miércoles, 25 de enero de 2012

"CASO GÜRTEL"; CAMPS Y COSTA NO CULPABLES

Francisco Camps celebra el veredicto del jurado. Tras él, Ricardo Costa. | Pool
Por 5 votos a 4
El tribunal no cree probado que el ex presidente cometiera cohecho impropio
No ha encontrado pruebas suficientes de que la trama Gürtel pagara los trajes

Rodrigo Terrasa | Francisco Álvarez | Valencia


El jurado popular, seis hombres y tres mujeres, ha decidido que Francisco Camps Ortiz, ex presidente de la Generalitat Valenciana, es inocente de un delito continuado de cohecho impropio. Cinco votos a favor, cuatro en contra. Ricardo Costa Climent, ex secretario general del PP valenciano, también. Idéntico resultado.

A las 19.45 horas de este miércoles, el portavoz del tribunal ha declarado a Camps no culpable. El juez Climent ha tenido que desalojar la sala por la incontenible celebración de la familia, los amigos y los seguidores del ex presidente. Isabel Bas, su esposa, rompía a llorar.

Pese a que ninguno de los dos, ni Camps ni Costa, pudo probar el pago de sus prendas el tribunal tampoco ha encontrado pruebas suficientes de que fueran los cabecillas de las empresas de la llamada 'trama Gürtel' los que las abonasen. El jurado se ha apoyado en las dudas de Isabel Jordán, ex empleada de las empresas de Correa, que en su declaración no pudo ratificar sus sospechas de que los trajes eran para Camps y en las contradicciones del sastre José Tomás.

No han encontrado vínculos entre los supuestos regalos y las adjudicaciones de la administración valenciana, más allá de una "relación comercial", y han dado más credibilidad a la declaración del escolta de Camps y de los funcionarios de la Generalitat o a los informes aportados por su defensa que al resto de pruebas. Han encontrado demasiadas dudas en las diferentes pruebas exhibidas durante el juicio por las acusaciones y ante la duda, han optado por absolver a los acusados. Tampoco han tenido en cuenta la confesión de culpabilidad de Víctor Campos y Rafael Betoret.

Su condena requería siete votos a favor. Su inocencia solo cinco. Tanto la Fiscalía Anticorrupción como la acusación popular, representada por el abogado del PSOE, mantuvieron durante el juicio que los dos acusados recibieron en función de su cargo los regalos pagados por Francisco Correa, Álvaro Pérez 'El Bigotes' y Pablo Crespo, cabecillas del entramado corrupto.

Según sus informes, el ex presidente aceptó entre 2005 y 2008 que la trama le regalara tres trajes y tres americanas adquiridas en la tienda Milano, y siete trajes, dos pares de zapatos y una americana de Forever Young. Todo por un importe de 13.121 euros. Ricardo Costa, por su parte, habría recibido cinco trajes, dos americanas y nueve pantalones en ambos establecimientos, prendas valoradas en 10.075 euros.

Pese a los 18 argumentos que expusieron las fiscales, el jurado no ha encontrado indicios suficientes tras cerca de 20 horas de deliberación. Se cierran así 28 días largos de juicio. Punto y aparte al proceso. La historia no acaba aquí, porque las acusaciones pueden recurrir la sentencia ante el Tribunal Supremo. Probablemente lo harán.

El balón de oxígeno para Camps y Costa es, sin embargo, incuestionable. Camps aceptó sentarse en el banquillo convencido de su inocencia, en busca de la "justicia que imparten sus conciudadanos", y sale del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana con un veredicto que le impulsa a buscar su ansiado regreso a la primera línea política. Que lo consiga es otra cosa...

Su calvario acaba por ahora. El juicio acabó justo tres años y un día después de que Francisco Camps compareciera por primera vez ante los medios para desvincularse del caso que le costó el cargo meses después.

El 19 de febrero de 2009, su nombre aparecía en los titulares de prensa en la misma línea que una extraña palabra: Gürtel (correa en alemán). Primeras sospechas. Alguien hablaba de un gasto de 30.000 euros en trajes regalados al entonces presidente valenciano. Fue solo el principio pese a que Camps prometió solventarlo en 24 horas. Serán un par de escaloncitos, diría tiempo después.

Durante los mil días siguientes se sucedieron titulares de escándalo, filtraciones interesadas del sumario, esperpénticas reacciones de los implicados, la metamorfosis de Camps, de barón del PP a incordio mayúsculo, el sacrificio de Costa, elecciones sin el menor desgaste y el inexorable avance del proceso en los tribunales.

