domingo, 10 de julio de 2011

"CASO RENEDO"; CALENDARIO PARA UN SUMARIO

Dos resoluciones clave del ‘caso Renedo’ se resolverán en cuestión de días

S.D.M. OVIEDO

Con las vacaciones a la vuelta de la esquina y a punto de cumplirse seis meses desde que se destapó la caja de los truenos, la investigación del caso Renedo continúa sumando folios a un sumario que ya pasa de los 32.000. Esta misma semana nuevos nombres aparecen relacionados con una instrucción a la que todavía parecen quedarle muchos hilos por desenredar.

01 novedades Nuevas sospechas sobre un aforado 
Hace apenas unos días el titular del juzgado número 2 de Oviedo, Ángel Sorando, remitió al Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) una separata del sumario al considerar que puede haber indicios de la implicación de un aforado en la supuesta trama de corrupción. Ese aforado es, en principio, la consejera en funciones de Cultura del Principado y diputada regional, Mercedes Álvarez, que ya ha saltado a la palestra para defender su inocencia.

Esa separata, que se corresponde con la parte de la instrucción sobre la que todavía pesa el secreto de las actuaciones, ya obra en manos de la Sala Civil-Penal del TSJA, que es la encargada de tramitar los asuntos penales que afecten a diputados y miembros del Gobierno. La sala, que según todos los indicios resolverá esta misma semana, puede decidir abrir una causa contra Mercedes Álvarez, archivarla al no encontrar indicios de delito o bien devolvérsela al magistrado Sorando, según confirmaron expertos consultados por LA VOZ, porque cree que no está bien justificada y que debe seguir investigando.

En principio, parece que el nombre de Mercedes Álvarez aparece en las grabaciones de conservaciones realizadas durante la investigación, citada por gente que dice conocer a sus familiares y que ellos son el mejor medio para llegar hasta ella.

La consejera se mostró sorprendida por su supuesta implicación. Considera “kafkiano” que se la relaciones con el caso, niega conocer a Marta Renedo, ya que la ex alta funcionaria que da nombre a la instrucción se fue de Cultura un año y medio antes de que Mercedes Álvarez llegara al cargo. También considera “deplorable” que se haya tenido que enterar por los medios de comunicación de lo que está pasando y resalta que su departamento “colaboró desde el primer día con la investigación y remitió toda la información que se le solicitó.

02 los ‘pinchazos’ Las grabaciones, en entredicho 
Cuatro de los cinco imputados hasta el momento en el caso Renedo han recurrido las grabaciones que constan en el sumario y que son el núcleo fundamental del que se ha ido desentrañando la madeja de la supuesta trama de corrupción. Alegan errores procedimentales, de plazos y de justificación. Quieren que se descarten los pinchazos y que, a continuación, se archive el caso. Algunas de las justificaciones de los letrados son muy gráficas y alegan que el caso se ha sobredimensionado.

Los imputados que se han acogido a esta línea son la ex directora de Planificación de la Consejería de Educación, María Jesús Otero, representada por Ángel Bernal; la propia Marta Renedo, con Luis Tuero; y los empresarios de Igrafo, Víctor Manuel Muñiz, con el abogado Miguel Valdés-Hevia; y de Almacenes Pumarín, Alfonso Carlos Sánchez, con el letrado Javier Díaz Dapena.

Los cuatro imputados esperan que la resolución judicial sea muy rápida, incluso que se produzca esta misma semana. Las grabaciones son una pieza fundamental, por lo que de esta decisión depende en gran medida el futuro del caso.

Los abogados defensores confían en que sus tesis salgan adelante, pero otros letrados como Esteban Aparicio que representa a la asociación llanisca AVALL, que se ha persona en el caos, afirma que no hay base para desechar esas conversaciones y todas las actuaciones que desencadenaron.

03 tras las vacaciones El juez escuchará nuevas pruebas 
Ya hay más testimonios fijados por el magistrado Ángel Sorando para el mes de septiembre. Uno de ellos es el de la consejera en funciones de Administraciones Públicas, Ana Rosa Migoya, que para entonces ya no ocupará ningún cargo dentro del Gobierno. Su comparecencia, en calidad de testigo, está prevista para el día 12 de septiembre y ha sido interesada por el partido bloque por Asturias, que también está personado en el caso. Al día siguiente, pasarán por los juzgados dos funcionarios más.

