miércoles, 27 de octubre de 2010

"CASO ASTAPA"; INVESTIGAN LA REVENTA DE UN SOLAR POR UN MILLÓN MÁS EL MISMO DÍA DE LA COMPRA

TRIBUNALES

Efe | Málaga


La Policía Nacional investiga en el marco del 'caso Astapa' la venta de una parcela de los padres del ex jefe de gabinete de Alcaldía de Estepona (Málaga) José Flores, a una empresa que la revendió ese día a otra sociedad por aproximadamente un millón de euros más que en la primera operación.

Según desvela el tomo XXXII del sumario del caso Astapa, al que ha tenido acceso Efe y donde se investiga la presunta corrupción municipal en el Ayuntamiento de Estepona, el hermano de Flores declaró que desconocía que se hubiera producido una segunda venta de los terrenos.

Por su parte, el adquiriente indicó que "la primera y segunda compra-venta fueron consecutivas, estando todas las personas participantes de las mismas en la notaría".

La Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional estima necesario que el juzgado emita una Comisión Rogatoria Internacional al Reino Unido para que localice a los compradores, dos ciudadanos británicos y se les tome declaración.

El objetivo es esclarecer los delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales que podrían haber cometido a raíz de dichas compras y determinar la implicación en las mismas de las personas participantes.

En el 'caso Astapa', iniciado el 17 de junio de 2008, hay 70 imputados, entre los que figuran el ex alcalde, Antonio Barrientos; el que fuera su jefe de Gabinete, José Flores; y los ediles del Partido Estepona, José Ignacio Crespo y Manuel Reina.

Crespo y Reina continúan formando parte de la Corporación, al igual que otros seis ediles no adscritos, cinco de los cuales fueron expulsados del PSOE a raíz de su imputación en esta trama.

Los delitos que se imputan van desde el blanqueo de capitales, prevaricación, cohecho, malversación y tráfico de influencias, entre otros.

El caso se inició tras la denuncia interpuesta por el actual alcalde socialista, David Valadez, y la concejala Cristina Rodríguez en noviembre de 2006 ante la Dirección General de la Policía al entender que en el Ayuntamiento se podrían estar cometiendo los presuntos delitos de malversación o cohecho, entre otros.

JOSÉ MARÍA PAJÍN NIEGA HABER MEDIADO ENTRE ORTIZ Y FOMENTO EN EL PLAN URBANÍSTICO DE RABASSA

Nuevas revelaciones del 'caso Brugal'

El empresario alicantino se quejó al padre de la ministra de Sanidad de que la Administración central le "maltrataba"

EP / Alicante / Valencia

El político alicantino José María Pajín, padre de la ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, ha asegurado hoy a la Cadena SER en Alicante que no ha mediado en el plan urbanístico de Rabassa, en Alicante, entre el empresario alicantino Enrique Ortiz y la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento. En una de las conversaciones grabadas a Ortiz en la investigación del caso Brugal, el empresario comenta al ex alcalde de Alicante Luis Díaz Alperi que intentará que el padre de la ministra medie ante Carreteras para desatascar la aprobación del plan urbanístico, que prevé 13.500 viviendas. "A ver si me hace una gestión", afirma Ortiz en la grabación. "Bueno, pues que Leire coja y hable con el director general y ya está", le contesta Díaz Alperi. La ministra negó ayer tajantemente que hubiera hecho ninguna gestión para Ortiz y recordó que tanto ella como el resto del PSOE se opusieron al plan Rabassa.

Hoy, en una entrevista concedida a la Cadena SER, José María Pajín también ha negado que hiciera la gestión pedida por Ortiz. Pajín, que fue asesor en la subdelegación del Gobierno en Alicante, ha explicado que Ortiz le pidió "por medio de otra persona" que tomara "un café" con él, a lo que accedió sin "muchas ganas". "Todavía estando yo jubilado, por medio de otra persona, me pidió tomar un café y aunque no tenía muchas ganas accedí a escucharlo", ha señalado.

Pajín ha indicado que en su encuentro, Ortiz le planteó que "tenía un problema de carreteras", que "le maltrataban mucho los ministerios" y que "se sentía dolido" por esto. "Yo le dije que no me lo creía y que estaba jubilado" ha subrayado Pajín, quien ha señalado que en la fecha de esa reunión "supone" que el Plan Rabassa "estaba aprobado". "Estoy acostumbrado a recibir personas y a escuchar que si la Administración no agilizaba proyectos de carreteras, se iban paralizando otros proyectos de muchas ciudades", ha añadido.

