miércoles, 9 de noviembre de 2011

"EN EMARSA EXISTÍA UN TALLER QUE HACÍA FALSAS FACTURAS EN CANTIDAD OBSCENA"

LA EMSHI DETALLA LA TRAMA

Imputado un exconcejal del PP del Ayuntamiento de Valencia

IGNACIO ZAFRA - Valencia

Después de narrar durante seis páginas una nueva palada de aparentes prácticas corruptas en Emarsa, la sociedad de depuración de Valencia que fue saqueada hasta llevarla a la quiebra con un agujero de 17 millones de euros, la Emshi (Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos) concluye: "En definitiva, parece como si en Emarsa existiera un taller o laboratorio de expedir contratos y facturas en cantidad tal que los errores al final surgen de manera casi obscena".

Los imputados actuaron con "absoluto descaro", según la Emshi

La afirmación, que figura en un auto conocido ayer que aumenta el número de implicados en el saqueo de Emarsa, con la imputación del exconcejal del PP de Valencia Juan Carlos Gimeno, es llamativa por varios motivos. La Emshi está y estaba en manos del PP. La preside actualmente Arturo Ros, alcalde de Tavernes Blanques, y la controla en realidad el Ayuntamiento de Valencia, que tiene casi la mitad de los votos en una asamblea que el Partido Popular domina de forma abrumadora. Hasta este verano, Enrique Crespo, alcalde de Manises, presidía la Emshi, lo que lo convertía automáticamente en presidente de Emarsa. Hoy Crespo (del PP) está acusado por la Emshi (controlada por el PP) de malversación, estafa y delitos societarios.

El juez Vicente Ríos, que ya imputó a Crespo, fue ayer más lejos: consideró que existen "motivos bastantes para creer" que Crespo, Gimeno, Esteban Cuesta (exgerente de Emarsa y dirigente del PP de Valencia) y Enrique Arnal (exdirectivo de Emarsa y exedil de Unión Valenciana) se confabularon para saquear la sociedad pública.

El último capítulo de la cloaca de Emarsa (su cometido era depurar las aguas residuales de Valencia) tiene un nombre familiar para los periodistas que cubrieron la actualidad valenciana en los años ochenta y noventa: Juan Carlos Gimeno, exedil y exdiputado provincial del PP. En 1983, después de que la estatua de Franco fuera retirada de la plaza del Ayuntamiento (entonces plaza del País Valenciano) Gimeno se acercó al lugar a depositar una corona de flores en memoria del dictador.Su nombre apareció vinculado en el caso Naseiro, y también fue polémica su actuación en el escándalo de escuchas ilegales a las que fue sometida la expresidenta socialista de la Diputación de Valencia Clementina Ródenas en 1994. Gimeno trabajó en Emarsa, como responsable ambiental, entre 1997 y 2004. El mismo día que dejó la sociedad, con un finiquito de 71.129 euros, firmó supuestamente un contrato con Emarsa que suscribieron también Cuesta y Crespo. El juez Vicente Ríos destaca que había creado su empresa solo ocho días antes y que ni siquiera le había dado tiempo a inscribirla en el Registro Mercantil. El juez manifiesta en el auto sus sospechas: "Se suscitan serias dudas acerca de la autenticidad de ese contrato".

La Emshi, controlada por el PP, es mucho más dura: "Simultáneamente a la finalización de la relación laboral con Emarsa y al cobro del finiquito, el querellado constituyó la empresa y firmó un contrato de prestación de servicios con Emarsa. O lo que es lo mismo, este nuevo querellado planificó con los responsables de Emarsa su conversión en sociedad como nueva fuente de emisión de facturas de la empresa".

El aparentemente falso contrato de 2004, del que la Emshi no tiene ningún registro, es casi idéntico a otro firmado supuestamente entre Gimeno y Emarsa en 2008. El juez considera que ello "sugiere que ambos documentos se confeccionaron en unidad de acto". Las falsificaciones, destaca el juez, parecen muy chapuceras (ver arriba).

El supuesto contrato de 2004 es importante porque el 9 de junio de 2011, con Emarsa ya disuelta meses antes, Gimeno presentó una reclamación en la que exigía 355.000 euros a Emshi como indemnización por haber roto el contrato que tenía con Emarsa. Para alcanzar esa cantidad, señala la Emshi, el exconcejal del Ayuntamiento de Valencia utilizaba la cláusula indemnizatoria recogida en el aparentemente falso contrato de 2004 pero calculaba el importe sobre la base de otro contrato, suscrito supuestamente en 2010, en el que no se preveía indemnización pero Emarsa pagaba más... Ello, afirma la Emshi, "da idea nuevamente del absoluto descaro en la manera de actuar de los querellados".

Gimeno también presentó al cobro un pagaré por importe de 9.722 euros emitido en junio de 2010 que vencía en septiembre de 2010. La Emshi vuelve a expresar sus sospechas, que el juez avala, de que en la recta final de la existencia de Emarsa, disuelta en esas mismas fechas, la máquina de emitir facturas falsas fue puesta a trabajar a pleno rendimiento, que la sociedad fue exprimida hasta el último día: "Hay que señalar que en el procedimiento ha resultado coincidente que las distintas empresas que se investigan tenían pagarés emitidos en fecha próxima a la disolución de Emarsa y con vencimiento en el momento de disolución de la empresa, mientras que los numerosos proveedores de Emarsa cuyas facturas estaban pendientes de pago y referidas a actividades corrientes de la empresa no tenían pagarés con dichas características".

