domingo, 21 de febrero de 2010

"CASO PALMA ARENA"; EL JUEZ INVESTIGA SI EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE ALEMANY FUE FALSIFICADO

El periodista facturaba a Nimbus la misma cantidad que la empresa recibía del Govern de Matas

J.F.M./F.A. PALMA. La fiscalía Anticorrupción y el juez José Castro, quien instruye la causa del caso Palma Arena, investigan si el expediente de contratación del periodista Antonio Alemany, no directamente sino a través de la empresa de publicidad Nimbus, fue falsificada.

Según la documentación que se ha recogido hasta el momento, el Govern anunció a principios de legislatura un concurso público para un proyecto de asesoramiento de imagen; concurso que se tramitó por el procedimiento de urgencia y no por el ordinario, lo que supuso una reducción de los plazos para presentar ofertas. La única empresa que se presentó al concurso fue Nimbus. La empresa fue contratada para este asesoramiento, que incluía la redacción de los discursos del president Matas. La oferta económica fue de 200.000 euros durante un periodo de cuatro años.

Cada mes Nimbus facturó al Govern 4.000 euros. Esta cantidad coincide con la cifra que a su vez cobraba Antonio Alemany de la compañía publicitaria a través de su empresa, por lo que el publicista no obtenía ningún beneficio por este concurso, según han constatado los investigadores. Por ello, el juez cree que Alemany fue contratado directamente por el Govern, entre otras cosas por su afinidad con el PP, y que se utilizó la intermediación de la empresa de publicidad para dar forma al expediente de contratación.

Este contrato con Nimbus lo tramitó el departamento de Comunicación del Govern, cuyo responsable, Joan Martorell, ha sido imputado. El juez ha impuesto a Martorell una fianza civil de 250.000 euros y le ha retirado el pasaporte. Esta misma medida preventiva se adoptó también contra Antonio Alemany.

Martorell reconoció ante el juez y el fiscal Anticorrupción que había gestionado desde su departamento la contratación de Nimbus y que conocía que esta empresa a su vez subcontrataba a Alemany para que elaborara los discursos del ex president. Sin embargo, el ahora jefe de prensa del PP mantuvo que esta contratación no fue iniciativa suya, sino de sus superiores, y apuntó directamente al ex president Matas y a sus dos últimas jefas de gabinete, María Umbert y Dulce Linares.

En el expediente no han aparecido los discursos, ni originales ni copias, que redactaba Alemany y por los que cobraba 4.000 euros al mes. Los investigadores creen que estos discursos no se han incluido en el expediente público porque muy difícilmente justificarían que el Govern pagara 200.000 euros. Por ello, el juez imputa a los implicados los delitos de falsedad y malversación de caudales públicos.

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diariodemallorca.es

"CASO PALLEROLS"; EL FISCAL PIDE CÁRCEL PARA LOS EX ALTOS CARGOS DEL GOBIERNO CATALÁN IMPLICADOS

EL EMPRESARIO BENEFACTOR HACE TEMBLAR A UDC

@Antonio Fernández (Barcelona).- 20/02/2010 (06:00h)

El presidente de UDC, Josep Antoni Duran i Lleida (Efe).

¿A quien no le gusta que le compren los puros que ha de repartir en la boda de su hija? ¿O un teléfono móvil? ¿O un equipo informático? Eso es lo que debían pensar altos cargos de la Generalitat en los años 90 y, por ello, se dejaban querer por algunos de los proveedores. Si estos altos cargos son militantes o miembros de la dirección de un partido político, la cosa adquiere otra dimensión. Y es precisamente por eso por lo que la fiscalía barcelonesa implica ahora a Unió Democràtica de Catalunya (UDC) en el llamado caso Pallerols como “responsable civil subsidiaria y partícipe a título lucrativo”.

