viernes, 22 de marzo de 2013

CARLOS FABRA SERÁ JUZGADO POR TRÁFICO DE INFLUENCIAS, COHECHO Y DELITO FISCAL


Carlos Fabra, ex presidente del PP de Castellón, en una imagen de archivo.

TRIBUNALES | Tras diez años de instrucción
Se abre juicio oral contra él después de más de diez años de instrucción
El juzgado de Nules ha tenido nueve titulares en los últimos ocho años
Se juzgará al empresario Vicente Vilar, su ex mujer y la ex mujer de Fabra
Vilar denunció en 2003 a Fabra por cobrarle cantidades millonarias a cambio de mediar ante el Gobierno para legalizar los fitosanitarios que fabricaba

Rodrigo Terrasa | Valencia

El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Nules, Jacobo Pin, ha decretado la apertura de juicio oral contra el ex presidente de la Diputación de Castellón, ex presidente del PP de la provincia, secretario general de la Cámara de Comercio y actual presidente de la sociedad pública Aerocas (que gestiona el aeropuerto de Castellón) por un presunto delito continuado de tráfico de influencias, un delito continuado de cohecho y cuatro delitos contra la Hacienda Pública.

También serán juzgados por cohecho el empresario castellonense Vicente Vilar, que fue quien se querelló contra Fabra, y su ex esposa, Monserrat Vives. Y será juzgada por tres delitos fiscales la ex esposa de Fabra, María Amparo Fernández.

El juez da un plazo de diez días para que las partes fijen sus escritos de acusación y, posteriormente, fijará la fecha para el juicio. La Fiscalía Anticorrupción y la acusación popular solicitaron entre entre 15 y 20 años de cárcel para Fabra.

El auto es firme y contra él no cabe recurso, excepto a lo relativo a la situación personal de los acusados, que el juez ha decidido mantener, al igual que las fianzas impuestas. El instructor la había fijado en 4,2 millones para Fabra, aunque la Audiencia castellonense la rebajó en un millón, hasta los 3,21 millones.

El mes pasado, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo acordó por unanimidad dar "absoluta libertad" al juez responsable del 'Caso Fabra' para volver a dictar auto de apertura de juicio incluyendo a las personas que considere oportuno y los delitos que se les imputan.

Se pronunció después de que la Fiscalía Anticorrupción, la Abogacía del Estado y la Unión de Consumidores de la Comunidad Valenciana recurrieran el auto de la Audiencia Provincial de Castellón que descartaba el pasado mes de mayo el delito de cohecho tras un recurso del propio Carlos Fabra. Ese auto motivó que el pasado 22 de mayo la Audiencia de Castellón devolviera al juzgado de instrucción número 1 de Nules las diligencias al no considerarse competente para juzgar una causa que se instruye desde diciembre de 2003.

Hace un año el juzgado de Nules ya acordó la apertura de juicio oral contra Fabra y le impuso una fianza de 4,2 millones para hacer frente a los supuestos delitos de cohecho, tráfico de influencias y contra la hacienda pública. Pero el político del PP apeló contra su imputación por cohecho.

Diez años de instrucción
El 'caso Fabra' arrancó en diciembre del año 2003 cuando Vicente Vilar, un empresario de Castellón y hasta entonces amigo íntimo de Carlos Fabra, se querelló contra el entonces presidente de la Diputación de Castellón por, según acusaba, haberle cobrarle cantidades millonarias a cambio de su mediación ante los ministerios para legalizar los fitosanitarios que fabricaba su empresa.

La Fiscalía asegura que el día 12 de julio de 1999 Fabra mantuvo una reunión con el entonces ministro de Agricultura Jesús Posadas, el ex secretario de Hacienda y diputado del PP Juan Costa, el diputado Juan José Ortiz y el senador Miguel Vicente Prim, en la que se abordó la solicitud de Vilar.

El 18 de octubre de ese año, la empresa de Vilar obtuvo la licencia para comercializar los productos, tras lo que Fabra le pidió que le pagara 25 millones de pesetas, según el fiscal.

Un mes después de la primera denuncia, el Juzgado de Instrucción 1 de Nules ya ordenaba investigar a Fabra por supuestos delitos contra la Administración Pública (cohecho, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas).

A raíz de esta acusación, Hacienda denunció a Fabra por supuestas irregularidades en la declaración de la renta del año 1999, y tras ello el juez acordó que se investigaran sus cuentas desde ese año hasta 2004.

Anticorrupción afirma que entre 1994 y 2004, Fabra y su esposa tuvieron ingresos que ocultaron a Hacienda y que no se corresponden ni con el patrimonio ni con la renta que declararon.

Nueve jueces en ocho años
Durante diez años, el caso se ha eternizado en los juzgados de Nules, que ha tenido nueve titulares en los últimos ocho años, mientras el PP de Castellón revalidaba sus éxitos elección tras elección sin el menor desgaste.

En marzo de 2010, Fabra dejó temporalmente la política para someterse a una intervención médica por un grave problema hepático. Javier Moliner le sustituyó al frente de la Diputación y le relevó también en julio de 2012 al frente del PP provincial tras 22 años de Carlos Fabra en el cargo.

Fabra es aún el secretario general de la Cámara de Comercio de Castellón y el presidente de Aerocas, la sociedad pública que gestiona el aeropuerto sin aviones de Castellón.

