lunes, 30 de abril de 2012

"CASO EMARSA"; EMARSA VIAJÓ A RUMANÍA PARA BUSCAR NEGOCIO EN DEPURADORAS, SEGÚN UN CONTRATISTA

José Luis Sena, ante el juez
La Fiscalía dice que el proyecto no está reflejado en ninguna de las actas

Efe | Valencia

El ex administrador de Notec José Luis Sena ha declarado este lunes ante el juez que su mercantil y Emarsa, la gestora de la depuradora de Pinedo (Valencia), viajaron a Rumanía para buscar oportunidades de negocio en el mercado del tratamiento del agua, relacionadas con los fondos estructurales europeos.

Sena, responsable de una empresa que trataba lodos de Emarsa en la época en la que se investiga una supuesta malversación de fondos en la depuradora, ha comparecido como imputado ante el titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia.

Notec es una de las empresas que está siendo investigada por el juez por participar supuestamente en la construcción de un entramado de facturación que generaba gastos ficticios sobre Emarsa.

Según consta en la documentación de la causa, los viajes a Rumanía trataron de justificarse argumentando que Emarsa tenía la intención de participar en la puesta en marcha de una depuradora, aunque la Fiscalía advierte de que este proyecto no aparece reflejado en ninguna de las actas de su consejo de administración.

Notec inició los viajes a Rumanía al conocer, a través de un subcontratista de una empresa de transporte internacional de la familia de Sena, Lauren Dragomir, que en ese país había "muchas oportunidades de negocio basadas en los fondos estructurales", que recibían los países que acababan de entrar en la Unión Europea para nuevas infraestructuras.

Dragomir ofreció a Notec la compra de suelo industrial, operación que finalmente "no cristalizó por diferencias con la parte vendedora", aunque se llegó a constituir una sociedad -Notec Investments- para este negocio inmobiliario y se desembolsaron 22.000 euros, ha admitido Sena.

En materia de depuración, el imputado ha explicado que las empresas rumanas debían llegar a acuerdos con empresas extranjeras para acceder a concursos financiados con los fondos estructurales, lo que animó al gerente de Emarsa a unirse a Notec en esos viajes a Rumanía, según Sena.

El acusado ha reconocido que Cuesta viajó "en dos ocasiones, tres o cuatro" a Rumanía, acompañado algunas de ellas por el ex director financiero Enrique Arnal, imputado también en la causa, y que era Dragomir quien "coordinaba las visitas, las reuniones y los desplazamientos".

Según el juez, hay indicios de que la relación de los imputados con personas de nacionalidad extranjera ajenas a Emarsa podría deberse a motivos profesionales distintos a la actividad de la entidad pública.

Por otro lado, Sena ha explicado que la relación de Notec con Emarsa comenzó por los problemas de tratamiento de residuos que tenía la depuradora, que "cada vez tenía más lodos y también más denuncias" en el área de l'Albufera y de otros campos.

·CASO GÜRTEL"; LA TRAMA OBTUVO MÁS FONDOS DE CAMPS DE FORMA IRREGULAR

Betoret, ex jefe de gabinete de Turismo, antes de declarar. / JORDI VICENT
La red usó con la Generalitat cuatro firmas pantalla y triplicó los precios

Ignacio Zafra Valencia

La policía ha revelado nuevas adjudicaciones irregulares de la Generalitat valenciana que dirigía el expresidente Francisco Camps a la trama Gürtel, y ha profundizado en la mecánica utilizada en otras que ya se conocían. En total, el último informe aportado por la Unidad contra la Delincuencia Económica y Financiera a la causa de financiación ilegal del PP que se instruye en el Tribunal Superior valenciano y, en concreto, a la pieza que investiga los contratos de la feria Fitur, detecta cuatro adjudicaciones a dedo a empresas de la trama que ascendieron a más de medio millón de euros, “vulnerando los principios de publicidad y concurrencia”.

La policía confirma la conclusión de la Intervención General del Estado de que las bases del concurso público para el montaje del pabellón valenciano en Fitur en 2005 fueron redactadas por la red corrupta. Subraya que Orange Market llegó a cobrar a la Administración un “precio 3,4 veces superior al coste” del servicio. Y destaca el papel desempeñado por Rafael Betoret, ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo, condenado en el caso de los trajes, que ayer declaró ante el juez.

Betoret era la persona que recibía y supuestamente arreglaba las facturas de las empresas de la trama: “En caso de que los conceptos que figuraban en las facturas no fueran considerados idóneos por él, solicitaba a la Organización [que es como la UDEF se refiere a la trama] la modificación de los mismos. También daba el visto bueno a los importes”, indica el informe.

La primera facturación irregular analizada se produjo con motivo del almuerzo que Camps ofreció a centenares de personas en Fitur 2005. Se creía que la red había ganado 149.000 euros, señala la UDEF, pero el cobro fue mayor. La trama instruyó a cuatro de sus empresas proveedoras para que facturasen directamente a la Generalitat por el acto. Después Orange Market facturó por “servicios ficticios” a esos proveedores para embolsarse los fondos. “La intención de la organización ha sido utilizar a las sociedades proveedoras como empresas pantalla, quedando las sociedades del grupo [Correa] solapadas en lo que al cobro se refiere”.

Ese mismo año Orange Market recibió a dedo el montaje, en un certamen celebrado en Valencia, de un stand adicional, dedicado al turismo rural, “que debiera haber sido publicado en concurso público aparte”. Para “ocultarlo”, la trama hinchó el precio, de 250.000 a 350.000 euros, que según su contrato debía cobrar por el montaje del expositor principal de la Generalitat.

Algo similar ocurrió con la feria Expotural, que se adjudicó directamente a Orange Market después de que Turismo hubiese iniciado un expediente de contratación que tuvo que anular. Tras concedérselo inicialmente por 90.000 euros, la consejería rectificó por segunda vez y elevó el abono a 102.000 euros sin justificar documentalmente por qué.