El caso Pallerols es muy simple: el empresario catalano-andorrano Fidel Pallerols, junto a su mano derecha, María de la Cruz Guerrero, tenía tres empresas: Assessorament i Nous Desenvolupaments Ocupacionals (Andsa), Centre d’Estudis Informàtics i Formació (Ceifsa) y Tècniques Empresarials i Ocupacionals (Teosa). Estas empresas recibieron casi 9 millones de euros en subvenciones desde 1994 a 1999 para la impartición de cursos de formación a parados o a trabajadores en activo. La fiscalía considera probado que el 10% de este dinero revirtió en UDC, por algo Fidel Pallerols era “colaborador ocasional” de la formación democristiano y María de la Cruz Guerrero, militante desde 1990.

El hombre clave de este desvío, según el fiscal, era Vinceç Gavaldà, miembro del comité de gobierno del partido, secretario de Organización de 1993 a 1996 y Secretario de Relaciones Institucionales de 1997 a 1999. Junto a él, también es acusado el militante Santiago Vallvé por propiciar el desvío de fondos. Pero el escándalo salpica a más gente: Lluís Gavaldà, hermano del anterior, director general de Trabajo de 1993 a 1999, ordenaba los pagos, secundado por la subdirectora general de Trabajo -y también integrante del comité de gobierno de Unió-, Dolors Llorens. Por lo que se ve, toda la trama era un círculo cerrado, lo que da pie al fiscal para decir que “esta conjunción de intereses fraguó finalmente en un concierto o mutuo acuerdo entre todos ellos con la única finalidad de conseguir que una cifra cercana al 10% del importe total anual de los fondos públicos que las empresas de Fidel Pallerols percibían del Departamento [de Trabajo] en concepto de subvenciones fuera desviada a fines ajenos a las actividades formativas.

En concreto, el Ministerio público sostiene que 595.972,61 euros fueron desviados directamente de las partidas. A ellos, hay que añadir unos 36.000 euros más anuales que el empresario daba al partido bajo el concepto de “reducción por producción propia”. ¿Y a qué se dedicaron esos más de 800.000 euros? A varias cosas. Lo que ha demostrado la investigación realizada hasta el momento es que los acusados dispusieron de dinero en efectivo, pero Pallerols también pagó nóminas de empleados de Unió, obsequios para sus amigos de la Administración y otras menudencias.

Regalitos de buen rollo

La fiscalía considera probado que sólo durante el año 1996, el secretario de Organización de UDC, Vicenç Gavaldà, recibió en efectivo alrededor de 100.000 euros. Pero las partidas más llamativas son otras: ese mismo año, el empresario compró “los puros para la boda de la hija del fallecido Juan Martín Toribio, entonces jefe del Servicio de Administración y Promoción de Programas del Departamento de Trabajo”. El óbito de Martín Toribio impidió que ahora pueda ser acusado por el fiscal. Costaron 42.000 pesetas (252 euros al cambio actual), una cantidad pequeña, pero que representa un bonito gesto de Pallerols. Similar al que tuvo con el director general de Trabajo, Lluís Gavaldà: le compró un equipo informático por 279.148 pesetas (1.678 euros al cambio actual) que pagó a tocateja su compañía Andsa. Al año siguiente, Dolors Llorens necesitó un teléfono móvil y nuevamente acudió el benefactor en su ayuda: le costó 70.008 pesetas de la época (421 euros), precio que engloba el aparato y el consumo realizado. Incluso sufragó los “gastos de asistencia” del entonces delegado territorial de Trabajo en Lleida, Pere Grau, por un total de 120.000 pesetas.

Pero eso fueron sólo algunas de las partidas. Desde 1994, las empresas de Fidel Pallerols agradecían a Unió la deferencia de concederle subvenciones mediante la compra de muebles, fotocopiadoras, faxes o equipos informáticos para sus sedes. Incluso el rótulo de la sede de Unió en el distrito barcelonés de Sants fue pagado por el empresario.

