martes, 29 de noviembre de 2011

"TRAMA GÜRTEL"; EL CONTABLE DE LA "PEINETA"

Izquierdo, contable de Correa. | Ical
* José Luis Izquierdo ha comparecido este martes durante más de dos horas
* El tema, la concesión de la variante de Olleros de Alba (León)
* A su salida ha dedicado el desagradable gesto a la prensa

Europa Press | Burgos

El contable de Francisco Correa, José Luis Izquierdo, ha comparecido este martes durante más de dos horas ante el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) que instruye la trama Gürtel, por su presunta implicación en la rama regional de este proceso judicial, que investiga supuestas irregularidades en la concesión de la Variante de Olleros de Alba (León).

A su salida, el colaborador del supuesto cabecilla de la trama ha dedicado una 'peineta' a los periodistas que le han esperado a las puertas del Alto tribunal y ni él ni su abogado, el letrado Calderón Maldonado, han realizado valoración alguna sobre la comparecencia.

La presencia de Izquierdo en el TSJCyL se ha extendido durante más de dos horas, ya que ha llegado al tribunal unos minutos antes de las 10.30, hora a la que estaba citado, para abandonar el edificio pasadas las 13.15 horas. Así, se trata del presunto implicado en la trama que ha comparecido durante más tiempo ante el magistrado.

El procedimiento continuará mañana, 30 de noviembre, con la declaración del supuesto cabecilla de la trama, Francisco Correa, y de Pablo Crespo.

El procedimiento continuará el jueves, 1 de diciembre, con las declaraciones de los responsables de Teconsa, Rafael Martínez Molinero y José Martínez Núñez, y seguirá los días 2 y 15 de diciembre con las comparecencias de los funcionarios de la Junta de Castilla y León que participaron en la adjudicación de las obras de la Variante de Olleros de Alba (León), por las que se ha llamado a declarar a todos los imputados.


elmundo.es

"CASO MALAYA"; LAS ESCUCHAS TELEFÓNICAS DEMUESTRAN LA SUMISIÓN DE YAGÜE HACIA ROCA

José Carlos Villanueva | Málaga

Si de algo ha servido la sesión de este martes en el juicio por el caso 'Malaya' es para demostrar, mediante la reproducción de escuchas telefónicas, el enorme poder y absoluto control que ejercía Juan Antonio Roca sobre la exalcaldesa de Marbella Marisol Yagüe. De hecho, el principal acusado fue descrito como "el alcalde de facto" por el principal testigo de la causa, Jorge González, exjefe del servicio jurídico de urbanismo municipal en octubre de 2005.

"Que yo tenga influencia sobre Yagüe no significa que yo sea el alcalde. Es como decir que Mariano Rajoy es el alcalde de Marbella, porque tiene influencia sobre la actual alcaldesa". Esta es la sorprendente respuesta que Roca le ha espetado al abogado del Consistorio marbellí, Alberto Peláez, personado como acusación particular.

Previamente, se ha podido evidenciar cómo la exregidora se había convertido en una auténtica marioneta en manos de su asesor urbanístico, tal y como ya había reflejado en el sumario el primer juez instructor del caso, Miguel Ángel Torres.

"Yo tengo claro lo que voy a hacer, pero voy a hacer siempre lo que creas conveniente", le dice Yagüe a Roca durante una conversación telefónica que ambos mantienen a comienzos de 2006. En ella el considerado cerebro de la trama la alecciona sobre cómo debe actuar desde la Alcaldía hasta las elecciones municipales de 2007.

De hecho, Roca pretendía mantener la unidad entre los exediles del GIL en un gobierno tripartito que ya hacía aguas, con enfrentamientos enquistados entre Yagüe y la tránsfuga del PSOE Isabel García Marcos -entonces primera teniente de alcalde- a la que ambos dedican insultos y descalificaciones durante la conversación reproducida.

"Ya se ha acabado lo de cederle terreno a esta hija de puta y a estos cabrones", le advierte Roca a Yagüe sobre las intrigas que se vivían en el seno del equipo de gobierno.

El principal acusado asegura haberle dicho al exsegundo teniente de alcalde, Tomás Reñones, que le echara "un capote" a Yagüe, en alusión a apoyarla, porque la Alcaldía desbordaba a la entonces regidora.

"A mi despacho váis a que os resuelva los problemas y luego me matáis al salir", le cuenta Roca a Yagüe sobre los reproches que le ha hecho al exfutbolista del Atlético de Madrid y edil de Deportes.

La sumisión de Yagüe hacia Roca era tal que este último le imponía a la alcaldesa los días que debía reunirse con él en su despacho: "Tú los martes conmigo para despachar, y los jueves en la comisión (de gobierno) son sagrados".
 