Además, Esteban Aparicio, el letrado que representa a AVALL avanza que solicitará más pruebas testificales, como por ejemplo “la declaración de todos los funcionarios que tienen estampada su firma en los contratos que la propia Administración ha reconocido como irregulares”, además de otros trabajadores públicos que dependían de la Dirección General de Modernización, Telecomunicaciones y Sociedad de la Información del Principado, de la que es titular en funciones Alberto Pérez Cueto, que ya compareció hace dos semanas.

04 encarceladas Dos de los imputados siguen en prisión 
De los cinco imputados has ta el momento en el caso Renedo, tres están en libertad bajo fianza, el ex consejero de Educación, José Luis Iglesias Riopedre, y los empresarios Víctor Manuel Muñiz y Alfonso Carlos Sánchez. Siguen en prisión María Jesús Otero y Marta Renedo. Sus abogados ya han recurrido su encarcelamiento sin ningún éxito, así que casi con total probabilidad pasarán el verano en prisión. Sólo les queda recurrir al Tribunal Supremo, porque ya han agotado todas las instancias inferiores, en las que temen que destruyan pruebas o que se fugen.

Lavozdeasturias.es

EL "CASO RENEDO" SEÑALA YA A CINCO CONSEJERÍAS

Álvarez Areces defiende la «honestidad» de Mercedes Álvarez y pide «que no se enturbie continuamente la política asturiana»

Cuando el 3 de febrero de 2010 Azucena V. F. presentó una denuncia tras descubrir que alguien había abierto una cuenta bancaria a su nombre y estaba realizando ingresos en la misma, probablemente no llegó a imaginar la tormenta que iba a desencadenar en la política asturiana. Un año y medio después de esa demanda, y tras meses de escuchas, análisis de facturas y otras indagaciones, el caso que comenzó con la investigación de las actuaciones irregulares de la funcionaria Marta Renedo salpica ya, de una u otra forma, a cinco consejerías del Principado o, lo que es lo mismo, la mitad del Gobierno regional.

La primera en quedar bajo la lupa de la jueza Ana López Pandiella -antes de que ésta enviara el sumario a Oviedo- fue la Consejería de Administraciones Públicas, en la que Marta Renedo trabajaba como jefa de servicio. Lo fue no sólo porque la funcionaria tuviera allí su puesto de trabajo, sino porque el desvío de fondos a empresas propiedad de Marta Renedo llevaba la firma, entre otros, del director general de Modernización, Alberto Pérez Cueto, rúbricas que presuntamente habían sido falsificadas por la jefa de servicio detenida -y que lleva ya más de cinco meses en prisión-. La propia consejera, Ana Rosa Migoya, está citada para declarar como testigo el próximo 12 de septiembre.

A partir de la intervención de las conversaciones telefónicas de Marta Renedo, que comenzaron tras su destitución, se llegó a los empresarios Víctor Manuel Muñiz, dueño de Igrafo, y Alfonso Carlos Sánchez, de Almacenes Pumarín, y se descubrió su relación con el entonces consejero de Educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre, y con la directora general de Planificación, María Jesús Otero. Los investigadores sospechan que ambos cargos públicos favorecieron a estas empresas a la hora de adjudicar contratos del Principado, permitiéndoles concurrir de forma irregular y obteniendo a cambio una compensación económica o trabajos para la empresa del hijo del exconsejero.

En la parte del sumario ya conocida aparecen además escuchas que hacen referencia a contactos de los empresarios imputados con alto personal de otras dos consejerías: la de Economía y Hacienda y la de Presidencia, Justicia e Igualdad. Los interrogatorios practicados en las últimas semanas por el juez Ángel Sorando permitieron ahondar más aún en las conexiones de estos departamentos con el 'caso Renedo'. En concreto salió a la luz la relación de Sánchez y Muñiz con un funcionario, Luciano, supuestamente jefe de sección de Economía y Hacienda, quien iría informando a ambos del estado en el que se encontraban algunos expedientes y les daba además consejo sobre cómo presentar ofertas. Además se hizo referencia a la relación personal de Víctor Manuel Muñiz con el exdirector general de Justicia, Manuel Cabaleiro, con quien comía asiduamente.

