sábado, 18 de junio de 2011

"CASO SON OMS"; ANTICORRUPCIÓN IMPUTA A VICENS COHECHOS, ESTAFA Y DELITOS FISCALES

Bartomeu Vicens, en el juzgado de instrucción 2.  B. ramón
La fiscalía quiere agilizar un caso abierto en octubre de 2007 y dividirlo en cuatro piezas separadas para su mejor enjuiciamiento

FELIPE ARMENDÁRIZ PALMA

La fiscalía anticorrupción acusa al exdiputado de UM Bartomeu Vicens de delitos tributarios, cohechos y estafa o tráfico de influencias derivados de sus relaciones con el polígono industrial de Son Oms y las empresas impulsoras del mismo. Anticorrupción quiere agilizar la instrucción y enjuiciamiento del caso Son Oms, iniciado en 2007, mediante su división en cuatro piezas separadas.
 
Las pesquisas sobre Son Oms empezaron en octubre del 2007 con unas diligencias informativas de la fiscalía, dirigidas contra Bartomeu Vicens, entonces diputado por UM en el Parlament balear, y Maximilià Morales, expresidente de dicha Cámara con UM.
 
Casi cuatro años después, el caso gira sobre los mismos hechos denunciados, un supuesto entramado de corrupción en torno a la génesis y explotación del área industrial palmesana, pero con el añadido de descubrimientos relevantes realizados por los investigadores de la Policía y la Agencia Tributaria. Estas pistas giran en torno a Metalumba, la empresa tapadera de Vicens y su esposa Antònia Martorell, y Gestora de Desarrollo Son Oms, una sociedad vinculada al abogado Jaime Montis y que se dedicó a impulsar el área industrial.
 
El sumario, tras pasar por el Tribunal Superior de Justicia debido a la condición de diputado de Vicens, se ha reactivado hace algunas semanas, tras pasar meses paralizado. La acumulación de asuntos de corrupción que investigan los fiscales Carrau, Horrach y Subirán, unida a la elevada carga de trabajo del juez Juan Ignacio Lope Sola, que también se ocupa de los casos Maquillaje e Ibatur, ha empantanado Son Oms.
 
Anticorrupción propone para salir del bloqueo dividir la causa en cuatro piezas separadas, en dos de las cuales el principal imputado sería Vicens, defendido por Valdivia y Campaner.
 
La primera pieza ya está creada y versa sobre una presunta estafa de la que habrían sido víctimas pequeños propietarios de solares en Son Oms, entre ellos Ángel Ochando (denunciante del caso) por parte de la junta de compensación del polígono y un posible desvío de fondos de esa entidad.
 
La primera pieza contra Vicens sería por el cobro de sobornos a cambio de favores urbanísticos en Son Oms y los delitos fiscales cometidos al invertir ese dinero negro en naves, solares y vehículos. La segunda giraría en torno al papel de Vicens para convencer a los dueños de parcelas rústicas en Son Oms a la cesión gratuita del 15% de sus solares recalificados a Montis. La tercera enjuiciaría un presunto delito fiscal de Montis.

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LA JUEZA DUDA DE LA VERACIDAD DE LOS PAPELES DE LOS ERE

Alaya ordena a la policía que indague si la Junta “reconstruyó” expedientes

FRANCISCO MERCADO

Archivado en: Política, Andalucía, Investigación judicial, Tribunales, Expedientes regulación empleo, Gobierno autonómico, Junta Andalucía
  
Mercedes Alaya, titular del juzgado número 6 de Sevilla, que investiga el pago fraudulento con fondos públicos de la Junta de Andalucía a decenas de personas de indemnizaciones por expedientes de regulación de empleo, ha vuelto a cuestionar en forma de auto la actuación del Gobierno de José Antonio Griñán. En su último escrito, con fecha del pasado día 7 de junio, no solo reitera que sigue sin recibir material que solicitó al Gobierno regional, sino que sospecha sobre la veracidad de la documentación que ya ha recibido de la Junta: “Sin dudar de que lo remitido es lo que actualmente existe en los archivos, la apariencia de tales actuaciones diametralmente opuesta a lo que es en realidad un expediente administrativo nos hace pensar en una construcción o reconstrucción apresurada de los mismos, debiendo oficiarse a la Policía Judicial para que investigue ambos extremos que no han sido explicados o justificados tal y como se pedía por la Junta”.

La juez utiliza en apoyo de su tesis un escrito de la fiscalía que entrecomilla: “Se observa que dicha documentación no merece en ningún modo la citada denominación de expediente administrativo, pues parece componerse cada carpeta de una suerte de batiburrillo de papeles inconexos, algunos de los cuales no son sino simples notas manuscritas anónimas anotadas en hojas, arrancadas de un bloc de espiral cuando no garabateadas en simples post it adhesivos”.

Por todo ello, la juez Alaya ve inapropiado aún realizar un análisis pericial de la documentación, pues “a los peritos que se designen habrá que hacerles entrega de una documentación que se ha reclamado y aún no consta en las actuaciones como son: todos los convenios suscritos entre la dirección general de Trabajo y Seguridad Social y el IFA o el IDEA desde el año 2001; la documentación que posea la Cámara de Cuentas sobre ayudas excepcionales en materia de Trabajo y Seguridad Social realizadas por la Consejería de Empleo para trabajadores o empresas en crisis y que fue acordado por auto de fecha de 16 de abril; documentación contable e informes reclamados a IDEA en virtud de lo acordado por auto de este juzgado de fecha de 21 de marzo; e incluso la abundante documentación que en virtud de la presente resolución va a ser reclamada”.

Intervención deberá aclarar si el Gobierno aprobó los fondos gastados

La juez apunta directamente a la cabeza del Gobierno andaluz: “Este juzgado estima necesario acreditar si las ayudas sociolaborales que pagaba la consejería de Empleo a través del IFA o IDEA en concepto de primas de pólizas de prejubilación, mediante transferencias de financiación, al pagarse aplazadamente en varias anualidades, precisaban de algún tipo de autorización del Consejo de Gobierno en lo que respecta al límite del crédito correspondiente a los ejercicios futuros o aquel en el que se aprobó el gasto”. Y solicita que la Intervención General lo aclare. La juez anuncia que, al tiempo que iniciará ya el interrogatorio de los acusados, creará piezas separadas para cada imputado, en las que recogerá toda suerte de datos sobre su patrimonio, declaración fiscal y vida laboral.