miércoles, 25 de abril de 2012

"CASO CAMPEÓN"; LA JUEZA IMPUTA A 16 PERSONAS MÁS Y CITA COMO TESTIGO A LA EXCONSELLEIRA DE SANIDAD


Pilar Farjas aparece mencionada en las conversaciones que figuran en el sumario de la Operación Campeón y en notas intervenidas

Agencias Lugo


La titular del Juzgado de Instrucción Número 3 de Lugo, Estela San José, prosigue con las diligencias de la 'Operación Campeón', que investiga una trama para defraudar subvenciones públicas, y ha ampliado las imputaciones a 16 personas más, a las cuales tomará declaración en los próximos días, así como a ocho testigos, incluida la exconselleira Pilar Farjas, actual secretaria de Estado del Ministerio de Sanidad.

Así, Pilar Farjas ha sido llamada a declarar el próximo 11 de mayo a las 12.00 horas, la misma jornada en la que también deberá hacerlo la presidenta del Centro Europeo de Reparto Farmacéutico de Cataluña, Concepción Pons Vandellos.

Pilar Farjas aparece mencionada en las conversaciones que figuran en el sumario de la Operación Campeón y en notas intervenidas sobre supuestos contactos cuando era conselleira de Sanidade para sacar adelante una central de compras y de distribución de medicamentos para conseguir mejores precios, uno de los proyectos de Jorge Dorribo. Incluso algunos imputados dijeron que se habían reunido con ella con la mediación del imputado Pablo Cobián, que dimitió como diputado del PP a raíz de conocerse las acusaciones de Dorribo.

En uno de los siete autos de citación de nuevos imputados y testigos que ha formalizado en los últimos días y a los que ha tenido acceso Europa Press, la jueza instructora declara que es "necesaria la presencia personal" tanto de Farjas como de Concepción Pons Vandellos tras inferirse que "pudieran ser testigos" de los delitos que se investigan.

Entre las otras seis personas que también han sido llamadas a declarar en calidad de testigos figura la hija del principal imputado en esta causa, Anthea Dorribo Fernández. La jueza fija la comparecencia de la hija del empresario farmacéutico, que él mismo habría introducido al frente de una parte de sus negocios, para el próximo 15 de mayo a las 10.00 horas. Otro de los autos de la instructora cita a declarar como imputado a mediodía del próximo 18 de mayo al director general de Cofares, José Antonio López-Arias Testa, quien ya declaró ante el Tribunal Supremo en la pieza abierta para investigar las acusaciones de Dorribo contra el exministro de Fomento José Blanco.

Dorribo manifestó que López Arias estaba presente en la gasolinera de Guitiriz (Lugo) en el momento en el que le dio al primo político del entonces ministro, Manuel Bran, 200.000 euros para José Blanco. No obstante, el director general de Cofares negó ante el alto tribunal haber sido testigo de la entrega de ningún sobre con dinero durante el encuentro mantenido el 5 de febrero de 2011 en la referida estación de servicio.

Entre los nuevos imputados también figuran el secretario general de la Confederación de Empresarios de Lugo, Jaime Luis López Vázquez, quien está llamado ante la magistrada para el 29 de mayo. Este abogado era socio de Tramipharma y, junto con Eduardo Amigo, interpusieron una querella contra Dorribo por fraude en la gestión de esta empresa de gestión de farmacias.

En el listado de 16 nuevos imputados en la Operación Campeón que se instruye en Lugo figuran otros empresarios de la ciudad y trabajadores de Nupel, a los cuales en su última comparecencia judicial Dorribo habría señalado como conocedores de las irregularidades que se estaban cometiendo para captar subvenciones de forma fraudulenta, así como un ingeniero relacionado con la Dirección Xeral de I+D+i de la época del bipartito.

Con estas nuevas imputaciones en la Operación Campeón, el listado de la causa instruida en el Juzgado Número 3 de Lugo supera ya el medio centenar de imputados. Además, en las últimas semanas la jueza ha decidido abrir sendas causas separadas sobre las acusaciones contra el alcalde de Lugo, el socialista Xosé Clemente López Orozco, y contra el exconselleiro y exdiputado del BNG, Fernando Blanco.

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EN OTROS MEDIOS

LA JUEZA DE LOS ERE ACUSA A LA JUNTA DE DISEÑAR CÓMO "REGALAR" LAS AYUDAS

Guardias civiles conducen al exconsejero de Empleo de la Junta Antonio Fernández a un furgón para trasladarlo a prisión. / GARCÍA CORDERO
La magistrada avanza la próxima imputación de más consejeros andaluces

Javier Martín-Arroyo Sevilla

Al Gobierno andaluz le nació ayer un problema de dimensiones imprevisibles. El auto de prisión del exconsejero de Empleo Antonio Fernández contiene una bomba de relojería que derivará previsiblemente en un listado de imputaciones de altos cargos que encabeza el actual presidente de la Junta, José Antonio Griñán. La juez del caso de los ERE, Mercedes Alaya, desveló algunas de sus cartas y en el razonamiento para justificar la condena de la gestión de Fernández extendió dudas sobre otras consejerías y los servicios jurídicos de la Junta como supuestos cómplices para permitir la concesión de ayudas públicas millonarias en los años de vacas gordas. El Ejecutivo autónomo dispuso de un fondo para empresas en crisis dotado con 647 millones entre 2001 y 2010, cuyas subvenciones fueron concedidas de manera discrecional.

