CITADO A DECLARAR EL DUEÑO DE NIMBUS POR EL "CASO PALMA ARENA"

CORRUPCIÓN | El próximo martes

Efe | Palma

El juez instructor del "caso Palma Arena", José Castro, ha citado el próximo martes a declarar al dueño y director de la empresa de publicidad Nimbus, Miguel Romero, imputado en esta causa de supuesta corrupción durante la legislatura pasada. Romero fue detenido el agosto de 2009 en el marco de la operación policial de este caso, y compareció entonces ante el juez Castro junto al ex director de Deportes del Govern, Pepote Ballester; el portavoz del PP del Ayuntamiento de Palma, Rafael Durán, y el director de la UTE constructora, Miguel Ángel Rodríguez.

El empresario reconoció en interrogatorios policiales y judiciales que parte de los servicios que su sociedad prestó al PP en la campaña autonómica y municipal de 2007 no los facturó y que el cuñado del ex presidente Jaume Matas, Fernando Areal, gerente entonces del PP, le pagó 71.000 euros en dinero negro por esos trabajos.

Según un documento de julio de este año de la Fiscalía Anticorrupción, en el registro de la agencia Nimbus en 2009 se encontraron dos facturas por unos 19.000 euros de abril de 2007 (en mayo fueron las elecciones) cobradas a la Conselleria de Vicepresidencia por conceptos falsos.

Anticorrupción considera que esta documentación podría encubrir el pago de servicios particulares realizado por Nimbus para el PP con ocasión de la campaña electoral del PP. El juez Castro también ha citado el martes día 19 a otros dos hombres, aunque en calidad de testigos.

elmundo.es

"CASO IBATUR"; EN LIBERTAD CON CARGOS LOS DOS EMPLEADOS DEL GRUPO CLAVE DETENIDOS

Tras prestar declaración

* Los dos trabajan en temas relacionados con contabilidad

Efe | Palma

Los dos empleados del Grupo Clave de Comunicación detenidos este jueves en el "caso Ibatur" han quedado en libertad con cargos tras prestar declaración ante la policía, informaron a Efe fuentes jurídicas.

Los dos supuestos implicados en este caso de corrupción, un hombre y una mujer, han sido citados a declarar mañana viernes, a las 9:00 horas, ante el juez del juzgado de instrucción número 2 de Palma que investiga el caso.

Los dos empleados del Grupo Clave, que trabajan en temas relacionados con la contabilidad de la empresa, fueron detenidos hoy en relación a este caso de corrupción y trasladados a dependencias de la Jefatura Superior de Policía de Baleares.

La primera en declarar fue la mujer, que quedó en libertad poco antes de las 20.00 horas, mientras que el otro detenido lo hizo después y salió en libertad con cargos pasadas las 21:00 horas, según las fuentes.

El pasado 1 de julio, los dos socios del Grupo Clave de Comunicación fueron detenidos por la Policía en el marco de la "operación Pasarela", en la que se investiga el desvío de fondos públicos del Instituto Balear de Turismo (Ibatur), dependiente de la Conselleria de Turismo

Días antes, el fiscal anticorrupción Miguel Ángel Subirán, policías y funcionarios judiciales registraron durante más de tres horas la sede en Palma de la agencia de publicidad

Además
    * Dos detenidos del Grupo Clave dentro del caso Ibatur

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LA HERENCIA ENVENENADA DE LOS MUNAR

OPINIÓN  | El juez sienta en el banquillo a Munar
Por Esteban Urreiztieta |

"Yo lo que quiero es vivir tranquila", confesó Maria Antònia Munar a los suyos tras el 27-M, envuelta en el último traje de Escada, con el último bolso de Louis Vouitton debajo del brazo y repleta de diamantes y perlas australianas. Y eso sólo se lo podía garantizar un partido. Aquel que tenía la Fiscalía bajo su control. Entregó todo y se refugió en el aparente remanso de paz del Parlamento balear como segunda autoridad de la comunidad autónoma, conformándose con migajas de poder en las instituciones, sacrificando a su propio partido Unió Mallorquina (UM) y entregando Baleares al PSOE.