La trama habría recibido la ayuda de dos funcionarios para elaborar facturas en otra adjudicación en la que se impidió “la libre concurrencia de otros licitadores”: la de los estands de las consejerías de Territorio e Infraestructuras en Fitur 2005. Para ello, la red fraccionó en contratos inferiores a 12.000 euros el presupuesto de 98.909 euros.

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domingo, 29 de abril de 2012

JORDÁN NIEGA QUE LAS EMPRESAS DE GÜRTEL SUPIERAN ANTES EL PLIEGO DE CONDICIONES DE FITUR

TRIBUNALES | Causa de la financiación ilegal
Asegura que la información de que disponía era de concursos anteriores
El interrogatorio a Rafael Betoret comenzará a partir de las 16.30 horas
'Estoy muy tranquilo, no os preocupéis, gracias por estar aquí', ha dicho

Europa Press | Valencia

La ex administradora de varias empresas de la trama Gürtel, Isabel Jordán, ha negado este viernes que tuviera conocimiento previo del pliego de condiciones técnicas del concurso para el montaje del expositor de la Comunitat Valenciana en Fitur 2005 y ha demostrado que la información de que disponía era de concursos anteriores.

Así lo ha manifestado uno de los abogados presentes en la declaración de la empresaria, que ha comenzado en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) a las 10.30 horas y se ha prolongado durante cerca de cuatro horas y media. Se trata del primer interrogatorio de la segunda jornada de declaraciones de la causa por la supuesta financiación ilegal del PPCV e irregularidades en las adjudicaciones a empresas de la trama 'Gürtel'.

En su comparecencia, Jordán ha asegurado que no tenía "ningún conocimiento previo" de las condiciones de Fitur, sino que lo que disponía era de otras épocas, han señalado las mismas fuentes, que han insistido en que ha negado que dispusiera de información privilegiada. Según esta fuente, la empresaria ha demostrado que la información que tenía correspondía a otro año.

En este sentido, ha explicado que para elaborar una propuesta para un determinado concurso, una empresa recopila información "para ver cómo tiene que hacerlo, mira en Internet o fotografías", con lo que dentro de ese expediente de información para concurrir "está el obtener información de otros años".

Un informe elaborado por la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) señala que la red Gürtel recibió el pliego de condiciones técnicas de Fitur 2005 antes de que la Generalitat valenciana convocase el correspondiente concurso.

De esta manera, según el documento, Orange Market, que fue la adjudicataria final, podría haber adecuado la oferta en base a los requisitos establecidos en dichos pliegos. Sin embargo, según esta fuente, tras la declaración de Jordán -que es testigo protegido y ha llegado en coche al TSJCV en torno a las 9.30 horas- ha quedado demostrado que no disponía de información privilegiada.

Rafael Betoret
Aunque en un primer momento el ex jefe de Gabinete de la Conselleria de Turismo, Rafael Betoret, había sido citado a declarar a las 11.30 horas, finalmente su interrogatorio comenzará a las 16.30 horas.

A su llegada a la sede del TSJCV, al que ha acudido a pie, se ha mostrado "muy tranquilo" y ha afirmado su intención de declarar. "Estoy muy tranquilo, no os preocupéis, gracias por estar aquí", ha señalado ante los numerosos medios congregados a las puertas del tribunal.

Además

LA GUARDIA CIVIL PIDE IMPUTAR A ESTARÁS POR AMAÑAR UN CONTRATO A GÜRTEL

CORRUPCIÓN | Nueva investigación


E. Urreiztieta | E. Colom | E. Inda | Palma

La Guardia Civil ha pedido al juez que investiga los tentáculos de Gürtel en Baleares que impute a la actual eurodiputada y ex vicepresidenta de las islas, Rosa Estaràs, por amañar un concurso de 270.000 E para Over Marketing, sucursal de la red corrupta. Los investigadores consideran que la número dos de Matas habría cometido un delito de prevaricación y otro de fraude a la Administración.

Tras examinar la documentación intervenida en la sede madrileña de Over Marketing en junio de 2010, la Guardia Civil concluye ahora, en un batería de informes a cuyo contenido ha tenido acceso EL MUNDO/El Día de Baleares, que Estaràs adjudicó la comunicación de «el plan sociosanitario» de las Islas en 2005 a la empresa de publicidada propiedad de Daniel Mercado pese a que su oferta había sido presentada formalmente fuera de plazo.

La Brigada de Policía Judicial de la Guardia Civil acusa a la exvicepresidenta del Govern balear que presidía Jaume Matas y actual eurodiputada del Partido Popular Rosa Estaràs de amañar contratos públicos a la empresa Over Marketing. Una entidad a la que la Fiscalía Anticorrupción considera el tentáculo de la trama Gürtel en las Islas.

En un informe que ha aportado a los dos jueces que instruyen los principales procesos de corrupción de los populares en Baleares, los investigadores atribuyen a la que fuera número dos de Matas la comisión de los delitos de fraude a la Administración y prevaricación por falsear la adjudicación de al menos un contrato por un importe que ronda los 270.000 euros públicos.

jueves, 26 de abril de 2012

"CASO GÜRTEL"; LOS TÉCNICOS DE TURISMO CONTRATARON A "EL BIGOTES" EN VALENCIA POR SU CALIDAD

Hasta el próximo día 30 declararán los imputados en esta causa derivada del ‘caso Gürtel’

M. FABRA / Agencias Castellón / Valencia

Cuatro horas ha sido el tiempo empleado en el primer interrogatorio a la veintena de imputados de la causa en la que se investiga la presunta financiación ilegal del PP valenciano, derivada del caso Gürtel. El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, José Ceres, ha iniciado esta mañana la toma de declaraciones con el interrogatorio al que fue jefe de área de Mercados y Comunicación en la Agencia Valenciana de Turismo, Isaac Vidal, que participó en la elaboración de los pliegos de condiciones de los concursos que acabaron con la adjudicación a Orange Market, que formaba parte de la red Gürtel a través de Álvaro Pérez, El Bigotes,del pabellón de la Generalitat valenciana en Fitur durante cinco años consecutivos, entre 2005 y 2009,

En su declaración, Vidal, ha afirmado que ¡las adjudicaciones de Fitur a Orange Market respondieron a criterios de "calidad y estética" y que se hicieron en base a criterios profesionales. Además, ha negado haber recibido órdenes para beneficiar a empresas de la trama 'Gürtel'.Este técnico dejó la Agencia Valenciana de Turismo en mayo, cuando pasó a trabajar para el Ayuntamiento de Elche, también del PP. En su declaración, ha estado explicando que él, como técnico de la AVT, ha actuado siempre bajo criterios profesionales e independientemente de las decisiones políticas que hubiera en ese momento.