Además

jueves, 21 de marzo de 2013

"CASO GÜRTEL"; EL SUPREMO REVISARÁ LA ABSOLUCIÓN DE CAMPS Y RICARDO COSTA POR LOS TRAJES

Ricardo Costa y Francisco Camps, durante la lectura de la sentencia de absolución. | Pool

CASO GÜRTEL | El día 9 de abril a puerta cerrada
La resolución del jurado popular valenciano fue recurrida por el PSPV
La Fiscalía Anticorrupción decidió no recurrir la absolución de ambos
Fueron declarados 'no culpables' de un delito de cohecho pasivo impropio
El alto tribunal puede revocar la decisión y ordenar la repetición del juicio

Europa Press | Madrid

Cinco magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo revisarán el 9 de abril a puerta cerrada la absolución del ex presidente de la Generalitat valenciana Francisco Camps y del ex secretario general del PPCV y diputado en las Cortes, Ricardo Costa, que fueron juzgados y absueltos por un jurado popular de un delito de cohecho pasivo impropio en la conocida como 'causa de los trajes', derivada del caso Gürtel.

El tribunal se reunirá para estudiar el recurso presentado en febrero por el PSPV, que ejerció la acusación popular en este proceso, y que entiende que existió una "manifiesta contradicción" entre los hechos declarados probados por parte de los miembros del jurado y el fallo final. La Fiscalía no recurrió la absolución.

El ponente de la resolución será el magistrado Juan Ramón Berdugo, y completarán la sala Carlos Granados, Joaquín Giménez, Manuel Marchena y Antonio Del Moral.

Aunque la resolución del jurado fue recurrida directamente en casación, sin existir antes sentencia del Tribunal Superior de Justicia correspondiente, la decisión del alto tribunal puede perfectamente revocar la decisión adoptada en Valencia y ordenar la repetición del juicio.

Un jurado integrado por seis hombres y tres mujeres decidieron el 25 de enero de 2012, por cinco votos a cuatro que Camps y Costa no eran culpables. El proceso se inició en febrero de 2009 cuando la Policía registró la sede de la empresa Orange Market en Valencia, vinculada a la "trama Gürtel".

La Fiscalía Anticorrupción pidió 33.000 euros de multa para el presidente de la Generalitat por un delito de cohecho pasivo impropio y la misma pena para Costa; 24.750 para el ex jefe de Gabinete de la Conselleria de Turisme, Rafael Betoret y 21.000 para el ex vicepresidente del Consell Víctor Campos. El PSPV pidió para Camps hata tres años años de cárcel y ocho de inhabilitación.

Con la decisión del jurado se dio la paradoja de la condena al ex vicepresidente del Consell Víctor Campos y el que fuera responsable de Protocolo de la Diputación de Valencia y ex jefe de Gabinete de la Conselleria de Turisme, Rafael Betoret, quienes aceptaron pagar una multa de 9.600 euros por los mismos hechos por conformidad.

El PSPV recurrió la sentencia en base a cinco criterios. El primero de ellos se fundamenta en quebrantamiento de forma al existir contradicción entre los hechos declarados probados. Este hecho, a su entender, debería haber obligado al magistrado a devolver el acta al jurado.

El segundo de los criterios se engloba también en el quebrantamiento de forma pero hace referencia a que se ha dictado una sentencia sin la concurrencia del número de votos exigidos por la ley. El abogado del PSPV, Virgilio Latorre, también alude en su recurso de casación a la infracción del precepto constitucional, al considerar que se ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva; el derecho a la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos; y el derecho a un procedimiento con todas las garantías.

En un cuarto apartado, el abogado comenta que ha habido infracción de ley al existir error en la apreciación de la prueba, en base a una serie de documentos que "demuestran la equivocación del juzgador" sin resultar contradichos por otros elementos probatorios.

Entre otros documentos, el letrado alude a unas hojas de pedido de la sastrería de Forever Young a Sastgor, en las que constan tres pedidos de prendas de vestir a nombre de Ricardo Costa y cuatro a nombre de Camps. También nombra un recibo de venta por la compra de cuatro corbatas en el que aparece la nota manuscrita de 'Camps'; y un listado dirigido a la Atención de Pablo Crespo -uno de los presuntos cabecillas de la trama- con una relación de personas e importes atribuidos a cada una de ellas. En esta última aparece el nombre de Ricardo Costa y Francisco Camps, a quienes se les atribuye una cuantía de dinero.

Además, Latorre recuerda en su escrito que hay una relación de tickets de venta de Milano Difusión que fueron pagados con dos cheques emitidos por Orange Market que hacen referencia a Camps y a Ricardo Costa; facturas de Sastgor a Castellana Inmuebles y Locales de prendas confeccionadas a nombre de Francisco Camps; y confirmaciones de pedido tanto a Milano como a Forever con los nombres de Francisco Camps y Ricardo Costa.

Fax de José Tomás
El abogado alude en su escrito a un manuscrito y protocolizado aportado por el 'director de moda' José Tomás en una de sus declaraciones ante el jurado. Este documento fue remitido a Pablo Crespo y en él constan prendas atribuidas a Camps por un importe total de 2.680 euros, y especifica que la deuda que incluye la del Sr. Camps y otra del Sr. Pérez asciende a 4.040 euros.

Asimismo, el PSPV se refiere a diferentes justificantes bancarios en los que constan distintas transferencias por varios importes; así como una nota hallada en un ordenador en el registro de la embarcación 'Parapipi', en el que aparece anotado 'Cans' junto a dos cantidades; además de Ricardo Costa y de Camsp.

Latorre incorpora, además, varios inventarios de la tienda Milano correspondientes a enero de 2006, a agosto del mismo ejercicio y a enero de 2007. En el primero de ellos aparecen dos apuntes a nombre de Camps y otro a nombre de Costa, todos ellos correspondientes con unos tickets de venta. En el segundo están los mismos números de tickets pero con el nombre de Comunidad Valenciana. Y en el tercero sigue existiendo un ticket a nombre de Comunidad.