Los dos acusados salvaron su cabeza en primera instancia en el TSJ, pero el Supremo reabrió el caso sin remedio hasta llegar aquí. Víctor Campos, ex vicepresidente de la Generalitat, y Rafael Betoret, ex jefe de gabinete de Turismo, con idénticas acusaciones, reconocieron su culpa, pagaron sus multas, devolvieron trajes, y se bajaron del tren. Camps y Costa no. Ambos perdieron sus cargos por el camino. Ricardo Costa fue destituido como secretario general del PP valenciano el 14 de octubre de 2009. Francisco Camps dimitió como presidente de la Generalitat el 20 de julio de 2011.

El 13 de diciembre los dos se sentaban en el banquillo de los acusados. Durante seis semanas, las defensas de los dos cargos del PP han tratado de demostrar su inocencia. Javier Boix, abogado de Camps, puso su empeño en retratar al ex presidente como un tipo honrado, austero, un buen hombre incapaz de hacer nada fuera de la ley.

Juan Casanueva, abogado de Costa, fue más directo. Dijo que su cliente pagó sus trajes y, sobre todo, que su cliente nunca tuvo cargo en el gobierno valenciano. Jamás tuvo poder para adjudicar contratos y, por tanto, no cabe el delito.

La estrategia ha funcionado. Para el jurado los dos son inocentes.

Además

EL EX ALCALDE DE CAPDEPERA SE SIENTA EN EL BANQUILLO POR EL DERRUMBE DE SON MOLL

JUICIO | Dice que las obras no tenían licencia

La Fiscalía pide nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación
El derrumbé del hotel costó la vida de 4 operarios el 16 de diciembre de 2008

Europa Press | Palma

El ex alcalde de Capdepera, Bartomeu Alzina, se ha sentado este miércoles en el banquillo de los acusados por un presunto delito de prevaricación administrativa a raíz del derrumbe del hotel Son Moll, que el 16 de diciembre de 2008 costó la vida de cuatro operarios y causó varios heridos, y en su declaración ha reconocido que antes de que sucediera este siniestro sabía que las obras de reforma que se estaban llevando a cabo en el edificio carecían de licencia.

Unos hechos por los que la Fiscalía solicita nueve años de inhabilitación para el acusado, quien durante el juicio celebrado en el Juzgado de lo Penal número 3 ha justificado que, pese a conocer que los trabajos se estaban ejecutando sin permiso municipal, era consciente de que las deficiencias detectadas se estaban subsanando y tan sólo quedaba pendiente la autorización de Costas y de Turismo. Su interrogatorio en el Juzgado de lo Penal número 3 se ha prolongado durante más de dos horas.

Por su parte, en su escrito de calificación, al que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio Público postula que a pesar de que Alzina, defendido por el abogado Gaspar Oliver, tenía "pleno conocimiento de que las obras se estaban ejecutando sin la preceptiva licencia municipal desde sus conocimientos así como de la envergadura de las obras, se apartó de su deber de garante del cumplimiento de la Ley".

Así, en su lugar, "amparando la actuación de la empresa promotora que primó celeridad y beneficio económico frente a la seguridad y el respeto a la norma, con total desprecio de la legalidad vidente y por tanto con clara conciencia de su arbitrariedad, no inició el expediente sancionador ni ordenó la paralización de las obras del hotel Son Moll", sostiene la Fiscalía.

Tal y como señala la acusación pública, la concesión de la licencia estaba pendiente de la subsanación de deficiencias de ocupación y volumen así como las autorizaciones de Costas y Turismo, además de un informe jurídico, pese a lo cual Alzina se habría "apartado de las normas esenciales del procedimiento urbanístico, autorizando en interés exclusivo de la promotora la ejecución de unas obras sin las preceptivas garantías para la seguridad pública y los intereses generales".

Todo ello, prosigue la Fiscalía, sin haberse aprobado el proyecto básico ni presentado el de ejecución, "llegando al punto de permitir la ejecución de unas obras en el ala izquierda del edificio no amparadas en ningún proyecto" y que terminaron con el derrumbe parcial del edificio. No fue, según el escrito, hasta después del suceso cuando el acusado decretó la suspensión de los trabajos de reforma.

