lunes, 23 de febrero de 2009

UN JUEZ INVESTIGA UNA DECENA DE DELITOS EN CASTRO URDIALES E IMPUTA AL ALCALDE

REPORTAJE
Un Ayuntamiento fuera de control

NATALIA JUNQUERA - Castro Urdiales

Ediles que ingresan en su cuenta cheques de una empresa beneficiada por contratos del Ayuntamiento, porque el gerente es compañero de partido. Hermanos de concejales bendecidos con obras municipales que cobran, incluso, sin necesidad de hacerlas. Viviendas construidas sin licencia, sin agua o sin luz, donde los compradores pasean de noche al perro con linterna y lanzan cables por la carretera hasta el depósito de agua más cercano. Urbanizaciones que no aparecen en los mapas, es decir, en los planes de ordenación urbana. Es una pequeña muestra de las irregularidades que un juez casi recién llegado, Luis Acayro, ha detectado en Castro Urdiales (Cantabria), un municipio a 35 kilómetros de Bilbao, refugio de muchos vascos y nido de constructores en racha, que en 15 años ha cuadruplicado su población. Gobernado por un alcalde tránsfuga del Partido regionalista de Cantabria (PRC), Fernando Muguruza, es un ayuntamiento fuera de control, según un informe del Tribunal de Cuentas.


Castro Urdiales
, sin control
FOTOS - SANTOS CIRILO - 22-02-2009

Masificación. El desarrollo urbanístico de los últimos 15 años ha sido espectacular. La construcción en 1992 de la autovía que comunica Santander y Bilbao llevó a miles de vascos al municipio cántabro.- SANTOS CIRILO



El regidor y su predecesor fueron detenidos por prevaricación

El Tribunal de Cuentas fue incapaz de averiguar las licencias concedidas

El juez ha detectado indicios de delitos contra la ordenación del territorio, contra el patrimonio histórico, de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación de fondos públicos, falsedad documental, blanqueo de capitales y estafa. La lista de detenciones (18) es aún más larga y salpica a casi todos los partidos. Están imputados, entre otros, el alcalde, su predecesor, Rufino Díaz Helguera (expulsado del PSOE y hoy concejal de obras), cuatro ediles de la corporación actual y seis de la anterior, una docena de técnicos y funcionarios y siete promotores. El juez investiga irregularidades cometidas en más de 30 ejecuciones urbanísticas. Ocupan más de 3.000 folios.

De momento, el juez ha dictado dos autos de procesamiento. El primero, de septiembre de 2008, contra el alcalde, el concejal de Hacienda (PP), la de Cultura (PP) y los ex ediles de Obras (IU), Medio Ambiente (PP) y Deportes (IU), entre otros, por prevaricación y tráfico de influencias. Adjudicaron sin concurso las obras de acondicionamiento del túnel de Mioño a una empresa, que "ni era especializada en el sector", según el auto, pero cuyo gerente era hermano del entonces concejal de Industria. La empresa, Izeta, cobró 58.765 euros por las obras, que nunca llegaron a terminarse. El túnel está actualmente cerrado por ser peligroso.

La investigación se centra ahora en cuatro promociones de viviendas levantadas sobre el cauce de un arroyo, es decir, sobre lo que podría ser terreno público. De confirmarse, las casas, muchas ya vendidas (los compradores pagaron a Urdicam, una de las promotoras, grandes cantidades en dinero negro, según fuentes conocedoras de la investigación) serían ilegales y susceptibles de derribo. Por eso el juez exigió a los gestores de Urdicam una fianza de más de 4,8 millones de euros. Además, la licencia de obra es posterior al certificado de fin de obra del arquitecto. El consistorio autorizó la construcción cuando ya estaba terminada.

Para que respondieran por este capítulo de irregularidades fueron detenidos recientemente el alcalde, su predecesor y el ex secretario municipal, César Sáiz. Dos abogados acompañaron a Muguruza. Uno de ellos, Luis Revenga, es miembro del consejo de administración de la empresa editora del Diario Montañés, un periódico que ha dedicado varios artículos al juez. En uno de los más recientes, titulado "El juez Acayro, protagonista de una controvertida y mediática instrucción" le advertían: "En Castro no todas las miradas están puestas en Muguruza y sus socios. Otros apuntan al juez".