Igualmente, alude en su recurso a la existencia de un CD que contempla un apunte de la Caja B Orange del año 2007 y otro apunte del mismo ejercicio. En ambos casos se trata de un apunte del 23 de enero de 2007 en el que se hace constar 'Ent. A P.Crespo p/Pago en milano' por importe de 4.821 euros.


Además

"CASO EMARSA"; EL JUEZ PIDE AL PP DE VALENCIA LA LISTA DE ACTOS CELEBRADOS EN UN RESTAURANTE


CASO EMARSA | Según da a conocer el TSJ
Alameda Palace ha remitido tres facturas de cenas cuyo cliente fue el PP
El juez pide a Hacienda la relación de ingresos deducida por la empresa

Efe | Valencia

El juez instructor del denominado caso Emarsa ha solicitado al presidente del PP de la ciudad de Valencia, Alfonso Novo, que en el plazo de cinco días presente la relación detallada de actos y eventos celebrados por el partido en el restaurante Alameda Palace y sus salones entre los años 2005 y 2009.

Según una providencia hecha pública este jueves por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad, la mercantil Alameda Palace ha remitido tres facturas de cenas cuyo cliente fue el PP, "que en principio" ninguna parece corresponderse "ni por el cliente, ni por sus importes, con lo expuesto" por el exgerente de Emarsa Esteban Cuesta en su declaración ante el juez.

Cuesta afirmó que entre 2005 y 2009, aproximadamente unas cinco o seis veces, abonó a petición del concejal de Hacienda en el Ayuntamiento de Valencia y expresidente local del PP, Silvestre Senent, 20.000 euros procedentes de Emarsa "para el pago de un homenaje a los afiliados del PP".

Según la providencia del juez Vicente Ríos, hecha pública este jueves por el Tribunal Superior de Justicia valenciano, las facturas remitidas por el restaurante corresponden a una "cena de verano de 2006" cuyo cliente fue el PPCV; a una cena de julio de 2007 cuyo cliente es el grupo parlamentario popular; y a una "cena de Navidad Partido Popular" de diciembre de 2007 en la que aparece como cliente "Menús varios".

No conserva documentación
Asimismo, la mercantil ha expuesto que no conserva "gran parte" de la documentación del periodo de tiempo por el que fue requerida, por lo que el juez ha solicitado a la Agencia Tributaria que remita la relación de ingresos deducida por la empresa, tanto declarados como imputados, desde 2005 a 2009.

Por otra parte, el juez ha acordado la formación de cuatro piezas separadas ante el volumen de documentación remitido por la compañía Red Control, adjudicataria del control y mantenimiento de 72 depuradoras entre el sur de Valencia y el norte de Alicante.

La empresa que fue encargada de controlar Emarsa ha remitido documentos como el protocolo de elaboración de los informes mensuales y de los informes de diagnóstico anual elaborados desde 2005 a 2009, partes de residuos y documentos remitidos por Emarsa a la empresa en los que se identifica el destino de los lodos y las parcelas donde se depositaron.

El juez ha citado además a declarar para el mes de abril a seis personas en calidad de testigos, entre ellas el jefe de Tecnologías, información y comunicación de EMSHI, Javier Pastor, y José Manuel Delgado, de Indefa ingenieros.

Nuevas declaraciones
Asimismo, el 2 de mayo el juez tomará declaración como imputados a José Luis Sena Gimeno y Vicente Ros, consejeros delegados de Argan (antes Notec SL), y a Enrique Sena, presidente del consejo de administración de Argan, empresa que facturó a la depuradora de Pinedo.

El instructor del caso Emarsa, que investiga la supuesta malversación de fondos públicos en la empresa que gestionaba la depuradora de Pinedo (Valencia), ha abierto este mes una pieza separada referida a Argan, sobre delitos contra la Hacienda Pública y el blanqueo de capitales.

Finalmente, la única persona en prisión por este caso, María Águila Aladrén, expareja del imputado en paradero desconocido Jorge Ignacio Roca, ha solicitado la libertad provisional, o con carácter subsidiario la libertad provisional bajo fianza.

miércoles, 20 de marzo de 2013

"CASO DE LAS ITV"; ORIOL PUJOL DEJA SUS CARGOS EN CIU PERO SEGUIRÁ COMO DIPUTADO TRAS SER IMPUTADO


Oriol Pujol, junto a Artur Mas, en una sesión del Parlament. | Antonio Moreno
CORRUPCIÓN
"Delega" temporalmente a sus cargos en CiU en el Parlament y en CDC
Mantendrá, en cambio, el acta de parlamentario en la cámara catalana
Asegura que su decisión "está en las antípodas de 'envolverse en la senyera"
Aun así, no duda en referirse al 'juego sucio' contra el proceso soberanista

J. Oms | C. Álvarez | V. Mondelo | Barcelona

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha anunciado este martes la imputación por tráfico de influencias del portavoz parlamentario de CiU en el Parlament de Catalunya, Oriol Pujol, por la conocida como 'trama de las ITV' que habría maniobrado para lograr adjudicaciones públicas en Cataluña.

La imputación responde a la petición de la Fiscalía Anticorrupción, la cual señala al hijo del ex presidente de la Generalitat como "colaborador necesario" de la trama.

En rueda de prensa de urgencia tras conocer su imputación, Pujol ha anunciado que renuncia temporalmente a sus cargos como presidente del grupo parlamentario de CiU en el Parlament y como secretario general de Convergència Democràtica (CDC). Sin embargo, mantendrá el acta de diputado en el Parlament.