Entre los testigos interrogados durante la vista oral ha comparecido uno de los celadores municipales, Llorenç Melis, quien ha recordado que durante el proceso de reforma del hotel visitó unas siete veces el edificio y advirtió a Alzina, entonces alcalde y regidor de Urbanismo, de que las obras se estaban efectuando sin permiso municipal y que faltaban deficiencias sin subsanar.

Tal y como ha afirmado ante el juez Jaime Tártalo, la fiscal Silvia Aigé y el letrado del exprimer edil, Alzina le comentó que se habían corregido las deficiencias y sólo faltaba la autorización de Costas y Turismo. "No se abrió ningún decreto de suspensión de las obras, sólo después del derrumbe", ha aseverado el testigo, quien, a preguntas de la defensa, ha apuntado que si estas autorizaciones hubieran llegado antes el proyecto básico "se habría aprobado porque en principio iban a ser favorables".

Cinco condenados
Cabe recordar que el juez ya condenó a dos años y tres meses de cárcel al arquitecto Arturo Vila y al aparejador José Luis Pujol por este siniestro así como dos años de cárcel a los constructores que intervinieron en los trabajos, Bartolomé Estelrich y Rafael Sancho Febrer, y al jefe de obra Juan Bonet.

En concreto, el magistrado condenó a todos ellos por cuatro delitos de homicidio imprudente, cuatro por lesiones imprudentes y uno contra los derechos de los trabajadores, mientras que aplicó para cada uno de ellos las atenuantes de confesión y reparación del daño producido.

"CASO MALAYA"; PEÑARROYA: "PARA LA JUNTA NO HABÍA VIVIENDAS ILEGALES AL COBRAR IMPUESTOS"

Acusado de sobornar a Roca
El promotor acusado de cohecho cifra en 2.000 millones de euros lo recaudado

José Carlos Villanueva | Málaga

La Junta de Andalucía se ha convertido en protagonista destacada durante la sesión de este miércoles en el juicio por el llamado caso 'Malaya'. El conocido promotor malagueño Cristóbal Peñarroya, acusado de sobornar a Juan Antonio Roca con 35.500 euros a cambio de una licencia de obras por silencio administrativo, ha arremetido duramente en numerosas ocasiones contra el Ejecutivo autonómico -en materia urbanística- por hacer “omisión” de sus funciones en Marbella durante los gobiernos del GIL (1991-2006).

Peñarroya sostiene que “para la Junta de Andalucía no había viviendas ilegales a la hora de cobrar impuestos en Marbella”. Es una tesis que también mantiene la actual alcaldesa, Angeles Muñoz (PP). De hecho, el primer juez instructor del caso, Miguel Ángel Torres, denegó en principio la personación del Gobierno andaluz, como perjudicado, “por haberse lucrado con los impuestos de todas las viviendas que se construyeron en la ciudad”. Finalmente se aceptó la personación como acusación popular-,no particular, encarnada esta por el Consistorio marbellí.

En el marco de su crítico discurso contra la administración que actualmente preside José Antonio Griñán el acusado ha cifrado en 2.000 millones de euros lo que ha cobrado la Junta “por 30.000 viviendas ilegales”. Acto seguido se ha preguntado lo siguiente: “¿Hacia dónde ha mirado la Junta, hacia Cuenca o hacia Guadalajara”?

No obstante, el actual gobierno municipal de Marbella tampoco ha salido bien parado en palabras del promotor : “El urbanismo de ahora es peor que el de antes. Es el mayor desastre de España", en comparación con el que llevaron a cabo los gobiernos del GIL entre 1991 y 2006. Ya en la sesión del martes, Peñarroya acusó a la Corporación que preside actualmente Muñoz de “falsedad documental y otros hechos muy graves, de los que no voy a hablar aquí".

El presidente del tribunal, José Godino, se ha visto obligado a llamar al orden al empresario durante el interrogatorio del fiscal: “Ha nombrado usted a la Junta 17 veces”. La advertencia se ha producido después de que el procesado insistiera en que el Ejecutivo que presidió Manuel Chaves “puso a la Comisión Gestora para arrasar todo”, ha dicho en alusión a la paralización de obras ilegales.

El aviso del juez Godino no ha impedido que el promotor malagueño se enzarzara en una agria polémica con el letrado de la administración andaluza cuando éste le preguntaba: “Si los edificios eran ilegales, la Junta ha estado cobrando los impuestos de Ibi, Iva y actos jurídicos documentados”, le ha espetado Peñarroya.

