viernes, 4 de diciembre de 2009

MILLET PAGÓ HASTA LA REPARACIÓN DE UNA CAFETERA CON DINERO DEL PALAU

También cargó a la entidad enchufes, persianas y el bruñido del mármol de un baño
• La institución sufragó asimismo gastos de Jordi Montull, de su hija y de Laila Millet

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J. G. ALBALAT / BARCELONA

El saqueo de los fondos de la Fundació Orfeó Català y del Consorci del Palau de la Música, en el que están representados la Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona y el Ministerio de Cultura, fue descarado. Fèlix Millet, expresidente de la institución, y Jordi Montull, su mano derecha, no utilizaron dinero de la entidad solo para hacer obras de reforma en sus respectivas viviendas en L’Ametlla del Vallès y Teià, sino también para sufragar gastos que en el mejor de los casos pueden considerarse de mantenimiento, como la reparación de una cafetera, la compra de un flotador para la piscina, el pulimento del mármol de un baño, el montaje de unas persianas eléctricas, la sustitución de enchufes y la revisión de una instalación de climatización. Así lo detallan los Mossos d’Esquadra en un informe que han remitido al juez Juli Solaz, que investiga la apropiación de millones de euros de las arcas del Palau.

El principal beneficiario de este desvío de fondos fue Millet, aunque el ejecutor del plan fue el exdirector de administración Montull, que también sacó tajada del fraude. Pero no solo él, sino también, y de una forma bastante espectacular, su hija Gemma, asimismo imputada, a la que la fundación llegó a pagar la reparación de una barbacoa y una caldera, la instalación de dos duchas termostáticas, la reforma del jardín, la pintura de un sótano y el montaje de muebles de Ikea.

A un nivel inferior está Laila Millet, la hija del expresidente del Orfeó, que no desembolsó ni un euro para solucionar la avería del videoportero de su casa ni para reparar un depósito de agua. Todo fue abonado por el Palau. Estos trabajos los hizo la empresa Instalaciones y Mantenimientos Técnicos de Catalunya-IN2, que en las facturas giradas a la entidad hacía constar, por ejemplo, la falsa revisión de una centralita del sistema de control del Palau o inexistentes trabajos en el emblemático edificio.

El informe policial refleja las facturas aportadas por esta empresa de mantenimiento, que demuestran que en el 2008 y el 2009 facturó 44.568 euros a la Fundació Orfeó Català por servicios efectuados en las viviendas de Millet, Montull y sus hijas. Pero es que, además, se cargó el suministro y colocación de una lavadora Zanussi en el domicilio de una tía del mismo Jordi Montull, según el albarán de la compañía. Al Consorci del Palau de la Música se cargaron otros gastos, como la supuesta instalación de equipos sonoros y audiovisuales en una casa de Millet.

FACTURAS FALSAS / La declaración del responsable de la empresa suministradora describe el proceso usado por los imputados para el desvío de fondos: el interlocutor era siempre Jordi Montull, que a mano anotaba en el albarán la entidad a la que debían cargarse los gastos. Después, con una cruz, hacía saber al empresario que a la hora de hacer la factura no debía figurar ni el concepto de los trabajos ni el nombre de los particulares en cuyas viviendas se habían llevado a cabo los servicios. En su confesión ante el juez, Millet admitió que desvió 1,3 millones de euros del Palau para obras en sus viviendas. Montull, después, también reconoció una cantidad menor.

El atestado incluye las declaraciones de otros empresarios proveedores del Palau, como los responsables de las firmas Letter Graphic, New Letter e Hisparte. Los Mossos concluyen que no se han detectado irregularidades en su facturación con la entidad cultural y sostienen que los testigos niegan que se hinchara el precio o se pagaran comisiones.