Tras quedar en libertad, Muguruza manifestó su "decepción con la justicia española" y aseguró haber actuado siempre conforme a lo que le habían indicado los técnicos. Sin embargo, está personado como acusación particular en la causa Fernando Urruticoechea, interventor del municipio entre 2001 y 2006. Asegura que lo hace "para defender el patrimonio de Castro Urdiales", después de que en el ayuntamiento le hicieran "la vida imposible" por elaborar informes en los que manifestaba "las flagrantes ilegalidades que pretendían llevar a cabo". Otro empleado fue hospitalizado con una crisis nerviosa por el acoso de sus superiores, según denunció IU. Ya no vive en Castro Urdiales.

Fueron los informes de Urruticoechea los que pusieron en marcha al Tribunal de Cuentas. El PP, entonces en la oposición, se los envió al tribunal en enero de 2003, pero cuando éste entregó sus conclusiones, en julio de 2008, la situación había cambiado: el PP había acaparado poder gracias a un acuerdo con el alcalde tránsfuga. Y el informe del tribunal no fue difundido.

El Tribunal arranca quejándose porque el Ayuntamiento no les da los documentos que piden. La "falta de control y de procedimientos normalizados en la concesión de licencias urbanísticas", con el consiguiente "riesgo de actuaciones discrecionales", explican, les impide averiguar cuántas se habían concedido entre 2002 y 2005. Destacan que el consistorio ha renunciado a miles de metros de aprovechamientos urbanísticos (lo que los promotores deben cederle en cada urbanización) o su equivalente económico, varios millones de euros. Y cómo desde 1991 hasta 2005 sólo se aprobaron dos presupuestos con "omisiones e inconsistencias".

El dossier de irregularidades, de más de 3.000 folios, sigue engordando. La racha se acabó en Castro Urdiales. Los especuladores necesitan otro nido.

La concejal de los 1.000 euros

Entre la documentación que ha reunido el juez Acayro, figura un cheque firmado por Trapur, una empresa "beneficiada sistemáticamente" por el Ayuntamiento de Castro Urdiales, e ingresado en la cuenta personal de la concejal de Asuntos Sociales, Elisa Dopico (PP), por valor de 1.000 euros. El gerente de Trapur, Pedro María Llamas López es compañero de partido de Dopico y es miembro del comité ejecutivo y electoral del PP local.

El juez ha procesado por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias a Dopico, al alcalde, al concejal de Hacienda, José Miguel Rodríguez López (PP), y al ex edil de Pedanías, Pedro Revuelta (PP). Considera que su "amistad" con Llamas favoreció que Trapur, "empresa modesta, familiar y deficitaria" se convirtiera en "extraordinariamente rentable".

ELPAÍS.COM

EL VENTILADOR SOPLA AHORA SOBRE MICHAVILA

El diario "El Mundo" publica hoy como, según fuentes cercanas a la anterior dirección de La Mutua Madrileña, el ex ministro de Justicia con el Gobierno de Aznar, José María Michavila habría reclamado en varias ocasiones seis millones de euros para llevar a cabo el proyecto de una megaciudad sanitaria en Boadilla del Monte (Madrid), en el que actuaría de mediador con la empresa Global Health. Esta cantidad, explican, no era una comisión, sino los honorarios que cobraría la consultora, aunque los responsables entendieron que en todo momento se trataba de un "peaje" para hacerse con el citado proyecto. Pero eso no es todo...

Esto habría ocurrido en 2006 a instancias del entonces alcalde de esta localidad, Arturo González Panero -imputado ahora en la trama de corrupción que investiga el juez Baltasar Garzón-.

Al parecer, los responsables de la Mutua estaba dispuestos a realizar una inversión muy fuerte, de 600 millones de euros, para edificar un hospital dos centros de investigación y una Universidad sobre una superficie de 50 hectáreas, una megaciudad sanitaria privada justo enfrente de la Ciudad Financiera del Santander, también en Boadilla del Monte.

