lunes, 7 de marzo de 2011

"CASO GÜRTEL"; EL ÚLTIMO INFORME POLICIAL DESTAPA LA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP

Correa organizó, según el documento remitido a Pedreira hace seis días, actos de los populares en Boadilla y se los facturó a las concesionarias de la basura

TONO CALLEJA - Madrid

El acto celebrado el 6 de marzo de 2003 en Boadilla del Monte por la entonces candidata del PP a la presidencia de la Comunidad, Esperanza Aguirre, con el fin de presentar su propuesta para construir el metro ligero hacia el oeste de la Comunidad de Madrid y que tuvo un coste de 11.449 euros, fue pagado al 50% por las empresas Sufi y FCC, concesionarias del contrato de la basura en Boadilla del Monte. Las dos firmas abonaron en total a Special Events, propiedad del presunto cerebro de la red Gürtel, Francisco Correa, cinco facturas de eventos que había organizado este para el PP en el municipio. El coste de estos actos fue de 24.901 euros, según indica el último informe realizado por la Policía Judicial y que fue remitido el pasado martes al magistrado Antonio Pedreira, que instruye el caso Gürtel, la mayor trama de corrupción destapada en la democracia ligada a un partido político: el PP.

Además del acto de Esperanza Aguirre, las empresas a las que el Ayuntamiento de Boadilla les adjudicó la gestión de las basuras pagaron a Special Events por otros trabajos que hizo el PP, como la realización de carteles (2.405 euros); el montaje de la reunión celebrada en el hotel Convento de Boadilla el 27 de abril de 2002 (1.637 euros); la organización de un evento el 4 de junio de 2002 (2.504 euros) y un acto de "alcaldía", del 25 de febrero de 2003 ( 4.475 euros).

La organización de Correa, según las conclusiones de la policía, actuó como "canalizadora" y "ejecutora" de la operación mediante la que el PP evitó pagar los actos que celebró en Boadilla, uno de ellos el que encabezó la entonces candidata del PP a la presidencia de la Comunidad, Esperanza Aguirre. Así lo explica su informe: "Correa presta los servicios turísticos al alcalde a través de su empresa Pasadena Viajes, realiza las compras de prendas de vestir para González Panero mediante facturas emitidas a través de su empresa Special Events, anotando la indicación de facturar a Sufi por publicidad, al mismo tiempo que organiza los eventos del PP de Boadilla, que cobra de las sociedades Sufi y FCC mediante cuatro facturas emitidas por Special Events por unos supuestos servicios prestados".Las facturas por el pago de los servicios, según la policía, son "ficticias"y su "único fin es el de hacerse cargo de distintos servicios de carácter particular [...], así como a gastos relativos a distintos actos efectuados para el Partido Popular en dicha localidad pendientes de cobro, por un importe total de 98.389,42 euros".

En el registro efectuado en una nave de un polígono de Alcorcón, en donde se almacenaba la documentación de la sociedad de Correa Easy Concept, se encontró un documento manuscrito que la policía considera "especialmente significativo", ya que en él se refleja la suma del importe de los regalos realizados a González Panero (33.074 euros), el pago por los actos del PP (24.901 euros) y el coste de un vídeo (26.843 euros). La suma de los tres conceptos asciende a 84.818 euros. En el mismo folio se calcula el IVA, que eleva la cifra final hasta los 98.389 euros. Pero una vez establecido el importe final, según indica el informe policial, este se divide en dos, a nombre de Sufi (49.149,71 euros) y FCC (49.149,71 euros). A continuación, estas dos empresas facturan a Special Events por la cantidad indicada.

Para enmascarar el pago de los actos del PP -uno de ellos protagonizado por Esperanza Aguirre- y de los regalos que la trama hizo a Arturo González Panero, el Consistorio de Boadilla del Monte ideó una forma de hacer pasar como legales los abonos realizados por las empresas privadas a Correa. Así, un apartado de los pliegos de condiciones de la adjudicación de la basura obligaba a las empresas que se hicieran con el servicio a realizar campañas de comunicación por el 2% del total del dinero que recibían del Consistorio. Y en todos los casos eran las empresas de Correa las que cobraban por estas campañas de publicidad, que tampoco se llegaron a realizar. De esta forma, Correa facturaba a FCC y Sufi los actos que le organizaba al PP, lo que demostraría la financiación ilegal del Partido Popular en la Comunidad de Madrid.

El modus operandi de los populares madrileños es muy parecido al del PP valenciano, que desde el Gobierno presidido por Francisco Camps adjudicaba obras a empresas que pagaban los actos de este partido organizados por la sociedad de Correa Orange Market.

El informe policial que tiene el juez sobre la mesa destaca, además, que en otro folio encontrado en una carpeta azul durante la inspección efectuada en el domicilio particular de José Luis Izquierdo, el contable de Francisco Correa, se registra la entrega de la cantidad de 157.800 euros por parte del presidente de la sociedad Sufi, Gonzalo Naranjo, tres meses después de que se le adjudicara el contrato de las basuras en Boadilla, a Arturo González Panero, José Galeote, Tomás Martín Morales, todos ellos de Boadilla, y al propio Correa.