“La política no puede ir contra la ley y el derecho”. La frase lapidaria de la juez resume la tesis que recorre el extenso auto de 77 páginas: la Junta diseñó un sistema para “regalar” subvenciones fraudulentamente a un “extensísimo grupo de personas físicas y jurídicas, cuyos privilegios procedían de ser personas o entidades próximas a los cargos de la Junta y del PSOE andaluz, bien por razones de amistad, parentesco o afiliación política”. Y la Intervención General identificó el problema, tras lo que “de manera rotunda” puso reparos a las consejerías involucradas en este “sistema operativo”. Hasta ahí, la acusación de la magistrada ya conocida.

La dimensión que dejó atisbar ayer Alaya es que los informes de la Intervención fueron ignorados por Fernández “en su condición de consejero de Empleo, junto a titulares de otras consejerías”. Entre esos otros consejeros que despreciaron las advertencias de la Intervención incluye al presidente Griñán durante su etapa como consejero de Economía, y a los exconsejeros de Economía e Innovación Magdalena Álvarez (posteriormente ministra de Fomento) y Francisco Vallejo, a los que Alaya ya ha señalado en anteriores autos. En pasadas resoluciones, Alaya ya ha apuntado al supuesto delito de prevaricación por ignorar los informes contrarios de la Intervención a las subvenciones del Gobierno autónomo.

El auto reprocha al Gobierno andaluz ignorar los reparos de la Intervención

La intención del sistema de ayudas creado era sortear las pegas que la Intervención General había expresado en 1999, así como las limitaciones que la Unión Europea ponía a las ayudas entregadas a las empresas por la Junta andaluza.

Sin embargo, la tesis de Alaya va más allá y dibuja una connivencia a nivel político de extraordinaria dimensión. La magistrada extiende las sospechas de consentir este reparto de ayudas supuestamente fraudulentas al interventor general y a los servicios jurídicos. “Deberá ser objeto de investigación si en el asesoramiento (...) hubiesen prevalecido los criterios políticos sobre los jurídicos”, explica.

Fernández y el diputado socialista José Antonio Viera [exconsejero de Empleo entre 2000 y 2004] firmaron el convenio para establecer las ayudas en 2001. Pero las ayudas superaron el dinero presupuestado la gran mayoría de los años, por lo que la Consejería de Hacienda debió realizar ampliaciones presupuestarias para cubrir las necesidades de gasto. Entre 2005 y 2008, la Intervención General puso reparos, aunque sin emitir un informe de actuación que hubiera alertado del menoscabo en las arcas públicas.

“Lo verdaderamente grave es que durante tanto tiempo se olvidara la ley”

Alaya estima que tanto los exconsejeros de Empleo e Innovación como los de Hacienda ignoraron los reparos de la Intervención de manera intencionada. “Que se trate de una implantación normalizada en el proceder de la Junta durante 10 años, no quiere decir que el procedimiento derivado del convenio marco sea por esto conforme a derecho, pues lo verdaderamente grave es que durante tanto tiempo se haya podido olvidar, indiciariamente, el cumplimiento de la ley”.

Según la juez, el objetivo del método puesto en práctica era “institucionalizar la arbitrariedad y la discrecionalidad en la concesión de ayudas públicas” de la Junta de Andalucía y permitir un “uso abusivo” en el manejo de fondos de la Administración.

La respuesta del abogado de Fernández, Alfonso Martínez del Hoyo, a las acusaciones de Alaya resumen con precisión la supuesta prevaricación y malversación continuadas que achaca a gran parte de la cúpula del Gobierno andaluz, a modo de una causa general: “Supone concebir y proyectar una grave sombra de duda sobre la general actuación y funcionamiento, no ya del Gobierno, sino más ampliamente de la propia Administración andaluza, a varios de cuyos grupos funcionariales de élite se extiende tal ominosa duda de actuación, tales como los del Cuerpo de la Intervención y los varios departamentos técnicos y jurídicos, incluido el Gabinete Jurídico de la Junta, obligados todos ellos a velar por la legalidad”.

El letrado muestra su asombro ante la tesis de la magistrada, que supone un salto cualitativo y cuantitativo en la causa [que acumula 52 imputados], y que se trasladará, al menos en parte, al Tribunal Supremo tan pronto la juez concrete las acusaciones contra el diputado y exconsejero de Empleo José Antonio Viera, al ser este aforado. La Guardia Civil ya ha subrayado su responsabilidad sobre los 50 millones en ayudas directas a empresas que recibió la Sierra Norte sevillana, una pequeña comarca, en comparación con los 30 millones que recibió el resto del territorio andaluz.

“Resulta contrario a los principios de la lógica y la experiencia pensar que pudo ser posible la gestación a escondidas y la posterior ocultación premeditada durante una década en el fondo de algún misterioso cajón, ese procedimiento específico de autos”. Fernández argumenta que el fondo era aprobado año tras año por el Parlamento andaluz, y dijo que “lo conocían todos”, aunque su abogado matizó que no pronunció esa expresión para “eludir responsabilidades por elevación, sino para enmarcar la gestión y aplicación del procedimiento”. La causa ya acumula 15.000 folios y otras 200.000 páginas de documentación.

