miércoles, 2 de septiembre de 2009

EL BUFETE DE MICHAVILA LOGRÓ UN CONTRATO CON EL VOTO DE SU HERMANA

La familiar del ex ministro es teniente de alcalde de Villanueva del Pardillo

PABLO LINDE - Madrid

Villanueva del Pardillo sería uno más de los pueblos gobernados por el PP que han contratado al despacho de abogados Eius, donde colabora el ex ministro José María Michavila, si no fuese por quién es su teniente de alcalde. Se llama María del Carmen Michavila Núñez y es hermana del dirigente popular que renunció la semana pasada a su escaño en el Congreso de los Diputados.

Otros ayuntamientos del PP tenían acuerdos similares con el despacho

José María Michavila siempre ha sostenido que Eius no es su bufete, sino el despacho en el que colabora como abogado. Entre los contratos que ha conseguido, están los de los ayuntamientos de Pozuelo de Alarcón y de Boadilla del Monte cuando estaban gobernados por los alcaldes ahora imputados por el caso Gürtel.

Villanueva del Pardillo contrató por 30.000 euros anuales desde 2006 a 2008 a dicho bufete en concepto de asesoría. Según los documentos a los que ha tenido acceso EL PAÍS, en las tres ocasiones la hermana del ex ministro votó favorablemente.

Este periódico trató ayer de contactar con la teniente de alcalde de Villanueva del Pardillo (14.763 habitantes) para preguntar si conocía que había votado a favor de contratos con el despacho donde colabora su hermano y si creía que podía haber alguna incompatibilidad en ello. Tras varios intentos, una portavoz del Ayuntamiento explicó que el equipo de Gobierno había estado toda la mañana reunido tras las vacaciones y que por la tarde "ya no había nadie". Esta fuente asegura que "todos los contratos que se firman son públicos y están conformes a derecho", pero prefirió no facilitar la forma de contactar con Michavila.La relación de Eius Abogados con el consistorio de Villanueva del Pardillo comenzó en 2006. Una Junta de Gobierno aprobó en el mes de abril de ese año la contratación del bufete para el servicio de consultoría y asistencia en materia laboral y contencioso-administrativa. En las actas, a las que ha tenido acceso este periódico, María del Carmen Michavila figura como una de las participantes que votó a favor de esta contratación por "el procedimiento negociado sin publicidad". El Ayuntamiento convenía pagar 30.000 euros a la empresa por la asesoría de todo el año. Esta contratación, que no requería concurso, se volvió a ratificar en 2007 y 2008 y ha estado en vigencia hasta este verano. También votó a favor Michavila en sucesivas Juntas de Gobierno que aprobaban las facturas del Consistorio, en la que cada mes aparecía una de 2.500 euros a favor del despacho de abogados, que hasta el momento ha percibido unos 90.000 euros del ayuntamiento madrileño.

María del Carmen Michavila comenzó su labor en el pueblo trabajando en proyectos de formación de desempleados. Llegó al Ayuntamiento tras las elecciones de 2003. Con la victoria del PP fue nombrada concejal delegada de Cultura, Desarrollo Local y Consumo y poco a poco fue ganando peso en el organigrama municipal. Tanto fue así, que en los siguientes comicios, los de 2007, fue una de las encargadas de redactar el programa electoral de los populares en la localidad y pasó del número cinco a ser la segunda en la lista. Con la reedición de la victoria, dio el salto a la Primera Tenencia de Alcaldía. También es concejal de Administración General, Hacienda y Coordinación de Áreas y presidenta del consejo de administración de la Sociedad Urbanística Municipal. Era, la mano derecha del alcalde, Juan González Miramón, cuando se ratificaron por dos veces los contratos a Eius.

El despacho tenía acuerdos similares con otras administraciones del PP. Saltaron a la luz por el caso Gürtel de corrupción vinculada al PP por la trama de empresas de Francisco Correa. En Pozuelo, Eius recibió al menos 64.000 euros por contratos firmados entre marzo de 2007 y agosto de 2008, por el entonces alcalde, Jesús Sepúlveda, imputado por Garzón por cohecho. También había firmado convenios para trabajar con el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, corazón de la presunta trama corrupta. Al alcalde con el que se suscribieron los contratos, Arturo González Panero, le impusieron la mayor fianza de todos los imputados, 1,8 millones. Eius también ha recibido adjudicaciones de la Comunidad Valenciana, donde trabaja otra hermana de Michavila, Ana, como jefa de gabinete de Francisco Camps.

EL PAÍS ya desveló estas relaciones en marzo. El Congreso comenzó a estudiar entonces las posibles incompatibilidades de las labores de otros dos abogados de Eius, que eran también letrados de las Cortes. No así las del ex ministro, a quien la ley permitía realizar a la vez estas actividades de dentro y fuera de la Cámara. Finalmente, el político, que también es representante de artistas como Alejandro Sanz o Shakira, decidió abandonar su escaño el viernes. Con él se marchó de las Cortes Alberto Borrego, uno de los letrados que trabaja también para Eius. Michavila envió una carta al presidente del Congreso, José Bono, en la que decía que su salida se debía a "razones familiares y personales que tú seguro entenderás". El ex ministro, que nunca ha querido explicar su labor en el despacho más allá de decir que es un colaborador, asegura que pretende continuar en la dirección del PP. Su hermana ayer tampoco dio una explicación a pesar de los sucesivos requerimientos de este periódico.