Pero además, agradecía también los favores contratando y pagando las nóminas de varios empleados del partido que, aunque cobraban de sus empresas, jamás trabajaron para las mismas. Es el caso de Susana Díaz, presidenta de UDC del barrio del Guinardó y vicepresidenta del comité ejecutivo de Barcelona: percibió 7.980.000 pesetas de Teosa y de Ceifsa. Josep Gascón, presidente del distrito de Gràcia y consejero nacional de Unió, percibió 1.980.000 pesetas en el año 1997 a cuenta de las mismas empresas. Albert Colomer, presidente local de Palamós, llegó a cobrar de 1996 a 1999 15.300.000 pesetas de Ceifsa, Andsa y Teosa. Emilia Titos se embolsó, asimismo, 1.080.000 pesetas. “En este caso, se retribuía el trabajo y dedicación que el marido de esta persona desarrollaba para el partido”. El marido en cuestión era el presidente local de Sils, presidente comarcal de La Selva, coordinador general de la Intercomarcal de Girona y consejero nacional.

La fiscalía, que pide la apertura de juicio oral, acusa a los altos cargos de Unió y de la Generalitat de malversación de caudales, delito continuado de fraude de subvenciones, de cohecho y de falsedad en documento mercantil. Para el empresario Fidel Pallerols, pide 4 años de prisión por malversación, con la alternativa de una pena de 4 años por fraude de subvenciones, cinco años por cohecho y dos años por falsedad, además de sendas multas de 2 millones de euros, un millón de euros y otra de once meses con una cuota diaria de 80 euros. A la mano derecha del empresario, María Cruz Guerrero, le pide una pena de 3 años y 9 meses o, alternativamente, 3 años y 6 meses por fraude y 4 años y 3 meses por cohecho, además de sendas multas de 1,5 y 1 millón de euros. A Vicenç Gavaldà, le achaca malversación, por la que pide 4 años de cárcel, o alternativamente 4 años por fraude, 5 años por cohecho y 2 años por falsedad, además de sendas multas de 2 millones, 1,5 millones de euros y 11 meses con una cuota diaria de 80 euros. Para los altos cargos de la consejería de Trabajo, pide 5 años y 10 meses de prisión, aunque alternativamente propone dos penas de cuatro años de cárcel y sendas multas de 1 y 1,5 millones de euros a cada uno.

La acusación reclama también que todos ellos deban indemnizar a la Generalitat de Cataluña con casi 596.000 euros. Sobre UDC, señala el texto que “procede declarar” su responsabilidad civil subsidiaria “respecto de las cantidades debidas por el acusado Vicenç Gavaldà”. Pero, además, el partido “deberá responder como responsable civil en calidad de partícipe a título lucrativo” de casi 39.000 euros que pertenecen al material que Fidel Pallerols compró para sus sedes y de 158.306,59 euros “derivado del total satisfecho en concepto de nóminas”.

El fiscal desgaja de este sumario una pieza separada referente a un presunto delito fiscal cometido por el empresario. Según la acusación, Pallerols “ideó una forma de aparentar unos costes subvencionables muy superiores a los reales y que en el ámbito fiscal le permitió minorar indebida y fraudulentamente la cuota a ingresar por el Impuesto de Sociedades”. Este fraude alcanza más de 900.000 euros, que es la cantidad que el ministerio público establece como indemnización para Hacienda. Además, le pide 2 años de cárcel por cada uno de los seis delitos fiscales y multa de 600.000 euros.

elconfidencial.com

"CASO MAQUILLAJE"; NADAL AVALA LA FIANZA DE 600.000 EUROS QUE SE LE IMPUSO

* La fianza se le impuso por posibles responsabilidades económicas
* Éstas vendrían derivadas de su presunta implicación en la 'operación Maquillaje'

Europa Press | Palma

El regidor de UM en el Ayuntamiento de Palma y ex conseller de Turismo, Miquel Nadal, ha constituido este viernes la fianza de 600.000 euros que el juez instructor del caso Maquillaje, Juan Ignacio Lope Sola, le impuso por posibles responsabilidades económicas a raíz de su presunta implicación en los hechos investigados en esta pieza separada del caso Son Oms, según indicaron a Europa Press fuentes jurídica.