Alaya afirma que el “absoluto descontrol” facilitó el mal uso “grosero” de dinero público

J. M. A. / Sevilla

El auto de ingreso en prisión del exconsejero Antonio Fernández dibuja el descontrol que se vivió en este departamento a lo largo de casi una década (2000-2009). La juez Mercedes Alaya acusa al ex alto cargo de diseñar un sistema de ayudas públicas millonarias entregadas de manera discrecional, además de acusarle de cohecho por acogerse a un ERE en la empresa bodeguera en la que trabajó, un expediente que aprobó él mismo. Estas son las razones clave del auto que llevó ayer a prisión a Fernández, acusado de cohecho y malversación entre otros delitos, y que le han convertido en el tercer imputado del caso que ingresa en prisión. La magistrada justificó la prisión por el riesgo de fuga y de que se entorpezca la investigación. Alaya le achaca conceder “ayudas tan absolutamente groseras” que no se hubiera producido de no haber existido “ese absoluto descontrol” por su parte.

» Intrusos. Alaya afirma que Fernández conocía la inclusión de intrusos (personas que nunca trabajaron en las empresas por las que están cobrando una prejubilación). Da crédito al ex director general de Trabajo Javier Guerrero, también en prisión, que sostuvo que informaba de todas las ayudas en las reuniones del consejo de dirección de la Consejería de Empleo. Asegura la juez que de esta manera se explica que personas próximas al PSOE cobrasen dinero de forma irregular. Da por hecho que en el futuro saldrán nuevos nombres de intrusos.

» Ayudas directas a empresas. Alaya hace hincapié en que buena parte de las ayudas se concentraron en la Sierra Norte de Sevilla, una pequeña comarca que acaparó 51 millones de euros. Y en concreto, buena parte de ese dinero acabó en empresas de José Enrique Rosendo, exconcejal del PSOE, y José María Sayago. Alaya subraya la amistad de Rosendo con Viera en este punto. Refleja también el dinero percibido por las empresas de Ángel Rodríguez de la Borbolla, hermano del expresidente de la Junta José Rodríguez de la Borbolla y exalcalde del municipio sevillano de Cazalla. Apunta también las 17 ayudas a empresas que recibieron 17 empresas de Jerez, localidad natal de Fernández.

» Bufetes y aseguradoras. La magistrada concluye que Fernández conocía el “entramado” de bufetes de abogados, aseguradoras, e intermediarios que se creó alrededor de los ERE pagados por la Junta, trama en la que también incluye a los sindicatos. En este sentido, subraya que permitió que aseguradoras como Uniter o Vitalia cobrasen hasta un 15% de cada ERE en el que intervenían.

» Fernández, beneficiario de un ERE. Alaya censura que Fernández fuera incluido en el ERE de la empresa González Byass, donde trabajó entre 1971 y 1983 cuando era consejero de Empleo. La juez recalca que el exconsejero de Empleo pidió una excedencia voluntaria cuando dejó la empresa, por lo que no tenía derecho a acogerse a ninguna ayuda. Fernández tiene pendiente de cobro 34.240 euros de indemnización por despido. Además, la juez afirma que no hizo efectivo el cobro de la prejubilación en la empresa (386.181 euros) porque saltó a la luz pública el escándalo de los ERE. Fernández concedió una ayuda de 17,4 millones a su antigua empresa para pagar un ERE.

Alaya recuerda que de los seis delitos que se le imputan, solo por el de malversación Antonio Fernández podría ser condenado a 18 años de cárcel.

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"CASO PALMA ARENA"; SUSPENDEN LA PUJA DEL PALACETE DE MATAS A PESAR DE QUE HABÍA COMPRADORES INTERESADOS

Jaume Matas en su 'palacete' de la calle Sant Feliu
Pacto con el Banco de Valencia
Retira la petición de entrar en concurso de acreedores
La Audiencia autorizó que aporte dos inmuebles para liberar la fianza
La subasta se ha suspendido justo antes de empezar a petición de las partes

María J. García | Eduardo Colom | Palma

Un ex president en quiebra. Así se ha presentado Jaume Matas ante los Juzgados, desplegando toda su artillería jurídica para salvar de una subasta judicial su vivienda de lujo en el centro de Palma, conocida como el palacete y valorada en 1,65 millones de euros.

La puja buscaba saldar la deuda del exministro del PP con el Banco de Valencia con el que contrató un préstamo para pagar su millonaria fianza penal y de la que no había pagado los intereses. Para bloquearla, Matas solicitó el concurso de acreedores personal, según adelantó elmundo.es.

La subasta de los tres inmuebles con los que el expresidente balear Jaume Matas avaló su fianza de tres millones de euros por el caso Palma Arena se ha suspendido justo antes de comenzar a petición de las partes interesadas en el juzgado a pesar de que esta mañana se habían presentado posibles compradores interesados, aunque ninguno ha llegado a depositar el dinero para pujar.