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EL TSJ DE VALENCIA SE DECLARA COMPETENTE EN LAS QUERELLAS DEL PP CONTRA ÁNGEL LUNA

Los populares acusan al portavoz socialista de revelar un documento de Gürtel que era secreto y de supuestos cohecho por una reforma en su casa

Valencia

El Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV) se ha declarado competente para hacerse cargo de las dos querellas presentadas por el PP contra el portavoz socialista en las Cortes, Ángel Luna, por supuesta revelación de secretos y por presunto cohecho.

La primera querella contra el portavoz socialistala presentó el PP por esgrimir durante una sesión un documento del sumario del caso Gürtel que estaba bajo secreto de sumario. La Sala de lo Civil y Penal se hace cargo así de la causa que investigó del Juzgado de Instrucción número 19 de Valencia, al que le pide las diligencias. En un comunicado, el TSJCV explica que pedirá la certificación de la condición de diputado de Luna y de su condición de portavoz. "El magistrado instructor decidirá en su momento sobre la personación instada por quienes han presentado la querella", añade.

El PP decidió presentar la querella contra Luna por exhibir en un pleno de las Cortes del pasado mayo un informe de la Brigada de Blanqueo de la Policía sobre la adjudicación de contratos por parte de RTVV en la visita del Papa a Valencia en 2006, en el marco de la investigación del caso Gürtel. Según el PP, el documento aún estaba bajo secreto de sumario en ese momento.

Tras conocer esta decisión de la Sala de lo Civil y Penal, Luna ha manifestado que se encuentra a la "entera disposición" del TSJ valenciano y ha subrayado que va a estar incurso en un procedimiento judicial "por denuncia de una colla de imputados encabezados por el propio presidente" de la Generalitat, Francisco Camps. "A mí no me denuncian los jueces, ni los fiscales ni la policía", ha remarcado. También ha censurado Luna que los populares "no paran de descalificar a los fiscales, a los jueces y a los policías", mientras que él respeta "profundamente" la actuación de los tribunales, y en concreto del TSJ valenciano. "Hay una denuncia que tiene que ser instruida, esa denuncia me afecta a mí y, por tanto, como aforado tienen que instruirla ellos; soy totalmente respetuoso y desde este momento me declaro a su entera disposición para lo que quieran disponer en relación con mi persona", ha añadido el portavoz socialista.

La Sala de lo Civil y Penal también se ha declarado competente para investigar a Luna en relación con la segunda querella del PP por un supuesto delito de cohecho durante su etapa como alcalde de Alicante, entre los años 1991 y 1995. El PP acusa a Luna de haber aceptado que empresas del promotor Enrique Ortiz se hicieran cargo de una reforma en su casa por valor de 698.600 de las antiguas pesetas como supuesta compensación por favores que le habría realizado mientras fue alcalde. La reforma del piso se hizo cuando Luna ya no ejercía ningún cargo público.En esa misma querella, el PP acusa a Luna de prevaricación por presuntas irregularidades en los procesos de licitación pública durante su etapa como alcalde, pero el TSJ rechaza esta acusaciónpor entender que del relato de los hechosno se desprende indicio alguno de ese delito.

El TSJ pide 9.000 euros, a pagar de forma solidaria, para que el PP pueda personarse como acusación popular en la causa.


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MÁS DE 40 IMPUTADOS POR DELITOS URBANÍSTICOS EN EL VALL D'ARAN

Se investiga la autorización de obras para convertir antiguas cabañas de pastores o bordas en viviendas

LLUÍS VISA - Lleida

Efectivos del Equipo de Delitos Urbanísticos de la Guardia Civil de Lleida han imputado a un total de 41 personas, entre ellas un ex alcalde y varios constructores, por un presunto delito contra la ordenación del territorio por construcciones ilegales realizadas en los términos municipales de Vielha, Naut Aran y Es Bordes, en el Vall d'Aran.

La investigación se inició a principios de 2009 en colaboración con la Fiscalía de Medio Ambiente, después de varias denuncias relacionadas con varias construcciones ilegales en suelo rústico de protección especial en los municipios de Vielha, Naut Aran y Es Bordes. En concreto, la irregularidad urbanística consiste en la autorización de obras para convertir antiguas cabañas de pastores o bordas en viviendas entre los años 2003 y 2007. La mayoría de dichas construcciones carecían de licencia municipal, del informe de la comisión provincial de Urbanismo de la Generalitat y del informe favorable del Conselh Generau d'Aran, máxima institución de autogobierno del valle. Además incumplen la normativa técnica sobre medidas y alturas. Todas ellas estaban situadas en suelo no urbanizable de protección especial, no legalizable por su situación y hallándose algunas en espacios protegidos de interés natural (PEIN).

