lunes, 29 de junio de 2009

EL CASO ASTAPA REVELA LA CONCESIÓN IRREGULAR DE UN CHIRINGUITO

El sumario del «caso Astapa» desvela las conversaciones entre la entonces concejala de Playas de Estepona (Málaga), Marisa Rodríguez-Pino, y el abogado Juan Simón, quien está interesado «en la concesión irregular de una licencia para la instalación de un chiringuito en la playa».

En una conversación telefónica mantenida el 6 de septiembre de 2007, Simón le muestra su interés en una parcela de la playa de El Padrón para instalar allí un chiringuito, según recoge un informe policial incluido en el sumario del «caso Astapa», que investiga la presunta trama de corrupción en el Ayuntamiento de Estepona.

La edil le informa de que tiene que ver la titularidad de la parcela y el Plan General, así como la posibilidad de sacarla a licitación y plantearlo en la Demarcación de Costas, y de que todo ello lo abordará con el arquitecto Arturo Cebrián, también imputado en la causa.

Rodríguez-Pino le pregunta si él consta «como socio, como administrador» de la sociedad que va a concurrir a la licitación, a lo que Simón le responde que no, y la concejala afirma en ese momento «perfecto, mucho mejor así».

La conversación continúa con Rodríguez-Pino preguntándole a Simón sobre «lo del crédito» y quién le va a hacer la transferencia del dinero, a lo que Simón responde que «eso te lo daremos en efectivo para que no conste ni transferencia ni nada». La concejala de Playas le dice que eso mismo le iba a proponer ella, «porque, por ejemplo, cada seis meses yo lo guardo en casa, lo voy metiendo cada mes y a nadie le canta» y añade que «si se hace una transferencia, siempre deja huellas y siempre va a cantar».

Según la Policía, dichas actuaciones podrían ser constitutivas de un delito de cohecho, porque la concejala se aprovecha de su condición de funcionaria pública para tramitar la licitación de parcelas en la playa.

Además, añade el informe, «estaría clara la dádiva en el tipo delictivo correspondiendo a la entrega de dinero en efectivo» y que a cambio de ese dinero «la concejala va a hacer un acto irregular en el ejercicio de su cargo». A Rodríguez-Pino se le imputan presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y prevaricación, mientras que a Simón se le imputan cohecho, tráfico de influencias y blanqueo.

ABC.ES

UN EX ALTO CARGO DE MATAS SALE DE PRISIÓN TRAS PAGAR UNA FIANZA DE 100.000 EUROS

Óscar Collado, ex gerente de la funeraria de Palma, había ingresado en prisión el pasado 13 de junio acusado de corrupción

Óscar Collado tras declarar ante el juez - EFE

ANDREU MANRESA - Palma de Mallorca

El ex gerente de la funeraria de Palma, Óscar Collado Edo, ha salido de la cárcel tras pagar su familia una fianza de 100.000 euros. Collado, séptimo cargo del PP de la etapa del ex presidente Jaume Matas y de la presidenta del partido en Baleares Rosa Estarás, ingresó en prisión el pasado 13 de junio, sin fianza, imputado por el juez por cinco delitos y un presunto enriquecimiento de cientos de miles de euros.

* Encarcelado el séptimo cargo de la época de Jaume Matas
El Fiscal Anticorrupción, Pedro Horrach, acusó a Collado de negocios turbios relacionados con el tráfico de tumbas, monopolios de ataúdes, obras ficticias en cementerios y facturas falsas en cuentas municipales, según la fiscalía. El fiscal presentó indicios para sustentar las acusaciones de cohecho, malversación de caudales públicos, fraude a la Administración, prevaricación y falsedad documental.

El PP dice que no tiene responsabilidad ni relación con Collado, que es "un funcionario laboral que fue designado por el alcalde socialista Ramón Aguiló". Desde hace casi dos décadas es notorio, sin embargo, que el encarcelado está al margen del PSOE y era un activista de confianza del PP, él y su familia.

Collado es un ejemplo de cargo público acomodado a las sucesivas etapas políticas en Baleares. Se estrenó con cargos por la UCD en la Transición, posteriormente pasó al PSOE y, finalmente, se adhirió al PP cuando este partido se convirtió en hegemónico en Palma, a partir de los años 90. Su hijo, Pablo Collado Serra, ex alto cargo del Gobierno de Jaume Matas, está imputado en la trama del caso Gürtel por ser administrador y consejero de varias compañías de la malla del clan Correa.