En el momento de comenzar la puja el abogado del Banco de Valencia, Eduardo Jones, ha manifestado que la entidad no estaba de acuerdo con la petición del concurso de acreedores del ex president quien esta mañana ha presentado un nuevo escrito ante el Juzgado de lo Mercantil número 7 de Madrid para retirar su petición de entrar en concurso de acreedores.

Cabe destacar que ninguna de las partes ha querido entrar en detalle a la hora de explicar los términos del acuerdo entre el ex ministro y la entidad bancaria por los cuales se ha logrado suspender la puja.

Operación 'triangular'
Matas ha pactado con el Banco de Valencia entregarle los 500.000 euros recuperados de la fianza, mediante la entrega de las escrituras en la Audiencia, y un piso heredado de su familia, situado en las Ramblas de los Duques de Palma, valorado en 450.000 euros.

Con esta operación "triangular", ha dicho el letrado, se salda la deuda contraída por Matas con el Banco de Valencia, sujeta a unos intereses mensuales del 29%.

Alberca ha precisado que las dos propiedades que el exministro ha depositado como garantía ante la Audiencia provincial, que le condenó por la primera pieza juzgada del caso Palma Arena, "le serán devueltas" tanto si el Supremo ratifica la condena como si le absuelve, puesto que su función es asegurar que Matas cumple las medidas cautelares, no cubrir responsabilidades civiles, informa Efe.

El letrado ha subrayado que el acuerdo con el Banco de Valencia tendrá que ser detallado una vez se realice una tasación más precisa del inmueble que se le ha entregado y ha considerado abusivos los intereses aplicados por la entidad financiera.

Para evitar la cárcel, el juez instructor del caso Palma Arena le había solicitado en 2010 tres millones de euros de fianza. La cifra se rebajó después a 2,5 y se eliminó hace 10 días. Al Banco sólo le queda por recuperar medio millón que custodia la Audiencia Provincial de Palma como fianza penal ante la condena –recurrida ante el Supremo– de seis años al expresident. Aparte, intereses. El Banco de Valencia, sin embargo, mantenía hasta ayer su voluntad de subastar los tres inmuebles con los que Matas avaló el préstamo.

Para frenarla, el expolítico ha pedido en el Juzgado de lo Mercantil número 7 de Madrid que se le declare en concurso voluntario de acreedores como persona física, habiendo cuantificado él mismo su deuda total en 4,42 millones de euros.

Pero además, Matas demandó ayer mismo ante el Juzgado de Primera Instancia número 10 de Palma –encargado de la subasta– que la paralizase. Ésta estaba prevista para hoy a las diez y media de la mañana. Ahora bien, ha sido una decisión de la Audiencia Provincial adoptada durante el día de ayer la que finalmente ha permitido a Matas alcanzar un preacuerdo in extremis con la entidad bancaria valenciana para paralizar la puja. El tribunal le permite recuperar el último medio millón de euros de fianza a cambio de presentar las escrituras de dos de sus propiedades, tal y como había pedido su abogado, Antonio Alberca. La Audiencia demanda el famoso palacete de la calle San Felio de Palma, principal objeto de las investigaciones de la Fiscalía y el bajo comercial de la calle San Miguel.

De esta forma, el Banco podría recuperar el último medio millón y a cambio, según fuentes próximas al expresidente balear, se quedaría además un piso del expresident también en Palma. Valorado, según tasación, en 450.000 euros. Todo indica así que el expresident reconducirá su petición de concurso de acreedores en el Juzgado de lo Mercantil número 7 de Madrid, ante el que se ha presentado en quiebra. Matas según el escrito presentado ante el juzgado al que ha tenido acceso este diario "se encuentra en estado de insolvencia".

'Debo 4,5 millones'
Se asegura en dicho documento que el exministro "tiene deudas líquidas, vencidas y exigibles por un importante total de 4,48 millones de euros que lamentablemente no puede atender por su falta de liquidez actual". Para acreditar dicha deuda se acompaña un listado de acreedores "por orden alfabético, con la identidad de cada uno, y así como de la cuantía y el vencimiento de sus respectivos créditos y las garantías personal o reales constituidas". En la B, el Banco de Valencia, con el que, tras la decisión de ayer –y después de que la entidad haya recuperado esta semana dos millones de euros– varían las cuentas. Así las cosas y dado que cambiará el grueso de los números rojos del expresident, desde su entorno se prevé que se variará la estrategia del concurso.

Matas ya apuntaba en su escrito de su "voluntad de llegar a un convenio multilateral con los acreedores", haciendo hincapié además en que "no interesa en este momento la liquidación de su patrimonio".

De hecho, Matas no ha presentado una petición de concurso ante el juzgado, sino dos. Una, a principios de mes, demandando el preconcurso, que en virtud de la Ley Concursal otorga al demandante cuatro meses para reestructurar sus deudas. Dicha petición sin embargo, no permitió a Matas "lograr el propósito perseguido".

"Lo que le aboca irremediablemente a instar la presente declaración de concurso voluntario", continúa el escrito.