Sin embargo, tanto Ramirez Pomatta como el resto de los directivos de la empresa consideraron innecesario contratar a Global Health. Entendieron incluso que desde un primer momento su contratación era una especie de comisión o peaje para conseguir el proyercto por lo que habría rechazado de pleno "pagar ni un céntimo".

Posteriormente al rechazo de la intermediación se volvieron a iniciar los trámites con el Ayuntamiento. Cuando los representantes de la Mutua volvieron al Consistorio dirigido por González Panero, el alcalde les relató el gran interés del Ayuntamiento, pero les dijo que era conveniente hablarlo con la firma de abogados en la que trabajaba Michavila.

Debido a la ralentización de los trámites municipales, Ramírez Pomatta habría pedido una entrevista a la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre. Esta preguntó a González Panero que qué problemas había, y que si no existía ninguno diera luz verde sin condiciones previas porque era un asunto de interés regional.

Cuando parecía que todo "marchaba", volvieron a reproducirse las trabas que hacían inviable el proyecto.

Al parecer y siempre según este medio, el propio Michavila habría telefoneado a Pomatta para intentar convencerles de que contratara a Global Earth.

Sus gestiones fueron, no obstante, infructuosas. El proyecto fue definitivamente desechado por la aseguradora madrileña en 2007 y nunca salió adelante.

Michavila ha admitido a este diario haber estado en reuniones con los responsables de la Mutua, pero ha negado que les pidiera seis millones de euros. Dijo además que de esos seis millones no habría salido la minuta de su despacho. El alcalde de Boadilla por su parte, ha negado que pusiera trabas a la mutua, y achacó que la operación se abandonara al cambio de presidente en la compañía.

También ha negado "absolutamente" haber hablado de este tema por teléfono con Esperanza Aguirre.

Pero aún hay más, tal y como publica hoy este mismo diario, los dos principales imputados del "caso Gürtel", Francisco Correa y Pablo Crespo hacían pasar a uno de sus abogados por juez para presionar en sus negocios. Se trata, según afirma este medio, de Juan Pérez Mora. Su nombre no aparece en la lista del Consejo General del Poder Judicial, y también está inculpado.

Según "El Mundo", Perez Mora se hizo pasar por juez e hizo valer su autoridad copmo tal para presionar, entre otros, a una abogada que mostraba discrepancias con los manejos del clan y que pretendía dejar constancia de las irregularidades en que estaba incurriendo la emrpesa "Easy Concept".

Esta situación, dice este diario, se desprendería de los datos recabados por los invetigadores. Afirma asimismo que entre las ya publicas conversaciones que han marcado el "hilo conductor" de las investigaciones, habría una en la que se relata un momento especialmente tenso entre Pérez Mora y Felisa Jordán, otra de las imputadas en la causa, y por aquel entonces -octubre de 2007- administradora única en las empresas de "Easy Concept" y "Good and Better".

En dicha conversación, de aproximadamente una hora de duración,se habría alertado a la interlocutora de que podría acabar en la cárcel a la vez que se le aseguraba que según su fundamentada opinión y su experiencia como juez nada le pasaría si mantenía una actitud discreta.

El nombre de Perez Mora no consta en la lista de jueces del CGPJ, pero no sería la única vez que tanto Correa como Crespo lo habrían presentado como magistrado. Así, dice este medio, Pérez Mora habría obtenido favores personales de Correa.

Según afirma "El Mundo" citando investigaciones policiales, Felisa Jordán habría iniciado a principios de 2007 una serie de discursiones con Correa y Crespo, con los que llevaba trabajando un par de años por el modo que tenían de dirigir y gestionar las empresas.

Había constancia especígfica de que, sobre todo el que fuera secretario de Organización del PP Gallego, había estado pagando y cobrando en efectivo abultadas cantidades de dinero por servicios de los que no se tenía referencia real; la hoy imputada habría protestado por esta situación y habría encargado una auditoría interna para que quedase constancia.