El juez sostuvo en su auto de imputación que tanto Vidal como Jorge Guarro, jefe del servicio de Promoción de la Agencia Valenciana de Turismo (que declarará a partir de mediodía), establecieron "criterios de adjudicación de influencia decisiva". Ambos formaron parte, además, de la mesa de contratación que eligió la oferta de Orange Market y emitieron informes que fueron "determinantes para la propuesta" que dicha mesa remitió a la Agencia Valenciana de Turismo, que sirvió como base para la adjudicación de los contratos.

Para hoy está prevista también la declaración de la directora general de Promoción Institucional en Presidencia de la Generalitat, Dora Ibars, que contrató, también con la trama, la Guía de la Comunicación de 2005, la presentación del Congreso de Nuevo Periodismo en 2006 y la fiesta para la salida de la Volvo Ocean Race desde Alicante.

El magistrado cree que "dada la documentación e informes incorporados hasta la fecha a las presentes diligencias", los tres pudieron cometer los delitos de cohecho y prevaricación en las adjudicaciones a Orange Market.

El magistrado del Tribunal Superior de Madrid Antonio Pedreira se inhibió de la parte valenciana del caso Gürtel a favor del Tribunal Superior de Valencia en mayor de 2010 pero no fue hasta julio de 2011 cuando este tribunal asumió el caso. Desde entonces se han practicado varias diligencias pero hoy se inicia un importante trámite, el de interrogar  cerca de una veintena de imputados, citados hasta el próximo 30 de mayo. Entre ellos, se encuentra la que fue cúpula del PP valenciano bajo el mandato de Francisco Camps, sometida a la investigación de si parte de la deuda que tenía con una de las empresas de la trama, Orange Market, por servicios realizados en las campañas electorales de 2007 de 2008, fue abonada de forma opaca y a través de “donaciones de empresas” encubiertas en facturas falsas.

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"CASO GÜRTEL"; LA AGENCIA VALENCIANA DE TURISMO CONTRATÓ A ORANGE MARKET "POR SU CALIDAD"

Comienzan a declarar los imputados por la financiación del PP
Isaac Vidal y Jorge Guarro actuaron siempre 'bajo criterios profesionales'
Hasta junio prestarán declaración ante el instructor una treintena de imputados
Tres altos cargos del Gobierno valenciano son los primeros en comparecer

Efe | Valencia

Los técnicos de la Agencia Valenciana de Turismo imputados en la causa de financiación irregular del PP valenciano aseguran que la adjudicación del expositor de la Generalitat en Fitur a Orange Market, filial de la trama Gürtel, respondió únicamente a criterios de "estética y calidad".

Así lo ha defendido ante el juez el ex jefe del área de Mercados de la Agencia Valenciana de Turismo Isaac Vidal y así lo hará durante su declaración de esta tarde el jefe del servicio de Promoción de la Agencia, Jorge Guarro, según ha contado a los periodistas el abogado de éste, Manuel Barrios.

Estos dos técnicos son los primeros imputados de esta causa que comparecen ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que investiga un posible delito electoral del PPCV y una supuesta prevaricación de la Generalitat en la adjudicación de contratos a empresas relacionadas con la citada red de corrupción.

Según ha explicado Barrios en referencia a la adjudicación del montaje del expositor en Fitur entre 2005 y 2009, ambos técnicos actuaron siempre "bajo criterios profesionales", con independencia de las decisiones políticas que hubiera en ese momento, las cuales, por otra parte, "pasaban todos los filtros del departamento jurídico".

"Actuaron bajo la más estricta legalidad. Cualquier contratación siempre se hizo porque se entendía que era lo mejor para la Comunidad Valenciana. La adjudicación Orange Market, en cuestión de estética y calidad, es como comparar un coche Jaguar con un Seiscientos", ha manifestado.

"Si había algo más allá a esa contratación", la causa no puede basarse en estos técnicos, porque siempre actuaron "atendiendo a lo que era lo mejor para la Comunidad Valenciana y para su imagen" y cumpliendo los criterios que se les "exigían", ha insistido.

Preguntado por la posibilidad de que la empresa adjudicataria conociera con antelación los pliegos del contrato, el letrado ha señalado que deberá ser la investigación policial quien determine este extremo, porque estos documentos pasan por "muchos departamentos".

Vidal ha estado declarando entres las 9.30 y las 14.00 horas, tiempo durante el que ha respondido a las preguntas de todas las partes personadas.

Al salir del Tribunal Superior de Justicia valenciano, únicamente ha dicho a los periodistas que se encontraba "muy tranquilo".

Jorge Guarro, que estaba citado para las 12.30, declarará finalmente esta tarde, al igual que la directora general de Promoción Institucional de la Presidencia de la Generalitat, Dora Ibars.

Además

miércoles, 25 de abril de 2012

"CASO CAMPEÓN"; LA JUEZA IMPUTA A 16 PERSONAS MÁS Y CITA COMO TESTIGO A LA EXCONSELLEIRA DE SANIDAD


Pilar Farjas aparece mencionada en las conversaciones que figuran en el sumario de la Operación Campeón y en notas intervenidas

Agencias Lugo


La titular del Juzgado de Instrucción Número 3 de Lugo, Estela San José, prosigue con las diligencias de la 'Operación Campeón', que investiga una trama para defraudar subvenciones públicas, y ha ampliado las imputaciones a 16 personas más, a las cuales tomará declaración en los próximos días, así como a ocho testigos, incluida la exconselleira Pilar Farjas, actual secretaria de Estado del Ministerio de Sanidad.

