jueves, 31 de enero de 2013

"CASO EMARSA"; INTERVENTOR DE LA EMSHI: "HABÍA GASTOS MUY LLAMATIVOS PARA UNA EMPRESA PÚBLICA"


Declaración ante el juez
Francisco Carlos Pastor ha aludido a gastos de viajes y representación
Esteban Cuesta le aseguró que 'estaban dentro de la normalidad'

Efe | Valencia

El interventor de la Emshi, empresa que asumió la gestión de Emarsa tras su disolución, Francisco Carlos Pastor, ha afirmado ante el juez que investiga el caso Emarsa que en la entidad había gastos que le parecían "muy elevados para la actividad de una empresa que presta un servicio público".

En concreto, ha señalado que se trataba de gastos de viajes y representación, y que al ponerlo en conocimiento del presidente de la entidad Enrique Crespo y del gerente Esteban Cuesta, y éste último dijo que estaban "dentro de la normalidad".

En su declaración como testigo, Pastor ha explicado que se hizo un primer análisis de los proveedores que tenía Emarsa y se detectaron "ciertos problemas o hechos" que resultaban de interés, ya que por ejemplo, existían gastos de viaje "de mucho importe" o diversos abogados.

Asimismo, ha explicado que los costes de mantenimiento y aprovisionamientos "habían crecido de forma muy importante" desde 2004, mientras que los gatos de personal "eran muy estables en toda la serie temporal analizada".

Esto, ha indicado el interventor de la Emshi, "no cuadraba con las justificaciones que nos habían dado anteriormente", aunque tampoco en esa ocasión tuvo "una respuesta clara" ni de Crespo ni de Cuesta.

'Retribuciones por encima de los límites'
Ha indicado que siempre se había justificado que los problemas financieros de Emarsa "venían por unos excesos de costes de personal", pero las auditorías demostraban que en los convenios colectivos "se incrementaban las retribuciones por encima de los límites legales".

Pastor también ha expresado que trasladó a Crespo dudas respecto a la capacidad tanto de Cuesta como del director financiero de Emarsa Enrique Arnal, de quien ha afirmado que suministraba información "de forma deficiente y con retraso".

La respuesta de Crespo, según el interventor de la Emshi, fue que "no estaba de su mano" el poder cesar a estas personas, por lo que se le planteó la alternativa de un vicegerente o alguien que mejorara los procedimientos de la empresa, iniciativa a la que "no dio respuesta".

Pastor también ha manifestado que Crespo comentaba que era habitual que una sociedad pública "estuviera en causa de disolución aunque tuviera problemas de desequilibrio patrimonial", pero la información de la Sindicatura de Comptes, según ha dicho, reflejaba que la mayor parte de las empresas públicas no tenían esos problemas.

También ha mostrado su disconformidad con la decisión de Crespo de presentar en la junta de accionistas de la Emshi solo el informe de auditoría financiera y no las auditorías de Cumplimiento y Operativa realizadas en la Emarsa respecto del ejercicio 2008.

"CASO PALAU"; JAUME CAMPS REITERA QUE SU RELACIÓN CON MILLET ES "EXCLUSIVAMENTE PROFESIONAL"

Incluido en el saqueo a la institución cultural


Germán González | Barcelona

El ex diputado de CiU en el Parlament, Jaume Camps, imputado en el 'caso Palau', ha negado este jueves que el dinero que cobró del ex presidente del Palau de la Música, Fèlix Millet, esté relacionado con Convergència o con la empresa Ferrovial.

Según argumenta en un comunicado, los pagos corresponden a su trabajo como abogado. En un comunicado, Camps destacó que a partir de 1979 y "durante más de 20 años" fue la representación jurídica de Millet que le hizo "diversos encargos profesionales". Por eso indicó que su actuación fue "exclusivamente profesional" y las minutas de honorarios profesionales "puntualmente declaradas en cumplimento de los deberes fiscales".

"Todas las sumas percibidas del señor Millet lo fueron por el concepto de honorarios profesionales, sin ninguna relación ni con CDC ni con la empresa Ferrovial", ha destacado. Camps volvió a reiterar su "absoluta inocencia", como confía demostrar en su declaración ante el juzgado el próximo 19 de febrero

El nombre de Camps apare en un documento encontrado en el Palau de la Música junto con la anotación manuscrita "Pago 105.000m. Ferrovial" y, justo debajo, "autopista". En el mismo documento aparecieron también una serie de cifras mecanografiadas: "105.000 euros=(17.470.530.000ptes)", "El 4%=4.200.000 euros (698.821.000ptes)" y "FOC 1,5%= 1.575.000 euros (262.058.000ptes)".

ANTICORRUPCIÓN PIDE A RUZ QUE RECLAME A HACIENDA DATOS SOBRE JORDI PUJOL JR.


JUSTICIA | Tras declarar la ex novia
Quiere saber si ha regularizado fondos que pueda tener fuera de España

María Peral | Madrid

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido esta mañana al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz que se dirija a la Agencia Tributaria para que le proporcione los datos que tenga sobre Jordi Pujol Ferrusola, hijo del ex presidente de la Generalitat Jordi Pujol.