Un supuesto método de estafa muy grosero
- Entre la avaricia y la chapuza. El saqueo de Emarsa, que pagó cantidades millonarias por servicios y suministros inverosímiles, reúne ambas características. Por la cantidad aparentemente defraudada (solo las primeras empresas investigadas facturaron 30 millones a la sociedad de depuración, y no dejan de aparecer nuevas firmas sospechosas) y por la muy rudimentaria forma en que se realizaba. Si no fuera tan grave, dice la Emshi, "provocaría cierta hilaridad".

- Papel reciclado. Lo normal es que una empresa redacte una factura y la presente al cobro a otra. En el caso de las que presentaba la empresa de Juan Carlos Gimeno, exedil del PP, sin embargo, se da un hecho extraordinario. En la cara de atrás de dos de las facturas que presentó a Emarsa "hay impreso nada menos que una previsión de tesorería, que se deduce que es de Emarsa", destaca el juez.

- El despacho de Arnal. Lo anterior lleva a la Emshi a concluir: "Nos encontramos ante una evidencia clara de que dichas facturas, y otras muchas seguramente, fueron elaboradas por la propia Emarsa y, en concreto, en el departamento de Enrique Arnal (ex director financiero y exedil de Unión Valenciana), imputado en la misma causa".

- A piñón fijo. Muchas de las facturas y contratos investigados por parecer falsos llevan la misma fecha. O tienen el mismo objeto y duración. O se pasan facturas por conceptos vagos. O, lo que es peor, se pasan facturas "cuyo concepto es: 'concepto por determinar".


elpaís.com

UN TRIBUNAL VUELVE A IMPUTAR AL EXTESORERO DEL PP EN EL "CASO GÜRTEL"

Bárcenas está acusado de cobrar comisiones ilegales en Castilla y León

MARÍA FABRA - Castellón

El ex tesorero del PP Luis Bárcenas aún tiene que dar explicaciones ante los tribunales por el caso Gürtel. Ahora será ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que le ha llamado a declarar, como imputado, en una causa abierta y vinculada a la "percepción de comisiones ilegales", tal como indica, en un auto, la Sala de lo Civil y Penal del propio tribunal.

Los jueces indagan si Correa repartió primas tras una adjudicación

El caso es una ramificación del entramado Gürtel que se instruye en Madrid y surgió tras la adjudicación de las obras de la variante de Olleros de Alba (León) a la empresa Teconsa, cuyos responsables también han sido imputados. Según el escrito del tribunal, los hechos podrían ser susceptibles de los delitos de cohecho y prevaricación. Por ello, también será interrogado José Manuel Fernández Santiago, actual procurador en las Cortes de Castilla y León, expresidente del Parlamento autónomo y consejero de Fomento de la Junta de Castilla y León en la fecha en la que se adjudicó la obra, en 2002.

Al igual que Bárcenas, el exdiputado popular por Segovia Jesús Merino también habrá de dar explicaciones ante los magistrados por la operación de la variante de Olleros de Alba. La fiscalía sostiene que de la documentación incautada a la red Gürtel, liderada por Francisco Correa, se concluye que tanto Bárcenas como Merino y Fernández Santiago recibieron comisiones ilegales tras la adjudicación de la obra por 2,8 millones de euros. A cambio de las gestiones por el logro de esta adjudicación, Correa cobró, supuestamente, una cuantiosa comisión que después repartió entre varias personas. A Fernández Santiago se le atribuye haberse embolsado 18.000 euros "por motivos que se desconocen", tal como indicó el Tribunal Superior castellanoleonés cuando asumió la competencia.

Los interrogatorios se realizarán a partir del 24 de noviembre pero, además, el tribunal quiere que la policía y la Guardia Civil investiguen entre las empresas que optaron a la adjudicación de la obra, con el fin de "averiguar el grado de conocimiento que pudieron tener sobre la mediación de comisiones ilegales y concurrencia de irregularidades en su tramitación y resolución".

Las imputaciones abarcan a un total de 17 personas y alcanzan al ex director general de Carreteras e Infraestructuras de la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León Luis Alberto Solis Villa, así como a otros siete responsables de servicio y de áreas del mismo departamento.

Tanto Bárcenas como Merino están pendientes aún de que se resuelvan dos recursos por el archivo de la parte de la causa que se instruye en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

En el caso del extesorero del PP, también está pendiente de que ese mismo tribunal decida sobre la imputación de su esposa, Rosalía Iglesias Villar, por un ingreso no justificado de 500.000 euros en billetes de 500 realizado en 2006.

Mientras continúan las pesquisas y la instrucción por la mayor trama de corrupción conocida en democracia, el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid Antonio Pedreira ha rebajado, por segunda vez, la fianza que exige al ex secretario de organización del PP de Galicia Pablo Crespo, número dos de la trama Gürtel, y le reclama 200.000 euros para salir de la cárcel. Pedreira argumenta su decisión en la "conducta y su carácter tranquilo", a la vez que destaca su "clara inteligencia" y considera que "no tenía la fortuna" de Correa.