Entre las personas imputadas por la Guardia Civil en este presunto caso de delito urbanístico se encuentran el ex acalde de Vielha y actual vicepresidente de la Diputación de Lleida, Joan Riu, de Unitat d'Aran(UA), y la secretaria municipal, que podrían ser acusados además de un delito de prevaricación. También figuran varios promotores, constructores y particulares del valle.

elpaís.com

NUEVAS REVELACIONES DEL "CASO BRUGAL"; "TENEMOS QUE PRESENTARNOS A TODO. AQUÍ NOS TOCA. ¡MADRE MÍA!

LOS NEGOCIOS DE ENRIQUE ORTIZ CON EL GOBIERNO VALENCIANO

Hermanos de consejeros de Camps negocian concursos con el promotor - El empresario dice que trataría con el padre de Leire Pajín sobre una carretera

SANTIAGO NAVARRO - Alicante

Las conversaciones grabadas por la policía a Enrique Ortiz, todopoderoso empresario y promotor inmobiliario en la Comunidad Valenciana implicado en los casos de corrupción Gürtel y Brugal, han destapado nuevos indicios delictivos en la adjudicación de contratos por parte de varias consejerías del Gobierno de Francisco Camps y por el Ayuntamiento de Alicante bajo el mandato del anterior alcalde, Luis Díaz Alperi, ambos del Partido Popular.

 "¿Eso no se puede amañar o qué?", pregunta Ortiz sobre el plan eólico

El alcalde: "Que Leire coja y hable con el director general y ya está"

En las conversaciones, a las que ha tenido acceso EL PAÍS, se detallan diversas gestiones de Enrique Ortiz con personas muy próximas al Gobierno valenciano para negocios pagados con dinero público.

- Juzgados de Valencia. En una de las conversaciones, correspondiente a 2008, Ortiz habla con Alberto de Rosa, hermano de Fernando, entonces consejero de Justicia valenciano y hoy vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial. Alberto de Rosa le pregunta a Ortiz por qué no se ha presentado al concurso de construcción de la Ciudad de la Justicia de Paterna y este le responde que porque creía que Lubasa era la empresa que podía llevarse el mismo. El hermano del consejero le dice que Lubasa está en Villareal y ambos quedan para comer y Ortiz le dice: "Voy a dar la orden a partir de ahora de que nos presentemos a todo lo que salga". El hermano del consejero le contesta: "Perfecto". Tras esta conversación, Ortiz habla con un subordinado de su empresa y le reprocha que no se hayan presentado al concurso de Paterna con la siguiente advertencia: "Tenemos que presentarnos, de las consejerías, a toda la Comunidad, a las diputaciones igual. A lo de la Comunidad tenemos que presentarnos a todo. ¿No ves que tenemos reparto? Y aquí nos toca. ¡Madre mía, madre mía!".

- Concurso eólico. Enrique Ortiz pretende sacar tajada del concurso de parques eólicos de la Comunidad Valenciana y llama al dueño de la empresa Sedesa, Vicente Cotino, hermano del consejero valenciano Juan Cotino, para preguntarle si se presentan al concurso con Diversia. Pero Cotino, que parece tener información privilegiada sobre ese proyecto multimillonario, le desanima: "Olvídate". Ortiz le insiste: "¿Eso no se puede amañar, o qué?". Y Cotino le informa de que está "todo el pescado vendido", que el concurso está adjudicado de antemano porque se "ha comprometido el presidente", y aunque se presentarán diversas empresas, como Endesa o Acciona, se adjudicará a Iberdrola, que irá con Bancaja.

- Plan Rabassa de Alicante. El alcalde de Alicante en 2008, Luis Díaz Alperi, del PP, apremia al empresario Enrique Ortiz para sacar adelante el Plan Rabassa, la mayor operación urbanística en la ciudad de Alicante con el desarrollo de 13.500 viviendas en la periferia.

Por la conversación se deduce que el Ministerio de Fomento tiene en sus manos la aprobación definitiva del proyecto y falta la autorización del director general de Carreteras. A este proyecto se opuso la Delegación del Gobierno, porque no estaba garantizado el suministro de agua para la nueva población de las 13.500 viviendas, y también el PSOE. El regidor Díaz Alperi mete prisa a Ortiz: "Enrique, el tema de Rabassa hay que espabilarlo por Dios". Y el promotor inmobiliario le cuenta que ha quedado con "Chema Pajín", padre de la actual ministra de Sanidad, que entonces trabajaba como asesor en la Subdelegación del Gobierno, "a ver si me hace una gestión". El alcalde de Alicante le contesta: "Bueno, pues que Leire coja y hable con el director general y ya está".

