domingo, 22 de febrero de 2009

LAS FECHAS NO CUADRAN

Según Granados, contactó con la empresa en 2006, pero el proyecto es previo

La mujer de Francisco Granados, el pasado martes, a su llegada a la mansión. - M.PATXOT / G.PECOT

Granados sostiene que la primera conversación con Obras y Vías sobre la posibilidad de construir una casa en la calle Chequia cuando alguien prendió fuego al Mini Cooper en el garaje de la vivienda donde entonces residía la familia, en la calle Guardia Civil de Valdemoro. Pero ese incendio, nunca esclarecido y que destapó la verdadera identidad del titular del vehículo -Grandes Locales de Negocio, filial de Obras y Vías-, se produjo el 23 de octubre de 2006.

Pero en fecha, Vicfidem, filial de Obras y Vías, ya tenía la licencia de obras de la mansión. La junta de gobierno del ayuntamiento de Valdemoro la había otorgado el 16 de febrero. Y la solicitud se registró el 27 de diciembre de 2005.

Es más, según el arquitecto municipal de Valdemoro, el proyecto básico data del 14 de junio de 2005. Y el de ejecución, de noviembre de 2006. Llevan la firma del arquitecto Carlos de Rojas, con quien Público no ha logrado contactar.

Según Granados, fue el incendio lo que decidió a la pareja a buscar suelo para hacerse una casa. Eligieron El Caracol, una zona de expansión donde Obras y Vías poseía, dice el consejero, la mayor parte del terreno.

El viernes, el arquitecto municipal de Valdemoro, José Luis Navarro, mostró a este periódico varios documentos del expediente, pero no el proyecto básico ni el de ejecución, donde, teóricamente, debe constar no sólo quién pide la licencia sino por encargo de quién se promueve la obra. Navarro invocó la Ley de Protección de Datos.

Tanto él como la letrada de Urbanismo afirmaron que el nombre de Nieves Alarcón no consta en el expediente urbanístico de la casa de la calle Chequia. Fuentes conocedoras de ese expediente sostienen que, al menos en el verano de 2006, sí figuraba.

El arquitecto Navarro confirmó que desde febrero de 2006 no se ha notificado ningún cambio en la titularidad de la licencia, ni en el proyecto de obras, ni en la dirección facultativa. Cualquier cambio en la titularidad o en el proyecto, precisó el alto funcionario municipal, resulta de notificación obligatoria al ayuntamiento. El jueves, Granados había asegurado que el proyecto definitivo difiere del que encargó su mujer aunque "la estructura básica" coincide.

Respecto al vehículo quemado, el consejero mantiene que Tráfico no había tramitado la transferencia. En octubre de 2006, El País publicó que la transferencia no se había iniciado.

El silencio del aparejador

Este periódico ha intentado infructuosamente aclarar con los promotores quién promueve actualmente la vivienda. ¿Vicfidem o Taller de Arquitectura y Gestión de Obra SL–Conde Guedan SL? Tras la valla no hay cartel.

El jueves, ‘Público’ localizó a Consuelo Astasio, aparejador y administrador de Taller de Arquitectura y Gestión de Obra SL. El empresario dijo, primero, que la casa no es Granados pero que tampoco podía desvelar quién es su propietario.

En una segunda llamada, lanzó exabruptos y se negó a conversar con la periodista. En Vicfidem, una empleada respondió primero que la casa no está en venta y, más tarde, que ya no es de la inmobiliaria.

PÚBLICO.ES

UNA PROMOTORA LEVANTA UNA MANSIÓN A GUSTO DE GRANADOS

NUEVO ESCÁNDALO EN MADRID

El número tres de Aguirre "encargó" el proyecto para una casa de 1.000 metros pero dice que no es suya. La licencia se otorgó a la misma empresa a cuyo nombre estaba el coche que conducía su mujer en 2006.

