jueves, 28 de octubre de 2010

LA FISCALÍA PIDE QUITAR LA IMPUTACIÓN DE RUBIO EN CAN DOMENGE

CORRUPCIÓN  | Portavoz del PP en el Consell

    * Su abogado pidió hace unas semanas el sobreseimiento del caso
    * La venta del solar se adoptó en un pleno presidido por Miquel Nadal

Efe | Palma

La Fiscalía ha pedido a la jueza instructora del "caso Can Domenge" que levante la imputación del portavoz del PP en el Consell de Mallorca, Fernando Rubio, en esta causa de supuesta corrupción en torno a la venta de un solar.

Así lo ha reclamado Anticorrupción por escrito a la titular del Juzgado de Instrucción 12 de Palma, que investiga un presunto cobro de comisiones en el pasado mandato por parte de miembros de UM gracias a la venta por el Consell del terreno palmesano de Can Domenge, que se adjudicó por la mitad de lo ofertado por el Grupo Núñez y Navarro (30 frente a 60 millones), impulsor de la querella.

La venta del solar se adoptó en un pleno del Consell presidido por Miquel Nadal en sustitución de la entonces presidenta de la institución, Maria Antònia Munar, que se encontraba enferma, y con los votos de los consellers de UM y del PP, partidos que formaban parte del pacto de gobierno en el Consell. Después de la petición de la Fiscalía, que también ha reclamado a la jueza que dé por terminada la instrucción de la causa, se tendrá que pronunciar la acusación particular, representada por Núñez y Navarro, cuyos abogados pueden mantener la imputación de Rubio en su escrito de acusación.

El abogado de Rubio, Salvador Perera, pidió hace unas semanas el sobreseimiento del caso para el portavoz del PP, argumentando, entre otras cosas, que Rubio no participó en la tramitación administrativa de la enajenación de la finca. Durante la legislatura pasada, Rubio también era portavoz del PP en el Consell de Mallorca, y Perera afirmaba en su petición que por este motivo se le imputó en el "caso Can Domenge", cuando él votó la venta del solar junto con el resto de consellers de UM y de su partido.

Además, Perera argumenta en su petición que la enajenación de bienes era una materia competencia de la presidenta del Consell, no del pleno, y que se votó en el plenario a petición de Munar. El grupo popular supo que se iba a llevar a pleno unos días antes de la votación, añade el abogado en su escrito, por lo que sus miembros no tuvieron tiempo de revisar la documentación y simplemente comprobaron que la venta había pasado todos los filtros de control. Además, según el letrado, Rubio no sacó ningún beneficio ni enriquecimiento de la aprobación de la venta.

En este caso de supuesta corrupción también están imputados la ex presidenta del Parlament balear y del Consell, Maria Antònia Munar; el ex vicepresidente del Consell Miquel Nadal (UM); el ex conseller insular de Economía y ex presidente de UM, Miquel Àngel Flaquer, y el ex conseller insular de Territorio Bartomeu Vicens (UM).

Además
    * La Fiscalía mantendrá la imputación de Munar

elmundo.es

"CASO ASTAPA"; EL PSOE Y EL AYUNTAMIENTO FINANCIABAN ACTIVIDADES CON TERCERAS EMPRESAS

TRIBUNALES
Europa Press | Málaga

Los investigadores del caso 'Astapa', sobre la presunta trama de corrupción político-urbanística de Estepona (Málaga), aseguran, en un informe incluido en la parte del sumario sobre la que se ha levantado el secreto, que tanto el Ayuntamiento como el PSOE financiaban sus diferentes actividades a través de terceras empresas.

Según los policías, la empresa que organizó algunas de estas actividades podría haber cometido actividades irregulares que derivarían en delictivas, dado que "mediante el uso de una facturación falsa se habrían podido encubrir cohechos realizados por terceras mercantiles que podrían derivar en el blanqueo de capitales de los mismos".

"Incluso, se habrían producido cohechos directos con la entrega de regalos, todo lo cual habría tenido como beneficio la adjudicación directa de contratos y concursos públicos ofertados por el Ayuntamiento de Estepona", se añade.

En este sentido, en el informe recogido en el tomo 37 del sumario, se precisa que se habrían "realizado labores de intermediación en la financiación irregular de partidos políticos".

Del sumario se deriva que la empresa que en 2008 resultó adjudicataria del servicio de limpieza en Estepona, Cespa, se hizo cargo de la factura derivada de la contratación de Julio José Iglesias para dar el pregón de las fiestas mayores de 2007 poniendo como concepto "concienciación ciudadana en Benalmádena".