“¿Por qué usted no recurrió esos tributos?”, le ha preguntado el letrado autonómico, a lo que Peñarroya ha replicado que en aquel entonces no le constaba. Dicho letrado ha recordado las 400 impugnaciones de licencias ilegales, otorgadas por el GIL, que llevó a cabo en los tribunales la Consejería de Obras Públicas.

En lo que sí ha hecho hincapié el empresario es en que una serie de promotores, incluido él mismo, mantuvieron una reunión, en el Hotel El Fuerte de Marbella, para instar a la Junta a que inscribiera en el Registro de la Propiedad las anotaciones correspondientes a viviendas ilegales, “pero hicieron oídos sordos”, ha asegurado.

También ha mencionado al ex delegado provincial de Obras Públicas, José María Ruiz Povedano: “Cuando denegaron el PGOU del 98 (julio de 2003) fui a la Comisión Provincial de Urbanismo para enterarme de en qué afectaba a mis promociones y él me dijo que no mareara la perdiz, porque era todo un tema político”.

La tesis de Peñarroya, al dejar al margen a Roca, es responsabilizar al arquitecto municipal Francisco Merino y la ex asesora de Urbanismo, Raquel Escobar, de “todo lo relacionado con el otorgamiento de licencias de obras”. Ambos deberán comparecer como testigos.

Además

EL FISCAL VE DELITO EN LA CONCESIÓN DE 10 LICENCIAS EN ROQUETAS DE MAR


El Ayuntamiento concedió en 2007 permiso para construir diez chalets de lujo en suelo terciario

Marta Soler Almería


El Ayuntamiento de Roquetas de Mar (Almería) podría haber cometido un delito de prevaricación urbanística en la concesión de una licencia municipal de obra para la construcción, en suelo terciario, de diez chalets de lujo en la zona conocida como La Fabriquilla. Los hechos, que se remontan al año 2007, han sido investigados por la Fiscalía Provincial de Almería y hace unos días los denunció ante el Juzgado de Instrucción Decano de Roquetas de Mar donde se abrirán diligencias previas.

El hecho “relevante” para el Ministerio Público que da lugar a la denuncia y que “debe ser investigado” es, según fuentes judiciales, el “acto administrativo concreto” por el que se concedió la licencia. Ésta fue autorizada por el entonces concejal de Urbanismo, José María González (PP), en el equipo del alcalde de Roquetas de Mar y actual presidente de la Diputación Provincial, Gabriel Amat, desde que este fuese elegido regidor en 1995, pero que fue excluido de la lista del PP en los últimos comicios de 2011.

El presunto responsable es un histórico del equipo municipal de Amat

La parcela sobre la que se levantaron las diez viviendas unifamiliares se encuentran en la Unidad de Ejecución UE-109 y fue objeto de un cambio en el Plan Especial de Reforma Interior (PERI) aprobado en 2006 mediante el que se modificaba el uso del suelo. Dicho acto fue denunciado por la Junta de Andalucía y declarado nulo en noviembre de 2011 por el Tribunal Superior de Andalucía de Andalucía (TSJA).

En el fallo, el Alto Tribunal valora que “difícilmente puede considerarse suelo urbano consolidado aquel que precisamente está sujeto a operaciones integrales de reforma interior para crear una superficie residencial en el Plan Especial que se modifica”.

Pero el origen de la denuncia de la Fiscalía de Almería se encuentra en una denuncia de un particular efectuada a comienzos de 2011 a Fiscalía Anticorrupción y en julio a la Fiscalía Superior de Andalucía, desde donde se deriva a Almería. La denunciante, perteneciente a la familia que poseía la parcela de La Fabriquilla, acusa al Ayuntamiento de Roquetas de Mar de “delitos continuados de cohecho, estafa, prevaricación y tráfico de influencias”. Según la denuncia, el Ayuntamiento no atendió sus alegaciones solicitando la modificación de la calificación de parte del suelo de rústico a urbanizable para su inclusión en el Plan General de 1997. La familia vendió como rústico, pero en el PGOU se plasmó como urbanizable, con lo que el beneficio fue para quien compró a la familia. En su denuncia, expone un relato cronológico de los acuerdos adoptados por el pleno de la corporación municipal en este sentido, así como documentos que acreditan las operaciones de compraventa realizadas, según los denunciantes, por conocidas empresas almerienses, algunas –según la denuncia- posiblemente vinculadas a personajes públicos. Sin embargo, fuentes judiciales, apuntan a que algunos de estos hechos podrían haber prescrito.

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