El informe de la Policía Judicial también indica que el exalcalde del municipio Juan Siguero, que dimitió el mes pasado tras ser imputado por Pedreira, fue quien promovió la modificación del contrato de la basura de FCC y Sufi. Siguero, que fue tesorero del PP de Boadilla del Monte, también formó parte de la mesa de contratación, según la policía.

Asimismo, los investigadores consideran que Correa utilizó el importe de las distintas prendas de vestir compradas a González Panero para aumentar el coste de los eventos que le cobraba a las instituciones públicas y privadas, con la finalidad de que estas fueran las que finalmente pagaran el producto. Como pasó con facturas que Correa cobró al PP por el acto de cierre de la campaña de 2003 y por un evento de 2004 para celebrar los ocho años de Gobierno de José María Aznar.
   

ANTICORRUPCIÓN DETALLA LAS CORRUPTELAS DEL EXALCALDE DE TOTANA

Exigió más de 15 millones en comisiones urbanísticas.- Se le han hallado más de 500.000 euros en dinero negro entre 2006 y 2007 frente a unos ingresos oficiales de menos de 50.000 anuales.- La Fiscalía solicita una pena de más de 28 años de cárcel.

FRANCISCO MERCADO - Madrid

La Fiscalía Anticorrupción presentó el pasado viernes su escrito de acusación contra el exalcalde de Totana y aún diputado autonómico murciano Juan Morales Cánovas. El escrito desgrana todos los indicios de corrupción urbanística hallados durante la investigación: cohecho, blanqueo de capitales, fraude, falsedad, malversación, etcétera, en un alegato contra el exdirigente del PP. La Fiscalía solicita para el diputado una pena de 28 años y ocho meses de prisión.

"En la legislatura de 2003-2007, siendo alcalde y amparándose y aprovechándose de tal condición de máximo responsable municipal" Morales fue "un triste y claro ejemplo de lo que nunca debe hacer un cargo público, esto es, el usarlo para servirse del mismo con un fin estrictamente privado, buscando en muchos casos de una forma desmedida el beneficio económico particular, y en otros casos buscando el trato de favor para sus amistades, utilizando para conseguir tales fines todos los mecanismos e instrumentos necesarios para no dejar rastro o huellas de sus quehaceres al margen de la más elemental normativa y sin el más mínimo recato tanto él directamente como, en la mayoría de los casos a través de terceras personas, tanto físicas como jurídicas, y tanto públicas como privadas, a las que utilizaba como testaferros a modo de parapeto a fin de ocultar que detrás de esos movimientos estaba su persona".

Tan inmenso manejo habría sido imposible si Morales no se hubiera dotado del poder absoluto: "al menos desde 2004 centralizó en su persona todas las actuaciones urbanísticas importantes del municipio, y entre ellas destacaba todo lo relacionado con la tramitación del plan general de ordenación urbana".

Asumió "toda la documentación relativa a los convenios urbanísticos, sobre los que inició una cruzada para conseguir tramitar y firmar el mayor número de convenios". Y todo ello "movido por un interés privado" al calor de "unas plusvalías muy importantes en una época de bonanza económica como la que se vivía aún en aquellas fechas, teniendo así una vía fácil para la participación personal en las citadas plusvalías, a las que en muchos casos se les denomina coloquialmente pelotazos, pues como se ha apuntado, la localidad de Totana era municipio en el que se llegaron a tramitar un número aproximado de 60 convenios urbanísticos a instancia del citado alcalde acusado, situación idónea que servía como caldo de cultivo de prácticas como las que se van a citar a continuación, llegando incluso a utilizar de forma habitual la maniobra de contactar él directamente o a través de terceros tanto con los dueños de los terrenos rústicos o no urbanizables como con los propios promotores inmobiliarios interesados en el desarrollo urbanístico, solicitando a muchos de ellos sin pudor compensaciones económicas cuyo destinatario iba a ser él".

El escrito detalla que Morales, tras perder la alcaldía de Totana en 2007 -que ocupó entre 1995 y 1999 y 2003 a 2007-, siguió tutelando sus intereses privados desde su puesto de diputado regional, escaño que ocupa desde 2003 a la actualidad. "Siguió aprovechándose de su condición de servidor público con posibles influencias en la Administración, al ser miembro de la comisión parlamentaria de Ordenación del Territorio en la asamblea regional".

El exalcalde no dejó nada al azar. "Morales es el que propicia desde el principio la existencia de esa comisión ilegal pues es el que la solicita, es él quien concreta la cantidad a abonar, él ordena y coordina la operación, él exige la firma de un documento público de reconocimiento de deuda y es él el que firma el convenio...".

La investigación de estos hechos se produce a partir de una denuncia gracias a la información comprometedora para Morales proporcionada por un miembro de la trama, Emiliano Ovide, que entrega a un miembro de la oposición local.