Para hacer frente a la caución pecuniaria, Nadal ha designado sus bienes, que de esta forma quedan embargados y permanecerán ahora a la espera de ser tasados. Sin embargo, pese a haber sido cubierta la fianza civil, la defensa del imputado interpuso hoy un recurso de reforma ante el Juzgado de Instrucción número 2 contra el auto del magistrado en el que decretó esta cantidad.

Mientras tanto, el magistrado también decretó cauciones de responsabilidad civil contra la socia de la productora Vídeo U, Luisa Almiñana, quien también ha designado sus bienes para cubrir su caución de 835.000 euros; así como contra el ex portavoz de UM en el Parlament, Bartomeu Vicens, de 16.000 euros, y de 800.000 para su presunto testaferro, Alfredo Conde, que no serán depositadas ya que tienen su patrimonio embargado, y también han sido recurridas en reforma ante el Juzgado.

Cabe recordar que todos ellos han prestado declaración ante el magistrado en el marco de este caso, que investiga la presunta malversación de fondos públicos desde el Consell de Mallorca hacia productoras audiovisuales en forma de contratos y subvenciones supuestamente irregulares.

El auto del juez atribuye a estos cinco imputados haber desviado cerca de un millón de euros a fines particulares a través de esta presunta trama de corrupción.

elmundo.es

PREVÉN JUZGAR EN JUNIO AL EX ALCALDE DE CARRATRACA POR DELITO URBANÍSTICO

TRIBUNALES | Dimitió por su desacuerdo con la LOUA

Europa Press | Málaga

El Juzgado de lo Penal número 8 de Málaga tiene previsto juzgar en junio por un delito urbanístico al ex alcalde de la localidad malagueña de Carratraca Óscar Román (IU), quien presentó en enero su dimisión tras manifestar su desacuerdo con algunos aspectos de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) y su aplicación.

El juicio se ha fijado inicialmente para el día 1 de junio, según informaron fuentes judiciales. Los hechos tuvieron lugar en enero de 2002 cuando el entonces alcalde otorgó a favor de un particular una licencia de segregación de una parcela de suelo clasificado como no urbanizable, según el escrito provisional del ministerio fiscal.

Esto lo hizo, según las conclusiones iniciales de la acusación, a las que tuvo acceso Europa Press, "pese a los informes técnicos y jurídicos desfavorables, en los que se ponía de manifiesto la contrariedad de lo solicitado con la normativa urbanística vigente en el momento de los hechos".

El ministerio público precisa en su calificación que el acusado dio dicha licencia siendo "sabedor de la evidente flagrante contrariedad de la misma con la legislación", en concreto con varios artículos de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana de 26 de junio.

Además, la Fiscalía especializada en Urbanismo entiende que el entonces regidor de Carratraca conocía, a través de dichos informes técnicos y jurídicos, que tal segregación "encubría una auténtica parcelación urbanística y, como tal, ilegal, en suelo no urbanizable".

Para el fiscal, estos hechos constituyen un delito contra la ordenación del territorio, por el que solicita para el acusado una pena de un año y medio de prisión e inhabilitación especial para empleo o cargo público durante 10 años.

elmundo.es

"CASO MERCASEVILLA"; LA JUEZA DEL CASO EXIGE AL PSOE QUE "ACTÚE" CONTRA ELLA O DEJE DE CRITICARLA

El PSOE la acusó de estar influida por el 'impacto mediático' del escándalo

* Alaya reprocha a los socialistas sus críticas «inapropiadas» e «injustas»

María Rionegro | Sevilla

La juez del caso Mercasevilla, Mercedes Alaya, quiere poner fin a las constantes críticas del PSOE –personado como acusación popular– que cuestionan su labor al frente de la instrucción de la causa judicial. Por ello, en un nuevo auto insta al Partido Socialista a «actuar en consecuencia» si tiene «la menor duda» de que su actuación «está fuera de la legalidad». De lo contrario, la magistrada «ruega» a los socialistas que, «simplemente, respeten a la función juridisccional».