Poder de Roca
En aquellos años, entre agosto de 2003 y marzo de 2006-fecha de la detención de la ex regidora- cada vez que EL MUNDO preguntaba a Yagüe en ruedas de prensa por el enorme poder de Roca y su asesoramiento la respuesta siempre era la misma: "Ustedes le dan demasiada importancia al señor Roca cuando realmente es un simple asesor".

También este martes se ha reproducido en la sala otra conversación en la que Yagüe llama a Roca, muy alterada, ante la insistencia del empresario Ismael Pérez Peña para cobrar una deuda pendiente con el Consistorio, relacionada con el servicio de renting de vehículos y grúa.

Roca llega a decir que va a poner al interventor municipal, Juan Antonio Castro, "contra la pared". Una forma muy expeditiva de intentar que el alto funcionario llevara al pleno de la corporación el expediente de adjudicación del nuevo servicio de grúa con el que se pretendía favorecer a Pérez Peña.

Como ya es sabido, Pérez Peña alcanzó recientemente un acuerdo de conformidad con el fiscal, al declararse culpable de haber entregado un soborno de 180.000 euros a Roca y tres vehículos de regalo a Yagüe. Con ello consiguió pasar de enfrentarse a 11 años de cárcel a multa de menos de 300.000 euros.

Por último, se ha podido escuchar también una conversación entre Roca y el que fuera secretario municipal, Leopoldo Barrantes, acusado de recibir presuntos sobornos de Roca. En ella hablan de un expediente municipal que no ha podido llevarse a pleno por los reparos del interventor.

En un pasaje del 'pinchazo' telefónico el fedatario público deja una frase para enmarcar: "A todo el mundo se le pone un traje, pero a un manco habrá que ponerle un traje de manco". El fiscal interpreta que Barrantes elaboraba informes municipales a la medida de las instrucciones que le daba Roca.

Además
* Gráfico: Las claves del caso
* Quién es quién en 'Malaya'
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elmundo.es

EL EX DIPUTADO COBIÁN, ANTE LA JUEZ POR EL "CASO CAMPEÓN"

PEPE SEIJO - Lugo

Pablo Cobián, el diputado del PP en el Parlamento gallego que dimitió el pasado octubre después de que el empresario Jorge Dorribo le acusase de cobrar comisiones ilegales declaró ayer durante dos horas ante la juez instructora del caso Campeón, Estela San José. Según su abogado, Cobián presentó pruebas para desmentir las acusaciones de Dorribo, quien asegura que le pagó a cambio de que hicese gestiones a su favor en la Xunta. El exdiputado había reconocido que recibió dinero de Dorribo pero que esos pagos eran por un patrocinio publicitario para el hijo de Cobián, piloto de karts.

"Ha dado una explicación suficientemente fundamentada y basada con pruebas que pueden demostrar que eso no es cierto", señaló el abogado de Cobián, Ulises Bertolo, quien anunció que solicitará a la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Lugo el archivo de la causa. "Vamos a aportar más pruebas de refuerzo", aseguró el letrado.

Cobián fue la persona que gestionó una entrevista de Dorribo con el presidente de la Xunta, el pasado febrero, según ha reconocido el propio Feijóo. Para hoy está prevista la declaración de otro exdiputado autonómico, el nacionalista Fernando Blanco, acusado igualmente por Dorribo.

"CASO BRUGAL"; EL JUEZ CITA COMO TESTIGOS AL HIJO DE ALPERI Y A LA ASISTENTA DE CASTEDO

El magistrado que investiga irregularidades en el PGOU de Alicante interrogará a otras siete personas, entre ellas a un arquitecto del plan

SANTIAGO NAVARRO - Alicante

El juez que instruye la rama del caso Brugal sobre un supuesto amaño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante tomará declaración, en calidad de testigos, a nueve personas. Entre ellos, como ya adelantó el lunes EL PAÍS, Otto Luis Díaz, el hijo del exalcalde de Alicante y actual diputado autonómico, Luis Díaz Alperi, y al arquitecto que inicialmente asumió la redacción del Plan General, Lluís Cantallops.

Otros testigos destacados que han sido citados son la asistenta de hogar de la alcaldesa y también diputada autonómica, Sonia Castedo, y técnicos de la Gerencia Municipal de Urbanismo degradados por la regidora en 2008 en la recta final de la redacción del planeamiento. Ya destituido Cantallops, el Gobierno local del PP adjudicó el proyecto al arquitecto Jesús Quesada. Las declaraciones de los testigos comenzarán con Cantallops, el próximo 21 de diciembre y concluirán con la asistenta de Castedo y el hijo de Alperi, el 10 de enero de 2012.

