viernes, 24 de febrero de 2012

"LA TRAMA DE LAS AYUDAS A LA COOPERACIÓN"; AL MENOS 14 DETENIDOS POR EL FRAUDE DE LAS SUBVENCIONES DE BLASCO

El presidente Fabra destituye a Josep María Felip y Alexandre Català tras su arresto
Los investigadores apuntan que la consejería aceptó facturas “simplemente increíbles”

Adolf Beltran / María Fabra / Ignacio Zafra Valencia / Castellón


Al menos 14 personas fueron detenidas el jueves en Valencia en una operación de la Fiscalía de Delitos Económicos contra una trama de corrupción que habría saqueado cerca de 9 millones de euros de las subvenciones a la cooperación internacional de la Generalitat Valenciana en 2008 y 2009, mientras Rafael Blasco, actual portavoz del PP en las Cortes Valencianas, era consejero de Solidaridad y Ciudadanía y Francisco Camps presidía el Gobierno autonómico. Entre los detenidos están el director general de Cooperación, Josep Maria Felip, y el que fue jefe de área de Cooperación, Marc Llinares, ambos personas de confianza de Blasco. Están acusados de malversación de fondos públicos, fraude de subvenciones y falsedad documental.

La policía registró la sede de la antigua Consejería de Solidaridad, hoy de la dirección general de Cooperación, que depende de la Consejería de Justicia y Bienestar Social. La investigación incluye al que fue secretario general de la consejería de Blasco, Alexandre Català, y llevó a la detención de César Augusto Tauroni y su hermano Arturo, personas sospechosas de dirigir la trama organizada en torno a la Fundación Hemisferio (antes llamada Entrepueblos), y a Marcial López López, presidente de la Fundación Cultural y de Estudios Sociales (Cyes).

Sendas denuncias de la diputada socialista Clara Tirado y de Mireia Mollà, de la Coalició Compromís, ante la Fiscalía Anticorrupción en octubre de 2010 dieron origen a la investigación. A media tarde, cuando el número de arrestados ya superaba las 10 personas, fuentes jurídicas advirtieron de que la operación seguía en marcha y que se esperaban nuevas detenciones.

La investigación arrancó a raíz de dos denuncias en octubre de 2010

El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, anunció la destitución de Felip como director general y de Alexandre Català como actual subsecretario de la Consejería de Sanidad. La oposición, sin embargo, apuntó a Blasco, del que el portavoz socialista, Jorge Alarte, pidió la dimisión. Este, a su vez, dijo que las subvenciones fueron tramitadas "de forma impecable" y aseguró estar convencido de que la detención de Felip era “un error".

Blasco, que recibió la noticia en plena sesión de control al presidente de la Generalitat, tardó casi una hora en salir del hemiciclo y arremetió contra las informaciones publicadas sobre la trama, en especial contra EL PAÍS. El actual portavoz del PP en las Cortes Valencianas, quien proclamó, cuando se hizo pública la denuncia de la diputada Tirado, que si se detectaran irregularidades en las subvenciones y se viera obligado a dar explicaciones se iría a casa, lo negó y sólo se mostró dispuesto a dimitir si se ve directamente implicado en el proceso judicial. El exconsejero añadió que si le alcanzaran a él las imputaciones, por su condición de aforado, tendría que ser trasladado el caso al Tribunal Superior de Justicia. Sobre la posibilidad de que Josep Maria Felip lo involucre en sus declaraciones, respondió que es “un hombre honesto”.

Una de las denuncias que originaron el caso, la presentada por la socialista Clara Tirado, reveló que la Fundación Cultural y de Estudios Sociales había destinado 447.000 y casi 500.000 euros, respectivamente, de sendos proyectos de cooperación para facilitar agua potable y mejorar cultivos en Nicaragua por importe de 833.000 euros cada uno, a la compra de dos entresuelos con garaje en Valencia. El análisis de la documentación que los socialistas y Compromís llevaron a la fiscalía ha dado lugar a varios informes que obran en la investigación judicial. Uno de ellos desmonta la versión que el consejero Blasco dio finalmente por buena respecto a las subvenciones otorgadas a la Fundación Cyes (no confundir con el grupo empresarial Cyes).

