martes, 3 de enero de 2012

LAS CITAS JUDICIALES POR CORRUPCIÓN PARA 2012

JUSTICIA | Juicios y declaraciones

Jaume Matas, Iñaki Urdangarín y Maria Antonia Munar, entre otros, tendrán que rendir cuentas ante la Justicia balear por presunta corrupción

Carla Arrieta | María J. García | Palma

El nuevo año llega cargado de importantes avances en los casos de corrupción en las Islas. El ex presidente del Govern y ex Ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas, el yerno del rey, Iñaki Urdangarín o la ex presidenta del Parlament y del Consell de Mallorca, Maria Antonia Munar tendrán que rendir cuentas ante la Justicia balear por presuntos desvíos de dinero público, entre otros delitos.

El primer juicio de Matas por el caso Palma Arena
La primera gran cita del año será el próximo lunes 9 de enero. El ex presidente Jaume Matas será juzgado por una de las piezas del llamado caso Palma Arena por la que los fiscales piden para él 8 años de cárcel. Matas está acusado de los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, fraude a la administración, falsedad en documento oficial por funcionario público, falsedad en documento mercantil y tráfico de influencias.

Además del ex ministro de Aznar, en esta causa están imputados el periodista Antonio Alemany y el ex jefe de prensa de Matas y su ex jefa de gabinete, Joan Martorell y María Umbert, respectivamente, la ex jefa de gabinete de la Conselleria de Presidencia Dulce Linares y al director de Nimbus, Miquel Romero

Esta causa es la relacionada con la contratación supuestamente irregular por parte de Nimbus del periodista Antonio Alemany. Según los fiscales, los imputados pactaron beneficiar de forma arbitraria e irregular al articulista Antoni Alemany y a sus sociedades con fondos públicos -que según los investigadores ascendieron a un total de 483.186 euros-, después de que Alemany acudiese a Matas en busca de una forma de retribuirle la elaboración de discursos e intervenciones públicas.

La subasta del 'palacete'
Unas semanas después, el 25 de enero, se subastarán en el juzgado –a instancias del Banco de Valencia– las tres fincas inmobiliarias que Matas aportó para garantizar un préstamo hipotecario de tres millones con los que consiguió librarse de la cárcel, entre ellos el famoso palacete de la calle San Feliu de Palma.

El crédito le obligaba apagar 84.000 euros al año, es decir, 7.000 euros al mes sólo de intereses que Matas no ha podido pagar.

Un procedimiento que, sin embargo, no va únicamente dirigido contra Matas sino también contra su mujer, Maite Areal, por ser copropietaria del 'palacete', así como contra la madre del ex presidente, cotitular en su caso del inmueble de Sant Miquel. Una vez los bienes patrimoniales salgan a subasta, cualquier ciudadano podrá pujar por ellos aunque en caso de que mediante este proceso no se alcance la cantidad adeudada, la entidad bancaria podría quedarse con los inmuebles en propiedad para su posterior venta.
 
Declaraciones por el 'caso Urdangarin'
También en el marco del caso 'Palma Arena', el juez José Castro, tomará declaración como imputado del duque de Palma, Iñaki Urdangarin, el 25 de febrero, a las 09.00 horas, sobre los negocios por los que cobró fondos públicos del Govern balear y la Comunidad Valenciana a través del Instituto Nòos.

Castro ha citado también a declarar a otros ocho imputados en esta misma causa: el socio de Urdangarin, Diego Torres, y otras cuatro personas vinculadas con el Instituto Nóos -Ana M. Tejeiro, Marco Antonio Tejeiro, Miguel Tejeiro y Salvador Trinxet-, y tres altos cargos del Govern balear en la legislatura en la que Jaume Matas era presidente autonómico.

En este caso, la Fiscalía Anticorrupción de Baleares apunta a un supuesto "entramado societario" tejido supuestamente por Urdangarin y su socio Diego Torres para "apoderarse" de fondos públicos y privados que recibió el Instituto Nóos.
 
Vicens vuelve al banquillo de los acusados
Sin embargo, antes de la cita Urdangarin, la Sección Segunda de la Audiencia de Palma juzgará los días 7 y 9 de febrero de 2012 al ex conseller de Territori del Consell de Mallorca Bartomeu Vicens, acusado de los delitos de malversación y prevaricación por beneficiar, supuestamente, con dinero público a la productora audiovisual Studio Media, una de las piezas separadas del llamado caso Maquillaje.