Esta pieza del caso Brugal investiga un supuesto trato de favor de los alcaldes del PP, Alperi y Castedo al promotor Enrique Ortiz en la redacción del PGOU a cambio de dádivas. En el caso del hijo del exregidor, el fiscal mantiene que Ortiz puso a nombre de Otto Díaz los 30.000 euros de su cuota para constituir una mercantil publicitaria. Mientras, en el caso de la asistencia, el ministerio público sostiene que recibió un coche Mini de parte del promotor.
  

UNA AJENCIA DE VIAJES FACTURÓ A EMARSA NOCHES EN HOTELES EN LOS QUE NO SE HOSPEDÓ NADIE

La oposición exige que se depuren responsabilidades en Emarsa.-Barberá alega que los socialistas intentan implicarla porque tienen un "problema serio" con Blanco
EP

Viajes Benimàmet facturó a la empresa de depuración Emarsa, cuyos directivos son investigados por un juzgado por malversación y estafa, varias noches de hoteles en los que no se llegó a hospedar nadie. En algún caso había reserva, pero luego no acudió nadie. Así consta en la documentación recogida en el último auto dictado por el magistrado instructor de la causa, Vicente Ríos, en el que acuerda imputar a la administradora única de Management de Azafatas y Servicios, SL (Grupo Mas), y a Vicente Tomás Benlloch, administrador de Viajes Benimàmet, SL. Ambas empresas trabajaron y emitieron facturas para Emarsa, que fue liquidada con un agujero de más de 17 millones de euros y tras un saqueo de sus arcas que se estima en más de 30 millones de euros.

En concreto, Viajes Benimàmet facturó a Emarsa entre 2004 y 2010 un total de 329.270,03 euros. Del total, la agencia facturó alrededor de 60.000 euros por un servicio que en ningún caso fue prestado, y cuyo concepto eran entradas para el Gran Premio de la Fórmula 1 y para el Valencia Open 500. En realidad, según consta en la documentación aportada, lo gastado en estas entradas ascendía a unos 7.200 euros.

Además, tras haberse remitido oficios a distintos hoteles para verificar y ampliar la información facilitada por el administrador de la agencia de viajes y a tenor de algunas de las contestaciones remitidas, se observa que parte de las facturaciones de esta entidad reflejan un precio muy superior al precio real del servicio. Un ejemplo es el alojamiento del exdirector financiero de Emarsa, Enrique Arnal, junto a la ya también imputada, Eva María Marsal, en un hotel de Ibiza en diciembre de 2008, cuya factura se emitió por un importe de 1.047,16 euros. Sin embargo, este centro aportó la factura de coste del servicio por 58,64 euros y una segunda factura emitida al Grupo Mas por 50,40 euros en concepto de extras. Asimismo, las facturas emitidas por Viajes Benimàmet en fecha 21 de octubre de 2009 reflejan gastos por un alojamiento del exgerente, Esteban Cuesta, en un hotel de Benicàssim (Castellón), las noches del 12 al 12 de octubre, por importes de 144,50 y 428 euros, respectivamente. No obstante, este centro ha indicado al juez que existen dos facturas: la primera, por el importe del alojamiento, que asciende a 140,08 euros; y la segunda, a 84,50 euros, en concepto de extras.

Además, el magistrado recoge en el auto que algunos de los hoteles a los que se les ha pedido datos sobre facturación han contestado que las personas cuya información se solicitaba no se habían hospedado en ese establecimiento en las fechas referidas por la agencia Viajes Benimàmet, pese que existían servicios facturados y pagados a este proveedor de Emarsa.

Al respecto, una de las facturas refleja gastos por desplazamiento y alojamiento en un hotel de Segovia desde el 23 al 26 de mayo por importe de 430 euros. Frente a ello, el hotel ha informado de que Enrique Arnal hizo una reserva de una habitación pero ésta fue anulada con antelación al día 23, por lo que Arnal no se llegó a alojar en el hotel.

Eva María Marsal, en representación del Grupo Mas, firmó un contrato con Emarsa para realizar el diseño de la estrategia de comunicación e imagen de la entidad en los eventos nacionales e internacionales. Este grupo presentó una oferta por 29.400 euros y, sin embargo, facturó 117.926,76 euros en los ejercicios 2008 y 2009.

Responsabilidades políticas
Estos nuevos datos se divulgan en una jornada en la que los grupos de la oposición en las Cortes -PSPV, Compromís y EUPV- han vuelto a exigir hoy que se depuren responsabilidades políticas por el saqueo de Emarsa, a la que se echó el cierre con un agujero de 17 millones de euros después de que supuestamente se malversaran unos 30 millones con contratos en servicios inexistentes o innecesarios, se inflaran precios y pagaran viajes y regalos a los directivos.