Ovide, en contacto estrecho con Manos Limpias como acreditan las grabaciones sumariales, hizo llegar el recado de que iba a denunciar los hechos para obligar a que se le pagara su parte del pastel. Ovide mostró pruebas de que por una sola operación estaba en juego una comisión de tres millones de euros. La fiscalía tiene indicios de que las comisiones solicitadas superaron los 15 millones de euros.

Fruto de tales operaciones y "actividades paralelas", Anticorupción ha hallado que Morales tiene "una gran cantidad de dinero que excedía con mucho su capacidad de ingresos por la vía oficial, teniendo tanto un exceso de movimiento de dinero en metálico como una gran actividad en la adquisición de bienes muebles e inmuebles, que no ha podido justificar su procedencia lícita".

En concreto, el fiscal encargado del caso le imputa el manejo de más de medio millón de euros de dinero negro en un lapso muy concreto, entre 2006 y 2007, cuando en dichos años todos sus sueldos oficiales no superaban los 100.000 euros.

Igualmente, se le ha descubierto un inextricable bosque de transferencias y pagos a través de su red de empresas tapadera y testaferros.
   

"CASO MALAYA"; ROCA: "LLEGUÉ A MARBELLA CON DINERO, NO EN UN SEAT PANDA"

Juan Antonio Roca.
El cabecilla del 'caso Malaya' asegura que tenía dinero negro para comprar, vender y promover

Málaga.

El presunto cerebro de la trama de corrupción descubierta en el "caso Malaya", Juan Antonio Roca, ha afirmado este lunes que no llegó a Marbella "en un Seat Panda, como dijo en una ocasión la Policía", sino con dinero físico para invertir en la ciudad.

Roca ha continuado este lunes contestando a las preguntas de Juan Carlos López Caballero, representante de la Fiscalía Anticorrupción, con mucha vehemencia y en un tono un poco alto en determinados momentos, aunque la acusación pública ha tenido mucho aplomo.

Durante su intervención, ha insistido en numerosas ocasiones que cuando llegó a Marbella y antes de trabajar en el Ayuntamiento "tenía dinero, oculto, pero dinero físico" y que su negocio siempre ha sido "comprar, vender y promover".

A preguntas del fiscal, ha negado que estuviese presumiendo de tener dinero oculto al señalar: "yo no hago gala de no haber pagado a Hacienda, pero la verdad es que tenía dinero físico, y lo puedo demostrar".

El exasesor ha explicado que él siempre ha comprado en época de crisis y que "si estuviera en la calle -ha dicho- le estaría comprando ahora a los bancos baratos, lo he hecho siempre y no me ha ido mal".

Ha relatado que cuando llegó a Marbella en 1984 tenía dinero efectivo y letras del Tesoro y que su patrimonio lo invirtió en Marbella, y ha retado en diversas ocasiones al fiscal, al que se ha ofrecido a hacerle las cuentas si no le salen.

Preguntado por el fiscal por qué devolvió una letra si tenía dinero, Roca ha contestado que quizás en aquel momento le interesaba por algo concreto y que devolver una letra no se puede entender como que no tenía fondos, "porque si no, en España no tiene dinero ni Dios".

Este lunes es la tercera sesión en la que el exasesor de urbanismo de Marbella contesta a las preguntas del fiscal, la mayoría relativas a operaciones y sociedades vinculadas a este procesado.

A este respecto, ha manifestado que él siempre guarda todo sobre sus operaciones, aunque ha recriminado que a la Policía sólo le interesó la documentación de compras y no la de ventas.

El exasesor de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella, que se enfrenta a una petición fiscal de 30 años de cárcel, mantiene que "en ningún momento" trató de ocultar su patrimonio o el patrimonio de sus sociedades, que ascendía a 210 millones.

Para justificar sus argumentos, explicó en otra sesión que en 2005 pretendía poner todas sus sociedades a nombre de sus hijos, al tiempo que aseveró que "disfrutaba" de lo que era suyo a ojos de todos.

El fiscal mantiene que Roca era el jefe de la organización y destaca la posición de "dominio" que ejerció sobre la Corporación de Marbella, con la que comenzó a estar vinculado en 1992 mediante una relación laboral con ciertas sociedades municipales, y que acrecentó hasta que fue nombrado asesor personal de la entonces alcaldesa, Marisol Yagüe, en agosto de 2003. Para Roca, el fiscal pide además un total de 44 años de inhabilitación y 810,78 millones de euros de multa.

Se le acusa de blanqueo de capitales en el ámbito de una organización, prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos, ambos como inductor, así como de fraude y cohecho pasivo como acto injusto.

Además de Roca, entre los 95 procesados en esta causa figuran los ex alcaldes de Marbella Marisol Yagüe y Julián Muñoz, ex ediles como Isabel García Marcos y abogados y empresarios.

El "caso Malaya", cuya investigación judicial arrancó a finales de 2005, tuvo como consecuencia la disolución del Ayuntamiento de Marbella en abril 2006 y la constitución de una comisión gestora hasta las elecciones de 2007.

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