También se sentarán en el banquillo los administradores de Studio Media Alfredo Conde y Elizabeth Diéguez y el exdirector insular de Patrimoni Josep Joan Mas.

El fiscal acusa a los cuatro de haber conseguido fondos económicos del Consell Insular para pagar una serie de programas de televisión y reportajes que nunca llegaron a realizarse.

La Fiscalía Anticorrupción solicita 3 años y 10 meses de cárcel para Vicens y para Conde y Diéguez, los fiscales piden 2 años y 3 meses de prisión para cada uno.
 
Juicio Bitel
Otra de las causas más sonadas de la era Matas, el llamado caso Bitel, pasará por la Audiencia de Palma del 20 de febrero al 7 de marzo de 2012. La Fiscalía pide penas de cárcel de hasta 14 años para cinco personas por desviar dinero público durante el mandato 2003-2007 de Jaume Matas (PP).

La fiscalía acusa al ex gerente de Bitel Damià Vidal de desviar unos 700.000 euros de esta sociedad pública mediante seis métodos diferentes. También están encausadas cuatro personas más, que presuntamente colaboraron y se beneficiaron de los desvíos de fondos públicos de este organismo, dependiente en la legislatura 2003-2007 de la conselleria de Economía.

Damià está acusado de cuatro delitos continuado de malversación de caudales públicos, continuado de fraude a la Administración, continuado de prevaricación y continuado de cohecho.

Los Hore, al banquillo
El 12 de marzo de 2012 se sentarán en el banquillo el matrimonio Hore, una pareja de multimillonarios relacionados con el caso Relámpago que entre 2002 y 2006 compró fincas en Son Bunyola (Banyalbufar) y otros bienes y propiedades eludiendo el pago de impuestos que ascendería a unos 32 millones de euros.

La Fiscalía pide 42 años y medio de prisión contra John Hore y 37 años y medio para su esposa, Martha Monica Hore. Asimismo, reclama otros 42 años y medio de cárcel para el abogado Alejandro Feliu por su participación en esta presunta trama de fraude fiscal por la que se les atribuye quince delitos.
 
El primer juicio contra Munar
La expresidenta del Consell de Mallorca y del Parlament balear Maria Antònia Munar, que fue también líder de Unió Mallorquina (UM), se sentará por primera vez en el banquillo el 14 de mayo de 2012 en el primer juicio que se celebrará contra ella por los casos de corrupción en los que está imputada, el caso Maquillaje. Munar se enfrenta a una pena de 6 años de cárcel por el supuesto desvío de 240.000 euros a empresas audiovisuales.

En este juicio también se sentará en el banquillo el que fuera compañero de partido y ex vicepresidente del Consell Miquel Nadal y otras ocho personas, quienes están acusadas de delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, falsedad en documento oficial, falsedad en documento mercantil y negociaciones prohibidas a funcionarios.

En concreto, la pieza se refiere a dos subvenciones de 120.000 euros cada una otorgadas por el Consell de Mallorca en 2004 y 2005 a la productora Vídeo U, la mitad de la cual había sido adquirida poco tiempo antes por Munar y Nadal, mediante dos testaferros o 'socios aparentes', Miguel Sard y Víctor García, que se enfrentan a 2 años y 3 meses de prisión.
 
Juicios pendientes de fecha
Durante 2011 se ha abierto juicio oral a algunos de los casos de corrupción más sonados de las Islas para los que de momento no hay fecha fijada para la vista pero que previsiblemente llegarán a resolverse durante el próximo año. Por ejemplo, La Sección Primera de la Audiencia Provincial ha asumido la primera pieza del caso Voltor que será juzgada y por la que se sentará en el banquillo el ex conseller de Turismo Miquel Nadal, para quien la Fiscalía pide cuatro años y medio de cárcel por gratificar, presuntamente, con 12.000 euros al ex concejal del ramo en Sóller Bartolomé Plomer (UM) como contraprestación política por la labor que llevó a cabo como edil.

Sin embargo, Nadal y Plomer no son los únicos acusados en el marco de esta pieza -la número 1 del caso-, ya que también está previsto el enjuiciamiento del ex gerente del Instituto de Estrategia Turística (Inestur), Antoni Oliver, el ex director general de Promoción Turística, Joan Sastre, y Luisa Tortella, ex directora del Centro de Investigación de Tecnologías Turísticas (CITTIB) y ahijada de la ex presidenta del Consell y del Parlament, Maria Antònia Munar.