Así, Pilar Farjas ha sido llamada a declarar el próximo 11 de mayo a las 12.00 horas, la misma jornada en la que también deberá hacerlo la presidenta del Centro Europeo de Reparto Farmacéutico de Cataluña, Concepción Pons Vandellos.

Pilar Farjas aparece mencionada en las conversaciones que figuran en el sumario de la Operación Campeón y en notas intervenidas sobre supuestos contactos cuando era conselleira de Sanidade para sacar adelante una central de compras y de distribución de medicamentos para conseguir mejores precios, uno de los proyectos de Jorge Dorribo. Incluso algunos imputados dijeron que se habían reunido con ella con la mediación del imputado Pablo Cobián, que dimitió como diputado del PP a raíz de conocerse las acusaciones de Dorribo.

En uno de los siete autos de citación de nuevos imputados y testigos que ha formalizado en los últimos días y a los que ha tenido acceso Europa Press, la jueza instructora declara que es "necesaria la presencia personal" tanto de Farjas como de Concepción Pons Vandellos tras inferirse que "pudieran ser testigos" de los delitos que se investigan.

Entre las otras seis personas que también han sido llamadas a declarar en calidad de testigos figura la hija del principal imputado en esta causa, Anthea Dorribo Fernández. La jueza fija la comparecencia de la hija del empresario farmacéutico, que él mismo habría introducido al frente de una parte de sus negocios, para el próximo 15 de mayo a las 10.00 horas. Otro de los autos de la instructora cita a declarar como imputado a mediodía del próximo 18 de mayo al director general de Cofares, José Antonio López-Arias Testa, quien ya declaró ante el Tribunal Supremo en la pieza abierta para investigar las acusaciones de Dorribo contra el exministro de Fomento José Blanco.

Dorribo manifestó que López Arias estaba presente en la gasolinera de Guitiriz (Lugo) en el momento en el que le dio al primo político del entonces ministro, Manuel Bran, 200.000 euros para José Blanco. No obstante, el director general de Cofares negó ante el alto tribunal haber sido testigo de la entrega de ningún sobre con dinero durante el encuentro mantenido el 5 de febrero de 2011 en la referida estación de servicio.

Entre los nuevos imputados también figuran el secretario general de la Confederación de Empresarios de Lugo, Jaime Luis López Vázquez, quien está llamado ante la magistrada para el 29 de mayo. Este abogado era socio de Tramipharma y, junto con Eduardo Amigo, interpusieron una querella contra Dorribo por fraude en la gestión de esta empresa de gestión de farmacias.

En el listado de 16 nuevos imputados en la Operación Campeón que se instruye en Lugo figuran otros empresarios de la ciudad y trabajadores de Nupel, a los cuales en su última comparecencia judicial Dorribo habría señalado como conocedores de las irregularidades que se estaban cometiendo para captar subvenciones de forma fraudulenta, así como un ingeniero relacionado con la Dirección Xeral de I+D+i de la época del bipartito.

Con estas nuevas imputaciones en la Operación Campeón, el listado de la causa instruida en el Juzgado Número 3 de Lugo supera ya el medio centenar de imputados. Además, en las últimas semanas la jueza ha decidido abrir sendas causas separadas sobre las acusaciones contra el alcalde de Lugo, el socialista Xosé Clemente López Orozco, y contra el exconselleiro y exdiputado del BNG, Fernando Blanco.

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LA JUEZA DE LOS ERE ACUSA A LA JUNTA DE DISEÑAR CÓMO "REGALAR" LAS AYUDAS

Guardias civiles conducen al exconsejero de Empleo de la Junta Antonio Fernández a un furgón para trasladarlo a prisión. / GARCÍA CORDERO
La magistrada avanza la próxima imputación de más consejeros andaluces

Javier Martín-Arroyo Sevilla

Al Gobierno andaluz le nació ayer un problema de dimensiones imprevisibles. El auto de prisión del exconsejero de Empleo Antonio Fernández contiene una bomba de relojería que derivará previsiblemente en un listado de imputaciones de altos cargos que encabeza el actual presidente de la Junta, José Antonio Griñán. La juez del caso de los ERE, Mercedes Alaya, desveló algunas de sus cartas y en el razonamiento para justificar la condena de la gestión de Fernández extendió dudas sobre otras consejerías y los servicios jurídicos de la Junta como supuestos cómplices para permitir la concesión de ayudas públicas millonarias en los años de vacas gordas. El Ejecutivo autónomo dispuso de un fondo para empresas en crisis dotado con 647 millones entre 2001 y 2010, cuyas subvenciones fueron concedidas de manera discrecional.

“La política no puede ir contra la ley y el derecho”. La frase lapidaria de la juez resume la tesis que recorre el extenso auto de 77 páginas: la Junta diseñó un sistema para “regalar” subvenciones fraudulentamente a un “extensísimo grupo de personas físicas y jurídicas, cuyos privilegios procedían de ser personas o entidades próximas a los cargos de la Junta y del PSOE andaluz, bien por razones de amistad, parentesco o afiliación política”. Y la Intervención General identificó el problema, tras lo que “de manera rotunda” puso reparos a las consejerías involucradas en este “sistema operativo”. Hasta ahí, la acusación de la magistrada ya conocida.

La dimensión que dejó atisbar ayer Alaya es que los informes de la Intervención fueron ignorados por Fernández “en su condición de consejero de Empleo, junto a titulares de otras consejerías”. Entre esos otros consejeros que despreciaron las advertencias de la Intervención incluye al presidente Griñán durante su etapa como consejero de Economía, y a los exconsejeros de Economía e Innovación Magdalena Álvarez (posteriormente ministra de Fomento) y Francisco Vallejo, a los que Alaya ya ha señalado en anteriores autos. En pasadas resoluciones, Alaya ya ha apuntado al supuesto delito de prevaricación por ignorar los informes contrarios de la Intervención a las subvenciones del Gobierno autónomo.