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"CASO PRETORIA"; LOS NUEVOS IMPUTADOS SALEN DE LOS INTERROGATORIOS SIN CÁRCEL NI FIANZA

La madre de Muñoz certifica su alzhéimer, pero en la etapa investigada por Garzón no lo padecía
• El exalto cargo de CiU Genís Carbó afirma que el juez desconoce cómo se gestiona el urbanismo

Lluís Falcón, arquitecto de Santa Coloma; el empresario Manuel Valera y Genís Carbó, exasesor del Govern, llegan a la Audiencia. Foto: JOSÉ LUIS ROCA

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MAYKA NAVARRO / MADRID

Cinco de los 11 nuevos imputados del caso Pretoria pasaron ayer, con brevísimos interrogatorios en algunos casos, por el despacho del juez Baltasar Garzón y, terminado su paso por la Audiencia Nacional, volvieron a casa sin medidas cautelares, es decir, ni fianza, ni firmar cada tantos días en un juzgado y, por supuesto, ni cárcel. Hoy es el turno de otros cinco imputados, entre ellos el hasta anteayer gerente del Institut Català del Sòl (Incasòl) de la Generalitat, Emili Mas. La primera sesión de interrogatorios de ayer no conllevó, fiel a su estrategia hasta ahora, ningún tipo de nueva luz por parte de Garzón, pero al menos uno de los acusados, Genís Carbó, exalto cargo de CiU durante el pujolismo, decidió dar su versión sobre lo que, al menos por lo que a él le concierne, es el caso Pretoria: un error de interpretación por parte del juez sobre lo que son los procesos urbanísticos.

La jornada de interrogatorios comenzó con una apabullada Doris Malfeito (foto tercera), la mu
jer de Macià Alavedra, sorprendida por la presencia de fotógrafos y periodistas. Muy pocas preguntas le formuló Garzón. Solo estuvo ante el instructor del caso unos breves minutos. A la salida, más agobiada aún, se agarró con decisión al cuello de un policía que le abría paso entre las cámaras y le suplicó: «Por favor, sáqueme de aquí». Malfeito estaba imputada, de hecho, desde el pasado 30 de octubre, el día Garzón firmó el auto de prisión de su marido, firmó también el de imputación de la mujer. Y Juan Córdoba, el letrado del matrimonio, regresó a Barcelona con los dos escritos, aunque fiel a su extrema discrección, no comentó en público la imputación de Malfeito, conocida por ella desde el primer momento.

La siguiente en comparecer fue Maria Lluïsa Mas Crussels (foto segunda), esposa de Lluís Prenafeta. Mostró mucha más entereza. No dijo nada en público, pero fuentes próximas a la investigación afirman que tanto ella como Malfeito le explicaron al juez que, pese a que sus nombres figuran en algunas sociedades investigadas, se limitaban a hacer lo que sus maridos les pedían.

COMISIÓN DE 244.011 EUROS / Fueron, sin duda, las imputadas más apetecibles desde el punto de vista fotográfico, pero por su supuesto papel en la trama resultó más interesante la presencia de Carbó en la Audiencia Nacional. «Garzón confunde cargos y competencias» se defendió el excoordinador de plan territorial metropolitano de Barcelona. El exalto cargo convergente aseguró sentirse en parte aliviado por poder, según él, aclarar al juez algunas de las acusaciones que le formula. La principal de ellas es el cobro de una comisión de 244.011 euros que habría recibido de manos de Niesma Corporación SL cuando aún trabajaba para la administración autonómica. No precisó Carbó si esa coincidencia en el tiempo es tal cual la cuenta Garzón en el último auto, pero sí quiso subrayar que fue un pago «legal» fruto de una labor de asesoría.

El exarquitecto municipal de Santa Coloma de Gramenet, Lluís Falcón, acusado de favorecer con sus decisiones a la trama corrupta, y el administración empresarial Manuel Valera, supuesto autor del pago a Carbó, acudieron impertérritos al interrogatorio y se despidieron muy parcos en palabras: «Gracias», dijo el primero; y «siempre he estado muy tranquilo», el segundo.

Así termino la primera sesión de interrogatorios de este segundo capítulo del caso Pretoria. Pero la jornada dio para más.

Los abogados de Josefina Calvet, madre del exalcalde Bartomeu Muñoz, llevaron ayer a la Audiencia Nacional un paquete de certificados médicos que acreditan el progresivo deterioro físico de su cliente para justificar así por qué hoy no irá a declarar. El alzhéimer que padece le ha degenerado en una demencia senil severa. No obstante, admiten sus abogados, en el año 2004, cuando Garzón sitúa su implicación en el caso, estaba en plenitud de facultades mentales y llevaba personalmente «las riendas del patrimonio» que le dejó su marido, el también exalcalde de Santa Coloma, Blas Muñoz.