También el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha resuelto otra parte del caso Gürtel, al rechazar un recurso presentado por el expresidente de la Generalitat Francisco Camps, que pretendía modificar algunos aspectos del auto que fija la fecha de su juicio, el 12 de diciembre, por recibir regalos de la trama.

elpaís.com

IÑAKI URDANGARÍN SERÁ IMPUTADO EN EL "CASO PALMA ARENA"

El duque de Palma y Matas presentan el encuentro Illes Balears Fòrum en 2005. / EFE
LOS NEGOCIOS DEL DUQUE DE PALMA

La fiscalía relata cómo el duque de Palma y su socio crearon un entramado para apoderarse de fondos públicos adjudicados ilegalmente por el Gobierno del PP en Baleares
La Casa del Rey no hace declaraciones y dice que quiere que se sigan las actuaciones judiciales

Andreu Manresa / Jesús García Palma de Mallorca / Barcelona

La documentación incautada por el Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional en las oficinas de Diego Torres, un socio del duque de Palma, Iñaki Urdangarin, en la Asociación Instituto Noos de Investigación Aplicada -que organizó distintos eventos para el Gobierno balear- demostrarían que existen suficientes indicios de malversación de fondos públicos en la actuación de esa sociedad al no justificar o justificar con facturas falsas o con costes irreales el dinero público recibido para organizar distintos actos durante el mandato de Jaume Matas (PP) entre 2003 y 2007.

Esta circunstancia hace "inevitable" la "citación como imputado" del duque de Palma para que explique ante el juez las irregularidades detectadas en la facturación de los servicios del Instituto Noos al Gobierno balear, han asegurado a este periódico fuentes de la investigación. Al respecto, la Casa del Rey ha asegurado esta mañana que no hace declaraciones sobre las informaciones aparecidas en prensa, que quiere que se sigan las actuaciones judiciales pertinentes y que se mantiene informada sobre el asunto. La agenda de la Casa Real no tiene actos para hoy.
 
El abogado del socio recurrirá el auto de registro
El socio de Urdangarin, Diego Torres, está ya imputado en la causa por los mismos hechos. Torres fue sometido ayer por la tarde a un duro interrogatorio en una comisaría de Barcelona, que se prolongó hasta pasada la medianoche. El imputado insistió en que los trabajos y las facturas del Instituto Nóos están justificados, informan fuentes judiciales. Su abogado, Manuel González Peeters, recurrirá el auto de registro ordenado por el juez porque, en su opinión, "no respeta el principio de proporcionalidad". El objetivo es conseguir que la ingente documentación incautada –sobre todo en la sede de la promotora inmobiliaria Aizoon S. L- sea devuelto.

El auto del juez en el que ordenó los registros pone en relación a Iñaki Urdangarin y a su socio Diego Torres con los dirigentes del PP en Baleares que gobernaron en esa comunidad entre 2003 y 2007, entre ellos el presidente Matas y el que fue director general de Deportes, José Luis Ballester. Los registros tienen relación con la investigación abierta sobre las irregularidades detectadas en la adjudicación de la instalación deportiva conocida como Palma Arena por la que está imputado, entre otros, el expresidente balear Jaume Matas. El juez del caso Palma Arena, José Castro, ha comentado hoy que estudiará la documentación incautada y decidirá en su momento sobre la posible imputación.

A raíz de esa investigación, se descubrieron las relaciones anómalas que mantenía el Gobierno balear con el Instituto Noos, al que adjudicaba a dedo contratos para organizar actos relacionados con el deporte por los que pagó 2,3 millones de euros. El análisis de la documentación incautada hasta ahora y de los testimonios recabados por la investigación judicial apunta a la existencia de indicios de la comisión de los delitos de falsedad documental, prevaricación, fraude a la Administración y malversación de fondos públicos. 
 
Presidente de 2004 a 2006
El Instituto Noos se fundó en 1999 como "entidad sin ánimo de lucro cuya misión es realizar investigaciones sobre el papel de la inteligencia en el mercado de la competitividad de las empresas así como servir como punto de encuentro a los profesionales de esta disciplina y al mismo tiempo promover la difusión de las investigaciones realizadas a través de cursos, conferencias, seminarios y publicaciones". Noos estuvo inactivo entre 1999 y 2003. Iñaki Urdangarin entró a formar parte de esta asociación en 2003 como administrador y ascendió a presidente en 2004, posición que ocupó hasta junio de 2006. El gerente de Noos durante este periodo era Diego Torres, que se convirtió en presidente al dejar el cargo Urdangarin.

Urdangarin y Santos, según el relato de la Fiscalía Anticorrupción, crearon un entramado de sociedades a las que derivaban todo el dinero público que recibían como asociación sin ánimo de lucro de distintas Administraciones. "La operativa consistía", según el fiscal, "en que por el Instituto Noos se fijaban unos precios totalmente desproporcionados por los servicios que prestaba para la Administración pública y tras recibir los fondos públicos se simulaba por parte de dicha asociación la contratación de servicios ficticios a dichas entidades mercantiles o presumiblemente facturados por importe superior al servicio realmente prestado, emitiendo las mismas las correspondientes facturas contra el Instituto Noos, acabando de esta forma los fondos públicos en manos de mercantiles controladas por Diego Torres e Iñaki Urdangarin". El fiscal cita seis entidades mercantiles distintas que formarían la trama empresarial montada por Torres y Urdangarin para apoderarse de los fondos públicos que el Instituto Noos recibía del Gobierno balear del PP.

Undargarin, según el relato del fiscal, entró en contacto a finales de 2004 con el entonces director general de Deportes balear, José Luis Ballester, al que le propuso montar un congreso internacional de Turismo y Deporte donde se hablase de los eventos deportivos como dinamizadores de la industria turística. Era una réplica exacta de otro acto que Noos montó en Valencia un año antes denominado Valencia Summit dedicado a las ciudades y el deporte, con los eventos deportivos como elementos dinamizadores de las ciudades.
 