La petición se produce después de que la ex novia de Pujol Ferrusola confirmara el pasado día 17 ante Ruz la declaración que prestó en la Udef sobre los viajes realizados entre Andorra, Madrid y Londres supuestamente para blanquear fondos que la familia Pujol mantendría en cuentas bancarias andorranas.

La Fiscalía quiere saber, en concreto, si Jordi Pujol Ferrusola ha presentado alguna declaración tributaria especial para regularizar cuentas abiertas en el extranjero.

También cree procedente que el juez pregunte a Hacienda si tiene datos de que Pujol Ferrusola haya obtenido rentas fuera del territorio nacional, sea como persona física o sea como persona jurídica a través de sociedades.

CONDENADA LA EXALCALDESA SOCIALISTA DE CHIPIONA POR 345 CONTRATOS IRREGULARES


Dolores Reyes, junto al socialista Francisco Menacho, el día que asumió la alcaldía. | J.F.F.

TRIBUNALES | Siete años de inhabilitación para cargo público
Dolores Reyes Ramos autorízó las contrataciones entre los años 2000 y 2004

Efe | Cádiz

La exalcaldesa de Chipiona (Cádiz) Dolores Reyes Ramos (PSOE) ha sido condenada a siete años de inhabilitación para cualquier cargo de naturaleza electiva de ámbito local por haber realizado durante su mandato 345 contratos de personal laboral eventual para el consistorio de forma irregular.

Fuentes jurídicas han confirmado que la sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz explica que los contratos, realizados entre el 2000 y el 2004, se hicieron sin consignación presupuestaria del consistorio, sin ningún procedimiento de información pública ni de selección del personal y con informes técnicos en contra.

Por ello, la Sección Primera de la Audiencia Provincial condena a la ex alcaldesa como autora de un delito continuado de prevaricación a siete años de inhabilitación, en una sentencia que absuelve del mismo delito al entonces concejal delegado de Personal del Ayuntamiento de Chipiona José Luis Otero Jiménez.

La Audiencia recuerda que este concejal rubricó los contratos "por delegación de firma" de la exalcaldesa, quien, en el juicio, mostró su conformidad con la petición de condena que pedía para ella la fiscalía.

Dolores Reyes Ramos dejó la alcaldía de Chipiona en el 2004, al mismo tiempo en el que rompía sus relaciones con el PSOE de Cádiz, en el que desde entonces no milita.

Sin embargo continúa trabajando en el Ayuntamiento de la localidad gaditana, en la actualidad gobernado por el PP, ya que es funcionaria de la corporación.

CORRUPCIÓN: PEOR EL DESTROZO QUE EL ROBO

Juan M. Blanco (30-01-2013) 

Pocas condenas por corrupción se han dictado en España y en ningún caso se ha recuperado toda la cantidad estafada. Sin embargo, aunque parezca paradójico, el dinero detraído no es el elemento más grave de la actividad corrupta.

Aunque todos los saqueadores del Presupuesto restituyeran hasta el último euro sustraído, nuestros males no se resolverían. Llegaría, eso sí, un inmenso caudal dorado desde Suiza, Islas Caimán, Liechtenstein, Islas Vírgenes y otros paraísos fiscales para remiendo de presupuesto, alivio de deuda y bálsamo contra la crisis. Y también para quiebra de la lujosa jubilación de muchos dirigentes. Sin embargo, no compensarían, ni de lejos, todo el perjuicio causado.

Los corruptos no se asemejan a ese elegante carterista de guante blanco que birla limpiamente el efectivo pero restituye tarjetas y documentos. Actúan como esos torpes ladrones que, para desvalijar la vivienda, ocasionan destrozos por un valor muy superior a lo sustraído. Para detraer un millón de euros, la corrupción puede generar a la sociedad perjuicios desproporcionadamente mayores aunque el daño resulte menos visible que el palpable estropicio de los cacos.

Duele e indigna el expolio de los fondos pero resultan mucho más nocivos ciertos elementos que van inexorablemente unidos a la corrupción: los favores concedidos, las decisiones políticas tomadas, el ejemplo ofrecido y el ambiente creado. Una nación moderna y próspera requiere instituciones que garanticen una combinación armoniosa de competencia y cooperación entre sus miembros. Pero un régimen de cleptocracia, además de detraer fondos, impide la competencia, entorpece la eficiencia y desanima la cooperación. Lo que se observa a primera vista en la corrupción no es más que la punta del iceberg de una grave enfermedad, que corroe todo el cuerpo político y contagia al resto de la sociedad.

Quedan lejanos aquellos tiempos en que se consideraba la corrupción un lubricante, facilitador o catalizador de la economía. Ante un sinnúmero de trabas burocráticas, normas y regulaciones, unos oportunos sobornos agilizarían los trámites, permitiendo la actividad industrial, la apertura de nuevas empresas y la creación de empleo. Esta benigna visión se desvaneció al comprobar que esas normas y regulaciones no eran más que barreras establecidas deliberadamente por los políticos con el fin de crearse oportunidades de enriquecimiento inconfesable. Las trabas se dirigen a restringir la competencia, garantizando así sustanciosos beneficios a esos amigos que pagarán bien el favor concedido. Los sobornos y comisiones no agilizan nada: se parecen más a la protección que venden los mafiosos contra la amenaza creada por ellos mismos.