El PP se ha escudado en que las críticas de la oposición tienen "intencionalidad política", pero el portavoz en las Cortes, Rafael Blasco, no ha tenido otra opción que reconocer que el contenido de las informaciones publicadas sobre Emarsa y la investigación judicial (con 13 imputados) es "escandaloso". No obstante, Blasco ha subrayado que "las cosas que están saliendo son meras informaciones que tienen que demostrarse", y ha instado a esperar a conocer el resultado de las investigaciones de la Justicia.

La portavoz adjunta del PSPV-PSOE, Cristina Moreno, ha coincidido en que el caso Emarsa es "realmente escandaloso", pero al contrario que el PP, los socialistas quieren que se determine en una comisión de investigación en las Cortes quiénes son "los responsables políticos del saqueo" en la gestión de la depuradora de Pinedo (Valencia).

Del mismo modo, la portavoz adjunta de Compromís, Mònica Oltra, ha considerado de "paradigmático" lo sucedido en Emarsa, y ha denunciado la situación de "impunidad absoluta donde el dinero sirve para irse de viaje, para pegarse comilonas y para irse a otros sitios más calentitos". "Los placeres con los pantalones subidos o bajados que se los pague cada uno", ha apostillado Mònica Oltra en referencia a las estancias en hoteles de algunos directivos con mujeres supuestamente contratadas como traductoras.

La diputada de Compromís se ha preguntado: "¿Cuántos chiringuitos como Emarsa y como el Instituto Nóos hay en la Comunidad Valenciana?". Oltra también ha lamentado que la "consigna" en esta autonomía sea, en su opinión, la de "pasen y saqueen".

El portavoz adjunto de EUPV, Ignacio Blanco, en su intervención, ha vuelto a pedir la dimisión de todos los implicados e imputados en el 'caso Emarsa' y ha instado a los dirigentes del PP a que los aparten del partido, porque "están ensuciando la imagen de los políticos". En opinión de Blanco, los casos Brugal y Emarsa "son los que manejan más cantidad de suciedad".

Barberá intenta marca distancias
Y un día más, la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ha intentado marcar distancias con la gestión de Emarsa, empresa en la que alega que no tenía ningún control pese a que el Consistorio, junto a los municipios metropolitanos del PP, tiene la mayoría absoluta en la entidad de aguas residuales. Además, el exgerente de Emarsa, Esteban Cuesta, que ha reconocido irregularidades ante el juez, fue nombrado alcalde pedáneo de Benimàmet por Barberá.

La alcaldesa ha apuntado de nuevo a los socialistas, que llevaron el caso de Emarsa a los juzgados, y ha asegurado que no entrará en su "juego" de intentar "implicar a personas que nada tienen que ver". Según Barberá, "el Partido Socialista tiene un problema serio ahora" por la posible apertura de una causa al ministro de Fomento en funciones, José Blanco, y pretende "taparlo intentando implicar a otros". "Que la justicia actúe", ha añadido.


"OPERACIÓN BABEL"; EL JUEZ JUSTIFICA LOS REGISTROS AL SOCIO DE URDANGARÍN POR LA GRAVEDAD DE LOS DELITOS

El magistrado desestima el recurso del abogado de Diego Torres y justifica los registros por la "gravedad" de los hechos
Jesús García / Andreu Manresa Barcelona / Palma de Mallorca 

Diego Torres, el socio del duque de Palma, Iñaki Urdangarin, seguirá imputado por el presunto desvío de fondos públicos a través del Instituto Nóos, la asociación sin ánimo de lucro que logró, entre 2004 y 2006, contratos a dedo de los Gobiernos balear y valenciano por cuatro millones. El juez que investiga el caso, José Castro, ha desestimado el recurso del abogado de Torres, que pidió el archivo de la causa. Según el juez instructor, las órdenes de entrada y registro en el despacho y la vivienda de Torres en Barcelona están justificados por la “gravedad” de los hechos que se investigan.

El abogado de Torres, Manuel González Peeters, expuso en el recurso que los registros fueron “desproporcionados” y que el socio de Urdangarin había entregado, antes de ser imputado, una serie de documentos al juzgado que sirvieron de base para “construir” la causa contra él. El auto del juez Castro considera, en cambio, que “la gravedad” de los posibles delitos cometidos y las penas que conllevan “justifican sobradamente la adopción de las diligencias de entrada”, ya que es difícil imaginar “otras menos gravosas” pero igual de efectivas. Castro ratifica que la documentación requerida “no acredita suficientemente” el destino de los fondos.

La investigación sobre la actividad privada del marido de la infanta Cristina tiene su origen en el caso Palma Arena, sobre las irregularidades en la adjudicación de una de las mayores instalaciones deportivas de Baleares. En ese caso están imputados el expresidente autonómico del PP Jaume Matas y otros altos cargos de su Ejecutivo. Según la pieza separada sobre el Instituto Nóos —que sigue secreta—, Urdangarin y Torres suscribieron dos contratos con el Gobierno de Matas a través del entonces director general de Deportes, José Luis Ballester, como prueban algunos correos electrónicos.