Durante su comparecencia, Pujol ha negado de nuevo "ni ser colaborador ni necesario en ninguna trama de las ITV". Además, ha añadido que su renucia temporal a sus cargos "está en las antípodas de envolerme con la senyera", señalando en todo momento que "nadie debe obstaculizar el proceso iniciado en Cataluña", en referencia a la soberanía reivindicada por el Govern de Artur Mas.

Aun así, y aunque desvinculándolo de su imputación, Pujol no ha dudado en mentar el "juego sucio" contra el mencionado proceso soberanista supuestamente motivada desde el Gobierno central.

El nacionalista ha añadido que "rechazar el acta de diputado hubiera sido una acción desmesurada, porque estar imputado no es ser culpable ni estar acusado". "Esa decisión incorporaría una dosis de culpabilidad que no se corresponde con la realidad", ha añadido. Pujol, también se ha escudado en que renunciar al acta de diputado "imposibilitaría la reversabilidad" de la decisión.

Además

"CASO DE LAS ITV"; EL JUEZ CREE QUE PUJOL USÓ SU "PESO POLÍTICO" PARA LOGRAR "BENEFICIO ECONÓMICO"


Oriol Pujol, junto a Artur Mas y Francesc Homs en una reunión de CDC. | D. Umbert
CORRUPCIÓN | Imputación por tráfico de influencias


C.Álvarez | V. Mondelo | J. Oms | Barcelona

En el auto judicial hecho público esta mañana por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) se incluyen los indicios por los que Oriol Pujol habría usado su "peso político" con el "objetivo de obtener un beneficio económico, para él y para sus amigos o colaboradores".

En el escrito, de ocho páginas, se especifican los pasos que habría seguido el hasta hoy secretario general de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) para facilitar el camino a sus socios para conseguir adjudicaciones de estaciones de Inspección Técnicas de Vehículos (ITV) en Cataluña. Una estrategia que el TSJC dibuja en cuatro puntos.

El primero habría sido lograr que el secretario general de Empresa y Ocupación de la Generalitat nombrara a Josep Tous -otro de los imputados- como mediador de la Administración en el conflicto entre empresas para lograr las adjudicaciones. Según relata el escrito judicial, las conversaciones telefónicas revelan que Pujol era consciente de que Tous estaba a sueldo de dos empresarios implicados en la lucha por las ITV.

Además, Pujol también habría maniobrado para que la Secretaría General de Empresa y Ocupación nombrara a Isidre Masalles como subdirector de Seguridad Industrial, un cargo que le obligaba a decidir sobre la resolución de las adjudicaciones de las estaciones de ITV siguiendo, además, un plan diseñado por Tous.

Según el TSJC, Pujol también habría colaborado con Sergi Alsina -reconocido como su amigo personal-, Ricard Puignou y Josep Tous para llevar a cabo un plan territorial redactado por este último. Dicha estrategia consistía en "ampliar considerablemente" el número de estaciones en Cataluña y "se denegara" la autorización a una empresa rival, ITELVELESA.

Finalmente, Pujol habría "participado en la trama societaria" ideada para que todos los implicados "se beneficiaran, directa o indirectamente" a consecuencia del aumento de estaciones de ITV en Cataluña.

El TSJC apunta que Pujol llegó a "coordinar y dar instrucciones" a toda la trama de forma periódica, hasta el punto de aconsejar a un abogado de su confianza.

"CASO VOLTOR"; MARTORELL NIEGA LA CONTRATACIÓN IRREGULAR DE TRABAJADORES EN EL CONSELL

Antoni Martorell en los juzgados. | Alberto Vera

JUICIO | Los contratos fantasma de UM
El jefe de gabinete de Munar está imputado en una pieza separada de la causa

Efe | Palma

Antoni Martorell, el que fuera jefe de gabinete de la expresidenta del Consell de Mallorca, Maria Antònia Munar, ha negado hoy en los juzgados de Palma la contratación irregular de trabajadores en el Consell de Mallorca durante la legislatura 2003-2007.

Martorell ha declarado como imputado en una pieza separada del caso Voltor ante la magistrada del juzgado de instrucción número 10, Carmen Abrines, que también había citado a declarar al ex director insular de Proyectos, Mateu Cañellas, cuya comparecencia se ha aplazado al 22 de abril por un problema de su abogado.

La Fiscalía investiga en esta causa la presunta contratación irregular por parte de empresas afines a Unió Mallorquina de trabajadores de los que sospecha que, en realidad, trabajaban para el partido desde el Consell de Mallorca.

A raíz de lo declarado por otros imputados en el caso Voltor, se investiga si en contraprestación por su trabajo, a los empleados se les pagaba con nóminas de la empresa Network, donde en realidad no trabajaban.

Martorell no ha respondido a las preguntas del fiscal Anticorrupción, Miguel Ángel Subirán, pero sí a las de su abogado y ha explicado que dos de los trabajadores de quienes se sospecha su contratación irregular estuvieron trabajando en el Consell de Mallorca bajo su control, uno de ellos como diseñador gráfico y una mujer como administrativa, han informado fuentes jurídicas.

El ex jefe de comunicación del Consell de Mallorca ha detallado que para contratar a ambos, él se dirigió al departamento de personal de la institución y solicitó lo que necesitaba, pero no indicó a ninguna persona en concreto para los puestos vacantes. Ha dicho que no conocía anteriormente a los dos trabajadores que le enviaron.