Sin concurso
"Tras diversas reuniones con Ballester y [el presidente balear] Matas, se decidió por parte de estos últimos impulsar económicamente el proyecto presentado por Noos". Sin concurso ni procedimiento administrativo alguno, el Gobierno balear encargó a Noos la organización del congreso, en el que empezó a trabajar cuatro meses antes de que se firmase el contrato por 1,2 millones de euros.


Un año después, en 2006, se firmó un segundo convenio de colaboración por 1,1 millones de euros idéntico al primero para "la celebración de una segunda cumbre en Palma", con el compromiso de Noos de desarrollar "un observatorio permanente de Turismo y Deporte" con sede en Baleares y a desarrollar un plan estratégico de turismo deportivo.

La Fiscalía entiende que además de "serias irregularidades administrativas" en la tramitación de ambos convenios, "ni el presupuesto para su cuantificación respondía a la realidad ni se justificó su inversión e incluso las facturas presentadas (entre ellas una que beneficiaba al hermano de Undargarin) con tal propósito, aún dándolas a todas por buenas, no cubren ni con mucho la justificación de lo recibido, dándose además la circunstancia de que muchas de ellas responden a conceptos ajenos a los eventos contratados y que la ausencia de ánimo de lucro que se pregona del Instituto Noos no se corresponde con la de sus directivos que facturaron contra aquel importantes sumas de dinero".



Cayo Lara: "Si la ha hecho, que la pague"

VERA GUTIÉRREZ CALVO

“Todos somos iguales ante la ley y vamos a tener que verlo en este caso. Si la ha hecho, que la pague. Y esperamos al menos una reprimenda por parte del jefe del Estado, que le diga a Urdangarin que estas cosas no se pueden hacer”, ha manifestado Caya Lara en un acto en la localidad madrileña de Rivas-Vaciamadrid.

“Es una barbaridad. No es posible que en la Jefatura del Estado pasen estas cosas. Es la primera institución que debe dar ejemplo”, ha añadido el líder de IU, el único hasta ahora en pronunciarse sobre el caso.


"OPERACIÓN MOLINOS"; LA POLICÍA DETIENE OCHO ORAS AL EXEDIL BECERRIL Y REGISTRA SU CASA SIN ÉXITO

Antonio Becerril abandona la Jefatura Superior de Policía acompañado por su abogada tras declarar, poco antes de las cinco de la tarde de ayer. Foto: ÁNGEL DE CASTRO
Gestiones bajo sospecha

El juez autoriza una petición de la Brigada de Blanqueo, que buscaba "elevadas" cifras de dinero en efectivo. Tan solo hallaron 200 euros a pesar de que un informe sobre sus cuentas le acusa de cohecho y blanqueo

E. BAYONA

La Brigada de Blanqueo del Cuerpo Nacional de Policía detuvo ayer durante cerca de ocho horas al exteniente de alcalde de Infraestucturas y Participación del Ayuntamiento de Zaragoza y actual coordinador del grupo municipal del PSOE, Antonio Becerril, en uno de los flecos de la pieza separada de la Operación Molinos en la que el exedil está imputado junto con cuatro empresarios --entre ellos el exalcalde de La Muela Carmelo Aured-- por tráfico de influencias y revelación de secretos.

La operación, iniciada a las nueve de la mañana, incluyó el registro del domicilio del político, en el que los investigadores solo hallaron unos 200 euros en metálico cuando el informe en el que se basó el dispositivo concluía que allí podría haber "elevadas cantidades de dinero en efectivo", además de papeles relacionados con mordidas y sobornos y, por último, pistas que pudieran conducir a "cuentas en el extranjero" controladas por el exconcejal y exdirigente socialista.

Los agentes intervinieron algunos documentos, aunque ayer no trascendió su contenido. Una portavoz oficial de la Jefatura Superior de Policía declinó ofrecer ningún dato --eludió confirmar la detención-- sobre la operación.

La suegra del exedil, de 85 años, sufrió una indisposición al ver cómo la Policía llegaba al domicilio de su hija --también presente-- y su yerno, detenía a este último y comenzaba un concienzudo registro de la vivienda.

INSTRUCCIÓN El arresto, autorizado por el magistrado del Juzgado de Instrucción número 5 de Zaragoza --su titular, Francisco Picazo, instruye el caso-- a petición de la Brigada de Blanqueo, tiene su origen en un informe de los investigadores que señala a Becerril como sospechoso de los delitos de cohecho --soborno-- y blanqueo --reintroducción de dinero sucio en los circuitos legales--.

El documento se basa en el análisis de las cuentas bancarias en las que Becerril aparece como titular o apoderado. El elevado número de libretas se debe a dos motivos: uno, haber liderado durante varios años la agrupación del PSOE de Garrapinillos --tiene en torno al centenar de afiliados--; el otro, las normas impuestas hace ocho años por el equipo de José Luis Rodríguez Zapatero, que obliga a ingresar en una cuenta las cuotas de los afiliados de listado y en otra, las de aquellos reacios a figurar como militantes.
 
16.000 EUROS La Brigada de Blanqueo detectó que en los ejercicios del 2008 al 2010 --Becerril está encartado y suspendido de militancia desde la primavera del 2009-- llegaron a esas cuentas vía transferencia y en efectivo unos 16.000 euros --5.330 de media anual-- cuya procedencia no está acreditada. Los investigadores relacionan esos movimientos de dinero con un supuesto cobro de comisiones, aunque estas supondrían apenas un 0,1% de los 14 millones en los que están valoradas las contratas cuya adjudicación está bajo sospecha. Y también señalan que en esas fechas descendieron las salidas de dinero de las cuentas familiares de los Becerril.