Esta semana la Consejería de Cultura y Turismo -a la que ya existían referencias en algunas conversaciones intervenidas a Marta Renedo, quien estuvo trabajando allí hasta 2007, antes de ser trasladada a Administraciones Públicas- se sumó a la lista de departamentos relacionados con esta causa, después de que el juez Sorando remitiera al TSJA una parte del sumario para que investigue si su actual titular, Mercedes Álvarez, incurrió en la comisión de algún delito. El magistrado se basa en documentos que aún permanecen bajo secreto. Ayer el presidente en funciones, Vicente Álvarez Areces, defendió la «honestidad» de la consejera y consideró que «no hay ningún elemento de imputación». En declaraciones a la TPA, pidió «no enturbiar continuamente la vida política asturiana».


elcomercio.es

"CASO DE LOS ERE"; LA FISCALÍA DEL SUPREMO DEFIENDE QUE LAS ACTAS DE LA JUNTA ANDALUZA SON RESERVADAS

La juez de los ERE notifica al Gobierno autónomo que puede recoger ya los sobres

LOURDES LUCIO - Sevilla

La juez de Sevilla que investiga el caso del fraude de los expedientes de regulación de empleo (ERE) pagados con dinero público remitió ayer al Tribunal de Conflictos Jurisdiccionales, dependiente del Tribunal Supremo, el contencioso planteado por la Junta de Andalucía. El Ejecutivo autónomo defiende que las actas de los Consejos de Gobierno requeridas por la magistrada son secretas, por lo que Mercedes Alaya no tenía derecho a reclamarlas.

Tres meses después de que la Junta formulara este pulso, la instructora dicta ahora un auto en el que deja en manos del Supremo la decisión última de si puede acceder a las actas del Gobierno andaluz desde 2001. El miércoles, la Audiencia de Sevilla había instado a la magistrada a devolver las 480 actas intervenidas. La Junta las recuperará el próximo lunes.

El Ejecutivo socialista entiende que esta información es reservada, pero sobre todo cree que solo el Gobierno andaluz es el que tiene la facultad de decidir cuándo la hace pública, en virtud de la Ley del Gobierno.

Esta tesis la comparte también el fiscal del Supremo Luis Navajas, quien, en un escrito de fecha 29 de junio y remitido a la Sala de Conflictos de Jurisdicción, opina que la juez Alaya "debe declinar" su autoridad en la reclamación de las 480 actas del Consejo de Gobierno "porque estaría invadiendo competencias que son propias" del poder Ejecutivo y supone una actuación "al margen del principio de proporcionalidad".

En el escrito, al que ha tenido acceso EL PAÍS, el fiscal sostiene que las actas "deben ser consideradas como materia reservada". Y basa su opinión tanto en la Ley de Gobierno de la comunidad como en la Ley de Secretos Oficiales, por lo que sostiene que "únicamente podrán hacerse públicos en la forma y en el momento" en que lo decida el Gobierno andaluz. No obstante, el fiscal sugiere al juzgado del caso de los ERE que no solicite "la entrega indiscriminada" de las actas, sino los acuerdos aprobados por el Gobierno.

La juez Alaya lleva 30 meses investigando el fraude en los ERE, pero todavía no ha culminado la instrucción de ninguna de las ramas del caso. ¿Por qué la juez quiere las actas? Porque entiende que el procedimiento administrativo por el que se concedieron las ayudas para pagar las prejubilaciones, más rápido pero con menos controles previos, permitió el fraude. Y quiere saber si en las reuniones de los Consejos de Gobierno se obviaron o trataron los informes de la Intervención General de la Junta en los que se advertía que el trámite escogido prescindía "de forma absoluta del procedimiento administrativo previsto en la ley".