Además

"CASO MALAYA"; MARÍA CASTAÑÓN: "HABÍA DOS URBANISMOS, EL DE ROCA Y EL DE JULIÁN MUÑOZ"

La ex asesora jurídica de Urbanismo en Marbella, María Castañón. | Cabanillas
Declaración de la abogada


Málaga | José Carlos Villanueva

«En Marbella había dos urbanismos, el de Roca y el de Julián Muñoz». Quien así se ha expresado este miércoles es la ex asesora jurídica del departamento de Urbanismo de Marbella, María Castañón. Ella fue, junto a la también letrada Raquel Escobar, una fiel colaboradora de Juan Antonio Roca y a raíz de la operación ‘Malaya’ en marzo de 2006 se convirtieron ambas en dos de las principales testigos de cargo contra él.

Castañón, vinculada al Consistorio marbellí entre 1995 y 2006, ha relatado las «reticencias» de Julián Muñoz a la hora de firmar convenios urbanísticos, una vez que ya había sido electo como alcalde, a partir de mayo de 2003.

«El señor Roca le llamaba continuamente, pero no quería firmar, había muchos convenios que llevaban ya la firma de promotores pero faltaba la de él. Se negaba». Ha sido en dicho contexto donde Castañón ha aludido al ex asesor jurídico municipal José María del Nido: «Julián Muñoz tenía su propio abogado».

Las palabras de la testigo sirven para ilustrar la guerra desatada por el urbanismo marbellí, cuando el sucesor de Jesús Gil quiso volar solo: «El señor Muñoz, de forma subliminal, pretendía asumir el control del urbanismo».

«Normalmente cuando el señor Roca culminaba un convenio el señor Muñoz venía a firmar . Ya siendo alcalde era reticente a firmar. Yo me daba cuenta de que algo pasaba, porque ponía muchos reparos», sostiene Castañón.

La línea de defensa seguida por el abogado de Julián Muñoz, Javier Saavedra, es desvincular a su cliente de cualquier poder decisorio en materia de convenios urbanísticos. Sin embargo, dicho argumento se ha quebrado, en parte, cuando la letrada Castañón ha asegurado que el ex regidor la llamó personalmente para que redactara «el convenio del Guadalpín», en referencia al polémico hotel donde Pantoja compró un apartamento.

De hecho, la testigo ha revelado que tuvo que ir a declarar a los Juzgados por «temas que luego me he enterado». Con tal afirmación remacha su argumento de los «dos urbanismos», el de Roca en el que ella estaba y el de Julián Muñoz, controlado por Del Nido.

Con la excepción sobre el convenio del Guadalpín, con intervención de Muñoz, Castañón ha mantenido que «ningún responsable político gestionaba los convenios urbanísticos», sólo Roca.

María Antonia Castañón ha ido variando en sus declaración la percepción acerca del poder de Roca en el Ayuntamiento de Marbella. En 2008 declaró que era un «subordinado de Jesús Gil». Sin embargo ahora, cuatro años después, reconoce a preguntas de Saavedra que no era así.

«El señor Roca era de facto el gerente de Urbanismo de Marbella. La realidad era que mandaba tanto en planeamiento como en el día a día del urbanismo», ha dicho la testigo. Además, le ha atribuído responsabilidades de asesoramiento en «otros muchos asuntos», porque la entonces alcaldesa, Marisol Yagüe, «delegaba en él».

Dicha jurista, imputada en procedimientos urbanísticos, ha sido siempre una persona de plena confianza de Roca. La abogada llegó a poner de su bolsillo 18.000 de los 450.000 euros que el ex asesor urbanístico tuvo que depositar, como fianza, en 2002 cuando fue detenido por el llamado caso Saqueo1, destapado por EL MUNDO en 1999 y por el que fue condenado a 6 años de prisión.

Moción
Por lo que respecta a la moción de censura contra Muñoz, en agosto de 2003, María Castañón tiene claro que el «detonante» de dicha operación de transfuguismo, relacionada con «el control del urbanismo», fue el cese de Roca a manos del sucesor de Gil en la Alcaldía. Reconoce, no obstante, «desavenencias previas» muy claras entre Gil y Muñoz.

De hecho, Roca y el fallecido regidor habían encargado a la letrada, antes de las elecciones municipales de 2003, que les asesorara sobre el reglamento de las mociones de censura y confianza.

A la hora de hablar de los convenios urbanísticos y la potestad de otorgar licencias de obras en base a revisiones de planes urbanísticos- no aprobados- Castañón ha responsabilizado al ex abogado municipal José Luis Sierra, actualmente enfermo de Alzheimer, de ser el autor de un informe jurídico que así lo aconsejaba. Los concejales del GIL lo siguieron al pie de la letra. En el marco del interrogatorio ha salido a relucir que Castañón fue socia, entre 1996 y 2001, del principal testaferro de Roca, Oscar Benavente, también procesado. Ella asegura que él le pidió «como un favor» comprarle unas participaciones de Inmuebles y Fincas Socotora. A los cinco años ella se deshizo de sus acciones.