Pero el sosiego duró poco. Hasta que EL MUNDO reveló que su cúpula había cobrado comisiones del 15% por recalificar el mejor polígono industrial de Palma. Con un interminable reguero de documentos, transferencias y facturas falsas. En total, 50 millones de euros. La perezosa Fiscalía miró para otro lado durante un año entero hasta que se vio obligada a hacer algo cuando la marea de pruebas se colaba ya en sus despachos en forma de hojas de periódico. Y decidió registrar, casi como un mero trámite, un flamante chalé recién construido en uno de los acantilados de la Bahía de Palma. En aquella vivienda, una funcionaria de la Seguridad Social, que había hecho de testaferro de los líderes de UM para camuflar el cobro del botín, se empeñaba, durante el otoño de 2008, en esconder debajo de su ordenador, un fajo de papeles. Los nervios le jugaron una mala pasada y despertó la curiosidad de los inspectores de Hacienda que husmeaban en los alrededores.

En aquellos documentos figuraba una productora audiovisual, Video-U. Y en ella, un pariente directo de Munar. Un ingeniero jubilado, sin ingresos oficiales ni patrimonio conocido, que se había encontrado, de golpe, con que el Consell de Mallorca que había gobernado su prima, le había dado cinco millones de euros públicos. Pero la Fiscalía, ni con esas. Se limitó a llamar a declarar al afortunado Víctor García, que había amanecido multimillonario. Le hizo cuatro preguntas de rigor, y él, abrumado por la nube de flashes y la insistencia de un juez que no daba crédito, se derrumbó. "Sí, soy un testaferro, y si usted quiere, yo las acciones se las regalo ahora mismo", le espetó al magistrado, que no pudo aguantar la risa.

Pero ni con esas Víctor García fue detenido ni el fiscal pidió para él medida cautelar alguna. Se marchó a su casa, como si nada, a disfrutar de su éxito empresarial, mientras el Ministerio Público garantizaba como podía la tranquilidad familiar. "¿Y ahora qué digo?", le preguntó a Munar. "Pues que eres el testaferro de Miquel Nadal -su delfín en el partido-". Y lo dijo, disparando el volumen de las carcajadas y provocando que Nadal destapara la caja de los truenos contra ella y provocara su dimisión. "Compramos la empresa con el dinero en efectivo que me dio Munar en el coche oficial", confesó contra su mentora. Pero ella cogió aire, presionó para acabar con el jefe de aquellos inspectores que habían metido la nariz donde no debían, que fue trasladado a Zaragoza en julio, y cuando se jactaba de haber provocado la destitución de Raúl Burillo, y de que el Ministerio Público la trataría bien, el mismo juez que tuvo la oportunidad de quedarse la productora, heredar parte del imperio familiar y "vivir tranquilo", ha resultado ser honrado y ha dejado que sea un tribunal el que dirima la herencia.

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"CASO MAQUILLAJE"; EL ABOGADO DE MUNAR CREE "PRECIPITADO" ABRIR UN JUICIO ORAL

CORRUPCIÓN  | Las reacciones

* Alega que no se ha resuelto el recurso contra el procedimiento abreviado
* Augura también que no habrá juicio antes de Pascua de 2011

Europa Press | Palma

Gabriel Garcías, abogado de la ex-presidenta del Parlament, Maria Antònia Munar, ha considerado "precipitada" la decisión del juez que instruye el Caso Maquillaje, Juan Ignacio Lope Sola, de abrir juicio oral contra su clienta y nueve imputados más sin haber resuelto el recurso que él presentó este miércoles contra el procedimiento abreviado.

Garcías ha indicado que en el caso de que el magistrado estimara el recurso y considerase, por tanto, que no hay motivos para continuar adelante con el procedimiento judicial contra Munar, "no tendría ningún sentido" la apertura del juicio oral. "Creía que el juez se esperaría un poco a resolver el recurso antes de proceder a calificar, aunque no ha sido así, pese a que no hubiera pasado nada por esperar un poco más, después de que se haya tardado tanto en abrir juicio oral", ha sostenido Garcías.

Así, ha explicado que, una vez finaliza toda la instrucción tras concluir la toma de declaraciones y la recogida de pruebas, el magistrado tiene dos opciones, de forma que puede optar por archivar la causa, al considerar que no se ha cometido ningún delito, o abrir un procedimiento abreviado para que el fiscal y la acusación particular puedan acusar o solicitar más diligencias, tal como se ha hecho en este caso.