El auto reprocha al Gobierno andaluz ignorar los reparos de la Intervención

La intención del sistema de ayudas creado era sortear las pegas que la Intervención General había expresado en 1999, así como las limitaciones que la Unión Europea ponía a las ayudas entregadas a las empresas por la Junta andaluza.

Sin embargo, la tesis de Alaya va más allá y dibuja una connivencia a nivel político de extraordinaria dimensión. La magistrada extiende las sospechas de consentir este reparto de ayudas supuestamente fraudulentas al interventor general y a los servicios jurídicos. “Deberá ser objeto de investigación si en el asesoramiento (...) hubiesen prevalecido los criterios políticos sobre los jurídicos”, explica.

Fernández y el diputado socialista José Antonio Viera [exconsejero de Empleo entre 2000 y 2004] firmaron el convenio para establecer las ayudas en 2001. Pero las ayudas superaron el dinero presupuestado la gran mayoría de los años, por lo que la Consejería de Hacienda debió realizar ampliaciones presupuestarias para cubrir las necesidades de gasto. Entre 2005 y 2008, la Intervención General puso reparos, aunque sin emitir un informe de actuación que hubiera alertado del menoscabo en las arcas públicas.

“Lo verdaderamente grave es que durante tanto tiempo se olvidara la ley”

Alaya estima que tanto los exconsejeros de Empleo e Innovación como los de Hacienda ignoraron los reparos de la Intervención de manera intencionada. “Que se trate de una implantación normalizada en el proceder de la Junta durante 10 años, no quiere decir que el procedimiento derivado del convenio marco sea por esto conforme a derecho, pues lo verdaderamente grave es que durante tanto tiempo se haya podido olvidar, indiciariamente, el cumplimiento de la ley”.

Según la juez, el objetivo del método puesto en práctica era “institucionalizar la arbitrariedad y la discrecionalidad en la concesión de ayudas públicas” de la Junta de Andalucía y permitir un “uso abusivo” en el manejo de fondos de la Administración.

La respuesta del abogado de Fernández, Alfonso Martínez del Hoyo, a las acusaciones de Alaya resumen con precisión la supuesta prevaricación y malversación continuadas que achaca a gran parte de la cúpula del Gobierno andaluz, a modo de una causa general: “Supone concebir y proyectar una grave sombra de duda sobre la general actuación y funcionamiento, no ya del Gobierno, sino más ampliamente de la propia Administración andaluza, a varios de cuyos grupos funcionariales de élite se extiende tal ominosa duda de actuación, tales como los del Cuerpo de la Intervención y los varios departamentos técnicos y jurídicos, incluido el Gabinete Jurídico de la Junta, obligados todos ellos a velar por la legalidad”.

El letrado muestra su asombro ante la tesis de la magistrada, que supone un salto cualitativo y cuantitativo en la causa [que acumula 52 imputados], y que se trasladará, al menos en parte, al Tribunal Supremo tan pronto la juez concrete las acusaciones contra el diputado y exconsejero de Empleo José Antonio Viera, al ser este aforado. La Guardia Civil ya ha subrayado su responsabilidad sobre los 50 millones en ayudas directas a empresas que recibió la Sierra Norte sevillana, una pequeña comarca, en comparación con los 30 millones que recibió el resto del territorio andaluz.

“Resulta contrario a los principios de la lógica y la experiencia pensar que pudo ser posible la gestación a escondidas y la posterior ocultación premeditada durante una década en el fondo de algún misterioso cajón, ese procedimiento específico de autos”. Fernández argumenta que el fondo era aprobado año tras año por el Parlamento andaluz, y dijo que “lo conocían todos”, aunque su abogado matizó que no pronunció esa expresión para “eludir responsabilidades por elevación, sino para enmarcar la gestión y aplicación del procedimiento”. La causa ya acumula 15.000 folios y otras 200.000 páginas de documentación.

Alaya afirma que el “absoluto descontrol” facilitó el mal uso “grosero” de dinero público

J. M. A. / Sevilla

El auto de ingreso en prisión del exconsejero Antonio Fernández dibuja el descontrol que se vivió en este departamento a lo largo de casi una década (2000-2009). La juez Mercedes Alaya acusa al ex alto cargo de diseñar un sistema de ayudas públicas millonarias entregadas de manera discrecional, además de acusarle de cohecho por acogerse a un ERE en la empresa bodeguera en la que trabajó, un expediente que aprobó él mismo. Estas son las razones clave del auto que llevó ayer a prisión a Fernández, acusado de cohecho y malversación entre otros delitos, y que le han convertido en el tercer imputado del caso que ingresa en prisión. La magistrada justificó la prisión por el riesgo de fuga y de que se entorpezca la investigación. Alaya le achaca conceder “ayudas tan absolutamente groseras” que no se hubiera producido de no haber existido “ese absoluto descontrol” por su parte.

» Intrusos. Alaya afirma que Fernández conocía la inclusión de intrusos (personas que nunca trabajaron en las empresas por las que están cobrando una prejubilación). Da crédito al ex director general de Trabajo Javier Guerrero, también en prisión, que sostuvo que informaba de todas las ayudas en las reuniones del consejo de dirección de la Consejería de Empleo. Asegura la juez que de esta manera se explica que personas próximas al PSOE cobrasen dinero de forma irregular. Da por hecho que en el futuro saldrán nuevos nombres de intrusos.

» Ayudas directas a empresas. Alaya hace hincapié en que buena parte de las ayudas se concentraron en la Sierra Norte de Sevilla, una pequeña comarca que acaparó 51 millones de euros. Y en concreto, buena parte de ese dinero acabó en empresas de José Enrique Rosendo, exconcejal del PSOE, y José María Sayago. Alaya subraya la amistad de Rosendo con Viera en este punto. Refleja también el dinero percibido por las empresas de Ángel Rodríguez de la Borbolla, hermano del expresidente de la Junta José Rodríguez de la Borbolla y exalcalde del municipio sevillano de Cazalla. Apunta también las 17 ayudas a empresas que recibieron 17 empresas de Jerez, localidad natal de Fernández.

