martes, 8 de junio de 2010

"CASO FUNERARIA"; COLLADO Y SANS SERÁN JUZGADOS POR UN DESPILFARRO DE 2.3 MILLONES EN LA FUNERARIA

El juez abre juicio oral también contra Francisca Moll y cuatro proveedores

La ex edil de Pompas Fúnebres se habría gastado irregularmente 4.800 euros en una comida en un local de Palma

FELIPE ARMENDÁRIZ/J. CAPÓ. PALMA

Óscar Collado, el que fuera durante años el Gerente y factotum de la funeraria municipal de Palma y Marina Sans, ex regidora de Pompas Fúnebres y actual edil del PP, serán juzgados por un presunto agujero de más de 2,3 millones de euros en dicha empresa pública, tras el auto de apertura de juicio oral (pase a procedimiento abreviado) dictado ayer por el juez Manuel Penalva. El magistrado incluye en su resolución un elevado número de delitos y encausa a tres proveedores de la EFM y a Francisca Moll, la esposa de Collado, a la que imputa receptación, blanqueo de capitales y complicidad en los hechos atribuidos a su marido.

El auto del juez Penalva es demoledor contra Óscar Collado, que se halla en libertad con fianza y que es defendido por José Ignacio Herrero. El instructor atribuye al ex gerente de la EFM los siguientes delitos: falsedad documental; coacciones; amenazas; exacciones ilegales; prevaricación; fraudes ilegales; cohecho; y malversación de caudales.

Ahora el fiscal anticorrupción tendrá que redactar su escrito de acusación contra los siete imputados y concretar los delitos por los que van a ser juzgados y las penas que reclama para ellos. En el caso de Collado la petición de condena podría ser de muchísimos años de cárcel. El juez atribuye a Marina Sans, defendida por Rafael Perera, un delito continuado de malversación de caudales públicos, que está castigado con varios años de privación de libertad.

Según el auto, los imputados, cada uno en un distinto grado de responsabilidad, contribuyeron a que la funeraria municipal sufriera pérdidas, multas, sobrecostes, gastos superfluos en viajes y comidas en restaurantes de lujo (una de 4.800 euros en un local y atribuida a Sans) y otros quebrantos por más de 2,3 millones de euros.
En ese agujero son capítulos destacados los de 635.000 y 748.000 euros perdidos por pagar ataúdes y otro material a precios muy superiores a los de mercado; los 210.000 y 340.000 euros gastados en 9 años en comidas y viajes "innecesarios"; y los 500.000 euros de multa que abonó el Ayuntamiento por las prácticas restrictivas a la libre competencia, auspiciadas por Collado.

El auto relata de manera detallada cómo algunos de los proveedores de la EFM, entre ellos Wenceslao Lamas y Ramón Chao, ambos suministradores de material funerario, y los constructores Esteban Serret y Juan Perelló, supuestamente, se conchabaron con Collado para inflar precios, conseguir contratos y pagar sobornos a cambio de esas adjudicaciones.

A Lamas se le imputa un delito de fraude ilegal, que habría causado a la funeraria de Cort pérdidas de 198.000 euros por suministrarle centenares de ataúdes más caros y, en ocasiones, de mala calidad y difíciles de vender a los clientes. También se le atribuye el haber "colocado" a la EFM un coche fúnebre Ford Mercury "absolutamente inservible para usos funerarios" y por el que se pagaron 39.000 euros.

Cementerio de Sant Jordi
El magistrado sospecha que los proveedores encartados pagaron sobornos al principal encausado. A Esteban Serret, en concreto, se le acusa de conseguir el contrato para las obras de los cementerios de San Jordi y San Valentí entregando dádivas del 15 por ciento del presupuesto. El juez menciona en este apartado una carta que una persona dirigió a la entonces alcaldesa del PP Catalina Cirer alertándola de que Collado trataba, a toda costa, de que la empresa de Serret ganara ese concurso. Sobre Sans, el juez Penalva afirma que el hecho de haber devuelto los 6.800 euros pagados por la EFM por viajes privados de sus familiares, no hace desaparecer el delito de malversación, cometido también con las comidas innecesarias.