Alaya, en el auto en que promueve el conflicto de jurisdicción, opina que la Intervención informó de este hecho al entonces consejero de Economía "y hoy presidente de la Junta de Andalucía", José Antonio Griñán. El Gobierno andaluz mantiene que el informe de la Intervención no llegó ni a la mesa del consejero ni del Consejo de Gobierno porque no era necesario.


elpaís.com

"CASO GÜRTEL"; HACIENDA VE INDICIOS DE FINANCIACIÓN ILEGAL EN ACTOS DE CAMPS

Federico Simón Valencia

La Brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía concluyó en verano de 2010 que el PP valenciano se había financiado ilegalmente mediante varias constructoras que pagaron gastos de la campaña electoral de los populares a través de Orange Market, la empresa de Álvaro Pérez, El Bigotes, en la trama Gürtel. Ahora, un informe de la Agencia Tributaria encargado por el juez Antonio Pedreira, instructor del caso en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ratifica las irregularidades denunciadas. “De los documentos indicados (...) se infiere que algunos servicos prestados al PP habrían sido pagados no por este, sino por terceros (Ortiz, Facsa, Sedesa, Lubasa, Piaf)”, explica el informe, que añade que habría que examinar documentación que permitiera saber si los trabajos facturados a las constructoras se hicieron.

El informe, con entrada en el TSJ el pasado jueves, desgrana numerosos actos de campaña electoral del PP valenciano ejecutados por El Bigotes, incluidos actos del congreso nacional del PP celebrado en junio de 2008 y en el que Camps dio su apoyo al presidente del PP, Mariano Rajoy, tras su derrota en las urnas. O el congreso regional en el que se revalidó a Camps en diciembre de 2008.

En la contabilidad intervenida a la empresa se deduce que el importe de los servicios prestados a lo largo de 2008 en decenas de actos electorales del PP se eleva a 1.768.595 euros. Sin embargo, la firma solo cobró a la formación 612.322 euros, es decir, un poco más de la tercera parte.

Según la Agencia Tributaria, la empresa de El Bigotes habría facturado la mayoría de esos trabajos a cinco constructoras, a las que se facturaron obras por otros 691.407 euros.

El secretario general del PP valenciano, Antonio Clemente, explicó ayer que sus cuentas están presentadas ante el Síndico de Cuentas y que han sido auditadas tanto interna como externamente: “No hay ningún tipo de irregularidad en la financiación del PP”.
      

UN JUEZ INDAGA AMAÑOS DE CONTRATAS EN ALICANTE

La oposición pide explicaciones al edil responsable del área de Atención Urbana

S. NAVARRO - Alicante

En plena instrucción de la pieza del caso Brugal que investiga un supuesto favor del Ayuntamiento de Alicante al promotor Enrique Ortiz en el trámite del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), el Consistorio, que preside Sonia Castedo, del PP, se enfrenta a un nuevo supuesto caso de corrupción. El Juzgado número 2 de Alicante indaga una trama entre funcionarios y empresarios relacionada con la adjudicación de obras del Plan E.

El concejal del área implicada defiende la legalidad de los contratos

Por estos hechos, el juez de guardia dejó ayer en libertad con cargos por los supuestos delitos de cohecho, malversación y blanqueo de capitales a un técnico municipal y dos promotores. Las diligencias siguen secreta.

La investigación sobre el supuesto cobro de comisiones vinculadas a las obras del Plan E se remonta a 2006, a raíz de una denuncia de la exconcejal del PSOE Carmen Sánchez Brufal ante el fiscal anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, quien observó indicios de delito y remitió el caso al Juzgado.

El magistrado ordenó el jueves los tres arrestos y, en paralelo, acordó el registro de las empresas de los promotores responsables de las firmas implicadas, las mercantiles Becsa (antigua Lubasa) y Civil de Construcción, Mantenimiento y Servicios, SL (CCMS). El juez también reclamó los expedientes de las obras a la Concejalía de Atención Urbana, donde desarrolla sus funciones el ingeniero técnico municipal detenido, José L. M., responsable del negociado de vías públicas y obras.

Fuentes del caso señalan que el funcionario asumía como suyos los proyectos de los promotores y les aseguraba la adjudicación a cambio de dádivas.

