martes, 30 de junio de 2009

SANS EXPLICA AL JUEZ LA MECÁNICA DE FUNCIONAMIENTO, GASTOS Y PAGOS DE LA EFM


CORRUPCIÓN

Caso Funeraria

Sans a su llegada a los juzgados. | Pep Vicens

Efe | Palma

La edil del PP y ex presidenta de la Empresa Funeraria Municipal (EFM) de Palma, Marina Sans, ha explicado al juez que instruye la causa por el llamado "caso Funeraria" la mecánica de funcionamiento de la EFM, así como los pagos y los gastos, durante su declaración como imputada. La presidenta de la EFM en la pasada legislatura ha declarado como imputada durante dos horas ante el titular del Juzgado de Instrucción número 11 de Palma, el magistrado Manuel Vicente Penalva.

La edil no ha hecho declaraciones al salir de los juzgados pero sí su abogado, Rafel Perera, quien ha informado de que Sans ha explicado al juez la mecánica de funcionamiento de la funeraria y los controles que existían en relación a gastos y pagos. Perera no ha entrado en detalles sobre el contenido de la declaración ya que, según ha advertido, el juez ha insistido en el hecho de que la causa se encuentra bajo secreto de sumario.

Según el abogado, la edil del PP ha respondido a las preguntas "con gran claridad" en una declaración "muy completa y de mucho interés para el fiscal y el juez". Tras su declaración, Marina Sans sigue imputada en la causa. El juez citará a declarar a más testigos y después, probablemente, levantará el secreto de sumario. En el "Caso Funeraria" se investigan presuntas irregularidades económicas cometidas en esta empresa pública en los últimos años, como la venta de tumbas y la alteración o la falsedad de facturas.

El principal imputado en la causa es el ex gerente de la EFM, Óscar Collado, quien ayer salió de la cárcel de Palma después de pagar la fianza de 100.000 euros fijada por el juez. Se encontraba en prisión provisional desde el 13 de junio. También se encuentran imputadas en esta causa Sans, el ex asesor jurídico A.D.H., y el constructor J.P

ELMUNDO.ES

UNA IMPUTADA SE RATIFICA EN QUE CORREA PAGABA A POLÍTICOS DEL PP


CORRUPCIÓN

Declaración ante el juez


Efe | Madrid

Una de las imputadas en el "caso Gürtel" se ha ratificado hoy ante el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid Antonio Pedreira en sus declaraciones anteriores, en las que dijo que la trama dirigida por Francisco Correa entregó diversas cantidades de dinero y otras dádivas a políticos del PP.

Se trata de Felisa Isabel Jordán, quien hasta febrero de 2008 fue administradora única de Good&Better, que según el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón era parte del "conglomerado empresarial" dirigido por Francisco Correa y formado por hasta 23 sociedades "de inversión especulativa", patrimoniales o de gestión.

Tras interrogarla durante más de cuatro horas, Pedreira ha imputado a Jordán los delitos de cohecho, asociación ilícita, fraude fiscal, blanqueo de capitales y falsedad, aunque no le ha impuesto ninguna medida cautelar.

Entre los políticos del PP señalados por Jordán en sus declaraciones anteriores figura el senador Luis Bárcenas, tesorero nacional de este partido.

En el auto notificado el pasado 31 de marzo en el que detalló los indicios que había recabado contra él, Garzón señalaba que Jordán había declarado que participó en una reunión con el presunto líder de la trama -Correa- en la que se habló del dinero que había percibido el senador y de que éste ya no les daba trabajo.

Entregas de dinero
Además, el nombre de Jordán aparece en la contabilidad B de la trama de Correa relacionada con varias entregas de dinero al ex consejero de Deportes del Gobierno de la Comunidad de Madrid y diputado del PP en la Asamblea autonómica Alberto López Viejo.

Felisa Jordán admitió esas entregas en su declaración ante Garzón, al que también dijo que los apuntes con la clave "PCSABOSCH" se referían a Pablo Crespo Sabaris -secretario de organización del PP gallego hasta 1999- y Alfonso Bosch, diputado del PP en la Asamblea de Madrid.

De hecho, según el juez, Jordán "manifestó que Alfonso Bosch participó en una reunión con Francisco Correa, Pablo Crespo" y otros "donde se abordó la posibilidad de realizar un contrato con el Ayuntamiento de Boadilla del Monte por importe de dos millones de euros".

Cuando Jordán mostró su oposición a la operación, "Correa le contó que él manejaba al alcalde de Boadilla -Arturo González Panero- como quería". Jordán reveló asimismo al magistrado que durante el tiempo en que Ginés López ocupó la alcaldía de Arganda del Rey (Madrid) se produjo la entrada en esa localidad de las empresas de Correa mediante la adjudicación de contratos públicos a Easy Concept Comunicación entre los años 2005 y 2007.

La declaración de Isabel Jordán, junto a la del sastre José Tomás, también sirvió al juez Garzón para concluir que la trama dirigida por Correa "también habría utilizado una o varias empresas para disimular facturas que ocultaban los productos reales entregados en forma gratuita" al presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps.

Esos "productos reales" eran trajes adquiridos en las tiendas Milano y Forever Young y abonados por Orange Market.