Su malestar se habría extendido por unos trabajos realizados por Easy Market cuya beneficiaria era la Generalitat Valenciana y que según la imputada no habría sido abonados por la citada empresa. Correa y Crespo habría intentado intimidar a Felisa recordándole que por su cargo era susceptible de verse responsabilizada de las irregularidades que denunciaba.

La acusaban además de haber empleado cantidades considerables en gastos innecesarios más tarde justificados.

Y en ese contexto de acusaciones mutuas intervino este imputado, que consta con el número 25 en la lista de Garzón.

Pérez Mora habría utilizado las acusaciones sobre supuestos gastos extemporáneos realizados pro los dos jefes del clan a la administradora única como pretexto para hacerle llegar sus "recomendaciones".

Le explico que Correa le pondría una querella si denunciaba la situación y que dado su cargo de admistradora única podría ir a la cárcel.

Jordán decidió no hacer caso de las "recomendaciones".

En las horas siguientes, recibió el borrador con el resultado de la auditoría interna que había encargado sobre Easy Concept y acudió a la Guardia Civil de Boadilla para denunciar irregularidades y luego las amenazas y seguimientos a las que habría sido sometida.

Año y medio después no había sido interrogada por los hechos denunciados hasta que Garzón, que ha admitido desconocer sus denuncias, la llamó a declarar.

Luego dictaminó para ella libertad sin fianza con la obligación de presentarse una vez por semana en comisaría. En cambio no le preguntó por su "episodio" con Pérez Mora, que también esta imputado.

COPE.ES

UN CONSEJERO DE AGUIRRE DENUNCIA NUEVOS "DOSSIERS" SOBRE SU PATRIMONIO

Los escándalos que afectan al PP

Granados estudia acciones legales contra quienes le vinculan a negocios ilícitos

JOSÉ MANUEL ROMERO - Madrid

El consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, ha tenido que salir al paso de nuevos dossiers que le involucran en negocios ilegales con constructores. Alguno de los informes incluye fotografías de sus propiedades. Granados quiere conocer al detalle el alcance del seguimiento del que ha sido objeto y sus autores para decidir si presenta una querella.

* Madrid encarga un informe caligráfico para buscar a los espías

Esperanza Aguirre Gil de Biedma
A FONDO

Nacimiento:
03-01-1952

Lugar:
Madrid

Los dossiers vuelven a tener origen desconocido, y el consejero se muestra tan inquieto como en su día lo estuvo el vicepresidente Ignacio González, que denunció en los juzgados el seguimiento del que fue objeto. González llegó a sugerir que esos dossiers (que le atribuían trato de favor a empresarios) podrían tener su origen en la propia Comunidad.

El primer dossier se refiere a la empresa DICO, que vendió a Granados la vivienda en la que reside en Valdemoro, municipio madrileño del que fue alcalde. El director financiero de la empresa, despedido del puesto, se hizo eco del dossier y denunció en Interviú la semana pasada que el consejero cobraba sobornos a cambio de dar trato de favor a DICO. Granados lo niega y ha formalizado un requerimiento notarial contra el directivo de DICO, que, según documentos a los que ha tenido acceso este periódico, se ha desdicho de lo denunciado en Interviú.

El otro asunto que ha dado lugar a un nuevo dossier tiene que ver con una historia antigua: la venta por parte de Granados de una vivienda que había empezado a comprar en Marbella. Se la vendió a un constructor de Valdemoro, David Marjaliza, ex edil del PP y amigo del consejero. Granados ya explicó los detalles de aquella operación de compraventa y mostró en su día los certificados de la transacción que supuestamente demostraban que no había ganado nada.

Por último, circula un tercer documento anónimo que vincula a Granados con el constructor Marjaliza en una adjudicación de suelo supuestamente amañada en otro municipio, Parla, gobernado por el socialista Tomás Gómez cuando ocurrieron los hechos. El dossier, que no ofrece pruebas, sugiere que la adjudicación benefició a Marjaliza y, de forma indirecta, al consejero Granados.

ELPAÍS.COM