viernes, 6 de enero de 2012

"CASO PALMA ARENA"; URDANGARÍN Y MATAS, SIN APOYOS ENTRE LOS ENCAUSADOS DE SU ENTORNO

Periodistas aguardan la llegada de Urdangarin a la casa familiar en Vitoria. / L. RICO
EL SUMARIO SOBRE EL DUQUE DE PALMA »

Los asesores del duque de Palma han realizado una maniobra de alejamiento
El duque estaba convencido de que su socio “le estaba robando"
Torres afirmó que el yerno del Rey “no trabajaba”, solo quería cobrar

Andreu Manresa Palma de Mallorca

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Operación Babel
Corrupción política


Iñaki Urdangarin afrontará su comparecencia como imputado ante el juez del caso Palma Arena sin que conste en el sumario ningún apoyo directo. Las declaraciones de distintos testigos e imputados, en el ámbito de sus empresas de la trama Nóos y en el del exGobierno de Baleares, le son desfavorables. Con el yerno del Rey —y su socio Diego Torres—, el ex presidente Jaume Matas aparece señalado en la cúpula de las decisiones bajo sospecha judicial.

Los antiguos socios y asesores en Nóos del Duque de Palma han efectuado una aparente maniobra de alejamiento o de descarga de responsabilidades. Parecida postura han mantenido ante el juez o el fiscal los excolaboradores de Matas, que le ubican en el meollo de todos los asuntos junto a Urdangarin. El aislamiento se puede apreciar en el sumario.

Una ex empleada de Nóos, Naroa Marcos, ha desvelado que su firma fue falsificada en un concurso que se amañó con el Gobierno de Matas, según el fiscal. Urdangarin y su socio Torres quedan aludidos en este episodio por otro protagonista, su exejecutivo Juan Pablo Molinero. El duque firmó otra de las propuestas del concurso manipulado, a través de su empresa Aizoon, compartida con su esposa la infanta Cristina.

Al menos cuatro ex altos cargos del Gobierno, que conocieron las adjudicaciones a Urdangarin y su socio, han señalado que la responsabilidad decisiva fue de Jaume Matas. Han dicho que el ex director general de Deportes José Luis Pepote Ballester fue su ejecutor, el amigo de Urdangarin y hombre de confianza de Matas. Ballester efectuó una confesión, pactada, ante el juez y el fiscal con beneficios penales que perjudica a aquellos.

Antes que Pepote, declararon en línea de cooperación con el fiscal Juan Carlos Alía, exgerente del Instituto Balear de Turismo; Gonzalo Bernal, exdirector de la Fundación Illesport; Dulce Linares, exsecretaria de Presidencia; Javier Cases, exsecretario de Turismo, y Miguel Ángel Bonet, exasesor. Unos asistieron a reuniones clave y otros no negaron las supuestas irregularidades.

Ballester construyó el relato ante el juez para imputar al duque y situarse en su rol de mero delegado. Declaró que Urdangarin pactó con el entonces presidente gestionar los dos Fórum Illes Balears, por 2,3 millones; medió en la compraventa del equipo Illes Balears por 18 millones y fijó su tarifa, 300.000 euros. En la causa consta que el duque de Palma logró el patrocinio de Sa Nostra con el amparo del Gobierno.

En las sedes de Barcelona de Nóos, el complejo grupo que alzó el yerno del Rey —entre 2004 y 2006, directamente, y después, en la sombra— se han hallado indicios documentales de sus operaciones millonarias y de supuesta evasión de fondos. Excolaboradores del duque han identificado ante el fiscal el rastro de las actividades económicas en clave de Iñaki Urdangarin (IU) o su papel de “gestor” retribuido y su peso en la toma de decisiones. Dos testigos desmontan la justificación de gastos en los eventos de Palma.