Durante su interrogatorio en las dependencias de la Brigada de Blanqueo, que comenzó pasadas las dos del mediodía y finalizó cerca de las cinco de la tarde, Becerril ofreció varias explicaciones tan verosímiles como exculpatorias sobre el origen esos ingresos en efectivo: los de las cuentas familiares provienen de las pensiones de sus suegros y del efectivo que él y su mujer puedan manejar, mientras que los de las libretas del partido proceden del pago de cuotas en efectivo, la venta de lotería de la agrupación y las fiestas que hasta hace un año organizaban y cuyos beneficios destinaban ocasionalmente a cubrir las mensualidades.

Noticias relacionadas

"CASO PALMA ARENA"; EL GOVERN PAGÓ A NÓOS 450.000 EUROS POR UN OBSERVATORIO TURISMO-DEPORTE

La entidad vinculada a Iñaki Urdangarín recibió esos fondos a un mes de las elecciones del 2007
    
F.ARMENDÁRIZ/J.F.MESTRE. PALMA ­

El Govern de Jaume Matas, principal imputado en el caso Palma Arena, pagó casi 450.000 euros al Instituto Nóos, vinculado al duque de Palma, Iñaki Urdangarín, por un Observatorio Permanente del Deporte y Turismo, cuyas actividades son totalmente desconocidas. Nóos giró las facturas al Govern un mes antes de las elecciones de mayo del 2007; después Matas perdió el poder y acabó trasladándose a vivir a Estados Unidos.

El juez José Castro ha abierto una pieza secreta en el caso Palma Arena para tratar de esclarecer el destino final de los 2,3 millones de euros públicos abonados por el Govern del PP, entre 2005 y 2007, al Instituto Nóos de Estudios Estratégicos, Patrocinio y Mecenazgo.

Nóos, a cambio, y gracias a convenios firmados con los organismos públicos Illesport e Ibatur, organizó, en 2005 y 2006, sendos foros Turismo-Deporte en Palma.

El esposo de la infanta Cristina fue presidente de Nóos hasta abril del 2006, cuando presentó su dimisión. Le sucedió en el cargo, el hasta entonces vicepresidente, Diego Torres, profesor universitario, experto en marketing e imputado en el sumario.


"CASO PALMA ARENA"; LA FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN CREE QUE URDANGARÍN USÓ DINERO PÚBLICO

La Fiscalía Anticorrupción afirma que Iñaki Urdangarín y su socio, Diego Torres, montaron un "entramado societario" para "apoderarse" de fondos públicos

EFE.PALMA

La Fiscalía Anticorrupción de Baleares afirma que el duque de Palma, Iñaki Urdangarín, y su socio Diego Torres montaron un "entramado societario" para "apoderarse" de fondos públicos y privados que recibía el Instituto Nóos, una entidad sin ánimo de lucro que presidieron ambos.

Así consta en el escrito de diligencias dictado por el juez del caso Palma Arena, José Castro, para autorizar los registros llevados a cabo esta semana por el fiscal Anticorrupción de Baleares Pedro Horrach en empresas de Barcelona de este supuesto entramado y cuyo contenido textual publican El Periódico de Catalunya y El Mundo en su web.

La operación se ha saldado ya con el registro de varias de estas sociedades y también de la vivienda de Torres, a quien el fiscal tomó declaración anoche.

Fuentes de la investigación han explicado a Efe que el juez deberá ahora examinar toda la documentación para estudiar la posible citación como imputado de Urdangarín en el juzgado de Palma.

Según refleja el juez en su auto, Anticorrupción investiga al duque de Palma y a Torres por supuestos delitos de falsedad documental, prevaricación, fraude a la Administración y malversación de caudales públicos en dos convenios suscritos en 2005 y 2006 entre el Govern balear, presidido entonces por Jaume Matas (PP), y el Instituto Nóos por 2,3 millones.

Relata que Urdangarín entró en 2003 como administrador de esta entidad sin ánimo de lucro y al año siguiente ostentó el cargo de presidente, momento en que era gerente Torres, quien pasó a dirigirla cuando el duque de Palma dejó su presidencia en 2006.

"La única finalidad perseguida con la asunción o toma de control del Instituto Nóos era contar con la cobertura de una asociación que formalmente no perseguía ánimo de lucro (una especie de ONG dedicada a proyectos sociales)", afirma el fiscal.

Añade que de esta manera conseguían varios objetivos: aparentar que no querían lucrarse, rodearse "del prestigio social derivado de las actuaciones altruistas" de la asociación y "evitar suspicacias por parte de terceros al financiarse básicamente con fondos procedentes de organismos públicos".

Simultáneamente, afirma Anticorrupción, organizaron un "entramado societario" para desviar los fondos públicos y privados que recibían del Instituto Nóos y "apoderarse" de ellos.

"La operativa consistía en que por el Instituto Nóos se fijaban unos precios totalmente desproporcionados por los servicios que prestaba", narra el fiscal, que añade que luego la Administración "simulaba" la contratación de "servicios ficticios" o inflados, de manera que los fondos públicos acababan "en manos de mercantiles controladas por Diego Torres e Iñaki Urdangarín".

Estas empresas, registradas esta semana en Barcelona en el marco de la operación, son la inmobiliaria Aizoon (propiedad de Urdangarín), así como Nóos Consultoría, el bufete Tejeiro, Virtual Estrategies, Intuit, Shiriaimasu y De Goes Center for Stakeholder Management, estas últimas vinculadas a Torres y familiares suyos y que, en muchos casos, comparten sede social.