Pero no es la única causa que la cúpula de la desaparecida UM tiene pendiente de fecha de juicio. El pasado 21 de septiembre la jueza instructora del caso Can Domenge de supuesta corrupción en la venta de un solar público abrió juicio oral contra la expresidenta del Consell de Mallorca, Maria Antònia Munar, y cinco personas más, a quienes ha impuesto una fianza civil solidaria de 37 millones de euros.

El Consell de Mallorca, presidido entonces por Munar, vendió el terreno palmesano de Can Domenge a la unión de empresas Sacresa-Ferratur por la mitad de lo ofertado por el Grupo Núñez y Navarro (30 frente a 60 millones), impulsor de la querella.

Munar se tendrá que sentar en el banquillo y hacer frente a la petición fiscal de 6 años de prisión por este caso acusada de prevaricación, fraude a la Administración y revelación de información privilegiada.

En su escrito, la Fiscalía pide las mismas penas de prisión (6 años) y por los mismos delitos para el ex vicepresidente del Consell Miquel Nadal; el ex conseller insular de Economía Miquel Àngel Flaquer y el ex conseller insular de Territorio Bartomeu Vicens, todos ellos de UM. Para Román Sanahuja, de Sacresa, otro de los imputados, reclama en cambio 1 año y medio de cárcel, así como 2 años para el abogado Santiago Fiol Amengual.

También se encuentra pendiente de fecha de juicio el caso Turisme Jove, que investiga el presunto desvío de más de un millón de euros a través de esta empresa pública durante la segunda legislatura de Jaume Matas.

Entre los imputados destacan el ex gerente del consorcio Turisme Jove, Damià Amengual, y el ex director general de Juventud en el anterior Govern balear del PP, Juan Francisco Gálvez, presuntos responsables del desvío de fondos que dejó a la empresa en quiebra técnica. Maíz era el administrador de una productora que trabajó para Turisme Jove.


LA FISCALÍA ACUSA DE PREVARICACIÓN A LA ALCALDESA DE BELMONTE DE TAJO

Ana María Pinós Sangonzalo, durante la celebración de una paellada.
La regidora denuncia que se trata de una revancha por parte del PSOE

Tono Calleja Madrid

La fiscalía de Madrid ha solicitado que se abra juicio oral contra la alcaldesa de Belmonte de Tajo, Ana María Pinós Sangonzalo, para quien pide una pena de año y medio de cárcel en su escrito de acusación presentado en el Juzgado de Instrucción número 2 de Aranjuez. También pretende inhabilitarla durante ocho años. El ministerio público ha denunciado a la regidora como presunta autora de un delito de prevaricación urbanística.

El fiscal sostiene que la regidora de este municipio de 1.425 habitantes, situado al sur de la región, concedió una licencia provisional a un empresario para que pudiera instalar una fábrica en una parcela del municipio que tenía calificación de residencial urbana. Lo hizo sin tener en cuenta el informe del secretario municipal, que se oponía.

Por el contrario, la alcaldesa defendió la honestidad de sus decisiones, al tiempo que aseguró que la mencionada licencia fue concedida de forma provisional durante solo un año: "Le permitimos que se instalaran mientras se ponía en marcha el polígono industrial. Pero como vimos que se retrasaba revocamos la licencia", se defiende Pinós Sangonzalo, que argumenta que nunca llegó a conocer el informe del secretario, contrario a la concesión de la licencia.

"No existe auto de procesamiento alguno ni apertura de juicio oral contra la alcaldesa, por lo que estamos procesalmente todavía en fase de instrucción, es decir, en diligencias previas. Lo que significa que no existe a día de hoy actitud punitiva alguna en su actuación", explica el letrado defensor de Pinós Sangonzalo.

Ana María Pinós autorizó una fábrica en terreno residencial

Los hechos, según la acusación del fiscal, se remontan al 20 de diciembre de 2007, fecha en la que la empresa Eurocalidad de Maquinaria solicitó al Ayuntamiento de Belmonte del Tajo la concesión de una licencia provisional de obra menor para instalar en unas parcelas situadas en la avenida de Felipe Serrano de esta localidad, de propiedad privada, una nave y una oficina prefabricada de 360 metros cuadrados. Para instalar esta empresa, sus propietarios adecuaron la zona: "Todo ello con el objetivo de desarrollar ahí una actividad consistente en el depósito y venta de maquinaria agrícola y de obras públicas, limpieza mediante agua a presión y reparación de las mencionadas maquinarias".

La autorización de dicha licencia estaba sujeta a un permiso de obra mayor, para el que era necesario tener un proyecto técnico. El desarrollo de esta actividad también estaba condicionada a una licencia de actividad.