En 2005, según los investigadores, el pregón del artista Miguel Ángel Muñoz lo pagó la empresa S&B Abogados, vinculada con los imputados Juan Simón y Manuel Barroso que afrontaron el gasto de 9.280 euros.

Respecto a los actos de la campaña electoral del PSOE en 2007, del sumario se deriva que los 61.712 euros que costó la contratación del concierto de Estrella Morente se facturó a nombre de Seskala XXI, mercantil a la que también se le facturaron los 105.490 euros que supuso el acto de cierre de campaña que consistió en un concierto de El Arrebato.


elmundo.es

"CASO ASTAPA"; EL EX GERENTE DE URBANISMO DE ESTEPONA INGRESÓ 10 MILLONES EN ANDORRA

TRIBUNALES

Efe | Málaga

El ex gerente de Urbanismo del Ayuntamiento de Estepona (Málaga), Pedro López, ingresó más de diez millones de euros en una cuenta bancaria en Andorra, en un periodo inferior a un mes y medio, según el sumario al que ha tenido acceso Efe.

El dinero localizado, según la investigación, sería fruto de las comisiones abonadas por empresarios de la construcción a cambio de la concesión de licencias por parte del ayuntamiento.

El titular de Instrucción número 1 de Estepona y encargado del caso Astapa, contra la corrupción en este municipio, Jesús Torres, señala en un auto que las entradas de dinero se realizaron "siempre" mediante ingresos en efectivo y transferencias de sociedades con domicilio social en el extranjero, posiblemente en "paraísos fiscales", ordenados por bancos suizos.

La resolución judicial indica que de un informe de la UDEF se desprenden indicios de que los padres y el hermano de Pedro López "podrían estar realizando labores de testaferro para ocultar bienes de procedencia ilícita".

El auto añade que el 18 de abril de 2008 se constituyó una sociedad en Belice, en la que figuran como apoderados el hermano y la madre de López, quienes abrieron ese mismo día una cuenta bancaria en Andorra, y señala que el dinero ingresado provenía "íntegramente de una cuenta del mismo banco cuyos titulares eran los padres de López" y cuyo apoderado era su hermano.

El sumario concluye que hay indicios suficientes para pensar que la operación y el entramado económico tenían por objeto "desvincular la propiedad del dinero de la familia del ex gerente de Urbanismo de Estepona por el PES", aunque hayan continuado vinculados a él como representantes de la sociedad constituida a tal efecto.

A Pedro López se le imputan los presuntos delitos de malversación y cohecho, mientras que a sus familiares directos se les imputan los presuntos delitos de blanqueo, falsedad documental y contra la ordenación del territorio.

Además
    * Investigan la reventa de un solar por un millón más
    * La Policía pidió información a Marruecos y Andorra

elmundo.es

EL SOCIALISTA ROQUE MORENO DIMITE COMO EDIL TRAS APARECER EN UN INFORME DEL "CASO BRUGAL"

ALICANTE  | Pidió a Enrique Ortiz que contratara a conocidos

Efe | Alicante

El portavoz del PSPV en el Ayuntamiento de Alicante y presidente del grupo socialista en la Diputación alicantina, Roque Moreno, ha anunciado este jueves que renuncia a su acta de edil, deja todos sus cargos públicos y volverá a la Universidad.

Así lo ha indicado en una rueda de prensa en la que ha comparecido, tras aparecer su nombre en los informes policiales del caso 'Brugal', en el que se revela que Moreno medió para que el empresario alicantino y máximo accionista del Hércules, Enrique Ortiz, contratara al hijo y la esposa del secretario del ex concejal del Ayuntamiento de Alicante Vicente Ronda.

El informe policial, recogido en el sumario de la operación 'Brugal' recoge que varios miembros de la comisión de seguimiento del Hércules CF del Ayuntamiento de Alicante pidieron favores a Ortiz, imputado en la causa, quien negociaba, por su parte, una transferencia de aprovechamientos entre el sector del estadio del equipo herculano 'José Rico Pérez' y los terrenos ubicados en la zona conocida como La Condomina.

La dimisión de Moreno se suma a la decisión adoptada el pasado 10 de septiembre por el que fue portavoz socialista en la Diputación de Alicante, Antonio Amorós, de dejar este cargo a raíz de las informaciones publicadas en las que su nombre aparecía vinculado al 'caso Brugal'.