Este supuesto proceso de desvío de fondos públicos se produjo, según Anticorrupción, en el caso de dos convenios por valor de 2,3 millones de euros suscritos entre el Govern balear y Nóos en 2005 y 2006 para organizar dos congresos de turismo y deporte.

En el caso del primero, por 1,2 millones, el fiscal afirma que Urdangarín y Torres "se concertaron" con el expresidente Matas y el ex director general de Deportes José Luis "Pepote" Ballester para "beneficiar de forma fraudulenta" al instituto usando un procedimiento administrativo irregular y fijando un precio "totalmente desproporcionado".

El contenido del segundo convenio, añade, es "prácticamente idéntico" y su cantidad, 1,1 millones, se estipuló sin responder a la realidad y se justificó con facturas que, en muchos casos, "responden a conceptos ajenos a los eventos contratados".

En el auto, el juez dispone los registros llevados a cabo en esta operación y manda analizar todas las operaciones de estas empresas con Torres y Urdangarín, así como con varios políticos baleares: el expresidente Jaume Matas; el que fuera conseller balear de Turismo con este último en la legislatura 2003-2007, Joan Flaquer; la consellera de Presidencia y Deportes en ese periodo, Rosa Puig, y el ex director general de Deportes José Luis "Pepote" Ballester.

También manda que se examinen las operaciones que guardan relación con varios familiares de Torres supuestamente implicados en el entramado empresarial, como son Ana María Tejeiro (esposa de Torres), y Marcos y Miguel Tejeiro (hermanos de Ana María).

diariodemallorca.es

"TRAMA DE LOS ERE"; NUEVO FALLO DEL TSJA POR EL "DESPRECIO TOTAL AL DERECHO" DEL "FONDO DE REPTILES"

Rechaza la ayuda a Marco de Estudios y Proyección Siglo XXI

Sebastián Torres | Antonio Salvador | Sevilla

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha dictado una segunda sentencia en la que pone de manifiesto el "total desprecio al Derecho" mediante la concesión de ayudas del 'fondo de reptiles' de la Junta.

Al igual que en el fallo anterior, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso del TSJA, con sede en Sevilla, considera "nula de pleno derecho" una subvención de 600.000 euros concedida por la Consejería de Empleo sin ninguna tramitación.

El TSJA rechaza así que la empresa Marco de Estudios y Proyección Siglo XXI SL tenga derecho a cobrar dicha ayuda, concedida el 17 de noviembre de 2007 mediante una resolución del director general de Trabajo Javier Guerrero.

"Para dictar cualquier acto administrativo se debe seguir el procedimiento establecido" que, en este caso, lo marca la Ley General de Subvenciones, según la sentencia. "En el caso de autos, no se ha efectuado ninguno de los trámites exigidos por ley", aparte de la resolución de Guerrero concediendo una ayuda de 600.000 euros a Marco de Estudios y Proyección Siglo XXI.


elmundo.es

"CASO PALMA ARENA"; ANTICORRUPCIÓN ACUSA A URDANGARÍN DE "APODERARSE DE FONDOS PÚBLICOS

INVESTIGACIÓN | Su instituto fue contratado por el Gobierno balear

    * Según el auto, el Instituto Nóos fijaba unos precios desproporcionados
    * Los fondos acababan en manos de sociedades mercantiles

Eduardo Inda | Esteban Urreiztieta | Madrid | Barcelona

La Fiscalía Anticorrupción de Baleares atribuye a Iñaki Urdangarin una actividad encaminada a "apoderarse" de "fondos públicos" del Gobierno balear, utilizando facturas falsas e infladas y valiéndose de presupuestos y servicios ficticios. La operativa presuntamente empleada por el duque de Palma consistía en "concertarse" con los "responsables políticos" para desviar el dinero a un "entramado societario" organizado para tal fin.

Sobre la base de lo mantenido por Anticorrupción, el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, dictó el lunes el auto en el que acordaba la entrada y registro en las sociedades de Urdangarin y de la infanta Cristina.

En el escrito, el juez indica que la investigación sobre Urdangarin, sus socios en el Instituto Nóos que presidía y las autoridades implicadas podría suponer la comisión de los delitos de fraude a la Administración, prevaricación, falsedad documental y malversación de caudales públicos.

El juez recoge el relato de la Fiscalía, basado en el examen del cobro por parte de Nóos de 2,3 millones de euros públicos por la organización en Mallorca del Illes Balears Forum, dos jornadas sobre Turismo y Deporte que tuvieron lugar en 2005 y 2006. Fuentes de la investigación calculan que el desfase entre el coste real de los dos congresos y el dinero adjudicado a Urdangarin y sus socios podría rondar los 2 millones.

"La operativa consistía", dice el auto, en "fijar unos precios totalmente desproporcionados por los servicios que prestaba para la Administración". De esta manera, la entidad percibió 1,2 millones por el primer congreso y 1,1 por el segundo.

"Tras recibir los fondos públicos, se simulaba por parte de dicha asociación la contratación de servicios ficticios o presumiblemente facturados por importe superior al servicio realmente prestado". "De esta forma", añade, "los fondos públicos acababan en manos de las mercantiles controladas por Diego Torres [ex vicepresidente de Nóos] e Iñaki Urdangarin".