El informe del secretario del Consistorio constataba que el expediente no disponía de proyecto técnico ni declaración de impacto ambiental y que no estaba permitido el uso industrial o comercial, por lo que no podía concederse una licencia. Pero la regidora hizo caso omiso del documento y aprobó el permiso provisional, sabiendo, según la fiscalía, que el funcionario municipal se había opuesto.

Por su parte, la alcaldesa no está de acuerdo con las conclusiones del ministerio público: "El secretario accidental hizo el informe a posteriori. Y lo hizo porque el anterior secretario le amenazó. Yo nunca tuve constancia de la existencia del informe contrario del secretario. Yo no lo conocía. Y toda esta acusación se inició tras conceder una licencia, que nunca fue definitiva y que tenía un informe técnico favorable", alega la primer edil de Belmonte del Tajo, que añade: "Esta empresa, según me he enterado, está instalada en Valdelaguna, y no tiene nada que ver con nosotros, ya que el polígono industrial no se ha construido".

Pinós Sangonzalo considera, por tanto, que la denuncia de la fiscalía tiene un marcado carácter político y asegura que es una revancha porque ella misma ha denunciado en dos ocasiones al portavoz del PSOE de Belmonte, Amador Salinas, que está imputado en dos procesos judiciales por prevaricación, apropiación indebida, delitos contra la Hacienda pública y malversación de caudales públicos. "El anterior alcalde del PSOE está imputado por conceder licencias mal otorgadas y por hacer tres talones al portador que utilizó para pagar unas compras que hizo con el carné de su señora en un supermercado. No hay factura a nombre del Ayuntamiento y lo que figura en el albarán es una compra de bebidas alcohólicas y adornos de Navidad", relata la alcaldesa.


elpaís.com

LA JUEZA DE LA "OPERACIÓN CAMPEÓN" PRORROGARÁ DE NUEVO EL SECRETO DE SUMARIO

Las diligencias continuarán siendo reservadas al menos hasta febrero

EFE - Lugo 

La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Lugo, Estela San José, prorrogará de nuevo el secreto de sumario de la llamada "Operación Campeón", de forma que las diligencias seguirán siendo reservadas durante un mes más, hasta la primera semana de febrero.

Según informaron a Efe fuentes jurídicas, la jueza instructora firmará esta misma semana el auto para mantener el secreto de las actuaciones durante un mes más, dado que la actual prórroga decretada en diciembre vence este sábado 7 de enero.

De acuerdo con esas fuentes, la instructora ha tomado esta decisión a pesar de los recursos que han planteado ante la Audiencia Provincial los abogados de los exdiputados autonómicos Pablo Cobián (PP) y Fernando Blanco (BNG), quienes consideran que sus clientes se encuentran en una situación de "indefensión" como consecuencia del secreto de sumario. También el exministro de Fomento José Blanco solicitó en su día el levantamiento parcial de la reserva en las diligencias, pero su petición fue denegada.

Hace ya siete meses que la instructora de la "Operación Campeón" ordenó la intervención judicial de la empresa farmacéutica Nupel y la detención de quince personas por su supuesta implicación en una trama para obtener de forma fraudulenta subvenciones públicas.

Entre esos quince detenidos, además de dos altos cargos del Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), figuraba el propietario de Nupel, Jorge Dorribo, el único que fue enviado a prisión por la jueza, hasta que prestó declaración el día 8 de agosto, porque después de esa comparecencia ante la instructora salió, finalmente, de la cárcel.

Posteriormente, Estela San José decidió elevar al Tribunal Supremo (TS) la parte de la investigación que afecta al exministro de Fomento José Blanco, acusado por Dorribo en su declaración de haber cobrado comisiones irregulares a través de dos empresas, a cambio de favores.

"CASO GÜRTEL"; EL ESCOLTA DE CAMPS ASEGURA QUE LE DEJÓ "UNOS DOSCIENTOS EUROS" PARA UNA CHAQUETA

Camps, hoy a su llegada al juicio. / JOSÉ JORDÁN
El testigo afirma que era una práctica habitual del expresidente valenciano
La acusación anuncia que denunciará a dos testigos por falso testimonio
Nueva reprimenda a Campos por gesticular

María Fabra / Ignacio Zafra Valencia

El escolta que Francisco Camps tuvo durante los ocho años que permaneció al frente de la Generalitat valenciana ha declarado en el juicio de los trajes que un día, en el verano de 2008, prestó dinero al expresidente para realizar una compra en Forever Young, uno de los establecimientos de los que presuntamente salieron las prendas con las que le obsequiaba la trama Gürtel. “Al poco de haber entrado en la tienda, volvió a salir, se acercó a mí, me preguntó si podía dejarle dinero y le dije que sí. Creo que fueron sobre 200 euros”, afirmó el guardaespaldas.