Las facturas presentadas por Nóos no justifican los gastos que supuso la celebración, durante dos días, de dos congresos en Baleares. El agujero supera el millón de euros.

El recurso de González Peeters reprochaba al juzgado no haber comunicado la apertura de la pieza secreta. El juez entiende que no hacerlo es de sentido común porque, de otra forma, “se llegaría al absurdo de que las intervenciones telefónicas tuvieran que ir acompañadas de una previa declaración” del secreto.

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REPORTAJE: COLOSAL SAQUEO DE DINERO PÚBLICO

La quiebra de una empresa metropolitana de Valencia destapa el pillaje de cargos del PP - Los directivos cargaron a Emarsa todo tipo de extravagancias

IGNACIO ZAFRA - Valencia

Bajo las anodinas siglas de Emarsa (Entidad Metropolitana de Aguas Residuales Sociedad Anónima) se esconde la historia de un colosal saqueo de dinero público. Emarsa, empresa instrumental creada por el Ayuntamiento de Valencia y otros 17 municipios cercanos, se dedicaba a depurar el caudal de las cloacas antes de liberarlo al mar, destinarlo al riego o a alimentar el parque natural de L'Albufera. Gestionaba la planta de Pinedo, la mayor de la Comunidad Valenciana y una de las más grandes de España. Y se financiaba con el canon de saneamiento que los vecinos de Valencia y su área metropolitana pagan con la factura del agua.

La sociedad costeó la compra de joyas, relojes y otros artículos de lujo

La empresa pagó millones de euros por suministros y servicios falsos

En julio de 2010, el PP, que controlaba la sociedad desde los años noventa, decidió liquidarla al encontrarse en situación de quiebra. La disolución reveló la existencia de un agujero de 17 millones de euros. La investigación judicial, que abarca el periodo de 2004 a 2010 y cuenta ya con 16 imputados por malversación, estafa continuada y delitos societarios, ha destapado que los gestores de Emarsa pagaron cantidades millonarias por servicios y suministros inexistentes. El fraude total podría superar los 30 millones. Mientras, los directivos disfrutaban a su costa de toda clase de extravagancias.

Compraban, con fondos de la sociedad, joyas, bolsos de Loewe, relojes, bolígrafos Montblanc, prendas de vestir en Armani, dispositivos electrónicos (ipods, libros electrónicos, ordenadores portátiles), accesorios de automóvil, mil euros de lotería cada año. Cargaban el alquiler de vehículos de lujo y circuitos de spa. Hacían viajes de placer con sus familias, a París, Nueva York, Johannesburgo y más destinos alojándose a gastos pagados en hoteles de cuatro y cinco estrellas. Se hospedaban en establecimientos de similar categoría, en la misma Comunidad Valenciana, acompañados de teóricas traductoras rumanas. Siempre por cuenta de Emarsa.

Fueron capaces de gastarse 92.443 euros en un año en asadores, marisquerías y restaurantes con estrellas michelín. Y aún así, en los 23.000 folios del sumario pueden encontrarse facturas de 7,5 euros de tabaco o de compras en el supermercado.

En un momento de las más de 50 horas que lleva declaradas ante el juez, el exgerente Esteban Cuesta contó cómo funcionaban las cosas. El entonces presidente de Emarsa y hoy todavía vicepresidente de la Diputación de Valencia y alcalde de Manises con el PP, Enrique Crespo, también imputado, iba a su despacho, le entregaba unas facturas de Loewe y le daba la orden de acercarse al establecimiento a pagarlas. Entre compras, viajes y banquetes, los responsables de Emarsa se gastaron en seis años casi un millón de euros, según la abundante documentación de que dispone el juez Vicente Ríos.

El instructor cuenta con multitud de indicios de que el auténtico pillaje se produjo, sin embargo, mediante el pago de suministros y servicios falsos. Algunos, inverosímiles: Emarsa pagó, por ejemplo, por reparaciones en los digestores (tanques para depurar el agua) número cuatro, cinco y seis, cuando en la planta solo había dos. Y lo hizo a empresas administradas por tres hermanos, María Paz, Víctor Manuel y Sebastián García Martínez, este último a su vez jefe de departamento de la depuradora. Contrató cursos de formación por 188.000 euros, la mayoría por Internet y sin control de asistencia.

Adquirió teóricamente, en poco más de seis meses, 164 teclados; 149 ratones; 155 fuentes de alimentación; 141 licencias antivirus y 79 monitores, aunque en Emarsa solo había 32 puestos de trabajo informatizados. El proveedor, el propio Sebastián García Martínez, actuaba, de hecho, como director de informática en la planta y a veces firmaba en su nombre como recibido y conforme las partidas que él mismo vendía... Así hasta 35 empresas ahora investigadas que facturaron a Emarsa 40,3 millones de euros.