Además
* EU denuncia los contratos de Camps con Urdangarín
* Lea el auto judicial con las claves de la trama

"CASO BRUGAL"; ORTIZ NIEGA LA EXISTENCIA DE "FAVORES" CON RIPOLL POR EL PLAN ZONAL DE RESIDUOS

Rechaza contestar las preguntas del juez de Orihuela

* Niega que comprara la finca 'La Pistola' a Fenoll ni que formara UTE con él
* Asegura que entre Ripoll y él nunca hubo presuntos favores ni compensaciones
* Rechaza que el ex presidente le pidiera dos pisos o un millón de euros
* Añade que 'nunca' pagó a Rafael Gregory para que hiciera de intermediario

Europa Press | Orihuela (Alicante)

El empresario Enrique Ortiz se ha acogido a su derecho a no declarar ante el titular del juzgado de primera instancia número 3 de Orihuela (Alicante), Carlos San Martín, si bien ha hecho un manifiesto en su defensa para negar todos los hechos de los que se le acusa en la investigación de la parte del 'caso Brugal' relativa a supuestas irregularidades del Plan Zonal de Residuos de la Vega Baja, según ha explicado su abogado, Alejandro Bas Carratalá.

Enrique Ortiz, que ha salido de la sede judicial sobre las 10.35 horas, acompañado de su abogado, ha declinado realizar ninguna declaración ante los medios de comunicación que le esperaban a la puerta.

Su letrado, Bas Carratalá, ha aclarado que su cliente se ha acogido a su derecho a no declarar, aunque sí ha realizado "cinco manifestaciones" en su defensa ante el juez, la primera de ellas negando todo los hechos de los que se le acusa.

Además, el empresario "ha dejado claro" que no ha comprado la finca 'La Pistola', propiedad del empresario Ángel Fenoll, y ha asegurado que Novalis Medio Ambiente, SL --mercantil resultante de la Unión Temporal de Empresas (UTE) entre Cespa y Ortiz-- "nunca estableció una UTE con Fenoll".

Así mismo, según su abogado, Ortiz ha querido dejar claro que "es absolutamente falso" que el expresidente de la Diputación provincial de Alicante, José Joaquín Ripoll -también imputado en la causa-, "le pidiera dos pisos o un millón de euros, así como que Ripoll le pidiera favores, ni que él mismo se los pidiera al político alicantino".

En cuanto a Rafael Gregory, otro de los imputados en el caso, Ortiz ha subrayado ante el magistrado que "nunca" le pagó para que hiciera de intermediario en la tramitación del plan zonal de residuos.

Por último, ha defendido que la UTE entre Cespa y Ortiz ganó el concurso del citado plan zonal "porque fue la mejor valorada por los técnicos".

Además, ha explicado al juez que cuando fueron adjudicatarios del plan, eran "conscientes de que ningún ayuntamiento quería tener una planta de tratamiento de residuos en su municipio, por lo que ofrecieron ubicaciones en diferentes sitios para encontrar la ubicación menos problemática".

Además
* Gregory rechaza declarar 

* Artacho acude al juzgado

elmundo.es

AMPLÍAN LA INVESTIGACIÓN SOBRE MALVERSACIÓN EN EMARSA A DOS NUEVAS EMPRESAS

IEM y CRM Adecua

* El juez imputa al ex concejal del Ayuntamiento de Valencia Juan Carlos Gimeno
* Trabajador de Emarsa, era también representante legal de ambas firmas

Efe | Valencia

El juzgado que investiga supuestos delitos de estafa continuada y malversación de caudales públicos cometidos en la Empresa Metropolitana de Aguas Residuales (Emarsa) ha acordado la ampliación de la investigación a las mercantiles Instituto de Empresa del Mediterráneo (IEM) y CRM Adecua.

Así lo ha dispuesto el titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia en un auto en el que estima la ampliación de la querella interpuesta por la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi) en relación con los contratos habidos entre Emarsa y estas sociedades, e imputa al representante legal de éstas, el ex concejal del PP del Ayuntamiento de Valencia Juan Carlos Gimeno.

De este modo, el magistrado Vicente Ríos, dedicado en exclusiva a esta instrucción, interrogará próximamente sobre estos hechos a Gimeno, encargado de gestión ambiental de Emarsa entre 1997 y 2004, según recoge el escrito.

También interrogará al respecto al exgerente de Emarsa -gestora de la Depuradora de Pinedo- entre 2004 y 2010, Esteban Cuesta, al director financiero de la sociedad entre 1996 y 2010, Enrique Arnal, -ambos imputados en la causa desde el principio- y al expresidente de la Emshi, a la que pertenecía Emarsa, y alcalde de Manises, Enrique Crespo (PP) -al que el juez imputó hace unas semanas-.

En el auto, contra el que cabe recurso, ha resuelto asimismo que se recabe información sobre la hoja histórico penal, patrimonio y cuentas bancarias de Gimeno desde octubre de 2004, así como que se remitan las cuentas anuales de IEM y CRM Adecua desde esa fecha y se investigue el patrimonio de ambas sociedades.

La resolución tiene lugar después de que el pasado 7 de octubre comenzaran las comparecencias de los hasta entonces nueve imputados en la causa, tres dirigentes y seis empresarios, a los que el juez sumó posteriormente el también vicepresidente de la Diputación de Valencia, Enrique Crespo (PP).

El PSPV -acusación popular en la causa- sostiene que Emarsa contrató entre 2004 y 2010 "suministros y servicios no prestados" con sociedades que facturaban "millones de euros no justificados", unas operaciones que podrían "superar los 40 millones de euros".

Según el magistrado, de la instrucción se desprenden "numerosísimos indicios" de que un "número considerable" de personas se concertó para obtener beneficio ilícito a costa de los fondos de la sociedad "de manera continuada" entre los años 2004 y 2010, cuando se acuerda la disolución de la empresa.

