miércoles, 16 de junio de 2010

ABSUELVEN AL ALCALDE DE CANILLAS DE ACEITUNO ACUSADO DE UN DELITO URBANÍSTICO

TRIBUNALES | La Fiscalía pedía un año de cárcel

Europa Press | Málaga

El Juzgado de lo Penal número 3 de Málaga ha absuelto al alcalde de la localidad malagueña de Canillas de Aceituno, José Manuel Aranda (PSOE), de un delito contra la ordenación del territorio o prevaricación urbanística del que fue acusado por conceder por decreto una licencia de obras, según la sentencia a la que tuvo acceso Europa Press.

La Fiscalía malagueña, que solicitó un año de cárcel y nueve de inhabilitación para cargo público, sostenía que concedió a un particular y a sus hermanos un permiso de obras que "contravenía frontalmente" la norma urbanística vigente y "a sabiendas" de la ilegalidad, ya que el suelo afectado por la obra estaba calificado como no urbanizable.

El juez señala en la resolución que la prueba "da lugar a razonables dudas sobre la conciencia del acusado de la irregularidad de la licencia", por lo que lo absuelve por el principio in dubio pro reo, y considera que no se puede mantener "sin duda alguna" que el acusado concediese el permiso a sabiendas de que era incompatible con la normativa vigente.

"Nos encontramos en el límite entre irregularidad administrativa e infracción penal", apunta el juzgador, que entiende que "existen indicios de que el acusado otorga la licencia con pleno conocimiento de la arbitrariedad e ilegalidad y a sabiendas de su injusticia", pero precisa que "también es cierto que existen indicios que pueden ser interpretados favorablemente al acusado".

Así, se declara probado que los promotores pidieron la concesión de la licencia en diciembre de 2005 y que el alcalde la concedió "estando clasificado el suelo afectado por la obra como no urbanizable", además de que la secretaria del Ayuntamiento y el arquitecto municipal "emitieron informes estereotipados", según el acusado, "de procedimiento".

En ellos, "exponían la improcedencia de la licencia de no cumplirse los requisitos expuestos" y, además, que la solicitud debía ir acompañada del proyecto de actuación, "pese a constar que se había presentado" dicho proyecto. "El problema es cuando el personal técnico se limita a realizar informes modelo y con clara dejadez no informan sobre el fondo", dice el juez en los fundamentos de derecho.

Asimismo, se señala que desde la Delegación de Obras Públicas de la Junta de Andalucía se requirieron documentos que justificaran la vinculación de la casa a fines agrícolas, "sin que la documentación remitida justificase suficientemente esta necesidad", que, según la sentencia, que no es firme y se puede recurrir ante la Audiencia, no queda justificada.

En este punto, el juez incide en que el proyecto de actuación "claramente" tiene como objeto "crear apariencia de legalidad" y cree "inimaginable" que se quiera justificar la necesidad de una casa con la producción de aceituna que dicen los particulares. "Es absurdo dado que cualquier persona que en el jardín de un chalet tenga cinco o seis olivos alcanza la misma producción", apostilla.
Plazos

Además, se declara probado que la Delegación de Obras Públicas no emitió su informe en plazo. Así, se concluye que "es la Consejería quien incumple lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA)", pues de haberlo emitido en plazo y al no estar acreditada la vinculación agrícola "difícil sería para el acusado mantener que desconocía la ilegalidad de su actuación".

El regidor sometió el proyecto de actuación a aprobación en pleno a finales de septiembre de 2006, recibiendo el voto a favor de la mayoría de los ediles. El informe desfavorable de Obras Públicas llegó al Consistorio el 9 de octubre de ese año y cuatro días más tarde el acusado concedió la licencia por decreto "sin recabar nuevos informes técnicos".