Además

LA JUEZA SEPARA DE LA "OPERACIÓN CAMPEÓN" LA CAUSA CONTRA EL EX CONSEJERO DEL BNG

Fernando Blanco (centro) sale de los juzgados tras declarar como imputado. | Efe
JUSTICIA | Su defensa solicita el sobreseimiento
Estela San José considera que 'existen indicios' para abrir una causa separada
Ve presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y fraude
Fernando Blanco dimitió de su cargo de consejero de Industria
La juez cita a declarar a otros 16 imputados para el mes de mayo
También cita como testigo a la actual secretaria de Estado de Sanidad

Efe | Lugo

La juez Estela San José ha decidido separar del sumario principal de la 'Operación Campeón' la causa contra el ex conselleiro de Industria y ex diputado autonómico del BNG Fernando Blanco para su posterior reparto por parte del Juzgado Decano de Lugo.

El pasado octubre, Blanco abandonó sus cargos tras haber sido señalado por el empresario Jorge Dorribo como uno de los supuestos perceptores de pagos en compensación por haber agilizado trámites administrativos en su departamento. Por esta misma acusación dimitió el parlamentario 'popular' Pablo Cobián.

En un auto emitido el pasado 23 de abril, la juez ordena que se deduzca testimonio de todas "las declaraciones, documentos e informes" que obren en la causa principal relativos a la investigación que afecta a Fernando Blanco, así como que se incoen diligencias previas por los "presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, fraude en subvenciones y otros delitos contra la administración pública".

En esa misma resolución, la juez explica que, tras la pérdida por parte de Fernando Blanco de la condición de aforado, se practicaron por parte del Juzgado de Instrucción número 3 "las diligencias que se estimaron oportunas", dentro de la causa que tenía como "eje central la actividad presuntamente delictiva de Jorge Dorribo".

Según explica la juez en el auto, es "precisamente Jorge Dorribo" quien en su declaración "voluntaria" del día 8 de agosto de 2001, la que le permitió salir de la cárcel, "comienza a relatar cómo se pagaron distintas cantidades a Fernando Blanco cuando ostentaba el cargo de conselleiro de Industria, para que éste favoreciera la concesión de las subvenciones solicitadas en la Xunta de Galicia".

En ese sentido, añade que en las diligencias previas de la llamada 'Operación Campeón' lo que "se viene investigando" es la "presunta comisión por parte de Jorge Dorribo" de, entre otros, un "delito contra la Hacienda pública", por la obtención fraudulenta de subvenciones.

Sin embargo, precisa que cuando el principal imputado en la causa "relata hechos referentes a Fernando Blanco", eso "no puede conllevar per se la asunción de la competencia por parte" del Juzgado de Instrucción número 3.

'Existen indicios'
Por ello, estima que "al considerar que existen indicios" para abrir una "causa separada", y al "no existir conexión entre unos hechos y otros", debe deducirse testimonio de las diligencias practicadas para que sean remitidas al Juzgado Decano, que se ocupará de su reparto.

La instructora también decidió hace algunas semanas separar de la causa principal las diligencias que afectan al alcalde de Lugo, el socialista José López Orozco, pero después de pasar por el Juzgado Decano regresaron de nuevo al Juzgado de Estela San José, que será el encargado de completar la instrucción.

En el caso de Fernando Blanco, el Juzgado Decano tendrá que repartir la causa entre los tres Juzgados de Instrucción de Lugo, por lo que también podría volver al número 3.

La defensa pide el sobreseimiento
La defensa del ex consejero, por su parte, ha solicitado ante el juzgado de Estela San José esta misma mañana el sobreseimiento de la causa contra él, por considerar que no hay pruebas para confirmar su participación en hechos ilícitos.

En declaraciones a Efe, uno de los abogados que integra ese equipo jurídico, el letrado compostelano Evaristo Nogueira, confirmó que en la primera parte del escrito presentado esta mañana, que consta de 21 folios, desmonta una por una "las falsas acusaciones de Jorge Dorribo".

La segunda parte de ese escrito, de un perfil "más técnico", cita jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, según la cual las declaraciones de un coimputado no pueden ser la única prueba de cargo para imputar a otras personas, habida cuenta de que entre sus garantías procesales figura la de no decir la verdad si perjudica a su defensa.

En ese sentido, la defensa insiste en que "no hay caso", porque la única prueba que figura en el sumario de la 'Operación Campeón' contra Fernando Blanco se centra en las declaraciones de Jorge Dorribo, "el principal imputado en la causa".

Declararán 16 imputados
Mientras tanto, y en el curso de la investigación de la 'operación Campeón', la juez Estela San José ha llamado a declarar como imputados a otras 16 personas, que irán pasando por su juzgado a partir de la primera semana de mayo.

También ha citado como testigos a la ex conselleira de Sanidad y actual secretaria de Estado de Sanidad, Pilar Farjas, y a la hija del principal imputado, Anthea Dorribo.

Además

"CASO DE LOS ERE"; LA JUEZA DECRETA PRISIÓN SIN FIANZA PARA EL EXCONSEJERO DE EMPLEO ANDALUZ

El exconsejero es conducido al furgón en el que ha sido trasladado a prisión. / GARCÍA CORDERO
El exconsejero ha sido trasladado a las 7.45 a la prisión de Sevilla II
La juez considera que existe riesgo de fuga de Antonio Fernández
"¿Qué podía haber hecho yo para evitar todo esto?", se preguntaba el ex alto cargo
Es el primer exconsejero andaluz que ingresa en la cárcel durante la democracia

Javier Martín-Arroyo Sevilla


La juez Mercedes Alaya ha decretado esta madrugada prisión provisional comunicada y sin fianza para el exconsejero Antonio Fernández, acusado de seis delitos por su implicación en el caso de los ERE fraudulentos. Fernández, el imputado de mayor rango político en el caso y el primer exconsejero andaluz que ingresa en la cárcel durante la democracia, está acusado de cohecho, falsedad en documento mercantil, malversación, prevaricación, fraude de subvenciones y negociaciones prohibidas a funcionarios (los cuatro últimos continuados).