También ha subrayado que los dos tenían los conocimientos oportunos para llevar a cabo la función para la que se les requería, por lo que estuvo conforme con contratarles y ha añadido que es normal en la administración contratar a trabajadores a través de empresas externas.

Martorell ha afirmado que solo trabajaron para el Consell de Mallorca y nunca para UM, y ha detallado que su jornada laboral era de 8 a 15.00 horas, de lunes a viernes.

El exjefe de gabinete de Munar ha insistido en negar que estos dos empleados trabajaran para UM y ha asegurado que él era militante del PSM y que se hizo de UM a finales de 2006, siempre como militante de base.

La defensa de Martorell prevé solicitar el archivo de la causa en lo que se refiere a él.

También han declarado hoy como testigos los padres de uno de los trabajadores, a quienes se ha preguntado por su relación con la expresidenta Munar y si esta medió para conseguirle un empleo a su hijo, tal como él declaró.

La madre del trabajador ha explicado que fue militante de UM varios años y regidora en el Ayuntamiento de Alcúdia, por lo que conocía a Munar y en un evento al que acudió la expresidenta le pidió trabajo para su hijo, que acababa de estudiar diseño gráfico y no encontraba empleo en esta localidad.

La mujer ha negado que Munar se ofreciera a darle trabajo a cambio de que ayudara en el partido y ha detallado que, igual que a la expresidenta insular, le requirió un empleo para su hijo a mucha más gente.

También el padre ha dicho que estuvo afiliado a UM y ha explicado que no relacionó la petición de empleo de su mujer con el hecho de que a su hijo le llamaran para trabajar en el Consell de Mallorca.

PIDEN SIETE AÑOS PARA EL EXALCALDE DE GARRUCHA POR PREVARICACIÓN Y EXTORSIÓN

AMERÍA | A una empresa constructora
Presionó respecto al convenio urbanístico suscrito para construir 138 pisos
También se enfrenta a 47 años de inhabilitación para cargo público

Europa Press | Almería

Un juez ha ordenado la apertura de juicio oral contra el exalcalde socialista de Garrucha (Almería), Andrés Segura, por presunta comisión de delitos de prevaricación, extorsión, coacciones continuadas y exacciones ilegales con respecto al convenio urbanístico suscrito con la empresa 'Promociones e Inversiones Hermanos Muñoz SL' para construir 138 viviendas en la unidad de ejecución UE-6 del termino municipal.

Segura, que será enjuiciado junto a otras cinco personas, se enfrenta a penas que suman siete años de prisión, así como 47 años y seis meses de inhabilitación para empleo o cargo público que solicita la acusación particular ejercida por la mercantil querellante Hermanos Muñoz.

La misma pena de cárcel interesa para el exedil de Urbanismo Martín López, y el abogado J.M.L.H. mientras que el secretario municipal J.L.P.T., y los también procesados M.J.P.F. y J.M.E.R., arquitecto y técnico municipales, se enfrentan a penas de doce meses de prisión e inhabilitación por un periodo que oscila entre los 28 y los siete años.

La Fiscalía resolvió no formular acusación en este caso y solicitó en un informe emitido en julio de 2012 el sobreseimiento de las actuaciones al no apreciar indicios de delito en los hechos relatados en la querella y al entender que el convenio urbanístico objeto del litigio es "conforme a derecho y revestido de los elementos necesarios de consentimiento, objeto y causa" tal y como se recogía en una sentencia de los contencioso-administrativo.

El auto de apertura de juicio oral fija una fianza de 2,4 millones de euros al Ayuntamiento de Garrucha y a la Diputación Provincial de Almería en concepto de responsables civiles subsidiarios y ordena traslado del procedimiento a los juzgados de lo Penal. La administración ha alegado contra la caución.

El escrito de acusación de 40 páginas recoge que la mercantil adquirió en 2003 por más de seis millones de euros una finca conocida como UE-6. Dicha unidad de ejecución, según los querellantes, tenía 26.692 metros cuadrados de extensión de acuerdo a la ficha urbanística aunque "los planos de ordenación" de las Normas Subsidiarias (NNSS) recogían una superficie de solo 21.000 metros cuadrados urbanizables por motivos que califican de "desconocidos".

En septiembre de ese año, el Ayuntamiento otorgó licencia de obras para la construcción de 134 viviendas en esa unidad de ejecución aunque, en 2004, continúa relatando, "saltó a la luz pública el error material antes referido y los medios de comunicación locales llegaron a calificar lo sucedido como el mayor pelotazo urbanístico de la historia del municipio".

Según la acusación, esto provocó que el Consistorio iniciase la revisión de oficio de la licencia, lo que derivó en la suspensión y paralización de la obra, "pese a que el exalcalde, López Peña y, por supuesto, el secretario municipal tenían plena conciencia -sostiene- de la plena ilegalidad" de la citada revisión "ya que la ficha urbanística de la UE-6 reflejaba y refleja una superficie de 26.692 metros cuadrados".

En marzo de 2005, el pleno levantó la suspensión de la construcción de las 134 viviendas tras un informe preceptivo del Consejo Consultivo de Andalucía, que señalaba que resultaba "incuestionable que la licencia se había otorgado con plena sujeción a legalidad vigente". A partir de este punto, siempre según la mercantil querellante, "comenzó una campaña de acoso y amenazas a sus representantes para tratar de obtener nuevas contraprestaciones económicas, justificadas en supuesto aprovechamiento de la edificabilidad".