La sociedad estaba controlada por una asamblea metropolitana en la que el Ayuntamiento de Valencia tiene el 45% de los votos y el PP goza de amplia mayoría. Trabajar en Emarsa era una canonjía (nueve empleados ganaban más que el presidente del Gobierno) y la empresa fue llenándose de cargos de segunda y tercera fila del partido y de sus socios de Unión Valenciana. El propio Cuesta, a quien Rita Barberá nombró alcalde pedáneo, se mantuvo como dirigente local del PP de Valencia hasta pocos días antes del 20-N.

La seguridad de que nadie les controlaba llevó a los directivos a ser muy poco cuidadosos. Entre las facturas pagadas a las empresas investigadas algunas tienen por detrás "impreso nada menos que una previsión de tesorería" de la propia Emarsa, ha destacado el juez. Otras, de distintos proveedores sospechosos, están escritas al principio en letras negras, que cambian a mitad a color verde, naranja o rosa. Como si al taller de fabricación de falsas facturas se le hubiera acabado la tinta.
 
Corruptelas de Emarsa: detalles de un pillaje
- 1. Gastos a costa de la sociedad pública. Los directivos cargaron a Emarsa decenas de miles de euros por la compra de joyas, bolsos de Loewe, bolígrafos Montblanc, accesorios de automóvil, décimos de lotería (mil euros al año), ipods, ropa, cestos de bebé, circuitos de spa, alquiler vehículos de lujo...

- 2. Viajes pagados. Dirigentes de la sociedad viajaron a París, Nueva York, Johannesburgo, Marrakech, Estocolmo, Andorra... En varios casos, los directivos se desplazaban con sus familias y Emarsa también pagaba los hoteles.

- 3. Comidas. Los directivos cargaron 300.000 euros en comidas a Emarsa entre 2005 y 2010. Sólo en 2009, ya en plena crisis, las facturas por comidas en marisquerías y restaurantes de alto nivel ascendieron a 92.443 euros.

- 4. Lodos (toneladas). Las empresas de tratamiento y transporte de lodos facturaron más toneladas de las que generaba la planta. Por este concepto, Emarsa pagó más de 20 millones de euros entre 2004 y 2010.

- 5. Camiones ultrarrápidos. Los camiones de transporte de lodo iban y volvían a la planta en tiempos imposibles. Supuestamente un camión salía de la planta de Valencia, llegaba a Requena (a 68 kilómetros), descargaba, volvía a la planta, cargaba y volvía a estar listo para partir en menos de 15 minutos.

- 6. Obras. Emarsa pagó 4,2 millones de euros a dos empresas que administraba la misma persona, tenía la sede en su casa y apenas tenía trabajadores. Las empresas facturaron, por ejemplo, por reparaciones en maquinaria que no existía o por pintar fachadas de edificios que, por sus características, no se podían pintar.

- 7. Partidas informáticas. Emarsa compró en menos de un año 164 teclados, 149 ratones o 141 licencias antivirus cuando solo tenía 32 puestos de trabajo informatizados. El proveedor, hermano de la empresaria que hacía las obras y reparaciones, que facturó 4,5 millones mediante dos empresas, actuaba a la vez como jefe de informática de Emarsa. En algunos casos firmaba en representación de la sociedad como recibido y conforme los suministros que él mismo vendía.

- 8. Violación de las normas de contratación. La mayor parte de los contratos investigados incumplían los principios de publicidad y concurrencia. El caso más sangrante es el del proveedor informático que admitió al juez que una de sus dos empresas facturó 1,8 millones a Emarsa sin contrato, "con un acuerdo verbal".

- 9. Oídos sordos a los auditores. Las auditorías de la firma Mazars advirtieron seis años seguidos (2004-2010) sobre las irregularidades en las formas de contratación. El presidente de Emarsa, Enrique Crespo, hizo caso omiso y afirmó ante el consejo que no detectaban problemas importantes. Crespo también rechazó la propuesta de que para acordar contratos y disposición de fondos hiciera falta al menos la intervención de dos responsables con firma mancomunada.

- 10. Empleados que solo iban a cobrar. El exgerente Esteban Cuesta ha admitido al juez que contrató por indicación de Crespo a cuatro personas que solo iban por la planta a cobrar. Uno (Luis Botella) es el concejal de Urbanismo del PP de Moncada; otra (Marisol Giner) era la exportavoz del PP de Benetússer.