La actual ministra y entonces secretaria de Organización del PSOE, afincada familiarmente desde hace años en Benidorm (Alicante), se mostró anoche muy tranquila sobre el contenido de estas conversaciones. Pajín sí quiso dejar claro que como diputada y destacada dirigente socialista de Alicante ha tenido durante años muchos encuentros y contactos con el alcalde popular, sobre muchos temas, especialmente en su época de secretaria de Estado de Cooperación. Pero negó tajantemente que jamás haya hecho ninguna gestión a favor del regidor, ni mucho menos del empresario Enrique Ortiz, y matizó que siempre ha sido contraria al denominado Plan Rabassa.

Sobre la mención en las conversaciones entre Ortiz y Díaz Alperi a su padre, la ministra comentó que en esa época su progenitor era asesor de la Subdelegación del Gobierno.

Previamente a esas conversaciones sobre la familia Pajín, Ortiz también habló con sus colaboradores sobre la manera de premiar a un cargo de la Dirección Provincial de Carreteras, dependiente de Fomento, para que ayudase en las autorizaciones necesarias para sacar adelante el Plan Rabassa.

"Me ha llamado mi hermano..."

Alberto de Rosa es director general de Ribera Salud, una empresa privada que gestiona cinco hospitales públicos de la Comunidad Valenciana. En junio de 2008, Alberto de Rosa, hermano de Fernando de Rosa, entonces consejero de Justicia, habla con Enrique Ortiz:

Alberto de Rosa. Me ha llamado mi hermano y me dice, oye, que no se ha presentado Enrique a Paterna.

Enrique Ortiz. En Paterna... ¿A qué provincia pertenece Paterna?

A. de R. A Valencia.

E. O. ¿De cuánto era la obra?

A. de R. No lo sé, de 10 u 11 millones.

E. O. Eso es lo que me dijiste que estaba muy bien Lubasa.

A. de R. No, ese era Villareal.

E. O. Ostias.

A. de R. No pasa nada, oye.

E. O. Vamos a quedar, yo voy a dar orden a partir de ahora que todo lo que salga que nos presentemos.

A. de R. Perfecto.

E. O. Tenemos que quedar la semana que viene y comemos los tres.

A. de R. Vale, perfecto.

Ortiz habla luego con uno de sus empleados al que le explica: "Yo le llamo a Alberto de Rosa para comer con su hermano para pedir alguna de las adjudicaciones. Me dice, el de Villareal es para Lubasa pero el de Paterna puede ser, y ahora me llama y me dice, si no te has presentado. Le voy pidiendo y no me presento. Tócate los cojones. Y ahí tenemos un huevo de posibilidades, tenemos que presentarnos a todo. ¿No ves que tenemos reparto? Y aquí nos toca. ¡Madre mía, madre mía!... Alberto, que nos llevamos de puta madre, me dice, pero Enrique ¿Cómo puede ser esto? Se ha quedado alucinado."

"Está el pescado vendido ya"

El 13 de junio de 2008, Enrique Ortiz llama a Vicente Cotino, hermano del consejero valenciano Juan Cotino. Ambos son empresarios, adjudicatarios de múltiples contratos de la Administración valenciana. Ortiz le pregunta si se presentan al concurso de los parques eólicos con Diversia.

Vicente Cotino. Olvídate.

Enrique Ortiz. ¿Eso no se puede amañar o qué?

V. C. Está todo el pescado vendido.

E. O. Ya, pero, y ¿quién está? ¿Quién está metido ahí?

V. C. Iberdrola, para él.

E. O. ¿Todo?

V. C. Sí.

E. O. ¿Y nada para nadie?

V. C. Es que van a traer a Iberdrola Renovables y se ha comprometido el presidente.

E. O. Entonces no hay ni que pensar en eso.

V. C. Nada, no pierdas ni un minuto.

E. O. Es que me ha llamado gente de Eólicos de Castilla-La Mancha.

V. C. Nada, tú diles que no, que es mucha inversión o lo que quieras, pero eso está vendido el pescado.

E. O. ¿No vamos a ir nadie?

V. C. Irá Endesa, irá Acciona, irán los que tengan que ir, pero de acompañamiento.

E. O. ¿No hay manera de que nos metan en ningún lado a nadie?

V. C. Nada. De todas formas, yo el lunes he quedado con José Luis. Si quieres se lo digo, pero imposible.

E. O. Hombre, Diversia deberíamos. Yo, yo lo digo porque ¿quieres que le diga yo algo a Mario?

V. C. No, Mario no pinta nada ahí.

El concurso eólico fue adjudicado en junio del año siguiente a la empresa Iberdrola Renovables.

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