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"CASO PALMA ARENA"; LA POLICÍA INVESTIGA A UNA EMPRESA SUIZA QUE COBRÓ EL DINERO DE LA ÓPERA

Rastrean la cuenta suiza donde fueron ingresados los fondos públicos

Los investigadores sospechan que parte de los 1,2 millones del Govern podrían haber acabado en manos de Matas

F.ARMENDÁRIZ/M. ADROVER PALMA. El Cuerpo Nacional de Policía está investigando, dentro del sumario del caso Palma Arena, la presunta trama de corrupción en torno al velódromo público del mismo nombre, a la empresa suiza que cobró los 1,2 millones de euros que el anterior Govern del PP pagó a Santiago Calatrava por las maquetas y el anteproyecto del Teatro de la Ópera, un edificio similar a otro diseñado por el prestigioso arquitecto en 1989. La Policía ha comunicado al juez sus sospechas de que parte de ese dinero público hubiera servido para "el enriquecimiento ilícito" de Matas, president del Govern del PP en la primera mitad del 2007 y que presentó el proyecto de la Ópera como una iniciativa electoral.

La Policía Judicial en un informe remitido al juez José Castro el pasado 17 de mayo manifiesta que, de los datos y noticias recabados por los investigadores del Palma Arena, se desprende la posibilidad de que los 1,2 millones pagados por el Govern del PP se abonaran en la cuenta de una empresa suiza "no suficientemente identificada".

El 24 de abril de 2007 Santiago Calatrava S.L., una sociedad vinculada al prestigioso arquitecto, ingeniero y escultor, firmó un contrato con un organismo del Govern dedicado a la construcción de centros y equipamientos escolares, el Institut Balear d´Infraestructures i Serveis Educatius (Ibisec). Según los datos publicados en el Boletín Oficial de les Illes Balears, Calatrava pactó cobrar del Govern 1,2 millones de euros para diseñar dos maquetas, una del Teatro de la Ópera y otra de la Bahía de Palma, un vídeo de alta calidad sobre el proyecto y, lo que era más importante, un anteproyecto del edificio.

La Policía quiere esclarecer qué empresa suiza fue la que recibió el dinero del Govern y qué personas aparecen vinculadas a dicha sociedad. Los fondos públicos fueron transferidos a una cuenta corriente a nombre de la mencionada sociedad suiza, en una de las últimas actuaciones del Govern Matas. Santiago Calatrava está casado con una mujer suiza y tiene fijada su residencia en Zúrich.

La maqueta de la Ópera entregada por el estudio de Calatrava al Govern del PP vino remitida al Consolat de la Mar desde Zúrich, ciudad donde el Estudio Calatrava tenía una sede en 2007. Precisamente Santiago Calatrava presentó en 1989 una maqueta de un edificio casi idéntico al de la Ópera de Palma a un concurso organizado por la ciudad de Zúrich.

La titularidad del proyecto
El informe de 17 de mayo notifica al juez del caso Palma Arena que la Policía ignora cuál fue "la contrapartida por el dinero recibido (por la sociedad suiza)" y tampoco existen noticias de que "la Comunidad Autónoma haya recibido en titularidad la célebre maqueta (de la Ópera) y el anteproyecto del edificio reseñado".

Los investigadores explican, de manera breve, que Matas presentó la maqueta como "una promesa electoral", pero que, una vez perdidas las elecciones, "nunca más se supo del costoso proyecto".

El informe sostiene que el arquitecto retiró la maqueta del Palacio de la Ópera, que había sido arrinconada por el actual Govern en un almacén. Calatrava sí que ha reclamado la maqueta, pero ésta sigue en el mismo almacén de la conselleria de Educación.

La Policía Judicial expone sus sospechas de que parte del dinero público invertido en el Teatro de la Ópera pueda estar relacionado "con todo el entramado de delitos que se investigan sobre el enriquecimiento ilícito de Jaume Matas, su familia y personas allegadas".

Los investigadores concluyen afirmando que el frustrado proyecto operístico podría tener relación directa con otros hechos sospechosos del caso Palma Arena, una hipótesis que ha sido asumida por el juez Castro.

El instructor del caso Palma Arena ha solicitado ya a la conselleria de Presidencia del Govern que le remita "cuanta documentación exista del proyecto de construcción de un edificio destinado al Palacio de la Ópera, adjudicatario (de ese expediente), sumas pagadas y cauce utilizado para su abono".

La oposición de izquierdas en 2007 denunció la iniciativa de Matas ante la Junta Electoral al estimar que la exposición pública de la maqueta de Teatro de la Ópera era una maniobra electoralista.

La Junta Electoral decidió prohibir dicha presentación. No obstante, Matas se fotografió con la maqueta y se entrevistó antes de las elecciones con Santiago Calatrava. De momento, no se sabe si el juez Castro abrirá una nueva pieza separada para la investigación de este proyecto. Jaume Matas, defendido por Rafael Perera y Manuel Ollé, manifestó durante su declaración ante el magistrado el pasado abril que volvería a gastar el dinero público en el proyecto de Santiago Calatrava.

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