El informe examina tanto el expediente inicial como el rectificado y dado por bueno por la Generalitat, que habría desestimado como justificantes las facturas de la compra de los pisos, pero, en lugar de reclamar la devolución del dinero, pidió otras facturas.

La Fundación Cyes presentó entonces facturas emitidas en Nicaragua que, según la investigación, son “simplemente increíbles”.

El socialista Jorge Alarte apunta a Blasco y reclama su dimisión

En uno de los informes, se explica que una de las facturas presentadas hace referencia a “jornales de trabajo y rehabilitación de vías de acceso en caminos vecinales” por un importe de más de 90.000 euros. El documento explica que tomando como base el salario medio mensual de la zona y el tipo de cambio, esta cantidad equivaldría “al trabajo a jornada completa de 1.967 personas durante un mes”.

La investigación estima que de los dos proyectos subvencionados, con 833.000 euros cada uno, sólo llegaron a Nicaragua 43.000 euros, 21.000 de uno y 22.000 del otro.

Además, sostiene que aún en el caso de admitir como buenas estas facturas emitidas desde aquel país (“que son calculadas directamente en euros y no en córdobas nicaragüenses”, tal como indica el informe), el gasto realizado con cargo a la subvención sería de 306.000 euros de los 833.000 concedidos, con lo que la diferencia, unos 530.000 euros, debería haberse reintegrado en las arcas públicas. Un reintegro “del que no hay constancia en el expediente examinado”.

El informe indica también que los proyectos contemplaban la realización de servicios de asesoramiento y consultoría “por un importe diez veces superior al coste de las actividades programadas” y de costes indirectos “por un importe de más de tres veces” que las mismas actividades. Estos servicios, que se encargaban a la empresa Arcmed, “representan un porcentaje de la actividad subvencionada” y vulneraban la prohibición de contratar con intermediarios o asesores en los que los pagos se definan como un porcentaje, según la Ley General de Subvenciones.

Blasco asegura que Josep Maria Felip es un "hombre honesto"

La investigación que llevó a las detenciones y el registro de dependencias de la Generalitat ha sido desarrollada por la Fiscalía de Delitos Económicos de Valencia. Al frente de la misma se encuentra el fiscal Jesús Carrasco, que es al mismo tiempo fiscal Anticorrupción y que indagaba la trama de cooperación desde que fue denunciada en octubre de 2010. Fuentes jurídicas indicaron que, después de solicitar varias prórrogas para desmenuzar la compleja trama, el fiscal había finalizado las pesquisas hace pocas semanas en lo relativo a la primera denuncia que recibió, presentada por la diputada socialista Clara Tirado.

Carrasco estaba valorando la conveniencia de esperar o no hasta después de los días festivos de fallas para actuar, según las mismas fuentes, para evitar que hubiese un vacío en las operaciones que tenía previstas llevar a cabo. Finalmente, se decidió por adelantarla.

La segunda denuncia conectada con el caso, la presentada por la diputada de Compromís Mireia Mollà, está todavía en una fase no concluida, indicaron fuentes jurídicas. El motivo es que mientras la primera denuncia se refería a unos hechos concretos, la siguiente fue acompañada de una abrumadora cantidad de datos producto, señalaron, de volcados informáticos realizados desde dentro de la entonces Consejería de Cooperación y Solidaridad. El fiscal también habría apreciado en ella indicios de delito.

La operación se ha llevado a cabo a través del Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia, según informó el Tribunal Superior de Justicia.

La noticia de la detención de Josep Maria Felip conmocionó el pleno de las Cortes Valencianas. La oposición reclamó enseguida que el presidente Alberto Fabra tomara medidas y cargó contra Blasco. El secretario general de los socialistas valencianos, Jorge Alarte, exigió la destitución de Felip, que se produjo horas después, y también la de “la autoridad que le nombró, que es el que se sienta en el hemiciclo detrás del señor Fabra, el señor Blasco, su portavoz parlamentario”. Lo mismo hicieron Compromís y Esquerra Unida.