» Bufetes y aseguradoras. La magistrada concluye que Fernández conocía el “entramado” de bufetes de abogados, aseguradoras, e intermediarios que se creó alrededor de los ERE pagados por la Junta, trama en la que también incluye a los sindicatos. En este sentido, subraya que permitió que aseguradoras como Uniter o Vitalia cobrasen hasta un 15% de cada ERE en el que intervenían.

» Fernández, beneficiario de un ERE. Alaya censura que Fernández fuera incluido en el ERE de la empresa González Byass, donde trabajó entre 1971 y 1983 cuando era consejero de Empleo. La juez recalca que el exconsejero de Empleo pidió una excedencia voluntaria cuando dejó la empresa, por lo que no tenía derecho a acogerse a ninguna ayuda. Fernández tiene pendiente de cobro 34.240 euros de indemnización por despido. Además, la juez afirma que no hizo efectivo el cobro de la prejubilación en la empresa (386.181 euros) porque saltó a la luz pública el escándalo de los ERE. Fernández concedió una ayuda de 17,4 millones a su antigua empresa para pagar un ERE.

Alaya recuerda que de los seis delitos que se le imputan, solo por el de malversación Antonio Fernández podría ser condenado a 18 años de cárcel.

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"CASO PALMA ARENA"; SUSPENDEN LA PUJA DEL PALACETE DE MATAS A PESAR DE QUE HABÍA COMPRADORES INTERESADOS

Jaume Matas en su 'palacete' de la calle Sant Feliu
Pacto con el Banco de Valencia
Retira la petición de entrar en concurso de acreedores
La Audiencia autorizó que aporte dos inmuebles para liberar la fianza
La subasta se ha suspendido justo antes de empezar a petición de las partes

María J. García | Eduardo Colom | Palma

Un ex president en quiebra. Así se ha presentado Jaume Matas ante los Juzgados, desplegando toda su artillería jurídica para salvar de una subasta judicial su vivienda de lujo en el centro de Palma, conocida como el palacete y valorada en 1,65 millones de euros.

La puja buscaba saldar la deuda del exministro del PP con el Banco de Valencia con el que contrató un préstamo para pagar su millonaria fianza penal y de la que no había pagado los intereses. Para bloquearla, Matas solicitó el concurso de acreedores personal, según adelantó elmundo.es.

La subasta de los tres inmuebles con los que el expresidente balear Jaume Matas avaló su fianza de tres millones de euros por el caso Palma Arena se ha suspendido justo antes de comenzar a petición de las partes interesadas en el juzgado a pesar de que esta mañana se habían presentado posibles compradores interesados, aunque ninguno ha llegado a depositar el dinero para pujar.

En el momento de comenzar la puja el abogado del Banco de Valencia, Eduardo Jones, ha manifestado que la entidad no estaba de acuerdo con la petición del concurso de acreedores del ex president quien esta mañana ha presentado un nuevo escrito ante el Juzgado de lo Mercantil número 7 de Madrid para retirar su petición de entrar en concurso de acreedores.

Cabe destacar que ninguna de las partes ha querido entrar en detalle a la hora de explicar los términos del acuerdo entre el ex ministro y la entidad bancaria por los cuales se ha logrado suspender la puja.

Operación 'triangular'
Matas ha pactado con el Banco de Valencia entregarle los 500.000 euros recuperados de la fianza, mediante la entrega de las escrituras en la Audiencia, y un piso heredado de su familia, situado en las Ramblas de los Duques de Palma, valorado en 450.000 euros.

Con esta operación "triangular", ha dicho el letrado, se salda la deuda contraída por Matas con el Banco de Valencia, sujeta a unos intereses mensuales del 29%.

Alberca ha precisado que las dos propiedades que el exministro ha depositado como garantía ante la Audiencia provincial, que le condenó por la primera pieza juzgada del caso Palma Arena, "le serán devueltas" tanto si el Supremo ratifica la condena como si le absuelve, puesto que su función es asegurar que Matas cumple las medidas cautelares, no cubrir responsabilidades civiles, informa Efe.

El letrado ha subrayado que el acuerdo con el Banco de Valencia tendrá que ser detallado una vez se realice una tasación más precisa del inmueble que se le ha entregado y ha considerado abusivos los intereses aplicados por la entidad financiera.

Para evitar la cárcel, el juez instructor del caso Palma Arena le había solicitado en 2010 tres millones de euros de fianza. La cifra se rebajó después a 2,5 y se eliminó hace 10 días. Al Banco sólo le queda por recuperar medio millón que custodia la Audiencia Provincial de Palma como fianza penal ante la condena –recurrida ante el Supremo– de seis años al expresident. Aparte, intereses. El Banco de Valencia, sin embargo, mantenía hasta ayer su voluntad de subastar los tres inmuebles con los que Matas avaló el préstamo.

Para frenarla, el expolítico ha pedido en el Juzgado de lo Mercantil número 7 de Madrid que se le declare en concurso voluntario de acreedores como persona física, habiendo cuantificado él mismo su deuda total en 4,42 millones de euros.

Pero además, Matas demandó ayer mismo ante el Juzgado de Primera Instancia número 10 de Palma –encargado de la subasta– que la paralizase. Ésta estaba prevista para hoy a las diez y media de la mañana. Ahora bien, ha sido una decisión de la Audiencia Provincial adoptada durante el día de ayer la que finalmente ha permitido a Matas alcanzar un preacuerdo in extremis con la entidad bancaria valenciana para paralizar la puja. El tribunal le permite recuperar el último medio millón de euros de fianza a cambio de presentar las escrituras de dos de sus propiedades, tal y como había pedido su abogado, Antonio Alberca. La Audiencia demanda el famoso palacete de la calle San Felio de Palma, principal objeto de las investigaciones de la Fiscalía y el bajo comercial de la calle San Miguel.