"TRAMA DE LOS ERE"; ANTICORRUPCIÓN VUELVE A PEDIR EL INGRESO EN PRISIÓN DE GUERRERO POR "RIESGO DE FUGA"

Francisco Javier Guerrero (izquierda), junto a su abogado en las puertas del juzgado. | Efe
'Operación Heracles'
Anticorrupción vuelve a pedir el ingreso en prisión de Guerrero por 'riesgo de fuga'
El delegado de Empleo ha declarado durante cerca de tres horas
Anticorrupción cree que también podría destruir pruebas del caso
Asegura a su salida de los juzgados que está "igual de tranquilo que siempre"

Europa Press | Sevilla

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado el ingreso en prisión del exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero, imputado en la causa que investiga las irregularidades detectadas en expedientes de regulación de empleo (ERE) tramitados por la Junta, por considerar que existe "riesgo de fuga", de que pueda "destruir o alterar pruebas" y de que pueda entrar en contacto con otros imputados.

Así lo han informado fuentes del caso al término de la declaración de Guerrero ante la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que se ha prolongado durante cerca de tres horas y durante la que ha respondido a las preguntas de la magistrada desoyendo el consejo de su abogado, Fernando de Pablo.

Se da la circunstancia de que Alaya ya decretó hace un año, en concreto el 10 de marzo de 2012, el ingreso de Guerrero en prisión provisional, comunicada y sin fianza como presunto autor de hasta seis delitos -sendos delitos continuados de prevaricación, malversación de caudales públicos y cohecho, así como dos de falsedad en documento oficial y un último delito de falsedad en documento mercantil-, tras lo que permaneció más de siete meses en Sevilla I hasta el 22 octubre, cuando abandonó la cárcel después abonar 50.000 euros de fianza.

La comparecencia de Guerrero, que ha concluido pasadas las 17 horas, corresponde a la parte de la causa que permanece bajo secreto de sumario y en ella han estado presentes la propia Alaya, los dos representantes de la Fiscalía Anticorrupción y el abogado Fernando de Pablo.

Guerrero, que continúa a la espera de que la magistrada dicte el auto en el que acepte o no la petición de la Fiscalía Anticorrupción, ha declarado a los periodistas congregados a las puertas de la Audiencia Provincial que se encuentra "igual de preocupado que siempre", aunque ha admitido que no se trata de una "situación agradable".

También ha desvelado que ha prestado declaración ante la juez Alaya, que se ha interesado por "cosas que ya me habían preguntado antes" y también por "otras que hemos ampliado".

En principio está previsto que nuevos imputados presten declaración este miércoles ante la juez Mercedes Alaya.


Además
El escándalo del saqueo institucionalizado

elmundo.es

"TRAMA DE LOS ERE"; LA GUARDIA CIVIL DETIENE EN SIETE PROVINCIAS A 20 PERSONAS POR LOS ERE Y REALIZA 13 REGISTROS


La Guardia Civil en la puerta de uno de los despachos que están siendo registrados. | J. Morón
La juez Alaya cita a 9 imputados en la causa
Esta fase de la investigación se ha centrado en las empresas 'mediadoras'
La Guardia Civil registra los despachos de las empresas y de algunos abogados
La mayoría de los detenidos son mujeres; algunas, esposas de los implicados
En Barcelona se han producido nueve detenciones
Javier Guerrero es uno de los imputados que la juez Alaya ha citado a declarar

S. Torres / A. Salvador | Sevilla


La Guardia Civil ha detenido por el momento a 20 personas en relación con los ERE fraudulentos de la Junta de Andalucía y ha realizado 13 registros. La operación se está desarrollando desde primera hora de esta mañana en siete provincias de cuatro comunidades autónomas y está relacionada con el desvío de las comisiones pagadas con el fondo de reptiles.

Nueve personas han sido detenidas en la provincia de Barcelona, cinco en la de Sevilla, tres en Cádiz, dos en Madrid y una en Las Palmas. Fuentes de la UCO han señalado a este periódico que, además, están pendientes de practicar dos detenciones. La mayoría de los detenidos son mujeres y, algunas de ellas, esposas de algunos de los implicados en la trama de los ERE. Entre ellos está al menos Eduardo Leal del Real, otro de los supuestos testaferros para el desvío de fondos, según informa Efe.

De los registros, tres se han realizado en Sevilla, donde se está a la espera de un cuarto en un edificio de la Plaza Nueva que permanece custodiado por la Guardia Civil, tres en el municipio jienense de Albanchez de Mágina, otro en Jaén capital, dos en Jerez de la Frontera y dos en Granada.

La operación está siendo coordinada desde el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, que dirige la juez Mercedes Alaya, y que ha citado además como imputadas a otras nueve personas, además de los detenidos. Entre estos imputados están el ex director general de Trabajo y Seguridad Social Javier Guerrero, que está a la espera de declarar desde las diez de la mañana; su antiguo chófer Juan Francisco Trujillo, que declarará este jueves; el supuesto conseguidor y ex sindicalista jenense Juan Lanzas; la esposa de éste; el abogado sevillano Carlos Leal, y los responsables de las empresas mediadoras Vitalia, Antonio Albarracín, y Uniter, José González Mata.

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de Madrid se han desplazado a Andalucía y a otras comunidades autónomas por esta operación, que se está desarrollando en estos momentos por el orden de "primero registros y después detenciones".

En Sevilla, la UCO ha registrado oficinas del edificio Viapol, en la calle Balbino Marrón, el mismo edificio donde se encuentran los Juzgados de Primera Instancia, y otras del edificio Generali, en la Plaza Nueva, donde tiene su sede en Sevilla, entre otras empresas, Uniter.

El Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla mantiene el secreto del sumario sobre los ERE, en concreto, sobre las investigaciones de la UCO que está siguiéndole el rastro al dinero pagado en comisiones a mediadores. Actualmente está en prisión Juan Francisco Algarín Lamela, considerado por los investigadores testaferro u hombre de paja que habría colaborado para desviar dinero público.

Los implicados
En Jerez de la Frontera, los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han registrado la sede de la empresa Seguros Uniter, en el número 58 de la calle Larga de esta localidad gaditana. El propietario de la compañía ha sido imputado en el caso de los ERE, puesto que la empresa, presuntamente, habría planteado expedientes de regulación de empleo para sus empleados, a los que supuestamente pagaba subvenciones para después recibir el propietario comisiones por ello.

Guerrero espera en las puertas del juzgado para declarar. | C. Márquez
Precisamente, el administrador de esta firma, José González Mata, está citado a declarar ante la juez Alaya el próximo sábado a las 17 horas. Aunque no está formalmente detenido, según ha sabido ELMUNDO.es, los agentes le han requisado su teléfono móvil.

Por su parte, Francisco Javier Guerrero, uno de los principales imputados en la causa y que se encontraba en libertad bajo fianza, ha recibido esta mañana a las 8.30 horas en su domicilio una citación, de manos de la Guardia Civil, para declarar esta misma mañana ante la juez Mercedes Alaya. Estaba citado a las 10 horas, pero ha entrado pasada las 14.20 horas.

Por otro lado, también ha sido citado a declarar el abogado Carlos Leal, socio director del bufete Estudios Jurídicos Villasís, que ya estaba imputado, igual que González Mata y Guerrero.

Entre los detenidos, se encuentra la esposa de Antonio Albarracín, comercial de la aseguradora Vitalia imputado por los ERE falsos, tras el registro de su domicilio en Madrid, según informa la agencia Efe. La mujer será llevada ante la juez Mercedes Alaya esta misma tarde, donde está citada a las 18 horas.

El propio Albarracín, que ya estaba imputado en las actuaciones, también ha pedido comparecer voluntariamente y ha emprendido viaje a Sevilla, donde espera declarar a las 19 horas, han añadido las fuentes.

También ha sido citado para declarar ante la juez este jueves Daniel Ponce, ex subdirector de Mercasevilla, que ya estaba imputado en la causa.

Los ideólogos
La citación de Guerrero se produce tras la aparición de nuevos indicios aportados por la Guardia Civil de su supuesta implicación en este asunto. Así lo han asegurado a Efe fuentes de la investigación, que han señalado que la magistrada también ha citado al ex sindicalista de UGT Juan Lanzas, imputado como "conseguidor" en los ERE. Ninguno de los dos está detenido.

Según las investigaciones, Lanzas ideó un sistema para usar empresas pantalla con las que "introducir en el sistema financiero, dotando de apariencia de legalidad", el dinero de las comisiones que aplicaba a las pólizas de seguros financiadas por la Junta.

Relacionado con Guerrero, principal imputado en el caso, y con Lanzas, se están llevando a cabo registros domiciliarios en Jaén y en la localidad jienense de Albánchez de Mágina.

Entre los detenidos sí se encuentra, sin embargo, Eduardo Leal del Real, un presunto testaferro en la trama, socio de Juan Francisco Algarín Lamela, en libertad bajo fianza, en las tres empresas que los investigadores consideran 'pantallas', a través de las cuales Juan Lanzas cobraba, presuntamente, sus comisiones.

Otro de los citados por la juez Mercedes Alaya ha sido Juan Francisco Trujillo, que fue chófer del director general de Trabajo Javier Guerrero, y que ya estaba imputado, informa la agencia Efe. Trujillo, residente en Jaén, está citado este jueves a las 19 horas en el jugado de instrucción 6 de Sevilla.

Durante su declaración como imputado en marzo de 2012, Trujillo dijo a la juez que viajó al menos en dos ocasiones a Madrid para recoger sobres con dinero para su jefe, el exdirector general de Trabajo de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero, que también está citado en esta nueva ronda.

Se trataba presuntamente de comisiones que la mediadora Vitalia le abonaría a Guerrero por sus gestiones para la contratación de las pólizas de los ERE.

Según su declaración, en una ocasión se encontró en la estación de Atocha con el director general de Vitalia, el imputado Antonio Albarracín, que le entregó un sobre de tamaño folio doblado por la mitad, conteniendo "billetes grandes" y un grosor de dos dedos.

Mediadores
Según ha sabido ELMUNDO.es, entre los detenidos en la operación se contarían también varios ex directivos y ex trabajadores del Grupo Vitalia, unas de las dos compañías que participaban en la mediación ante la Junta de Andalucía y que, según los investigadores, percibían por su trabajo comisiones desorbitadas, muy por encima de los precios de mercado.

Además

domingo, 17 de marzo de 2013

EL FISCAL JEFE RECONOCE LA "VELOCIDAD" CON LA QUE SE HA PUESTO EN MARCHA LA OPERACIÓN

CORRUPCIÓN | Registran el Ayuntamiento de Calvià
La querella del PSOE por Radio Calvià se presentó esta misma semana
El procedimiento habitual en casos similares es pedir primero la información
La intervención se produjo el mismo día en que Carlos Delgado se casaba

Enrique Fueris | María Fuenteálamo | Calvià

El fiscal jefe de Baleares, Bartomeu Barceló, ha reconocido "la velocidad" con la que se puso en marcha la operación para que la Guardia Civil registrara ayer el Ayuntamiento de Calvià para intervenir documentos relativos a la radio municipal. La premura contrasta con el procedimiento habitual que se sigue en casos parecido en los que primero solicitan la información (como vienen haciendo casi cada semana los agentes anticorrupción de Baleares por diferentes casos como los vinculados a la desaparecida Unió Mallorquina u Over Marketing). El fiscal contestó que no creía que «hubiera tantos agentes» en el registro de ayer, efectuado el mismo día en que Carlos Delgado se casaba con su actual pareja, y que, en cualquier caso, no había que hacer «una montaña» del tema.