"CASO MALAYA"; ROCA A YAGÜE: "LO SIENTO CARIÑO, PERO SÍ TE PAGUÉ"

Marisol Yagüe presta declaración junto a Roca en la vista de este miércoles. / GARCÍA-SANTOS
La exalcaldesa de Marbella y el exasesor urbanístico se someten a un careo judicial

Fernando J. Pérez Málaga


--Lo siento, cariño, pero no puedo estar de acuerdo en que no te entregué dinero

--Él sabe que lo quiero mucho y que quiero que salga mañana de la cárcel, pero no me entregó nada.

Pocas veces un careo judicial había sido tan almibarado como el que han mantenido este miércoles el supuesto cerebro del caso Malaya, Juan Antonio Roca, y la exalcaldesa de Marbella Marisol Yagüe. En la 140ª sesión del juicio sobre la corrupción marbellí, la exregidora gilista ha negado -primero con calma, luego con vehemencia y finalmente con desesperación- haber recibido soborno alguno del exasesor urbanístico a cambio de mantener la disciplina del equipo de gobierno resultante de la moción de censura que expulsó de la alcaldía a Julián Muñoz en agosto de 2003. La Fiscalía acusa a Yagüe de recibir cohechos de Roca por valor de 1,8 millones de euros y pide para ella 20 años de cárcel.

Yagüe ha rechazado que los apuntes con las iniciales M. Y. que aparecen en la contabilidad secreta de Roca correspondan a sobornos cobrados por ella, como ya admitió el propio exasesor en su declaración ante el tribunal. “¿Cómo voy a estar de acuerdo con eso? (…) Para mí eso está manipulado y no lo reconozco, yo no he vivido eso (…) Roca ha dicho eso después de llevar mucho tiempo en la cárcel, lo entiendo pero no lo comparto, pero las iniciales pueden ser de cualquier otra cosa, como Mi Yeguada, por ejemplo”, ha manifestado la exalcaldesa, que ha declarado por espacio de tres horas y cuarto.

Yagüe ha reconocido que Roca le prestó 9.715 euros para someterse a una operación de cirugía estética y que luego le devolvió el dinero, y también que le asesoró en la compra de un piso para sus tres hijos en Madrid, aunque ha negado que el inmueble se comprara con dinero del exasesor. “A mí no me ha pagado nada nunca el señor Roca y mucho menos el piso de Madrid. Estoy pagando una hipoteca por él”, ha sostenido.

Ante la discrepancia de versiones, el presidente del tribunal, José Godino, ha ordenado la celebración de un careo entre Roca y Marisol Yagüe. Entre continuos gestos de complicidad, el exasesor que movía los hilos de la política de Marbella y la exregidora-marioneta -según la descripción del juez instructor de la causa, Miguel Ángel Torres- han dado su versión.

Roca ha coincidido con Yagüe en que le prestó el dinero para la operación de cirugía estética y que le asesoró, a través de Montserrat Corulla, en la compra de un piso en Madrid. “Reservé un dinero en unos sobres en mi caja fuerte para la operación con la inscripción Piso M. Y, pero el piso cuya compra yo negocié no es el que compró Marisol, que lo hizo cinco meses después. Ella me dio las gracias por la gestión y yo no le di el dinero”.

Las diferencias han llegado a la hora de tratar de los sobres con dinero para mantener la disciplina de la corporación “No puedo estar de acuerdo en decir que no le entregue dinero: les di una serie de cantidades acordadas por [el fallecido alcalde] Jesús Gil con [el edil andalucista fugado] Carlos Fernández para que se quedaran en el equipo de gobierno. Gil me dijo que lo hiciera extensivo a los otros grupos políticos”, ha señalado Roca. El exasesor urbanístico sí ha puntualizado que la cantidad que le entregó a la exregidora es “mucho menor” de 1,8 millones de euros ya que en la contabilidad hay “duplicidades”. “Con independencia de la cantidad, sigo manifestando que le entregué dinero a Yagüe para ella y para los compañeros del grupo que lideraba”, ha afirmado, disculpándose con la exalcaldesa.