Su versión fue confirmada por el chófer de Camps. Los dos relataron que a continuación guardaron en el maletero la bolsa “portatrajes” con las que el expresidente salió de Forever Young, aunque no supieron decir qué contenía. El escolta añadió que alguna otra vez el expresidente le había pedido dinero, aunque nunca tanto (“para un libro”, dijo). Y que cuando eso ocurría, al volver a Valencia “subía a casa, cogía el dinero y me lo bajaba”.

Nadie lo manifestó durante la sesión de este lunes y por tanto el jurado no pudo saberlo, pero la comparecencia del escolta y del chófer fue rechazada repetidamente por el juez instructor del caso, José Flors, y aceptada en última instancia por la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia valenciano. Flors se oponía a las dos declaraciones porque la americana “bléiser azul marino” rebajada que Camps asegura que compró aquel día no está entre las 25 prendas de vestir que supuestamente le regaló la trama corrupta. Es decir, que “nadie pone en duda”, en palabras del juez instructor, que la pagase.

Los dos testigos admitieron a preguntas de la fiscalía haberse reunido con Javier Boix, letrado de Camps, para repasar lo ocurrido ese día. El escolta reconoció que lo hizo en dos ocasiones, la última la pasada semana.

Este lunes, una vez finalizados los interrogatorios a cerca de 80 testigos y antes de iniciar la toma de declaración a los peritos, que comienzan hoy, el presidente del tribunal del jurado, Juan Climent, resolvió la petición de la defensa de Camps de celebrar un careo entre el informático de la tienda Forever Young, Francisco Ferre, y la contable del mismo establecimiento, Raquel Vázquez. El magistrado la rechazó.

Las acusaciones se habían opuesto al careo, entre otras cosas, tal como adelantó el abogado de la acusación particular, porque va a instar la apertura de un procedimiento tanto contra la contable como contra el propietario de la tienda, Eduardo Hinojosa, por falso testimonio y falsedad documental.

El informático declaró haber recibido instrucciones de la contable para alterar las bases de datos de la tienda y ocultar el nombre de Camps de algunos documentos de encargo. Ferre admitió que llegó a cambiar el número de cliente en la base de datos pero explicó que era imposible variarlo en los tiques, en los que únicamente se podía suprimir, y que así lo hizo. Vázquez negó haber mandado los correos electrónicos en los que aparecían las órdenes y sostuvo que un hacker había entrado en su ordenador y enviado los mensajes.

Hinojosa presentó como originales, a requerimiento del juez, esos tiques de encargo, en los que faltaba la banda superior, donde aparece el cliente. Sin embargo, el sastre, José Tomás, llegó al juicio y, en un golpe de efecto, aseguró que eran falsos y que él tenía los originales, extraídos de la causa general de Gürtel, pese a que nunca llegaron al Tribunal Superior de Justicia de Valencia.

Los documentos se admitieron y, por ello, la acusación quiere que se les investigue para averiguar si falsificaron esos documentos y, con ello, mintieron al negar haber dado instrucciones para tratar de borrar el rastro del supuesto delito de Camps.

Nueva reprimenda a Camps por gesticular
M. F. / I. Z.
Francisco Camps ha vuelto a perder la compostura este lunes en su juicio. Era el turno de la acusación popular, que interrogaba al escolta del expresidente de la Generalitat sobre cuatro trajes que el agente de seguridad supuestamente llevó a Milano, una de las dos tiendas de las que salieron los regalos que presuntamente hacía la trama Gürtel. Como varios testigos habían declarado que dichos cuatro trajes fueron devueltos en Forever Young y no en Milano, el letrado repreguntaba.

Camps, que había pasado la mañana bastante tranquilo, empezó a hacer signos de asentimiento hacia el testigo y a reír. Se giró hacia las primeras filas, donde se sienta su grupo de apoyo, y gesticuló, moviendo los labios como si hablara bajito. “¡Señor Camps, guarde silencio! Y sin gestos ni nada, por favor. No me conteste. ¡Guarde silencio, por favor!”, le reprendió el juez Juan Climent, mientras al expresidente se le oía insistir en que no había hecho gesto alguno.