LA GUARDIA CIVIL REGISTRA EL AYUNTAMIENTO VALENCIANO DE LA POBLA DE FARNALS

La Fiscalía Anticorrupción investiga presuntos delitos urbanísticos

LYDIA GARRIDO - Valencia

La Guardia Civil está registrando las dependencias del Ayuntamiento de la Pobla de Farnals (Valencia) por orden de la Fiscalía anticorrupción, que investiga varias denuncias por presuntos delitos urbanísticos. Las pesquisas afectan a decisiones adoptadas presuntamente por la actual alcaldesa, Natividad García, pero sobre todo a la etapa del anterior regidor, José Manuel Peralta. García, tránsfuga del PP, se apoyó en otro compañero de grupo y en los seis concejales socialistas de la Pobla de Farnals para derribar en octubre de 2008 a su ex jefe, el popular José Manuel Peralta. El PP dio entonces por expulsados a García y al también tránsfuga Ignacio Lluch. El PSPV suspendió de militancia a sus seis ediles como paso previo a la expulsión.
 
La alcaldesa ha confirmado a Efe que los agentes han pedido dos expedientes municipales de urbanismo que les han sido facilitados. "Hemos colaborado con ellos", ha dicho la alcaldesa, y "la justicia decidirá". García, quien asegura desconocer el contenido de los expedientes, ha mostrado su respeto al "secreto" bajo el que se encuentran estos documentos en el marco de la investigación policial. La alcaldesa, no obstante, ha apuntado a la etapa anterior a su toma de posesión, con Peralta como regidor, al afirmar que los expedientes exigidos por mandato judicial se centran en la construcción de "dos manzanas" de edificios construidos por el equipo de gobierno local anterior, del PP.



UN EX CONSEJERO DE MATAS, INCULPADO EN EL "CASO PALMA ARENA"

A. MANRESA - Palma

El ex consejero balear de Turismo y parlamentario del PP Juan Flaquer ha sido imputado por el juez del caso Palma Arena que investiga una supuesta trama de corrupción en la obra del velódromo de la capital balear y en la gestión publicitaria de su estreno. El ex presidente de Baleares Jaume Matas es el principal implicado y está acusado por seis delitos. Evitó ir a la cárcel al depositar una fianza de tres millones.

El juez José Castro ha encausado a Flaquer por presuntos delitos en la adjudicación en 2007, en un plazo de solo tres días, de 350.000 euros de patrocinio gubernamental a la agencia de publicidad Nimbus para el campeonato mundial de ciclismo. Flaquer declaró en febrero ante el juez que "no haber patrocinado ese evento hubiera sido imperdonable".

Nimbus fue la empresa que llevó la campaña electoral de Matas y del PP en 2007 y su dueño, Miguel Romero, ha confesado al juez que recibió más de 70.000 euros en dinero negro del gerente del Partido Popular, Fernando Areal, cuñado de Matas, para sufragar anuncios políticos.

Flaquer es el primer miembro del Gobierno que presidió Matas entre 2003 y 2007 que queda implicado en el caso Palma Arena, en el que están involucrados una docena de ex altos cargos del PP.

elpaís.com

EL SUMARIO DEL "CASO BRUGAL" DESTAPA UN SINFÍN DE CORRUPTELAS DE CARGOS DEL PP

Nuevas revelaciones del 'caso Brugal'

Ortiz y Fenoll premiaron a dirigentes que decidían sobre sus negocios

SANTIAGO NAVARRO - Alicante

Los 40 tomos o 20.000 folios del caso Brugal, una investigación judicial que arrancó con la supuesta adjudicación irregular de un contrato de basura por parte de la Diputación Provincial de Alicante, salpican a varias decenas de dirigentes políticos, mayoritariamente del PP, que tiene en su poder los principales Gobiernos en la comunidad valenciana, pero también a alguno del PSOE.
  
Ortiz presumió ante sus empleados de ser "la mano negra" del plan urbanístico

Fenoll compró una televisión local en quiebra por orden de Ripoll

La lectura de miles de folios de la investigación judicial muestra un sinfín de corruptelas que afectan a concejales, alcaldes, diputados provinciales y hasta consejeros autonómicos valencianos.

La mecánica era siempre la misma: los empresarios que pretendían algún trato de favor de las instituciones valencianas, o bien pagaban comisiones ilegales a los cargos públicos o intermediarios que les favorecían, o bien colocaban a parientes de esos cargos públicos en sus empresas; o ponían a disposición de los dirigentes políticos un yate con el capitán incluido; o hacían regalos especialmente caros a sus benefactores. Lo que sigue es solo una muestra de lo que aparece probado en el sumario por documentos oficiales o grabaciones telefónicas a sus protagonistas.