Para el juez, llama también la atención "la rapidez con la que mediante decreto se otorga la licencia" y explica que el mismo día que se aprobó el proyecto en pleno se dio el visto bueno a otros seis, pero luego sólo se concedió este permiso por decreto. Además, añade que no consta la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) del acuerdo de pleno, pero sí que se acordó publicarlo.

elmundo.es

"CASO MERCASEVILLA"; LOS IMPUTADOSDIERON INSTRUCCIONES PARA QUE SE EMITIERAN FACTURAS FALSAS

Según documentos aportados por la Policía

* Mellet y Ponce presentaron supuestamente dos facturas por conceptos distintos
* Debían ser abonadas por Mercasevilla pero 'con fondos de Larena'

Efe | Sevilla

Documentos aportados por la Policía a la juez que investiga presuntas irregularidades en Mercasevilla muestran aparentemente que los imputados dieron instrucciones para emitir facturas falsas, por conceptos distintos a los facturados, y para el pago en dinero negro.

En dichos documentos, un directivo sevillano de la inmobiliaria Larena, que poseía un derecho de superficie en Mercasevilla, comunica a sus superiores en Madrid que Fernando Mellet y Daniel Ponce -directivos de la empresa mayorista imputados en la causa- le han presentado dos facturas del Plan de Viabilidad y el Dictamen Jurídico que "han de ser pagadas por Mercasevilla, pero con fondos de Larena".

Para ello, añade que se le ocurre la "fórmula de que Mercasevilla nos pase una factura por instalación de vallas publicitarias", aunque añade que "quieren un talón para 'ayer'". A pie de dicho documento, escrito a mano, aparece la siguiente frase: "De los 7.000.000, también darán factura para S.M. y solo dos dinero negro".

Estos documentos han sido aportados por la Policía Judicial a la juez de instrucción 6 de Sevilla, que investiga lo que ha denominado "adjudicación fraudulenta" a la empresa Samna -una filial de la inmobiliaria Sando- de la opción de compra de los terrenos de Mercasevilla, pese a que su oferta era "contraria al interés general", según la juez.

El dueño de Larena, A.P.R., confirmó en marzo pasado a la juez que un alto cargo de la Junta y el ex gerente de Urbanismo de Sevilla Manuel Marchena le prometieron, a cambio, la concesión del mantenimiento de todas las calles de Sevilla, viviendas VPO y una estación de ITV, y que el alcalde de la ciudad, el socialista Alfredo Sánchez Monteseirín, le garantizó que "no saldría perjudicado".

'Vallas publicitarias'
Uno de los documentos aportados ahora por la Policía es la factura de 15 de marzo de 2004 en la que Mercasevilla abonó 16.938,69 euros a Larena por el concepto de "colocación de vallas publicitarias".

El otro documento es un fax, de fecha 4 de marzo de 2004, en el que el asesor sevillano de Larena sugiere a sus superiores en Madrid la fórmula de emitir una factura por el concepto de vallas publicitarias para hacer frente al pago real por el Plan de Viabilidad y Estudio Jurídico.

Estos dos conceptos, por un importe de 10.198,72 euros y 4.403,60 euros sin IVA, aparecen sumados y con el impuesto incluido por un total de 16.938,69, la misma cantidad facturada por las vallas publicitarias.

El citado fax está firmado por M.S.S., economista que en el año 2004 fue contratado por Larena como director general en Andalucía para el "montaje y financiación de la promoción que tenía proyectado construir Larena en los terrenos de Mercasevilla".

La Policía ha aportado a la juez la declaración de este economista, asistido de abogado, el pasado 17 de mayo de 2010, cuando reconoció como propio el citado fax y la firma plasmada en el mismo, si bien con la precisión de que "no recuerda esa situación" y que, en cualquier caso, él "no tomaba ninguna decisión y debió recibir instrucciones desde Madrid".

Además
* Dimite el directivo de Sando implicado en el caso
* Los prejubilados del ERE de Mercasevilla acuerdan protestas

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EL JUEZ DEL CASO ANDRATX CITA A DECLARAR A JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ EL VIERNES

como testigo

* El diputado está citado el viernes a las 11.00 horas


Efe | Palma

El juez instructor del caso Andratx, Francisco Pérez, ha citado a declarar el próximo viernes al diputado autonómico y presidente de la junta de Palma del PP, José María Rodríguez, en calidad de testigo.