La Guardia Civil registró el consistorio de Calvià y la sede de su radio municipal en busca de pruebas de supuestas contrataciones ilícitas para la gestión de la emisora durante la legislatura en curso y las dos anteriores, cuando era alcalde Delgado. Un fulminante e inesperado despliegue policial que se produce tan solo unos días después de que el PSOE denunciara las presuntas irregularidades y el mismo día elegido por el actual conseller de Turismo y Deportes para contraer matrimonio con Lourdes Reynés.

Las pesquisas han sido iniciadas hace unos días a raíz de una querella interpuesta esta semana por la agrupación municipal del PSIB-PSOE en la que se apuntaban indicios de prevaricación, cohecho y malversación de fondos públicos en la adjudicación de contratos para la gestión de Radio Calvià entre 2005 y 2011.

Después de un concienzudo registro que se prolongó desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde, los agentes de la Policía Judicial del Instituto Armado intervinieron diversos documentos y facturas de las dependencias consistoriales, así como un iPad y otros soportes informáticos de la sede de Radio Calvià.

La operación de entrada en el Ayuntamiento calvianer ha sido tomada con una rapidez inusual en otras investigaciones de Anticorrupción en Baleares. Una «velocidad» reconocida a este rotativo por el mismo fiscal jefe, Bartomeu Barceló. «La celeridad con la que se ha actuado puede deberse a muchos factores, como que las diligencias sean complicadas», dijo, aunque apuntó a su vez, que «en este caso se busca una cosa muy concreta».

Así las cosas, el fiscal jefe de Baleares reconoce que si bien la querella del PSOE por Radio Calvià se presentó esta misma semana, hablar de «rapidez extrema» es «una apreciación subjetiva». Eso sí, reconoció que no todas las investigaciones se desarrollan a esa velocidad por lo que añadió que «realmente todas las causas deberían estar hechas para ayer». Barceló explicó que todo «depende de la urgencia del caso» y señaló que los tiempos de las pesquisas «también dependen del juez que instruye».

En este caso, el juzgado de Instrucción 12 de Palma, cuyo titular es Carmen Abrines. Se trata del mismo juzgado que dirime en el caso de supuesta corrupción de Pas Amics del Camí, una asociación vinculada al PSM. Regada con dinero público desde al menos tres administraciones diferentes –Govern, Consell y Ayuntamiento de Valldemossa– en la pasada legislatura, la asociación en cuestión no habría realizado los trabajos encargados, tal y como destapó este diario.

Por otra parte, el fiscal Anticorrupción encargado de la investigación y presente ayer en el registro es Miguel Ángel Subirán. Sobre él recayó también la investigación de Pas Amics del Camí así como una denuncia del PP sobre presuntas irregularidades en la contratación de Jardins de Tramuntana, la empresa de la pareja de la socialista isleña Francina Armengol. Subirán rechazó la denuncia porque «no se identificaba a nadie» como denunciado y, sin realizar diligencias, la archivó.

Además

REGISTRAN EL AYUNTAMIENTO DE CALVIÁ PARA INTERVENIR EXPEDIENTES DE LA RADIO

Funcionarios salen con cajas tras el registro en el Ayuntamiento. | Alberto Vera

INVESTIGACIÓN | La Guardia Civil



Europa Press | Palma

Agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil se han personado a primera hora de la mañana para intervenir los expedientes relacionados con la adjudicación presuntamente irregular de contratos para la explotación de la radio municipal bajo la Alcaldía de Carlos Delgado, actual conseller de Turismo y Deportes del Govern.

Así lo han informado fuentes del caso, que han precisado que los registros han sido ordenados por el Juzgado de Instrucción número 12 de Palma, donde ha recaído la querella interpuesta recientemente por el PSIB.

En concreto, los investigadores apuntan a la presunta comisión de delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, entre otros, en la concesión de la gestión de Radio Calvià.

'Duermen el sueño de los justos'
Por su parte, el portavoz del PP balear, Miquel Ramis, se ha referido al hecho de que la Guardia Civil haya intervenido en el Ayuntamiento de Calvià ha destacado que cuando "temas parecidos" a este afectan a otros partidos "duermen el sueño de los justos".

"Cuando determinadas cuestiones parecen afectar a ayuntamientos 'populares' hay intervenciones, y cuando determinados temas parecidos afectan a otras organizaciones políticas, duermen el sueño de los justos", ha dicho en declaraciones a los medios tras la Junta Directiva regional.

Ramis ha declarado que él se sigue "acordando" del caso Eivissa Centre, "que sigue parado" y ha considerado que podría haber habido actuaciones "dentro del tema del PSM con las excursiones, hubiesen podido pedir papeles".

'Las actuaciones no parecen las mismas para todos'
En este sentido y pese a admitir que no dispone de "toda la información" al respecto, ha dicho tener la "tentación de pensar que, a veces, las actuaciones judiciales no parecen las mismas para todos".

No obstante, ha añadido que el PP tendrá que esperar a tener más información "y ver qué pasa", si bien ha reconocido que se trata de un tema "desagradable" que les "preocupa", aunque no lo han abordado en la Junta Directiva Regional.

Ramis también ha mostrado el "respeto" de su formación ante "cualquier intervención policial". "Vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos y a qué se debe esto".