Un auténtico océano de leyes
Como señaló el senador e historiador romano Publio Cornelio Tácito: “corruptissima republica plurimae leges". Los gobernantes corruptos multiplican las leyes hasta el límite, creando en el sistema económico auténticos cuellos de botella donde colocar sus particulares “peajes”. Como símbolo de este contumaz latrocinio se alza una colosal pirámide formada por más de 700.000 páginas de Boletines Oficiales Autonómicos, con la friolera de 100.000  leyes, normas y regulaciones, muchas veces contradictorias e imposibles de cumplir. Esta gigantesca y enrevesada selva legal, plagada de trampas y arenas movedizas para quien no pague los “peajes”, genera en la economía nacional unas pérdidas muy superiores a los sobornos recaudados pues destruye tejido industrial y dificulta la creación de empresas.

La corrupción organizada lesiona la competencia y distorsiona el mercado pues no permite prosperar a las empresas más eficientes, ni a las que proporcionan mejor servicio, sino a aquéllas con mayor disposición a pagar sobornos. Por ello, cuando la administración contrata corruptamente servicios de empresas privadas, no solo infla el precio con las comisiones, también proporciona menos calidad. Y la omnipresente arbitrariedad genera enorme incertidumbre, desalentando la inversión productiva.

Pero el problema no se reduce sólo a empresas inadecuadas: los corruptos también impulsan proyectos inapropiados, con tremendo despilfarro de recursos escasos. Las líneas de AVEs sin viajeros, las autovías sin coches o los aeropuertos peatonales, suelen surgir de decisiones políticas que no priman las partidas con mayor rentabilidad social sino, más bien, aquéllas que mayor flujo de comisiones proporcionan. Por ello, la corrupción tiende a sesgar el gasto de las administraciones hacia proyectos faraónicos, de escasa utilidad para el ciudadano. Llamativos e inútiles monumentos salpican las Comunidades Autónomas como recuerdo, para generaciones venideras, de esta desaforada y particular fiebre del oro… ajeno.

Por todo ello, la recaudación opaca de 22 millones de euros requiere muchas decisiones dañinas para la economía, que perjudican mucho más allá de su mera repercusión en el precio pagado por los contribuyentes. Los políticos habrían favorecido a empresas poco eficientes, construido carísimas e inútiles infraestructuras o promulgado normas perniciosas para el establecimiento de nuevas de empresas y para la creación de empleo. No sorprendería que la obtención de estos 22 millones hubiera ocasionado a la sociedad un coste económico diez o veinte veces superior.  

Puntilla a la confianza y a la legitimidad
Desgraciadamente, los males causados por la corrupción ni siquiera se limitan a los ya descritos: el deterioro se extiende a las percepciones y a las actitudes de los ciudadanos. Un régimen de cleptocracia suele destruir la confianza que los ciudadanos tienen en los demás, ese delicado material con el que se teje el capital social, que permite la cooperación. Y lesiona gravemente la legitimidad de las instituciones, esa argamasa que mantiene unidas las vigas maestras del sistema político.

Los estudios muestran que, en países con líderes corruptos, los ciudadanos tienden a desconfiar de las personas ajenas a su entorno. La imagen que cada individuo se crea de los demás, de la gente en general, se encuentra muy influida por aquello que percibe en sus políticos. “¿Por qué “la gente” no va a ser capaz de hacer lo mismo que los gobernantes?”. Si los líderes son tramposos, embusteros o incumplen su palabra, los sujetos se inclinan también a recelar de sus conciudadanos, generando así una conducta poco cooperativa y una tendencia a incluirse en grupos cerrados.

Por ello, es falso el razonamiento de que los políticos son corruptos porque la gente también lo es. La causalidad es distinta: cuando la gente percibe que los políticos no son honrados, se inclina a pensar que los ciudadanos desconocidos tampoco lo son. Y el individuo tiene incentivo a comportarse de manera no cooperativa cuando cree que los demás actúan también así, con grave quebranto del capital social.

Por último, la percepción de la corrupción deteriora gravemente la legitimidad de un régimen, esa noción que impulsa a las personas a respetar las normas que emanan de la autoridad, no por temor al castigo sino por convicción. La legitimidad se refuerza cuando los ciudadanos consideran que la autoridad se ejerce de manera justa y equitativa. Pero tiende a desvanecerse cuando observan que el comportamiento de sus líderes, incluyendo el monarca, no resulta constructivo ni ejemplar. Cuando advierten que impera el privilegio, el abuso, la arbitrariedad y la corrupción. Y el fenómeno reviste muchísima gravedad: la pérdida de la legitimidad a ojos de los ciudadanos suele ser una de las señales más inequívocas de que un régimen toca a su fin.

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