Halla también indicios de que "muchos de los trabajos facturados" a Emarsa por las personas o empresas investigadas "o bien no fueron realizados o bien se facturaron a precios que no correspondían con las tareas efectivamente realizadas".

En el auto difundido este martes, el instructor destaca que "apenas ocho días antes" de recibir 71.129 euros como finiquito por su empleo en Emarsa, Juan Carlos Gimeno constituyó la mercantil Instituto Empresa del Mediterráneo (IEM), del que fue nombrado administrador único.

Señala que la mercantil, dedicada a la consultoría empresarial, comenzó a facturar a Emarsa en el año 2005, y que el contrato fijaba unos honorarios de 3.500 euros mensuales sin IVA, que en 2006 ascendieron a 4.176 euros, IVA incluido.

Destaca además facturas aportadas y correspondientes a los "años 2007 y siguientes", entre las que se hallan documentos que "obran como originales en los archivos de Emarsa" pero sobre los que existen "claros indicios de su falsificación" y de que ésta se produjo "en dependencias de la propia Emarsa".

El juez estima que el ex concejal, por medio de IEM, se concertó con varios de los imputados en la causa -"Cuesta, Arnal e incluso Crespo"- para obtener un beneficio a costa de la empresa pública.

Sobre la segunda mercantil sobre la que amplía la investigación, CRM Adecua, indica que ésta, representada asimismo por Gimeno, emitió facturas cuyas "características e irregularidades requieren investigación".

Igualmente, el magistrado examinará la facturación realizada a Emarsa por la Fundación Ciudades Sostenibles y el Club de la Excelencia, "que se dice están relacionadas con Gimeno".

Además
* El fiscal pide retirar el pasaporte al ex gerente de Emarsa

elmundo.es

"CASO PALMA ARENA"; LA POLICÍA RECOGE CONTRATOS DE LA GENERALITAT VALENCIANA CON EL INSTITUTO DE URDANGARÍN

Urdangarín y la Infanta Cristina en un evento del Hispanic Heritage en Washington | O. Douliery
* La Generalitat tenía firmados dos convenios por un importe de 1,7 millones
* El instituto recibió 2'4 millones de euros en 2005 y 2006 por Valencia Summit
* El Consell dice que los contratos se hicieron 'de acuerdo a la legalidad'

Efe | Valencia

Agentes de la Policía Judicial han recogido de las sedes de la Conselleria de Presidencia y de la Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa) documentación referida a los contratos firmados con el Instituto Nóos, investigado en relación con el caso Palma Arena de supuesta corrupción, tal y como informa hoy EL MUNDO.

Según han informado a Efe fuentes de la Generalitat y de Cacsa, la Policía Judicial se personó este lunes en las citadas sedes y "solicitó información", se le entregó la documentación requerida y "se colaboró" con las autoridades "en todo momento".

La Generalitat tenía firmados dos convenios con el Instituto Nóos, empresa que presidió el duque de Palma, Iñaki Urdangarín, por un importe total de algo más de 1,7 millones de euros.

Uno de los convenios, según las mismas fuentes, fue firmado por Cacsa en 2004 para la celebración de las jornadas Valencia Summit, una cumbre internacional de expertos en la gestión de acontecimientos deportivos.

El convenio estuvo vigente tres años y el Instituto Nóos recibió por este concepto 450.000 euros anuales, lo que supone un total de 1.350.000 euros.

Según la Generalitat, este convenio "fue objeto de fiscalización" por parte de la Sindicatura de Cuentas y el Tribunal de Cuentas que determinaron que todas las actuaciones se habían efectuado "de acuerdo a la legalidad".

El otro convenio fue firmado en 2005 por la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunidad Valenciana, dependiente del Consell, con el Instituto Nóos para preparar la candidatura de la Comunidad como sede de la primera edición de los Juegos Europeos, que nunca llegaron a celebrarse.

Como esta cita deportiva no se celebró, el Instituto Nóos solo cobró, según las mismas fuentes, "un 6% del total del convenio", lo que supuso un total de 382.000 euros "por los trabajos previos realizados".

Igualmente, este convenio fue fiscalizado de acuerdo con la Intervención General "y tampoco se detectó ningún tipo de irregularidad", ya que "estaba ajustado a la legalidad".

Esquerra Unida (EU) ha anunciado que este miércoles acaba el plazo para que la Generalitat le facilite copia del convenio firmado en 2005 para ayudar a que la Comunidad acogiera los Juegos Europeos, cifrado en 3 millones de euros y de los que al menos se pagaron 382.000 euros.

El diputado de EU en las Cortes Valencianas Ignacio Blanco ha indicado que ya pidieron ese contrato anteriormente y no les fue facilitado, y ha instado al Consell a despejar la "sospecha de irregularidades" y de una "malversación de fondos públicos" en la gestión de subvenciones, por lo que además presentarán más solicitudes de información.

Blanco ha asegurado que el citado instituto recibió de la Generalitat y del Ayuntamiento de Valencia 2'4 millones de euros en 2005 y 2006 por la celebración de las jornadas Valencia Summit, y ha alertado de que, si el Consell no da esa información, sospecharán que tienen "algo que esconder".

El grupo parlamentario de Compromís ha ofrecido su colaboración a la Fiscalía Anticorrupción para facilitarle la documentación de que dispone sobre la actividad del Instituto Nóos en la Comunidad y ha denunciado que dicha entidad recibió 382.000 euros de la Generalitat "por no hacer absolutamente nada".