De esta forma, el Banco podría recuperar el último medio millón y a cambio, según fuentes próximas al expresidente balear, se quedaría además un piso del expresident también en Palma. Valorado, según tasación, en 450.000 euros. Todo indica así que el expresident reconducirá su petición de concurso de acreedores en el Juzgado de lo Mercantil número 7 de Madrid, ante el que se ha presentado en quiebra. Matas según el escrito presentado ante el juzgado al que ha tenido acceso este diario "se encuentra en estado de insolvencia".

'Debo 4,5 millones'
Se asegura en dicho documento que el exministro "tiene deudas líquidas, vencidas y exigibles por un importante total de 4,48 millones de euros que lamentablemente no puede atender por su falta de liquidez actual". Para acreditar dicha deuda se acompaña un listado de acreedores "por orden alfabético, con la identidad de cada uno, y así como de la cuantía y el vencimiento de sus respectivos créditos y las garantías personal o reales constituidas". En la B, el Banco de Valencia, con el que, tras la decisión de ayer –y después de que la entidad haya recuperado esta semana dos millones de euros– varían las cuentas. Así las cosas y dado que cambiará el grueso de los números rojos del expresident, desde su entorno se prevé que se variará la estrategia del concurso.

Matas ya apuntaba en su escrito de su "voluntad de llegar a un convenio multilateral con los acreedores", haciendo hincapié además en que "no interesa en este momento la liquidación de su patrimonio".

De hecho, Matas no ha presentado una petición de concurso ante el juzgado, sino dos. Una, a principios de mes, demandando el preconcurso, que en virtud de la Ley Concursal otorga al demandante cuatro meses para reestructurar sus deudas. Dicha petición sin embargo, no permitió a Matas "lograr el propósito perseguido".

"Lo que le aboca irremediablemente a instar la presente declaración de concurso voluntario", continúa el escrito.

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"CASO MALAYA"; MARÍA CASTAÑÓN: "HABÍA DOS URBANISMOS, EL DE ROCA Y EL DE JULIÁN MUÑOZ"

La ex asesora jurídica de Urbanismo en Marbella, María Castañón. | Cabanillas
Declaración de la abogada


Málaga | José Carlos Villanueva

«En Marbella había dos urbanismos, el de Roca y el de Julián Muñoz». Quien así se ha expresado este miércoles es la ex asesora jurídica del departamento de Urbanismo de Marbella, María Castañón. Ella fue, junto a la también letrada Raquel Escobar, una fiel colaboradora de Juan Antonio Roca y a raíz de la operación ‘Malaya’ en marzo de 2006 se convirtieron ambas en dos de las principales testigos de cargo contra él.

Castañón, vinculada al Consistorio marbellí entre 1995 y 2006, ha relatado las «reticencias» de Julián Muñoz a la hora de firmar convenios urbanísticos, una vez que ya había sido electo como alcalde, a partir de mayo de 2003.

«El señor Roca le llamaba continuamente, pero no quería firmar, había muchos convenios que llevaban ya la firma de promotores pero faltaba la de él. Se negaba». Ha sido en dicho contexto donde Castañón ha aludido al ex asesor jurídico municipal José María del Nido: «Julián Muñoz tenía su propio abogado».

Las palabras de la testigo sirven para ilustrar la guerra desatada por el urbanismo marbellí, cuando el sucesor de Jesús Gil quiso volar solo: «El señor Muñoz, de forma subliminal, pretendía asumir el control del urbanismo».

«Normalmente cuando el señor Roca culminaba un convenio el señor Muñoz venía a firmar . Ya siendo alcalde era reticente a firmar. Yo me daba cuenta de que algo pasaba, porque ponía muchos reparos», sostiene Castañón.

La línea de defensa seguida por el abogado de Julián Muñoz, Javier Saavedra, es desvincular a su cliente de cualquier poder decisorio en materia de convenios urbanísticos. Sin embargo, dicho argumento se ha quebrado, en parte, cuando la letrada Castañón ha asegurado que el ex regidor la llamó personalmente para que redactara «el convenio del Guadalpín», en referencia al polémico hotel donde Pantoja compró un apartamento.

De hecho, la testigo ha revelado que tuvo que ir a declarar a los Juzgados por «temas que luego me he enterado». Con tal afirmación remacha su argumento de los «dos urbanismos», el de Roca en el que ella estaba y el de Julián Muñoz, controlado por Del Nido.

Con la excepción sobre el convenio del Guadalpín, con intervención de Muñoz, Castañón ha mantenido que «ningún responsable político gestionaba los convenios urbanísticos», sólo Roca.

María Antonia Castañón ha ido variando en sus declaración la percepción acerca del poder de Roca en el Ayuntamiento de Marbella. En 2008 declaró que era un «subordinado de Jesús Gil». Sin embargo ahora, cuatro años después, reconoce a preguntas de Saavedra que no era así.

«El señor Roca era de facto el gerente de Urbanismo de Marbella. La realidad era que mandaba tanto en planeamiento como en el día a día del urbanismo», ha dicho la testigo. Además, le ha atribuído responsabilidades de asesoramiento en «otros muchos asuntos», porque la entonces alcaldesa, Marisol Yagüe, «delegaba en él».

Dicha jurista, imputada en procedimientos urbanísticos, ha sido siempre una persona de plena confianza de Roca. La abogada llegó a poner de su bolsillo 18.000 de los 450.000 euros que el ex asesor urbanístico tuvo que depositar, como fianza, en 2002 cuando fue detenido por el llamado caso Saqueo1, destapado por EL MUNDO en 1999 y por el que fue condenado a 6 años de prisión.

Moción
Por lo que respecta a la moción de censura contra Muñoz, en agosto de 2003, María Castañón tiene claro que el «detonante» de dicha operación de transfuguismo, relacionada con «el control del urbanismo», fue el cese de Roca a manos del sucesor de Gil en la Alcaldía. Reconoce, no obstante, «desavenencias previas» muy claras entre Gil y Muñoz.