Y el exconcejal de Urbanismo de Santa Coloma Manuel Dobarco salió anoche de prisión tras abonar su familia la fianza de 200.000 euros.

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"CASO PRETORIA"; GARZÓN DEJA EN LIBERTAD SIN MEDIDAS CAUTELARES AL EX ALCALDE Y AL EX CONCEJAL DE SANT ANDREU DE LLAVANERES

Los imputados aseguran que han aclarado al juez todas sus ''decisiones políticas''
• El juez podría enviar un forense para examinar a la madre del exalcalde de Santa Coloma, Josefina Calvet, que tiene alzheimer


El exalcalde y el exregidor de Llavaneres, Víctor Ros y Antoni Jiménez (ambos en el centro), entran en Audiencia Nacional. Foto: ACN / ÁLVARO HURTADO

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ACN / EFE

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha dejado en libertad sin medidas cautelares al exalcalde del Ayuntamiento de Sant Andreu de Llavaneres, Víctor Ros, y al que fuera su concejal de Urbanismo, Antonio Jiménez.

El abogado de los dos, Artur Ventura, ha explicado que "han aclarado las decisiones políticas" que tomaron, que han negado que formaran parte de ninguna trama corrupta y que han estado "cómodos y tranquilos".

Menos de media hora
Ros ha declarado durante poco más de 20 minutos para intentar aclarar la acusación del magistrado Baltasar Garzón de asociación ilícita, fraude y exacciones ilegales dentro del caso Pretoria.

Los dos han salido en libertad pero siguen imputados.

Ha pensado en la familia
En la salida del tribunal, Victor Ros, a preguntas de la prensa ha dicho que la declaración había ido "bien" y que delante del juez había pensado "mucho en la familia y en el pueblo de Sant Andreu de Llavaneres que es el más importante de todo".

Ros, contra quien se han presentado varias denuncias por temas urbanísticos, ha negado tener alguna relación con cualquiera de los otros imputados en la causa -que ya ascienden a 20- y, por tanto, que pudiera formar parte de la presunta trama.

El exgerente del Incasòl
Cuatro de los 11 nuevos imputados declararán hoy, entre ellos el exgerente de Incasòl, Emili Mas. También lo hará el consejero delegado de Marina Badalona, Juan Felipe Ruiz Sabido.

No se espera que comparezca la madre de Bartomeu Muñoz, exalcalde de Santa Coloma de Gramanet, Josefina Calvet. La defensa argumenta que sufre alzheimer. Ahora el tribunal tendrá que decidir si envía a unos forenses a reconocer la imputada por confirmar al juez que Calvet está enferma.

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VIERA ACUSA A ZOIDO DE INSTIGAR SU IMPUTACIÓN Y LE TACHA DE "PERSONAJE SINIESTRO"

TRIBUNALES
Por la utilización de un local de Correos en Burguillos

Viera comparece en la sede provincial de Luis Montoto. | Conchitina

El secretario provincial del PSOE de Sevilla, José Antonio Viera, confirmó que presentará una queja formal ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por su imputacíón por los presuntios delitos de cohecho y malversación por el uso de la agrupación socialista de Burguillos de las oficinas de Correos en este municipio.

Además, Viera cargó duramente contra el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, al que calificó de "personaje siniestro que ha olvidado su código ético". También afirmó que Zoido "utiliza cualquier herramienta para hacer daño a sus adversarios".

Hay que recordar que el Juzgado de Instrucción número 13 suspendió la citación del secretario provincial del PSOE, basándose en el cargo de senador de Viera, que le otorga la condición de aforado. La jueza María José Bernal remitirá un oficio a la Cámara Alta para que ésta acredite la condición de senador de Viera, y de ser así, se inhibirá a favor del Supremo.

Además
* Viera elude la citación judicial gracias a su cargo de senador
* José Antonio Viera, imputado por malversación y cohecho
* El PSOE respalda a Viera y acusa al PP de "ocultar datos"
* Lea la providencia del juzgado de Instrucción 13 de Sevilla

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