La edificación de la casa está muy avanzada. -
M.PATXOT / G.PECOT
ALICIA GUTIÉRREZ - Madrid
Estos son los hechos: una promotora inmobiliaria construye desde 2006 en Valdemoro (58.623 habitantes) una casa de lujo de 1.000 metros sobre seis parcelas donde el Plan General permitía edificar otros tantos chalés de 261 metros. ¿Para quién se levanta una mansión de esas características, diseñada a medida y mucho más difícil de vender en el mercado libre que seis pareados, con o sin boom inmobiliario? Oficialmente, es un misterio. Pero se sabe que Nieves Alarcón Castellanos, esposa de Francisco Granados, el número tres en el Gobierno de Esperanza Aguirre, "encargó" el proyecto con la idea de comprar la casa. Y se sabe que, tres años después y pese a que la compra nunca llegó a "materializarse", Nieves Alarcón visita asiduamente la obra porque la pareja sigue "interesada" en la vivienda, tanto que sus constructores le han dado incluso la opción de elegir "los suelos de mármol".

"La citan los martes"
Los entrecomillados pertenecen a las declaraciones efectuadas el pasado jueves a Público por Francisco Granados, consejero de Presidencia, Justicia e Interior de Madrid, secretario general del PP en la Comunidad y alcalde de Valdemoro entre 1999 y 2003. Y la inmobiliaria que en 2006 obtuvo la licencia de obras forma parte de Obras y Vías, el grupo empresarial con intereses urbanísticos en Valdemoro a cuyo nombre figuraba el coche Mini Cooper que en 2006 conducía Nieves Alarcón.

Granados ofrece una explicación insólita: el proyecto para la vivienda fue encargado por su mujer en torno al otoño de 2006 tras el incendio del citado Mini Cooper y sin que mediara título de compra al grupo Obras y Vías. Por ese motivo, Nieves Alarcón "puede aparecer" en el expediente de la licencia. ¿En calidad de qué?: "Como la que se va a hacer la casa", respondió el consejero. ¿Y por qué actúa como propietaria, dando indicaciones a los responsables de la obra? "Será la propietaria cuando la compremos [la casa], si la compramos", espeta.

"Nos hicieron unos bocetos e incluso se encargó un proyecto con lo que íbamos a construir pero luego, como dijimos que no queríamos la casa, pues se quedó Obras y Vías con él. Supongo que eso estará a nombre de Obras y Vías", explica.

El Ayuntamiento de Valdemoro cuantificó el proyecto de ejecución en 559.105 euros, cifra que no incluye el precio del suelo

Sin haber abonado un euro a la promotora inmobiliaria, Nieves Alarcón suele visitar el inmueble -"la citan los martes", dice su marido- para abordar la marcha de las obras, según fuentes conocedoras del proyecto. Granados rebaja esa afirmación aunque admite que su mujer ha acudido allí "ocho o diez veces" en seis meses. Y que los promotores siguen algunas de sus indicaciones por si, finalmente, el matrimonio se decide a comprar. "Una cosa es que uno pretenda comprar una cosa y que diga: pues a mí me gustaría que pusiera esto así y esto asao. Y otra cosa es dónde, por decirlo claramente, dónde está ahí la corrupción o el escándalo".

Pero la vivienda, remacha el también presidente local del PP en Valdemoro, no es suya. "Yo no me voy a ir a una casa que esté a nombre de otro, ni la constructora está por ser mi testaferro", argumenta.

Según Granados, en 2008 su mujer vio que la obra estaba "medio parada", se dijo "pues igual la venden", preguntó y comenzó a acudir los martes. Las fuentes consultadas por este periódico sostienen que, en efecto, las obras se ralentizaron, pero sólo por un error técnico: al alzar los tabiques no se dejó el hueco necesario para la compleja red de canalización eléctrica -es una casa domótica- y de climatización.

Granados, que ha visitado "un par de veces" el inmueble, niega saber si el sótano dispondrá no sólo de garaje -"para tres plazas", afirma- sino también de piscina, gimnasio, bodega, dos salones de juego, cuarto de servicio y lavadero. Un ascensor de cristal enlazará las tres plantas, cuentan quienes conocen el proyecto.