Según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Baleares, el diputado está citado a las 11.00 horas en el juzgado de instrucción número 12 de Palma, encargado de este caso de supuesta corrupción durante la anterior legislatura.

Rodríguez responderá a preguntas del juez acerca de su vinculación con la pieza número 76 de este caso

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"CASO MILLET"; UNA EMPRESA DE REFORMAS DEL PALAU DIO 20.000 EUROS A LA FUNDACIÓN AFIN A CDC

El saqueo del Palau, en la arena política

* Los gestores de Natur System niegan haber financiado irregularmente a CDC
* Aseguran que sólo eran 'los pintores' del Palau desde la década de 1970

Germán González | Barcelona

La empresa Natur System, que se encargaba de obras de rehabilitación en el Palau de la Música, donó 20.000 euros a la fundación Trias Fargas, actual Catdem, en 2005, tal y como reconocieron los representantes de esta entidad en la comisión parlamentaria que trata irregularidades en esta institución.

Pese a esto tanto el gerente de Natur System, Roger Valsells como su padre y anterior propietario de la sociedad, Josep Valsells, negaron haber financiado de forma irregular a CDC a través de la Trias Fargas después de ser contratados por el Palau en diversas ocasiones para varias tareas. En concreto padre e hijo coincidieron en que eran "los pintores" del Palau ya que desde los años 70 les contrataban para esta obra. Roger Valsells también añadió que han obtenido varios concursos públicos sobre todo en los últimos cuatro años cuando entró en su accionariado la empresa Copisa y se han dedicado a optar a obras de más tamaño. En este sentido, el 7% de su facturación entre 1999 y 2008 se hizo a Adigsa, la empresa pública de vivienda, ya que aseguraron que consiguieron contratos gracias a su pionera especialización en aislamiento técnico exterior de edificios protegidos.

Los representants de Natur System destacaron que cada año daban unos 9.000 euros al Palau, entidad de la que son patronos, aunque dijeron que desconocen porque aparecen en las anotaciones del dietario de Gemma Montul al lado de varias cantidades. La ex directora financiera hacía el apunte tras recibir dinero de Ferrovial.

Los representantes de Natur System también negaron haber hecho alguna factura falsa para justificar obras en el Palau y defendieron el trabajo de Daniel Osàcar, que trabajó para la empresa hasta el 2000, cuando se jubiló, aunque después estuvo como apoderado hasta 2006 pero "sin ningún tipo de poder" destacó Josep Valsells. Osàcar fue tesorero de CDC y tras la salida de la empresa estuvo vinculado al partido. Valcells padre también declaró que respetaban la militancia de Osàcar, que se hacía fuera de horas de trabajo, y que "por motivos personales" entregó el dinero a la Trias Fargas.

Además
* El tripartito veta el caso que salpicaba a Castells
* Contratistas niegan haber financiado irregularmente a CDC
* Millet y Montull comparecerán el 28 de junio

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"OPERACIÓN PONIENTE"; EL ALCALDE DE EL EJIDO SALDRÁ DE PRISIÓN TRAS PAGAR 300.000 € DE FIANZA

Trama de corrupción municipal

Europa Press | Almería

La juez que instruye el 'caso Poniente' por una presunta trama de corrupción municipal en la localidad almeriense de El Ejido ha decretado auto de libertad bajo fianza de 300.000 euros para el alcalde, Juan Enciso (PAL).

Éste permanecía encarcelado desde el pasado mes de octubre por presuntos delitos de tráfico de influencias, blanqueo de capitales, cohecho, malversación de caudales públicos y falsedad documental.

El primer edil ya ha depositado los 300.000 euros, según las fuentes, por lo que en breve saldrá de prisión. Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Enciso está obligado a presentarse semanalmente en los juzgados.

El juzgado también ha ordenado que se le retire el pasaporte y se le prohiba salir de España. Enciso está acusado de delitos de blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos, falsedad documental, cohecho y tráfico de influencias

Además
* Los personajes clave de la trama de El Ejido

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