- 11. La Generalitat inyectó el triple de fondos. Durante el periodo investigado (2004-2010), el Gobierno valenciano casi triplicó los fondos destinados a Emarsa (de 6,4 millones de euros en 2004 a 18,4 millones en 2009), mientras la cantidad de agua depurada sólo aumentaba un 6,5%.

- 12. Ingresos en metálico. El gerente Esteban Cuesta ingresó en sus cuentas 251.000 euros en efectivo entre 2005 y 2009.

elpaís.com

"CASO BRUGAL"; EL JUEZ ESTRECHA EL CERCO A CASTEDO Y ALPERI POR EL AMAÑO DEL PGOU

La alcaldesa y el exalcalde de Alicante habrían favorecido a Ortiz

SANTIAGO NAVARRO - Alicante

La presión política sobre la actual alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y su antecesor Luis Díaz Alperi, ambos del PP, crece en paralelo al avance de la instrucción de la rama del caso Brugal sobre un supuesto amaño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad a favor del promotor Enrique Ortiz.

Manrique Tejada, titular del Juzgado número 5, acaba de finalizar los interrogatorios, en calidad de imputados, a los 21 acusados por el fiscal Anticorrupción. Dos de los imputados que ya han declarado, un empresario y un alto cargo de Bancaja, han confirmado ante el magistrado que Ortiz les aseguró que tenía datos secretos sobre el curso de la redacción del PGOU.

En la lista del fiscal estaban incluidos Castedo y Alperi por supuesto cohecho y tráfico de influencias. Ambos son aforados por su condición de diputados autonómicos y su imputación es competencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

Fuentes del caso señalan que, de hallar indicios de delito en la regidora y el exalcalde, el magistrado enviará el sumario al alto tribunal la próxima primavera.

Tejada, en un auto firmado el pasado mes de octubre, ya advirtió de que observaba indicios de delito en los hechos investigados y resaltó la "ingerencia" de cargos públicos en la elaboración del planeamiento en favor del interés privado. En esa resolución, el juez validó las escuchas telefónicas que dieron pie a la investigación. Las defensas han apelado el auto a la Audiencia de Alicante.La policía y el fiscal Anticorrupción mantienen, sobre la base de las escuchas telefónicas, que Ortiz tuvo información privilegiada del PGOU de Alicante mediante datos secretos facilitados por Castedo y Alperi. Y además apuntan al exregidor como el cabecilla que tejió la trama. En este segundo apartado, la investigación cree que el exregidor se valió del despacho Salvetti Abogados como puente para facilitar los datos secretos del Plan General al promotor. Ese despacho se constituyó a finales de 2008, en la recta final del trámite del PGOU, y es propiedad de José Luis Castedo, hermano de la alcaldesa, y el exedil socialista Javier Gutiérrez. Ambos están imputados en el sumario.

La instrucción de este sumario continuará las próximas semanas con la toma de declaración a los testigos y otras pruebas periciales.

En el apartado testifical, las acusaciones pedirán, entre otros, el interrogatorio a Otto Luis

Díaz González, hijo del exalcalde. De la lista de supuestas dádivas de Ortiz a Alperi a cambio del trato de favor en el PGOU, el fiscal destaca la aportación del promotor en nombre del hijo de Alperi de la cuota (30.000 euros) para la constitución de la empresa de publicidad Verass Operadores Publicitarios, S. L.

En una conversación, incluida en las escuchas, entre el hijo del excalde y Ortiz, el primero le pregunta al segundo si le va a poner el dinero como le había asegurado su padre.

El diálogo entre Otto Luis Díaz González y Enrique Ortiz transcurre así.

Otto Díaz. ¿Y decírtelo por teléfono?

Enrique Ortiz. Sí. Dímelo venga.

O. D. Vamos a ver, el tema, que, a ver, que esta semana se va a firmar el ese, se va a firmar la constitución de la sociedad, vale.

E. O. Sí.

O. D. Entonces, vamos a ver, hay que poner 30.000 euros por socio.

E. O. Sí.

O. D. Entonces, esos 30.000 euros que yo en teoría tengo que poner, ¿esos lo pones tú?

E. O. (Se ríe), hombre.

O. D. No, vamos a ver, eso me dijo mi padre, yo no sé.

E. O. Sí, sí. No te preocupes.

O. D. No coño, joder, yo esto papá, ¿esto cómo va?, y me dice, eso, de eso se encarga Enrique. Pues vale, ya se lo diré, yo qué sé.

E. O. Venga vale. No te preocupes.

O. D. Vale.

Junto al hijo de Alperi, las acusaciones también estudian interrogar como testigos a los técnicos de la Gerencia Municipal de Urbanismo degradados al inicio de los trabajos de la redacción de PGOU. Estas partes no descartan incluso llamar al arquitecto Lluís Cantallops, que inicialmente asumió la redacción del PGOU, hasta que lo despidió Alperi, en favor de Jesús Quesada, también imputado en la causa.