El dirigente conservador asegura que no llegó a comprar porque, en 2006, Obras y Vías le pidió un millón de euros por ejecutar el proyecto. La vivienda consta de dos pisos con terraza voladiza más sótano habitable a razón de unos 300 metros por planta, lo que significa que, en aquel momento de precios disparados, Granados habría tenido que pagar, según su versión, sólo 1.000 euros por metro cuadrado construido. El cuarto trimestre de 2006, el precio medio en España se situó en 1.958 euros por metro.

Proyectada sobre una superficie de 1.721 metros y abalconada sobre un parque público, la vivienda se construye en la calle Chequia con la licencia lograda en febrero de 2006 por la empresa Vicfidem Proyectos SL. Esa promotora es una de las múltiples filiales de Obras y Vías SA, que en 2007 facturó 79,1 millones de euros.

Ambas sociedades tienen como presidente a Ramiro Cid Sicluna.


El Ayuntamiento de Valdemoro cuantificó el proyecto de ejecución en 559.105 euros, cifra que no incluye el precio del suelo. Y ese precio constituye otra incógnita: los responsables de Vicfidem no ha devuelto las llamadas de este periódico.

Dos pisos ya "pagados"

Aunque Granados reitera que se decidió finalmente a comprar un chalé adosado, aún quiere la mansión, dice. Si vende los dos pisos que la pareja posee y tiene ya "pagados", lo hará. Y si puede vender su tercera propiedad, el adosado "con hipoteca" donde ahora reside -"costó 80 millones [de pesetas] y me dan 50"- , también se desprenderá de él. "Antes de entrar en política -aduce el consejero-, yo trabajaba en Bolsa y gané bastante dinero". Su mujer es profesora.

A tenor de sus palabras, también la promotora está interesada en que los Granados formalicen la compra: "Alguna vez me han preguntado [la promotora]: oye, te damos facilidad y nos quedamos con los pisos. No, no, yo no quiero dar pisos de entrada a ninguna constructora, no quiero líos, yo si vendo los pisos doy una entrada… si tengo dinero".

"Ahora vale 1,2 millones"

Según Granados, el terreno cambió de manos antes de que comenzaran las obras. Y su actual propietaria es una constructora cuyo nombre ignora y al frente de la cual se sitúa un tal "Consuelo" cuyos apellidos también desconoce, pese a que su mujer se ha entrevistado con él en la obra "ocho o diez veces" . Y pese, también, a que, según Granados, les pide ahora 1,2 millones por la casa.

En realidad, la transacción fue parcial y se produjo en mayo del año pasado, cuando los trabajos ya estaban avanzados. Ese mes, las empresas Taller de Arquitectura y Gestión de Obra SL -cuyo administrador único es el aparejador Consuelo Astasio- y Conde Guedan SL adquirieron mancomunadamente cuatro de las seis parcelas. Vicfidem conservó las otras dos. Granados habló con Público dos días después de que, el martes pasado, Nieves Alarcón fuese fotografiada a su llegada a la mansión.

PÚBLICO.ES

REPORTAJE; LOS PROBLEMAS DE ROCA S.A.



Juan Antonio Roca cumplirá el 30 de marzo su tercer año en prisión mientras su mareante fortuna, fruto de más de una década de corrupción y saqueo de las arcas de Marbella, se tambalea. El ex asesor urbanístico ha tratado de controlar todo lo posible desde la cárcel de granadina de Albolote el destino de su riqueza, oculta tras un complejísimo entramado societario y tasada por él mismo en 120 millones de euros, pero en los últimos tiempos se ha llevado varios disgustos.

* En busca de una sede



Juan Antonio Roca
A FONDO





Trama de corrupción en el Ayuntamiento de Marbella


Operación Malaya
A FONDO

Trama de corrupción en el Ayuntamiento de Marbella

El último embargo deja al ex asesor sin ningún bien puesto a su nombre

El anterior administrador judicial de las empresas, nombrado por el juez Miguel Ángel Torres, provocó un agujero de 8,2 millones de euros por impagos de IVA; la ganadería equina Marqués de Velilla propone vender alrededor de 60 caballos para evitar la quiebra; y uno de sus supuestos testaferros de confianza, Julio Blasco, ha conseguido una indemnización de 86.000 euros como parte de su demanda de despido de la empresa Masdevallía, dedicada a la promoción inmobiliaria en Murcia y actualmente en concurso de acreedores.