A las 6.45 la juez le ha entregado al ex alto cargo de la Junta el auto de prisión. Ha sido después de que pidiera la drástica medida la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones del PP y el sindicato ultraderechista Manos Limpias, y tras más de cinco horas que la juez ha empleado en redactar el auto de prisión, de 77 páginas.

La magistrada ha decretado el ingreso en la cárcel de Morón de la Frontera (Sevilla II) y ha prohibido “cualquier contacto” con su exsubordinado, el que fue director general de Trabajo, Javier Guerrero, en prisión preventiva desde el 10 de marzo. La juez justifica la prisión provisional por el riesgo de fuga del exconsejero y la posibilidad de que pueda entorpecer la investigación. Además, subraya en su auto los 18 años de prisión que pueden acarrearle una ulterior condena a Fernández, sobre todo por el delito de malversación continuada.

Imputados y fondos.  / El País

La instructora justifica el riesgo de fuga por el nivel económico del ex alto cargo: “Dado los importantes cargos públicos que ha desempeñado y que a día de hoy aún desempeña, con importantes salarios mensuales, se le supone suficiente capacidad económica para dicha evasión, sin que el arraigo familiar pudiera ser obstáculo”.

La magistrada considera ilegal el fondo para empresas en crisis que dotó con 647 millones entre 2001 y 2010, y acusa a Fernández de ser el ideólogo del sistema de ayudas públicas, que buscaba evitar los controles de la Intervención General y la Unión Europea. “Resulta (…) difícil de creer también que el Sr. Fernández, como viceconsejero y consejero, no tenía el grado de conocimiento suficiente, siendo además formado en derecho, para adivinar la presunta ilegalidad del procedimiento y por supuesto constatarlo tras los informes de la Intervención que devaluaron las alegaciones de la agencia Idea (pagadora de las ayudas)”.

A las 7.45 el exconsejero ha salido de la sala de vistas acompañado de su abogado y escoltado por dos agentes de la UCO y otros tres guardias civiles hacia el furgón policial, en el que ha sido introducido camino de prisión tras una tensa noche. A diferencia del ex director general Javier Guerrero, Fernández no iba esposado al entrar en el furgón.
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El abogado de Fernández, Alfonso Martínez del Hoyo, ha censurado la decisión de la juez a las puertas de los juzgados sevillanos.

"Hoy es un día triste para el estado de derecho. Manifiesto mi profundo desacuerdo con la decisión de prisión sin fianza, sobre la base de meras sospechas en actos de terceras personas, y sobre la base de la presunción de ilegalidad de un procedimiento perfectamente presupuestado durante 10 años".

Líneas de investigación.

El exconsejero ha afrontado con entereza, ánimo y la conciencia tranquila la decisión de la juez, según palabras de su letrado. Este ha añadido: "Es una presuposición infundada de que se hizo en contra del criterio de la Intervención, cuando la realidad es que la Intervención consintió, ya que no suspendió el procedimiento y permitió los pagos".

Las primeras reacciones ante el ingreso del extitular de Empleo en prisión sin fianza ya han empezado a sucederse. A primera hora de la mañana el coordinador general de IU en Andalucía, Diego Valderas, ha asegurado a Europa Press que la Justicia tiene que llegar "hasta el final" en relación en el caso de los ERE, "alcance a quien alcance, para que la ciudadanía se quede tranquila y satisfecha de que se ha hecho un trabajo de esclarecer uno de los elementos más negativos de la corrupción que ha tenido nuestra comunidad". Entre los socialistas, el primero en pronunciarse ha sido el exministro y diputado en el Congreso Ramón Jáuregui, que se ha mostrado "convencido" de que la resolución final "exonerará de responsabilidad" a Fernández, y ha asegurado que respeta la decisión de la juez Mercedes Alaya de ordenar su ingreso en prisión. En rueda de prensa, el secretario general de UGT en Andalucía, Manuel Pastrana, ha calificado la decisión de la juez como de "absolutamente radical".

Más de medio centenar de imputados
La Fiscalía Anticorrupción, el PP y Manos Limpias reclamaban una fianza a Fernández por responsabilidad de 890 millones de euros. El letrado de la Junta de Andalucía solo exigía como medida cautelar que Fernández acudiera al juzgado cada siete días y una fianza por responsabilidad civil de 68 millones de euros.

De momento, por esta causa, que acumula más de medio centenar de imputados, están en prisión el ex director general de Trabajo de la Junta Javier Guerrero, y su antiguo chófer, Juan Francisco Trujillo.