De la prueba pericial destaca un informe de la Agencia Tributaria sobre Salvetti Abogados y otras tres firmas vinculadas al bufete según el cual esas empresas podrían haber generado un negocio de al menos 2,5 millones entre 2007 y 2010. Salvetti Abogado mantiene que el negocio que le reportó el trámite de 19 alegaciones al PGOU rondó los 20.000 euros.
 
El sumario del PGOU en datos
- Imputados. El juez ya ha imputado formalmente a los acusados por el fiscal, salvo a la alcaldesa y el exalcalde de Alicante, Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi, del PP. Los imputados más destacados son Enrique Ortiz y los abogados José Luis Castedo (hermano de la alcaldesa) y Javier Gutiérrez, exconcejal socialista.

- Acusados. La regidora Castedo y su antecesor Luis Díaz Alperi están acusados por el fiscal y sólo pueden ser imputados por el Tribunal Superior de Justicia.

- Testigos. Las acusaciones estudian llamar como testigo al hijo del exalcalde por un supuesto regalo que recibió de Ortiz.

- Agencia Tributaria. Un informe de Hacienda recoge que el despacho del hermano de la alcaldesa y tres firmas vinculadas facturaron entre 2007 y 2010 al menos 2,5 millones de euros.

elpaís.com

"OPERACIÓN CAMPEÓN"; LA FISCALÍA INFORMA QUE SE DEBE INVESTIGAR AL MINISTRO BLANCO POR EL "CASO DORRIBO"

Blanco había presentado un escrito al Supremo para poder personarse en el procedimiento


Julio M. Lázaro Madrid

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha informado que procede investigar la actuación del ministro de Fomento en funciones, José Blanco, en el caso Campeón, y que deben contrastarse los datos documentales aportados por la juez de Lugo Estela San José en su exposición razonada al Tribunal Supremo, en la que aprecia indicios de los delitos de tráfico de influencias y cohecho.

El informe de la Fiscalía ha sido realizado bajo la supervisión del Teniente Fiscal del Supremo, Juan José Martín Casallo, después de consultar a los fiscales de Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en una reunión mantenida hace una semana. Martín Casallo asumió la dirección del asunto tras la abstención del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido por razón de su amistad con el ministro.

El fiscal señala que los datos aportados por la juez San José están documentalmente contrastados, por lo que deben ser investigados. Considera que el Supremo es competente, dado que el ministro en funciones, José Blanco, es notorio que ha sigo elegido diputado a Cortes.

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha declarado tras conocer la noticia que "está bien que todos los españoles sean tratados igual ante la ley".
 
Juez instructor del Supremo
El informe, que ya ha sido presentado a la Sala de lo Penal, pide el nombramiento de un instructor del Supremo para que investigue la causa. Aunque el informe no es vinculante, en el caso de que el Supremo asuma la investigación deberá nombrar un magistrado instructor de la Sala Penal de entre un turno preestablecido.

El Supremo pidió al ministerio fiscal un informe sobre la exposición razonada que la juez San José remitió al alto tribunal el día que se iniciaba la campaña electoral en la que se daba cuenta de las acusaciones del empresario gallego Jorge Dorribo de haber pagado 200.000 euros al primo del ministro José Blanco en una gasolinera de Guitiriz (Lugo) para conseguir un contrato de medicamentos en unidosis para Laboratorios Nupel, empresa de Dorribo.

De las diversas y contradictorias declaraciones de Dorribo, la última versión apunta a que desde una cuenta del Banco de Crédito de Andorra, hizo una transferencia a la empresa Salut d'Innovació, de 150.000 euros, para el supuesto pago a José Blanco.

Según Dorribo, ingresó el dinero en esa sociedad para dejar constancia de cara a los socios y luego entregó el dinero al primo de José Blanco. El importe total fue 150.000 euros. Sus socios José Antonio Orozco, Carlos Monjero, Javier Rodríguez y el propio Dorribo estuvieron de acuerdo, según el empresario, en que los 150.000 euros los ponía la sociedad y los otros 50.000 euros lo pondría Dorribo porque era el que más se beneficiaba de la operación.

Según Dorribo, que fue encarcelado a finales de mayo y que, tras acusar al dirigente socialista en agosto, quedó en libertad provisional, a Blanco se le hicieron dos pagos en efectivo. “El primero fue cuando me reuní con él en la gasolinera. Media hora antes llegué para verme con [Manuel] Bran y le entregué 200.000 euros en billetes de 500 euros que se pidieron al banco antes del 5 de febrero de 2011”. Posteriormente, según la versión de Dorribo, hubo otro pago de unos 90.000 euros a Bran, el primo del ministro, que se retiró de una cuenta bancaria de Andorra.