Urdangarin y Pepote no se hablan ya. El duque llamó hasta ocho veces a su amigo para reclamarle un pago pendiente de 400.000 euros. “Me enfadé con él”, dijo Pepote. Fue en 2007 y ello marca el período de actividad del duque en Nóos pese al veto del Rey en 2006. Otra pelea la desveló Miguel Zorío de Lobby Comunicación, que facturó 600.000 euros con Nóos en el Summit de Valencia. Zorío pasó de testigo a imputado y dijo que Urdangarin “había detectado que Diego Torres le estaba robando”. En la causa, Torres replicó que el duque “no trabajaba”, que solo quería cobrar los dividendos. Los dos cerebros de Nóos están enfrentados.

"CASO GÜRTEL"; EL AUDITOR DE FOREVER YOUNG DICE QUE TODAS LAS FACTURAS FALSAS OBEDECÍAN A VENTAS REALES

Juicio por los trajes

Se 'disfrazaban' con el fin de que las empresas pudieran desgravarse el IVA
La nota manuscrita en la que aparecen Camps y Costa fue pagada por la trama
Dice que los pagos en efectivo siempre generan un ingreso en caja y un recibo

Europa Press | Valencia

Un auditor de cuentas ha asegurado hoy que algunas facturas alteradas y documentos de pago de Forever Young atribuidos a prendas de vestir para Francisco Camps y Ricardo Costa corresponden a "ventas reales" abonadas por la trama "Gürtel", si bien no existe ningún dato para vincularlas a los acusados.

Así lo ha expuesto el economista Arturo Alfonso Cenjor en el juicio que se celebra en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana contra el expresident de la Generalitat y el ex secretario regional del PP por aceptar, supuestamente, regalos de la red que lideraba Francisco Correa.

El "perito-testigo", que trabaja para el despacho que tramita los asuntos fiscales y laborales de las empresas de Eduardo Hinojosa -propietario de Forever Young-, ha centrado su declaración en la validez y el pago de las citadas facturas, y sus respuestas han variado de sentido dependiendo de qué parte hiciera la pregunta.

Interrogado por la Fiscalía Anticorrupción, ha asegurado que el ya denominado por todo el estrado como "famoso documento 71" -una relación de nombres, entre ellos Camps y Costa, asociados a diferentes cantidades interpretadas como pendientes de pago- fue satisfecho "íntegramente" por empresas de la trama y está soportado en facturas reales.

A preguntas de las defensas ha señalado que "no es un documento oficial de la tienda", porque entre otras cosas carece de sello y "parece un fax", y asegura que él no ha visto papel alguno que vincule las transferencias con las cantidades de los acusados, ni tampoco que acredite sus supuestas compras.

Respecto a otro documento manuscrito a nombre de Francisco Camps y Álvaro Pérez "el Bigotes" -supuesto cabecilla de la trama en Valencia- con diferentes prendas por valor de 4.040 euros, el auditor, a preguntas de la acusación, ha apuntado que el importe coincide con un pago de Orange Market por un metraje de tela industrial, producto que no vende esta tienda.

Interrogado por la defensa, ha añadido que el manuscrito es un documento "sin validez mercantil", en el que los precios de las prendas ni siquiera coinciden con los de la tienda.

El testigo, que también ha declarado como perito porque realizó un informe que se aportó a la causa, ha insistido que todas las facturas "alteradas" o "falsas" -disputa terminológica que ha protagonizado su declaración- corresponden a "ventas reales" y camufladas para obtener beneficios fiscales, y dice que se hicieron por orden del sastre José Tomás.

Por otra parte, ha asegurado que los pagos en efectivo -Camps defiende que pagó siempre en metálico- generan siempre un ingreso en caja y un recibo fechado, aunque no sea nominativo.

Según ha apuntado el Ministerio Fiscal, el establecimiento nunca aportó a la causa los tiques generados por los pagos del expresidente valenciano, a pesar de los numerosos requerimientos judiciales que recibió.