De hecho, Roca y el fallecido regidor habían encargado a la letrada, antes de las elecciones municipales de 2003, que les asesorara sobre el reglamento de las mociones de censura y confianza.

A la hora de hablar de los convenios urbanísticos y la potestad de otorgar licencias de obras en base a revisiones de planes urbanísticos- no aprobados- Castañón ha responsabilizado al ex abogado municipal José Luis Sierra, actualmente enfermo de Alzheimer, de ser el autor de un informe jurídico que así lo aconsejaba. Los concejales del GIL lo siguieron al pie de la letra. En el marco del interrogatorio ha salido a relucir que Castañón fue socia, entre 1996 y 2001, del principal testaferro de Roca, Oscar Benavente, también procesado. Ella asegura que él le pidió «como un favor» comprarle unas participaciones de Inmuebles y Fincas Socotora. A los cinco años ella se deshizo de sus acciones.

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LA JUEZA SEPARA DE LA "OPERACIÓN CAMPEÓN" LA CAUSA CONTRA EL EX CONSEJERO DEL BNG

Fernando Blanco (centro) sale de los juzgados tras declarar como imputado. | Efe
JUSTICIA | Su defensa solicita el sobreseimiento
Estela San José considera que 'existen indicios' para abrir una causa separada
Ve presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y fraude
Fernando Blanco dimitió de su cargo de consejero de Industria
La juez cita a declarar a otros 16 imputados para el mes de mayo
También cita como testigo a la actual secretaria de Estado de Sanidad

Efe | Lugo

La juez Estela San José ha decidido separar del sumario principal de la 'Operación Campeón' la causa contra el ex conselleiro de Industria y ex diputado autonómico del BNG Fernando Blanco para su posterior reparto por parte del Juzgado Decano de Lugo.

El pasado octubre, Blanco abandonó sus cargos tras haber sido señalado por el empresario Jorge Dorribo como uno de los supuestos perceptores de pagos en compensación por haber agilizado trámites administrativos en su departamento. Por esta misma acusación dimitió el parlamentario 'popular' Pablo Cobián.

En un auto emitido el pasado 23 de abril, la juez ordena que se deduzca testimonio de todas "las declaraciones, documentos e informes" que obren en la causa principal relativos a la investigación que afecta a Fernando Blanco, así como que se incoen diligencias previas por los "presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, fraude en subvenciones y otros delitos contra la administración pública".

En esa misma resolución, la juez explica que, tras la pérdida por parte de Fernando Blanco de la condición de aforado, se practicaron por parte del Juzgado de Instrucción número 3 "las diligencias que se estimaron oportunas", dentro de la causa que tenía como "eje central la actividad presuntamente delictiva de Jorge Dorribo".

Según explica la juez en el auto, es "precisamente Jorge Dorribo" quien en su declaración "voluntaria" del día 8 de agosto de 2001, la que le permitió salir de la cárcel, "comienza a relatar cómo se pagaron distintas cantidades a Fernando Blanco cuando ostentaba el cargo de conselleiro de Industria, para que éste favoreciera la concesión de las subvenciones solicitadas en la Xunta de Galicia".

En ese sentido, añade que en las diligencias previas de la llamada 'Operación Campeón' lo que "se viene investigando" es la "presunta comisión por parte de Jorge Dorribo" de, entre otros, un "delito contra la Hacienda pública", por la obtención fraudulenta de subvenciones.

Sin embargo, precisa que cuando el principal imputado en la causa "relata hechos referentes a Fernando Blanco", eso "no puede conllevar per se la asunción de la competencia por parte" del Juzgado de Instrucción número 3.

'Existen indicios'
Por ello, estima que "al considerar que existen indicios" para abrir una "causa separada", y al "no existir conexión entre unos hechos y otros", debe deducirse testimonio de las diligencias practicadas para que sean remitidas al Juzgado Decano, que se ocupará de su reparto.

La instructora también decidió hace algunas semanas separar de la causa principal las diligencias que afectan al alcalde de Lugo, el socialista José López Orozco, pero después de pasar por el Juzgado Decano regresaron de nuevo al Juzgado de Estela San José, que será el encargado de completar la instrucción.

En el caso de Fernando Blanco, el Juzgado Decano tendrá que repartir la causa entre los tres Juzgados de Instrucción de Lugo, por lo que también podría volver al número 3.

La defensa pide el sobreseimiento
La defensa del ex consejero, por su parte, ha solicitado ante el juzgado de Estela San José esta misma mañana el sobreseimiento de la causa contra él, por considerar que no hay pruebas para confirmar su participación en hechos ilícitos.

En declaraciones a Efe, uno de los abogados que integra ese equipo jurídico, el letrado compostelano Evaristo Nogueira, confirmó que en la primera parte del escrito presentado esta mañana, que consta de 21 folios, desmonta una por una "las falsas acusaciones de Jorge Dorribo".

La segunda parte de ese escrito, de un perfil "más técnico", cita jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, según la cual las declaraciones de un coimputado no pueden ser la única prueba de cargo para imputar a otras personas, habida cuenta de que entre sus garantías procesales figura la de no decir la verdad si perjudica a su defensa.

En ese sentido, la defensa insiste en que "no hay caso", porque la única prueba que figura en el sumario de la 'Operación Campeón' contra Fernando Blanco se centra en las declaraciones de Jorge Dorribo, "el principal imputado en la causa".

Declararán 16 imputados
Mientras tanto, y en el curso de la investigación de la 'operación Campeón', la juez Estela San José ha llamado a declarar como imputados a otras 16 personas, que irán pasando por su juzgado a partir de la primera semana de mayo.

También ha citado como testigos a la ex conselleira de Sanidad y actual secretaria de Estado de Sanidad, Pilar Farjas, y a la hija del principal imputado, Anthea Dorribo.

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