Este ultimátum está motivado en que el PSOE, en el recurso de reforma que presentó contra el auto del procedimiento para el juicio ante el Tribunal del Jurado, acusó a la juez de instruir el caso influida por los medios de comunicación y por el impacto mediático.

En concreto, el PSOE atribuyó al «impacto informativo» la imputación del delegado de Empleo y dirigente socialista, Antonio Rivas, a quien la magistrada inculpa por ser, presuntamente, quien ideó la petición de comisiones ilegales a empresarios.

En un auto fechado a 15 de febrero en el que se da respuesta a los recursos interpuestos por las defensas, la magistrada Alaya desaprueba las «sospechas» que reiteradamente vierte el PSOE sobre su instrucción del caso y le pide que «si tiene la menor duda de que su actuación (...) se realiza fuera de la legalidad, impulsada por el eco de los medios de comunicación o por cualquier otra razón ‘exótica’, actúe en consecuencia». De no ser así, precisa la juez, ruega a la acusación popular de los socialistas que, «simplemente, respete a la función jurisdiccional».

Ante esta postura, los letrados del PP han pedido a la juez que sancione al PSOE por «fraude procesal», al centrar su acción en defender a un imputado.

Además
* PSOE-IU frenan la auditoría interna por su coste
* Los trece imputados del doble 'caso Mercasevilla'

elmundo.es

"OPERACIÓN MAQUILLAJE"; EL FISCAL "CAZA" A NADAL EMITIÉNDOSE FACTURAS FALSAS A SÍ MISMO

Le acusa de un nuevo delito de falsedad

* Denuncia que libró recibos 'por servicios inexistentes' a Consultair
* Investiga si lo hizo para camuflar el efectivo que le encontró Hacienda


Esteban Urreiztieta | Eduardo Colom | Palma

La Fiscalía Anticorrupción denuncia ante el juez Juan Ignacio Lope Sola que instruye la Operación Maquillaje que Miquel Nadal también se emitió a sí mismo facturas por «servicios y asistencias inexistentes». El ex presidente de Unió Mallorquina (UM) y hasta hace unos meses conseller de Turismo del Govern del socialista Francesc Antich, en estos momentos en libertad bajo fianza, libró estos recibos, tal y como ha descubierto el fiscal Joan Carrau, «a favor de la sociedad Consultair, S.L.» de su propiedad. Una empresa que radicó en su despacho profesional; con la que ha venido realizando importantes inversiones inmobiliarias durantes los últimos años; y a cuyo nombre tiene registrada una avioneta modelo Cessna 172.

El Ministerio Público, que ya advierte la comisión por parte de Nadal de un delito de falsedad en documentos mercantiles tipificado en el artículo 392 del Código Penal, investiga si estas operaciones se urdieron para camuflar los "importantes movimientos" en efectivo que se ha encontrado Hacienda en Consultair y cuyo origen es todavía una incógnita a ojos de los investigadores. Según ha podido saber EL MUNDO/El Día de Baleares, el histórico líder uemita y todavía concejal del Ayuntamiento de Palma sostiene en su defensa que la tenencia de efectivo en las cuentas de Consultair responde al alquiler a conocidos y amigos de su aeronave, valorada en unos 100.000 euros y que adquirió de segunda mano en Holanda.

Estas operaciones, que Nadal asocia a los pagos que le realizaban sus hipotéticos clientes o quienes compartían con él algún viaje y contribuían al pago del combustible, constituyen ahora una nueva prueba incriminatoria contra él.

Además
* Impresiones: Nadal se emitía sus facturas

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