- Concurso de basuras. La investigación destapa que en el concurso convocado para adjudicar el Plan Zona de Gestión de Residuos de la Zona XVII, hubo pactos encubiertos para que el empresario Ángel Fenoll, cuya oferta perdió, se quedara con una parte del negocio que le facilitó uno de los ganadores, Enrique Ortiz.

El sumario apunta a las gestiones del presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll (PP), para conseguir este objetivo. A cambio, Fenoll compró una televisión local en quiebra por orden del propio Ripoll. A su vez, el adjudicatario del negocio de las basuras, Enrique Ortiz, premió con regalos al presidente de la Diputación Provincial por esta concesión.

- Plan General de Alicante. Los crecimientos urbanísticos de Alicante destaparon la influencia del empresario Enrique Ortiz sobre las decisiones del Gobierno municipal, presidido por la alcaldesa Sonia Castedo, del PP. Así, en la elaboración del Plan General de Ordenación Urbana, Ortiz mantuvo contactos con las principales autoridades responsables del plan y presumió ante sus empleados de que era "la mano negra" en ese proyecto.

- Estadio Rico Pérez. Miguel Ángel Fuster, amigo del vicepresidente autonómico, Gerardo Camps, intermedió, según la investigación, para que la Comunidad Valenciana avalara por 16 millones de euros al club de fútbol del Hércules, cuyo principal accionista era Enrique Ortiz. Este empresario pagó al intermediario al menos 12.000 euros por sus gestiones, según el sumario del caso.

- Empresa del hijo del alcalde. Como favor al hijo de Luis Díaz Alperi, ex alcalde de Alicante que facilitó a Enrique Ortiz las operaciones urbanísticas más importantes de la ciudad, el empresario le crea una sociedad de publicidad llamada Verass Operadores Publicitarios.

- Enchufismo. La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo Ramos, logró que Enrique Ortiz colocara en sus empresas a dos personas que había recomendado. Castedo mantenía con Ortiz una estrecha relación sobre los negocios del empresario, destapada por los pinchazos telefónicos.

- Entradas gratis. Enrique Ortiz regaló cuatro entradas por 600 euros a un concejal de Alicante cuyo voto era importante para alguno de los negocios del empresario.

Son solo algunos de los ejemplos de las innumerables corruptelas que ha descubierto una larguísima investigación judicial que dura varios años y que ha destapado en distintas instituciones de la Comunidad Valenciana una serie de adjudicaciones irregulares basadas en el trato de favor al poderoso Enrique Ortiz. Este empresario hablaba también con parientes de los principales miembros del Gobierno de Francisco Camps, como el consejero Juan Cotino o el ex consejero Fernando de Rosa y trataba sobre negocios multimillonarios (el concurso eólico o la construcción de Palacios de Justicia) que adjudicaba el Ejecutivo de la Comunidad Valenciana.


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EL PORTAVOZ SOCIALISTA EN ALICANTE DIMITE POR SU IMPLICACIÓN EN EL "CASO BRUGAL"

Nuevas revelaciones del 'caso Brugal'

La Fiscalía Anticorrupción acusa a Roque Moreno de tráfico de influencias por pedir al promotor Ortiz que colocara a varias personas en una de sus empresas.-El político deja el acta de concejal y de diputado provincial

R. BIOT / E. MOLTÓ - Alicante

El caso Brugal se ha cobrado una nueva víctima política, la segunda desde que comenzaron a desvelarse las supuestas corruptelas en torno al negocio de la basura en la provincia de Alicante y el planeamiento urbano de la ciudad. La mayoría de dirigentes políticos citados en la investigación y acusados de diferentes delitos por el fiscal están en el PP, pero las dimisiones se han producido en el PSPV-PSOE.

"He realizado una llamada de teléfono pidiendo un puesto de trabajo para un compañero que, además, es un gran amigo. Es un error. He cometido un error y pido disculpas, en primer lugar a la sociedad alicantina. Hay muchos casos dramáticos que requieren como mínimo la igualdad de oportunidades. Y también pido disculpas a mis compañeros, a mi gente, porque desconocían la existencia de este error", ha confesado el secretario general del PSPV de Alicante y portavoz municipal,Roque Moreno, al aparecer su nombre en el sumario del caso Brugal por negociar supuestamente con el empresario Enrique Ortiz la contratación en una de sus empresas de la mujer y el hijo del asesor socialista Vicente Ronda. El ex senador Ángel Franco fue el que hizo de intermediario para poner en contacto a Moreno y Ortiz, según recoge el informe policial. Moreno ha defendido durante su intervención que la llamada que realizó fue para ayudar al hijo de su asesor, que se encontraba en una "situación dramática" porque, al igual que su esposa, estaba en paro. El afectado, según Moreno, ya había trabajado en una empresa de Ortiz y estaba "a punto de ser llamado".