Según el juez, Jordán fue la encargada, desde Madrid, de "preparar el proyecto técnico y de diseño" que posteriormente presentó como propio Orange Market -la filial en Valencia de Special Events, la principal de las empresas de Correa- y con el que consiguió durante cuatro años la adjudicación de los stands de la Comunidad Valenciana en una feria de turismo.

Además
* Luis Bárcenas, senador ausente
* Quién es quién en el 'caso Gürtel' | Gráfico

ELMUNDO.ES

LA GUARDIA CIVIL INVESTIGÓ POSIBLES PREBENDAS DEL ALCALDE SILVERIO MATOS EN EL PROYECTO EÓLICO

Silverio Matos (d.), alcalde de Santa Lucía, en una foto de archivo | ABC

Canarias articula medidas para la red fotovoltaica de Arinaga

DANIEL HERRERA | LAS PALMAS

Entre las numerosas ramificaciones producidas por la Operación Palmera, las investigaciones realizadas por la Guardia Civil dejaron entrever una serie de conductas supuestamente ilícitas de hechos urbanísticos de carácter penal, realizadas en el Ayuntamiento de Santa Lucía en el marco del proyecto original del parque eólico, una iniciativa llevada a concurso por el Gobierno de Canarias que contaba con fuertes inversiones de la Unión Europea.

Dichas actividades podrían señalar a varios miembros electos de la corporación local, funcionarios del consistorio y particulares. Bajo las pesquisas de la Benemérita, Silverio Matos sería la cabeza visible de una red de ilícitos penales de naturaleza urbana.

La denominada «Operación Palmera» se inició el pasado 9 de mayo de 2007 con la denuncia realizada por el ex edil Rufino Pérez y se reactivó con las correspondientes acciones del equipo de Delitos Urbanísticos de la Guardia Civil. Siempre bajo las líneas de investigación, el alcalde de Santa Lucía se enfrentaría a varias acusaciones por prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y falsificación de documentos públicos.

Fechas de los convenios
Por parte de esta unidad armada se realizaron una serie de gestiones, dando como resultado que Matos, según el acta de ratificación de los convenios (en los cuales se propiciaba la adquisición de terreno privado para convertirlo en suelo público, a cambio de prebendas a ciertas empresas) los manipuló de manera arbitraria, variando la fecha de los mismos.

A la luz de las investigaciones de la Guardia Civil, el consistorio realizó con la empresa S. A. T. El Águila (cuyo presidente es Antonio Alemán Bordón) el convenio el 7 de enero de 2005, cuando la citada reunión de la comisión de gobierno se había llevado a cabo cuatro días después.

Además, se registró la citada sociedad el 5 de enero de 2005, seis días antes de la realización del convenio de permuta con el ayuntamiento. En paralelo, Alemán creó una compañía el 22 de junio de 2004 llamada Enercasa S. L., dedicada a la promoción y explotación de Parques Eólicos, así como la venta de energía eléctrica, todo esto a pocos meses (14 de diciembre) de que la Consejería de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías del Gobierno de Canarias sacara a concurso los Parques Eólicos.

Por su parte, los empresarios de Inmueble Comercial La Mareta S. L. compraron los terrenos correspondientes el día 2 de enero de 2005, promoviéndolo a escritura pública el 10 de enero de 2005, y realizando la firma de la permuta el día 11 de enero, el mismo día de la famosa comisión de gobierno. Con ello, el citado cuerpo de seguridad quiso evidenciar el uso de información privilegiada en los distintos convenios firmados.

Pagos periódicos
Por otro lado, el alcalde de Santa Lucía, Silverio Matos, realizó una serie de pagos periódicos a varias de las personas implicadas en el citado caso Eólico, que acabó siendo anulado por el Gobierno de Canarias en junio de 2006.

De las investigaciones realizadas por la Guardia Civil, se ha podido comprobar repetidos dispendios a Inmaculada Ramírez, concejala del citado Consistorio y esposa de Agustín Ángel Domínguez Cordero, uno de los empresarios inmersos en los convenios firmados en el famoso Parque Eólico -en concreto, administrador de la compañía Machacadora Domínguez Sociedad Anónima-.

Por los desembolsos, se demuestra la relación, de amistad o profesional, que pudiera tener con anterioridad a la relación del convenio con su actual esposo.

Rufino Pérez ejercerá de acusación popular en el caso
Tras los correspondientes pinchazos telefónicos llevados a cabo por la Guardia Civil, un total de 17 personas fueron imputadas por esta trama, un lista que engloba a concejales, técnicos y empresarios de la comarca. A pesar de que tanto Silverio Matos como Antonio Ruiz (quién decidió marcharse del Ayuntamiento la semana pasada) y otros miembros del consistorio solicitaron el sobreseimiento libre de la causa el pasado 8 de enero de 2009, las alegaciones realizadas por el letrado Jesús de Bethencourt propiciaron un nuevo giro en el proceso judicial, ya que desde hace unos días Rufino Pérez -ex edil del PP y miembro del Grupo Ansite CCN- ha pasado a ser «acusación popular» en el caso, un factor que le permite llegar en este asunto hasta las últimas consecuencias. De momento, el juez Juan Carlos Socorro, magistrado del Juzgado de Instrucción número 4 espera hoy las correspondientes declaraciones de los imputados Antonio Alemán y Agustín Cordero.

ABC-ES