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ELPAÍS.COM

EL CONGRESO TRAMITA YA EL SUPLICATORIO DEL SUPREMO CONTRA JESÚS MERINO

'CASO GÜRTEL'

Es diputado por el PP

El diputado del Partido Popular, Jesús Merino. | El Mundo

Efe | Madrid

La Mesa del Congreso ha aceptado tramitar el suplicatorio del Tribunal Supremo contra el diputado del PP Jesús Merino por el "caso Gürtel", con lo que la Comisión del Estatuto del Diputado se reunirá en próximas fechas para iniciar los trabajos encaminados a decidir si concede o no la solicitud.

Tras el paréntesis estival, el órgano rector de la Cámara Baja se ha reunido y ha calificado el suplicatorio remitido por el Supremo a últimos de julio, en el que el Alto Tribunal pedía permiso para poder seguir investigando a Merino por los supuestos delitos de cohecho y fraude fiscal.

Fuentes parlamentarias han informado a Efe de que todos los miembros de la Mesa han aceptado tramitar el suplicatorio contra Merino, paso imprescindible para que la Comisión del Estatuto del Diputado comience los trabajos sobre la concesión del mismo, que podría ser votada por el pleno del Congreso en octubre.

Una vez calificado el escrito, el presidente del Congreso, José Bono, previo acuerdo de la Mesa de la Cámara, dispone de cinco días para enviarlo a la Comisión del Estatuto del Diputado.

Este órgano es el responsable de analizar la documentación pertinente y de escuchar al propio interesado, para lo cual dispondrá de un plazo de 30 días, antes de que la concesión del suplicatorio sea votada por el pleno de la Cámara.

Junto al suplicatorio de Merino, el Supremo también elevó un escrito al Senado para poder seguir investigando y proceder contra el senador del PP y ex tesorero de este partido Luis Bárcenas.

El proceso desde que se presenta un suplicatorio es similar en el Congreso y el Senado y en ambos casos se entiende que es denegado si la Cámara correspondiente no se hubiera pronunciado en el plazo de 60 días naturales, computados dentro del período ordinario de sesiones desde el día siguiente de recibir el escrito judicial.

La Constitución establece que los diputados y senadores gozan de inviolabilidad en las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones y de inmunidad por la que no pueden ser inculpados ni procesados sin la previa autorización de la Cámara respectiva.

Sólo pueden ser juzgados por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que debe solicitar un suplicatorio a tal fin.

La Comisión del Estatuto del Diputado cuenta a su vez con un plazo máximo de 30 días para estudiar la petición y escuchar al interesado, que puede contestar oralmente o por escrito.

ELMUNDO.ES

EL TRIBUNAL CREE QUE CORREA PLANEABA FUGARSE A PANAMÁ Y COLOMBIA

Cabecilla del 'caso Gürtel'

Francisco Correa. | Veo7

Efe | Madrid

El líder de la trama del 'caso Gürtel' intentó conseguir la residencia legal en Panamá y Colombia. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) niega el recurso contra la prisión provisional de Francisco Correa porque cree que existe riesgo de fuga si queda en libertad.

En el auto en el que el pasado viernes desestimó el recurso que Correa interpuso contra su prisión provisional, cuyo contenido se ha conocido este miércoles, el TSJM asegura asimismo que el principal imputado en la trama corrupta que salpica a miembros de Partido Popular intentó ocultar o destruir pruebas cuando supo que se habían abierto diligencias para esclarecer los hechos en los que está implicado.

La sala entiende que "existe riesgo de que se intente ocultar o destruir pruebas, y ello no sólo por la natural inclinación del que se sabe vigilado por la Justicia, sino porque así se ha intentado una vez abiertas las diligencias sumariales y durante el periodo en que el apelante permaneció en libertad, como se puede comprobar en las grabaciones de las escuchas telefónicas".

La sala rechaza el argumento de la defensa de Correa de que todas las pruebas están ya a disposición de la Justicia y dice que "cuando la instrucción se encuentra ante delitos de naturaleza económica se ve necesitada de realizar una compleja investigación, siguiendo el rastro de documentos, partidas o cuentas (...) cuya existencia, en el mejor de los casos, se desconoce a ciencia cierta". Añade además que el análisis del material ya conocido "puede hacer preciso la búsqueda de nuevos documentos o anotaciones contables".

"Y es respecto a esos documentos o anotaciones contables donde surge un peligro concreto de ocultación, alteración y destrucción si personas que se encuentran en libertad acceden a estos documentos o apuntes antes de que se produzca la intervención judicial de los mismos", señala el auto.

El tribunal también ha tenido en cuenta el "evidente riesgo" de que Correa se dé a la fuga de ser puesto en libertad, ya que "no sólo tiene contactos con el exterior", sino empresas, inversiones y viviendas, "lo que le permitiría vivir sin necesidad de suelo español".

Según el TSJM, Correa no sólo "ha intentado conseguir la residencia legal en Panamá y Colombia", sino que de las escuchas telefónicas se desprende "que cada vez permanecía más tiempo en el extranjero atendiendo sus empresas, por lo que parece indudable la existencia de contactos y medios para sustraerse fácilmente a la acción de la Justicia española".

Otros argumentos de la sala para rechazar el recurso de Correa son las altas penas a las que se enfrenta -se le imputan los delitos de blanqueo de capitales, fraude fiscal, falsedad documental, cohecho, asociación ilícita y tráfico de influencias- y los indicios de su responsabilidad criminal.

Respecto de éstos, el auto dice que "Correa controlaba directa o indirectamente las múltiples sociedades constituidas para la consecución de los fines delictivos a los que las empresas, en parte, se dedicaban, existiendo evidentes indicios de que era él quien tomaba la última decisión".

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