Moreno ha aprovechado su intervención para marcar diferencias entre los socialistas y los populares ante los casos de corrupción. "Un político tiene que asumir sus responsabilidades políticas", ha enfatizado al explicar una decisión que ha calificado de "personal". "Estamos asistiendo en los últimos meses a espectáculos que consideraría como mínimo lamentables. Hay casos de corrupción que salpican a toda la Comunidad Valenciana, a todos o a una buena parte de los representantes del Partido Popular. El caso Gürtel, el caso Fabra, el caso Brugal en sus distintas ramificaciones son solo algunos de los ejemplos que hoy podemos sacar y que están haciendo que la política en general esté mal considerada por la sociedad valenciana y alicantina", ha lamentado.

"Día tras día asistimos a un circo en el que muchos malandrines, todos presuntos corruptos, hacen negocios que favorecen a intereses particulares cuando no a los suyos propios, en detrimento y el perjuicio de los intereses generales. Y hoy aparece mi nombre al lado de estos malandrines. Y aparece una llamada de teléfono al lado de casos de corrupción que, desde mi punto de vista, tienen tintes mayúsculos", ha agregado en su argumentación. Moreno también ha defendido que velando por el interés general el grupo que ha dirigido hasta hoy "siempre" ha votado en contra de propuestas que favorecían a Enrique Ortiz, mientras que el PP "siempre" ha votado a favor.

Moreno ha celebrado esta mañana diversas reuniones con sus compañeros de partido para anunciarles su decisión de dejar los cargos. "Es una decisión personal, y es consciente del error", admite una compañera. El líder del PSPV de Alicante dejará su acta de concejal y dimitirá también como diputado provincial, aunque podría mantener sus cargos orgánicos como secretario local del PSPV-PSOE.

La Fiscalía Anticorrupción acusa Moreno de un supuesto delitos de tráfico de influencias, que basa en que presuntamente pidió al promotor Ortiz que colocara a varias personas en una de sus empresas cuando representaba a su partido en una comisión municipal sobre la remodelación del estadio Rico Pérez, donde juega el Hércules. Ortiz es el máximo accionista de ese equipo de fútbol y está imputado en el caso Brugal.

El primer cargo socialista en dimitir por el caso Brugal fue el portavoz en la Diputación de Alicante, Antonio Amorós, investigado por un supuesto cohecho en la adjudicación de la planta de basuras de la comarca de la Vega Baja. El negocio de los residuos está en el inicio de las pesquisas policiales y de la Fiscalía Anticorrupción, que ha imputado en el caso, entre otros, al presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, y a la alcaldesa de Orihuela. Mónica Llorente, ambos del PP. Ningún político popular ha abandonado sus funciones, todos insisten en negar las acusaciones. También lo hacen los socialistas afectados, pero al menos dos han dimitido mientras culmina la investigación judicial.


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NUEVAS REVELACIONES DEL "CASO BRUGAL"; UNA NUEVA GRABACIÓN MUESTRA LA CONNIVENCIA ENTRE EL EMPRESARIO ORTIZ Y EL GOBIERNO VALENCIANO

Consejero valenciano da Infraestructuras: "Has resultado adjudicatario... Muérete"; Constructor Enrique Ortiz: "Te quiero"

Madrid

Las conversaciones grabadas por la policía en el marco de la investigación de la Operación Brugal, la desarticulación de una trama de corrupción ligada a las contratas en Alicante -que hoy ha provocado la dimisión del portavoz socialista en el Ayuntamiento-, han destapado la connivencia entre Mario Flores, el consejero de Infraestructuras del Gobierno de Francisco Camps, y Enrique Ortiz, principal promotor inmobiliario de la Comunidad Valenciana. En una de esas conversaciones, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, Flores adelanta a Ortiz que ha resultado adjudicatario de una obra:

Mario Flores: Oye, nada, te llamo solamente para decirte que has sido adjudicatario de las concesiones de mantenimiento. O sea, muérete.

Enrique Ortiz: "Ya lo sé. Nada. Bueno. Te quiero".
La nueva cinta es una pieza más de un sumario de 40 tomos o 20.000 folios que resume una investigación judicial que arrancó con la supuesta adjudicación irregular de un contrato de basura por parte de la Diputación Provincial de Alicante y que salpica a varias decenas de dirigentes políticos, mayoritariamente del PP, que tiene en su poder los principales Gobiernos en la Comunidad Valenciana, pero también a alguno del PSOE.

elpaís.com