“¿Cuándo te he pedido yo dinero?”, le ha desafiado Yagüe a su antiguo asesor-maestro. “Tú nunca me has pedido, pero yo sí te lo he dado por indicación de Jesús Gil (…) es cierto que fue en varias ocasiones y yo las anotaba”, ha insistido Roca. La exalcaldesa ha atribuido esta versión a los casi seis años de cárcel que lleva cumplidos Roca. “Yo no digo esto porque vaya a salir de la cárcel, con el fiscal solo tengo diferencias y muchas; me ha costado mucho decir lo que digo, fue exactamente lo que fue”, ha remachado el cerebro de la trama.

Tras el careo, Yagüe, que hasta ese momento había mantenido la calma, se sumió en la desesperación. “Ya le he dicho que no, señor fiscal, que no he recibido ningún dinero de Roca ¿Dónde está el dinero? Todo es mentira”, ha dicho gritando. El magistrado Godino , en vista de que el estado de nervios de la exregidora impedía proseguir el interrogatorio, ha suspendido la sesión hasta el próximo 5 de marzo.

"CASO RILCO"; EL JUEZ ABRE JUICIO ORAL Y MANTIENE LAS ACUSACIONES


El Partido Popular ve intención política en la investigación penal de los escándalos de la Zona Franca de Cádiz

Pedro Espinosa

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Miguel Osuna. / ROMÁN RIOS

El Juzgado de Instrucción número 4 de Cádiz ha abierto juicio oral por el conocido caso Rilco, que investiga algunas de las irregularidades detectadas en la Zona Franca gaditana durante la etapa del PP. Ahora la Audiencia Provincial debe fijar la fecha de esta vista, que llevará al banquillo a seis personas, entre ellos, los dos exdelegados del Estado en el Consorcio fiscal Manuel Rodríguez de Castro y Miguel Osuna, para los que la fiscalía pide 10 y 13 años de cárcel,respectivamente. El PP, que sigue defendiendo a Osuna, ve intención política en el avance definitivo de la instrucción de este caso. "Las acusaciones contra él siempre aparecen cuando se acercan unas elecciones", lamentó el concejal en Cádiz y consejero en Zona Franca, Ignacio Romaní.

Rodríguez de Castro está acusado de un delito continuado de fraude además de los de  prevaricación, falsedad documental y malversación. Osuna se enfrenta a penas mayores como presunto autor de fraude, malversación, falsedad documental y encubrimiento. Los otros acusados son los socios de Rodríguez de Castro en Miami y los que fueron directores de Rilco, el portal informático ideado por Rodríguez de Castro que, según este auto, solo sirvió para buscar el beneficio personal del exdelegado.

El escrito de acusación de la fiscalía revela que gracias a Rilco la Zona Franca obtuvo millonarias ayudas públicas. Pero estas no sirvieron para pagar esta red de comercio electrónico sino que fueron a parar en su mayoría a los socios de Rodríguez de Castro en Miami. "Trataron de dar apariencia de legalidad a un contrato arbitrario", dice el Ministerio Público. No mejor parado sale su sucesor, Miguel Osuna. "Conoció las graves irregularidades cometidas en la solicitud de ayudas públicas y la adjudicación de contratos". Aún así, efectuó dos nuevos pagos, los más elevados. De ahí que el fiscal proponga que Osuna devuelva a la Zona Franca más de dos millones de euros; y a Rodríguez de Castro, le reclama 1,4 millones. El ministerio público propone que entre los testigos pasen por la Audiencia Provincial varios responsables de Rilco, los peritos que valoraron el material informático y el exdelegado, el socialista José de Mier.

Al PP no le ha gustado que se cierre la instrucción de este caso, que lleva en los juzgados una década. "Siempre que ha habido novedades sobre las acusaciones a Miguel Osuna ha coincidido con elecciones", reprochaba Romaní, quien lamenta la "indefensión" que ha sufrido el exdelegado. El edil del PP sigue apoyando públicamente a Osuna, no así a su antecesor. El socialista Luis Pizarro lamentó "la doble vara de medir" del PP, que defiende la presunción de inocencia en Zona Franca y ataca sin medida a la Junta en el caso de los ERE. Las críticas del PP de Cádiz a las acciones judiciales en Zona Franca coincidían con las quejas del secretario andaluz de este partido, Antonio Sanz, contra los dirigentes del PSOE que han reprochado a la juez Mercedes Alaya el "electoralismo" de sus autores sobre los ERE.