ELPAÍS.COM

LA INVESTIGACIÓN A BÁRCENAS REVELA UNA RED DE FACTURAS FALSAS DE UNA CONSTRUCTORA DEL AVE

Más de un millón de euros en billetes de 500 salieron de Constructora Hispánica en 2003 para defraudar al fisco o pagar cohechos, según la Agencia Tributaria

J. M. ROMERO / C. E. CUÉ - Madrid

La investigación de la trama corrupta vinculada a administraciones gobernadas por el PP ha destapado una red de empresas pantalla que emitían facturas falsas para justificar supuestos pagos de Constructora Hispánica (una de las empresas adjudicatarias del AVE a Barcelona y a Valencia) a proveedores ficticios. Un alto directivo de Constructora Hispánica, Alfonso García Pozuelo, está imputado por el supuesto pago de 1,6 millones de euros a la red que dirigía Francisco Correa.

* Empresas fantasma para justificar pagos ante Hacienda
* "Si fuese Bárcenas habría dimitido"

La empresa logró 99 millones de euros en adjudicaciones del AVE con Cascos

La investigación partió de una charla de Correa sobre pagos al tesorero

Parte del dinero, según los documentos de contabilidad interna requisados por la policía en las sedes de las empresas de Correa (reproducidos en el gráfico adjunto), acabó en manos de Luis Bárcenas, tesorero del Partido Popular. La Agencia Tributaria considera que tanto Constructora Hispánica como las empresas pantalla con las que operaba han podido incurrir en un delito contra la Hacienda Pública.

La investigación arrancó de una conversación de Correa grabada sin que él lo supiera por quien entonces era su amigo, José Luis Peñas, ex concejal del PP en Majadahonda (Madrid). "Le he llevado a Bárcenas 1.000 millones de pesetas. Se lo he llevado a Génova (sede del PP) y a su casa. Todo de adjudicación de obras de Fomento, cuando estaba Cascos, 1.000 kilos. Sé dónde los tiene, cómo los saca de España y el paraíso fiscal", se oye decir a Correa en esa grabación.

Tres testimonios

La Fiscalía Anticorrupción interpreta que los 1.000 millones de pesetas a los que se refiere "procederían de la labor de intermediación realizada por Francisco Correa con empresarios en las adjudicaciones de obras".

Otro ex edil de Majadahonda expulsado por el PP, Juan José Moreno Alonso, ratificó la versión: "Oí decir a Correa que había entregado dinero al señor Bárcenas". La Fiscalía suma un tercer testimonio sobre estos pagos al tesorero. Isabel Jordán, ex directiva de una de las empresas de Correa, declaró al juez: "Siempre hablaban mucho, estaban siempre hablando de los cabrones de Génova, y hablaban del señor Bárcenas. En algunas conversaciones sí salía el señor Bárcenas, del dinero que le habían dado, que era un cabrón, que no les estaban dando trabajo, que le cortaron el flujo de trabajo que tenían".

Los amigos del tesorero del PP siempre alegan en su defensa que fue él quien rompió con Francisco Correa en 2004, cuando supo que utilizaba su nombre para hacer negocios inmobiliarios en la sierra de Madrid.

Entre la documentación requisada durante la intervención policial contra la red corrupta hay unos folios, hallados dentro de una carpeta azul localizada en la casa del contable de la trama, José Luis Izquierdo, donde se registraban algunas operaciones de cobro de comisiones a constructores. Entre ellos figuraba García Pozuelo, directivo de Constructora Hispánica, quien entre 2002 y 2003 hizo dos desembolsos de casi 1,6 millones de euros a la trama corrupta, que a su vez lo distribuía entre varias personas. Una de ellas era L. B., al que la investigación identifica como Luis Bárcenas, que habría cobrado un primer pago de 270.000 euros en 2002 y un segundo de 330.000 euros en diciembre de 2003.

Constructora Hispánica consiguió adjudicaciones de tramos del AVE por valor de 99,1 millones de euros durante el mandato de Francisco Álvarez-Cascos (mayo de 2000 a marzo de 2004) al frente del Ministerio de Fomento. Antes de ese momento y después de que el PP perdiera las elecciones, Constructora Hispánica también logró contratos del AVE. La investigación, que en realidad está en fase incipiente, según se destaca en varios documentos, aún no ha analizado esa vinculación de esta constructora con las obras del AVE.

El informe de la Agencia Tributaria incorporado al sumario señala que Constructora Hispánica justificaba pagos con facturas falsas que emitían empresas que carecían de personal, o de estructura suficiente para prestar servicios o, en algunos casos, resultaron ilocalizables para Hacienda.

Precisamente Álvarez-Cascos es, según diversas fuentes del PP, una de las personas cercanas a Bárcenas que más está empujándole a que resista y no dimita, y el que con más ahínco defiende internamente la inocencia del tesorero, mientras la mayoría de los dirigentes prefiere que dimita cuanto antes para no hacer más daño al partido.

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