El Ayuntamiento de Alicante, que preside la popular Sonia Castedo, ha adjudicado entre 2009 y 2010 a las dos empresas implicadas en la supuesta trama de corrupción obras del Plan E por valor de 7,5 millones de euros. El grueso de las contratas se lo ha llevado la mercantil Becsa, con 6,5 millones. Mientras, la firma Civil de Construcción y Servicios, SL (CCMS), logró contratos por casi un millón. No obstante, según fuentes municipales, la primera mercantil solía subcontratar con la segunda parte de las adjudicaciones que obtenía.

Los proyectos del Plan E más destacados adjudicados a la mercantil fueron sendas obras para remodelar la plaza del Ayuntamiento y el paseo de la Explanada, por un monto global de casi dos millones de euros.

El nuevo caso de supuesta corrupción que salpica al Ayuntamiento dio pie a los grupos de la oposición a exigir responsabilidades y explicaciones al equipo de gobierno del PP. Así, la portavoz del PSPV, Elena Martín, instó al concejal responsable del departamento de Atención Urbana, Andrés Llorens, a que aclare las supuestas irregulares en el próximo pleno de la corporación. "Llorens es responsable por acción, omisión o por sorpresa", dijo Martín. "Resultaría escandaloso que una financiación del Gobierno de España pensada para sostener el empleo en la dura situación de crisis hubiera sido aprovechada por algunos para hacer caja", añadió. La portavoz socialista señaló que "Castedo ha empezado la legislatura como la anterior, bajo sospecha, y las urnas no eximen", precisó, en alusión a la implicación de la regidora en el caso Brugal.

El portavoz de EU, Miguel Ángel Pavón, exigió la constitución de una comisión de investigación municipal para aclarar los hechos. La formación Compromís, sin representación en la corporación, exigió la dimisión de Llorens.

El concejal Llorens, número dos del Gobierno de Castedo, rechazó las críticas de la oposición y defendió la "legalidad" de todas las adjudicaciones. "Primero quiero expresar mi confianza en la Justicia y nuestra disposición a colaborar con el juez y también anteponer el derecho a la presunción de inocencia de los implicados, antes de iniciar un linchamiento público", dijo. También quiso "incidir en el origen político de la denuncia, a instancias de una exedil del PSPV". "Los socialistas inician la legislatura igual que la acabaron, pero con seis concejales menos", añadió.

La Concejalía de Atención Urbana ha estado implicada en el anterior mandato en tres supuestos casos de ilegalidades al adjudicar proyectos. Víctor López, jefe de servicio del departamento, fue imputado tres veces. También estuvo imputado Llorens por adjudicar una obra después de haber sido ejecutado. El juez, no obstante, archivó las causas.


elpaís.com

"OPERACIÓN SUMINISTRO"; EL EXREGIDOR DE EL PUERTO, DE NUEVO IMPUTADO POR CORRUPCIÓN

L. PALOMA - Cádiz

La Guardia Civil ha destapado en El Puerto de Santa María (Cádiz) una trama de corrupción urbanística que vuelve a salpicar a responsables municipales durante la etapa de Independientes Portuenses (IP). Entre los 35 imputados en la operación Suministro, se encuentran el que fue alcalde entre 1991 y 2006, Hernán Díaz; su sucesor y antiguo compañero de partido, Fernando Gago; el exconcejal de Urbanismo Juan Carlos Rodríguez; y el jefe de Disciplina Urbanística Fernando Jiménez Fornell.

Los implicados, entre los que hay promotores y propietarios de viviendas irregulares, están acusados de presuntos delitos de prevaricación, falsedad documental y contra la ordenación del territorio. Según la investigación, los antiguos responsables municipales otorgaron licencias para edificar en suelo no urbanizable.

Aceptaron además la inscripción de fincas con certificados que falseaban la antigüedad de las viviendas para simular que no eran casas de nueva construcción. Para dar mayor apariencia de legalidad, firmaron contratos con empresas de suministro para autorizar los enganches de luz y agua, pese a que este permiso solo es posible si existe una licencia oficial de primera ocupación.

El caso, impulsado por la Fiscalía de Medio Ambiente, está ahora en manos del titular del Juzgado número 3 de El Puerto, Miguel Ángel López Marchena. Hernán Díaz, quien dejó la alcaldía tras ser inhabilitado por prevaricación, tiene pendientes otras imputaciones relacionadas con operaciones urbanísticas.