CASO BRUGAL"; LA POLICÍA CREE QUE ORTIZ REALIZABA FALSOS CONTRATOS DE ALQUILER DE SU YATE A SEDESA

La firma pertenece a un sobrino del vicepresidente Juan Cotino

El informe apunta a que Ortiz habría modificado la matrícula de su yate
El objetivo, según la UDEF, era realizar contratos ficticios de alquiler
Al parecer, arrendó 'Elena' a un grupo de rusos por 108.000 € 50.000 sin IVA

Europa Press | Alicante

La Policía considera que el constructor, Enrique Ortiz, pudo realizar "presuntos contratos ficticios de alquiler" de su barco 'Elena' en los que utilizaba como arrendatarios a Sedesa -propiedad del empresario valenciano, Vicente Cotino, sobrino del conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda de la Generalitat, Juan Cotino- así como a personas físicas de su entorno.

Tal y como recoge uno de los informes policiales que consta en el sumario de la pieza separada del caso Brugal, cuyo secreto ha sido levantado este viernes, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) considera que Enrique Ortiz habría modificado la matrícula y el objeto-finalidad de su yate 'Elena' para realizar presuntos contratos ficticios de alquiler.

Así, en una conversación telefónica del 24 de julio de 2009, Ortiz le comunica a uno de sus trabajadores que el yate se le alquilará "a SEDESA" durante "estos 15 días", con la finalidad de que este empleado mande al capitán de la embarcación los datos de SEDESA.

El cinco de agosto de 2009 Ortiz llama a Vicente Cotino para pedirle el DNI de su mujer, y en esa conversación éste le pregunta a Ortiz, entre risas, "¿por donde estamos navegando?, si se puede saber", a lo que Ortiz le contesta que "estás en Ibiza". A continuación el empresario alicantino ofrece a Cotino una lancha durante unos días, a lo que éste contesta que está "en Coruña".

La policía hace constar en su informe que durante esa conversación Cotino pregunta a Ortiz con qué barco se ha trasladado a Ibiza, a lo que éste le contesta: "tu estás navegando con el Benetti, con el mío, conmigo" y Cotino responde: "Contigo, ¡ah!, estoy contigo", y después le pide que cuando pague algo por ahí, que "recoja las facturas" para que las archive", y se ríe.

Alquiler a los rusos
Además, la policía considera en su informe que Enrique Ortiz alquiló el yate 'Elena', del 17 al 24 de julio, a unos individuos de nacionalidad rusa, a los que les cobró 108.000 euros de alquiler, 50.000 más 8.000 de IVA por un lado, y otros 50.000 sin IVA.

El encargado de recoger el pago sería el hermano de Ortiz, Virgilio Ortiz, quien le habría manifestado su temor de ir solo a cobrar, por lo que el empresario y constructor alicantino le ofrece que vaya con su chofer, a lo que Virgilio responde que "mejor, coño", puesto que "con lo que voy a recoger y todo el follón" no le gustaría "ir solo".

Así, el 17 de julio de 2009 Virgilio Ortiz y el chofer del empresario se encuentran en el barco para cobrar por su alquiler, con "una máquina comprobar si los billetes son buenos", desde donde llaman a Ortiz para indicarle que los individuos "traen la mitad" del dinero, y que "la otra mitad se la dan al capitán".

A esto Ortiz responde que "El barco no sale si no recibe todo el dinero". Finalmente, de las conversaciones intervenidas, la policía infiere que Virgilio Ortiz recogió todo el dinero y se lo entregó a la mujer de Enrique Ortiz ese mismo día.