La declaración del ex alto cargo del Gobierno autónomo empezó el pasado viernes y terminó el lunes con las preguntas de las acusaciones particulares y de las defensas. “¿Qué podría haber hecho yo para evitar esto?”. Esta pregunta fue el alegato final del exconsejero. Lo dijo momentos antes de que se decidiera su suerte en la causa. La frase que cerraba 40 intensas horas de interrogatorio fue un “reconocimiento expreso de culpabilidad” para varios letrados, un giro inesperado para todos, especialmente al porvenir del acusado que hasta ahora se ha mantenido más firme en la defensa de la legalidad del fondo para empresas en crisis. Y el primer alto cargo de la Junta que planteaba batalla a la tesis de la juez, que desde el principio ha censurado la creación del fondo como un sistema para repartir ayudas millonarias a círculos empresariales cercanos al PSOE.

A pesar de las interpretaciones ante una sorpresa de tal calibre en un momento tan decisivo como la última palabra, su propio abogado, Alfonso Martínez del Hoyo, matizó el significado del lamento de su cliente: “Tiene consciencia de haber actuado conforme a la legalidad y de no haber consentido conductas ilegales. Sin embargo, a la vista de los evidentes indicios que contiene el procedimiento, él mismo se cuestiona si podría haber sido un consejero más cercano y vigilante, en vez de un consejero impulsor y tan confiado”.

Fernández vio cómo los indicios aportados por la magistrada durante cuatro jornadas agotadoras (el cansancio hizo mella en el imputado y por la tarde oponía menos resistencia a las acusaciones de la magistrada) pesaban demasiado sobre la responsabilidad que mantuvo durante seis años al frente de la Consejería de Empleo (2004-2010). Y en cierto modo, claudicó. Las caras de los abogados defensores mostraban su estupor ante lo que parecía un intento desesperado de Fernández ante la posibilidad de que la Fiscalía Anticorrupción pidiera prisión incondicional.

El exconsejero aclaró que este sentía el “daño enorme” que el procedimiento penal había causado a la imagen de Andalucía, en palabras de su abogado. Del Hoyo puntualizó: “El daño institucional generado a la Junta de Andalucía y a la propia comunidad autónoma, habida cuenta del debate público y los términos en que se ha desarrollado a nivel nacional”. En la mañana del lunes, el exconsejero aseguró que desconocía las gestiones que realizó Javier Guerrero, que estuvo a sus órdenes durante cuatro años (entre 2004 y 2008). “Un desconocimiento total y absoluto”, señaló uno de los abogados presentes en la causa.

Fernández contestó a unas 170 preguntas formuladas por la letrada del Partido Popular. Durante el interrogatorio, el exconsejero mostraba su convencimiento de la legalidad del fondo para empresas en crisis, creado en 2001 y dotado con 647 millones hasta 2010, y que la juez considera ilegal. La letrada le preguntó por empresas como Samec o los ERE (expedientes de regulación de empleo) en grandes compañías como Heineken. Además, le interrogó por las ayudas millonarias que no pasaron por el Consejo de Gobierno y los expedientes que no llegaron desde la Dirección General de Trabajo hasta el consejo rector de la agencia Idea (pagadora de las ayudas).

Preguntas sin respuesta
Fernández dejó muchas preguntas sin contestar y frenó una de las cuestiones cuando la abogada tildó la partida 31L de “fondo de reptiles”, al puntualizar que no toleraba esa definición para un fondo aprobado por el Parlamento durante diez años. Otro abogado calificó el interrogatorio como “político”, por la cantidad de preguntas de índole política e indirectamente relacionadas con la causa penal.

El exconsejero de Empleo ha admitido que la negociación pactada para su salida de la empresa González Byass, de la que fue trabajador, no fue la mejor de las soluciones posibles. Su inclusión en el ERE de la firma bodeguera le ha supuesto la imputación por cohecho, al tener previsto percibir 31.000 euros como indemnización por despido derivada del ERE que él mismo autorizó en 2008. “Tal vez habría conseguido más dinero”, ha declarado el acusado sobre qué hubiera pasado de haber negociado su despido de González Byass de forma individual en vez de ser incluido en el expediente con el resto de trabajadores. Los 386.000 euros que estaban destinados para Fernández según el acuerdo entre la empresa y la Junta, siguen estando previstos como pago de la Administración a la aseguradora, ya que nunca se recalculó el abono de la Junta después de que Fernández no firmara su boletín de adhesión y por tanto renunciara al ERE.

Al ser preguntado sobre el expediente de Delphi, Fernández ha reconocido que este ERE supuso a las arcas “muchísimo dinero, no sé ni cuánto”. El exconsejero no ha sabido explicar por qué las ayudas que superaban los tres millones no fueron llevadas al Consejo de Gobierno para su posterior aprobación, tal y como estipula la ley, que la juez Mercedes Alaya le ha mostrado durante su interrogatorio.

Por último, la letrada del PP le ha preguntado por el contrato adjudicado por la empresa pública Santana como asesoría jurídica al despacho Olivencia-Ballester, que dirige Luis Olivencia, cuñado del presidente del PP andaluz, Javier Arenas. Al parecer dicho contrato fue adjudicado supuestamente de manera errónea a la partida 31L pese a que fue abonado con los fondos propios de la agencia Idea. Fernández ha reconocido su firma en la adjudicación del contrato al bufete, concedido “por su experiencia en derecho comunitario”.

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