El último golpe, quizá el más duro, le llegó el pasado jueves. Óscar Pérez, el actual juez instructor de la causa contra la corrupción, ha ordenado el embargo de numerosos bienes de Roca, entre ellos su residencia habitual, un piso de 500 metros cuadrados junto a la Milla de Oro de Marbella, informa Europa Press. Este embargo se hace para cubrir la fianza de 1.000 millones de euros que le exigió el juez Torres para hacer frente a las posibles responsabilidades económicas en caso de ser condenado en el caso Malaya.

El juez Pérez también ha intervenido otras cuatro fincas, 11 cuentas bancarias de Roca y de su hijo, un helicóptero, un avión, 20 vehículos, así como las obras de arte que le fueron incautadas en los diversos registros policiales. Las primeras 415 obras, halladas en marzo y abril de 2006, fueron tasadas por técnicos de la Junta de Andalucía en 3,7 millones de euros. Tras este embargo, Roca se queda prácticamente sin ningún bien a su nombre disponible.

La defensa del ex asesor urbanístico pidió que se dedujera testimonio -es decir, que el juez actuara de oficio- tras conocer un informe del actual administrador judicial de las empresas de Roca en el que se pone de manifiesto que el anterior administrador supuestamente dejó de pagar 7,7 millones de euros de impuestos de estas sociedades, lo que generó unos recargos de apremio de Hacienda y el pago de unos intereses de 521.700 euros. De momento, según fuentes de la defensa de Roca, el juez "no ha hecho nada" ante lo que consideran una "administración desleal y fraudulenta".

En el caso de la ganadería Marqués de Velilla, que arrastra un déficit de 391.000 euros, este año, la administración judicial actual ha pedido permiso al juez para vender todos los caballos de pura raza española que quedan en las instalaciones. La crisis del mercado caballar hace que los ejemplares tengan que venderse por menos de lo que costaron a Roca en su día. Por ello, los administradores proponen vender los coches de caballos de la ganadería o la transferencia de fondos de otras sociedades de Roca intervenidas judicialmente. Y es que no hay dinero ni para veterinarios ni para pagar el pienso de los animales.

En busca de una sede

El caso Malaya, una de las instrucciones judiciales más complicadas que se han realizado en España, tiene una dificultad añadida: encontrar una sede adecuada para albergar el juicio. Pese a que en enero de 2008 se abrió la Ciudad de la Justicia, el mayor edificio administrativo de Andalucía, en Málaga no hay ningún espacio acondicionado para acoger a casi un centenar de imputados -el juez Torres identificó a 86 en su auto de procesamiento de junio de 2007, pero la nómina sigue creciendo, según fuentes judiciales-, con sus abogados defensores, el tribunal, el público y los medios de comunicación.

La Consejería de Justicia y Administración Pública y el presidente de la Audiencia Provincial de Málaga, Francisco Javier Arroyo Fiestas, ya han mantenido conversaciones para estudiar las distintas alternativas de ubicación de la enorme sala de vistas.

De momento, la opción que cobra más fuerza es utilizar un sótano diáfano de unos 750 metros cuadrados en la propia Ciudad de la Justicia. Este espacio tendría que tabicarse para instalar en él la propia sala de vistas, una oficina para los funcionarios, una sala de abogados, otra para testigos y una sala de prensa, infraestructura de la que también carecen los juzgados malagueños. Arroyo considera que en un juicio como el de Malaya "por el tipo de acusados, hace falta más orden que seguridad".

La segunda opción que maneja la Dirección General de Infraestructuras y Sistemas de la Consejería es la instalación de una estructura provisional en la zona ajardinada anexa a la Ciudad de la Justicia. Esto requerirá que el Ayuntamiento de Málaga otorgue la oportuna licencia.

En cualquier caso, aún faltan bastantes meses para la celebración del juicio. El juzgado de Instrucción número 5 de Marbella todavía no ha contestado todos los recursos que interpusieron los imputados contra el auto de procesamiento. "Antes de marzo no nos llegarán los recursos de apelación", estima el presidente de la Audiencia malagueña.

ELPAÍS.COM