La finalidad inicial del informe que redactó el auditor a petición de Hinojosa era incorporarlo al pleito que mantuvo este empresario con José Tomás por despedirle, si bien luego se utilizó en el resto de procesos judiciales relacionados.

El juicio se retomará el próximo lunes con una de las tres comparecencias que restan para finalizar la prueba pericial, tras lo cual se iniciará la fase documental, en el que el jurado podrá escuchar todas las conversaciones intervenidas.

La vista oral ha cerrado su cuarta semana, y es previsible que se prolongue al menos durante otra más antes de que los nueve miembros del jurado popular se reúnan para acordar un veredicto.

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"CASO MINUTAS"; LA FISCALÍA RECURRIRÁ LA SENTENCIA QUE CONDENÓ A DEL NIDO Y A MUÑOZ

Siete años y medio de cárcel

Europa Press | Málaga

La Fiscalía Anticorrupción ha remitido a la Sección Tercera de la Audiencia de Málaga el anuncio de recurso que se prevé interponer ante el Tribunal Supremo contra la sentencia del caso 'Minutas', sobre las irregularidades en encargos del Ayuntamiento de Marbella al letrado José María del Nido, en la que se condenó a nueve personas, entre ellas al abogado y al ex alcalde marbellí, Julián Muñoz, y se absolvió a otras siete, según han asegurado fuentes judiciales.

Las fuentes han precisado a Europa Press que el ministerio fiscal ha presentado el anuncio de preparación de un recurso de casación "parcial", ya que en la resolución de la Sala de la Audiencia malagueña se condena por los principales delitos por los que se acusaba por parte de la acusación pública, como fraude, malversación y prevaricación; aunque aplicando la continuidad delictiva y concurso medial; y se absolvió por otros.

El Tribunal encargado del enjuiciamiento de esta causa condenó al letrado sevillano José María del Nido a una pena de siete años y medio de prisión y 15 años de inhabilitación absoluta como cooperador necesario por el delito continuado de fraude en concurso medial con los delitos continuados de prevaricación y malversación de caudales públicos. El letrado anunció que recurrirá la sentencia.

Además se condenó al ex alcalde marbellí Julián Muñoz por el mismo delito que al letrado, pero como autor, y a la misma pena; y también al ex asesor de Urbanismo Juan Antonio Roca a cuatro años de prisión por delito de fraude en concurso medial con malversación; así como a otras seis personas.

El Tribunal destacó la posición que tenía Del Nido en el Consistorio y señaló que "por los hechos imputados a los acusados en este procedimiento el Ayuntamiento sufrió la pérdida de varios millones de euros en una continua desviación de caudales públicos a fines distintos de los fijados por el ordenamiento jurídico". Calificó de "innecesarios" los encargos realizados al letrado frente al proceso fiscalizador del Tribunal de Cuentas.

"Desde 1999 a 2003, de una forma que puede calificarse de sistemática por su reiteración, los acusados que han resultado condenados descapitalizaron en su propio interés el Ayuntamiento de Marbella con una serie de contratos nulos", se indicaba, al tiempo que se insistía en que fue "inexistente en todos ellos el respeto a las más elementales normas administrativas de adjudicación de contratos públicos" y huyeron de controles del interventor.

Por otro lado, la Sección Tercera acogerá el próximo lunes, día 9, la vista pedida por la Fiscalía Anticorrupción para solicitar medidas cautelares a los acusados que fueron condenados, comparecencia en la que el ministerio público solicitará medidas cautelares de forma individualizada respecto de cada acusados, teniendo en cuenta las penas impuestas, las causas pendientes, así como los antecedentes penales.

Estas peticiones podrían ir desde la retirada del pasaporte hasta el ingreso en prisión, pasando por establecer una fianza. Tras celebrarse esta comparecencia, el Tribunal tendrá que decidir si adopta las medidas solicitadas, otras distintas o ninguna. Al respecto, Del Nido recordó la consignación, producida tiempo atrás, de una fianza de cinco millones de euros para cubrir posibles responsabilidades civiles.


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