Ante la decisión de continuar con la causa, Garcías presentó un recurso en reforma y, subsidiariamente, en apelación, al estimar que "no hay motivos para seguir adelante" con esta causa, que investiga un supuesto caso de corrupción urdido durante la pasada legislatura entorno al presunto desvío de 240.000 euros públicos del Consell de Mallorca a empresas audiovisuales controladas por dirigentes de UM.
 

No habrá juicio antes de Pascua de 2011

Por otro lado, el letrado ha augurado que, en caso de que finalmente, el juez rechace su recurso, algo que probablemente solicite la Fiscalía, no será hasta después de la Semana de Pascua de 2011 cuando se celebre el juicio oral, dado que, tras la decisión de esta mañana del juez, ahora se envía el escrito de acusación a todos los abogados de la causa, con el fin de que elaboren su escrito de defensa.

Posteriormente, cada uno de los letrados remitirán sus escritos a la Audiencia Provincial de Palma, con el objetivo de que, posteriormente, se señale la fecha exacta del juicio, algo que "no ocurrirá a corto plazo". Por otra parte, Garcías ha recordado que el auto de apertura del juicio oral no es recurrible, salvo que, en un momento dado, se solicitara antes de la celebración del juicio, prisión provisional para algunos de los imputados.

Preguntado sobre la petición de la Fiscalía Anticorrupción de seis años de prisión para Munar, el letrado ha recordado que los abogados siempre confían en la inocencia de sus clientes.

elmundo.es

"OPERACIÓN MAQUILLAJE"; EL JUEZ SIENTA EN EL BANQUILLO A MUNAR

El fiscal pide seis años de cárcel

    * La ex presidenta del Parlament balear está acusada de desviar fondos públicos a la productora que compró junto a su delfín Miquel Nadal
    * El juez le ha impuesto una nueva fianza civil de 320.000 euros
    * Junto a ella se sentarán Nadal y sus testaferros en Video-U

Esteban Urreiztieta | Eduardo Colom | Palma

El juez que instruye la 'Operación Maquillaje' sienta en el banquillo a la ex presidenta del Parlamento balear Maria Antònia Munar por desviar fondos públicos a la productora que compró junto a su delfín Miquel Nadal.

El magistrado Juan Ignacio Lope Sola le atribuye la comisión de los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y negociaciones prohibidas. Asimismo la considera inductora de otro de falsedad en documento oficial.

La decisión la ha adoptado tras rechazar el recurso interpuesto por la histórica líder de UM y ratificar que ha quedado acreditado que es la dueña de la productora Video-U a la que desvió más de cinco millones de euros públicos del Consell de Mallorca que presidía. Unos fondos que fueron empleados, en gran parte, en la financiación ilegal de la pasada campaña electoral de su partido.

Junto a Munar, el juez sienta en el banquillo a su ex número dos Miquel Nadal, así como a los testaferros del ex conseller de Territorio de UM, que colaboraron en el desvío de 240.000 euros a Video-U mediante programas de radio y televisión que nunca se realizaron.

El fiscal pide que sea condenada a seis años de cárcel y el juez le ha impuesto una nueva fianza de responsabilidad civil de 320.000 euros.

Esta es sólo la primera pieza separada de esta causa y también la primera vez que la ex socia de gobierno del PSOE en Baleares tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados.

Además
    * LEA EL AUTO COMPLETO DEL JUEZ | La larga mano de Munar | Humor: El chiste de Alfie

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FISCALÍA INVESTIGA EL DESTINO DE LAS AYUDAS QUE BLASCO DA A COOPERACIÓN

El consejero puso a disposición del fiscal los expedientes, pero no los entregó

LYDIA GARRIDO - Valencia

Ayer se abrieron oficialmente las diligencias de investigación penal por la denuncia presentada por los socialistas valencianos sobre supuestas irregularidades en el destino de fondos adjudicados por la Consejería de Solidaridad, dirigida por Rafael Blasco, a la Fundación Cyes para ayuda humanitaria en Nicaragua y que acabaron sirviendo para la compra de pisos y locales.

La fiscalía abrió las diligencias materialmente el pasado viernes, pero faltaba una firma, la de la fiscal jefe, Teresa Gisbert, que puso ayer su rúbrica. Ahora el fiscal anticorrupción y delitos económicos se ha hecho cargo de la investigación, aunque, a pesar de lo que dijo Blasco el pasado viernes, no tiene en su poder los expedientes que contienen la documentación de la adjudicación de dos proyectos, para agua potable y promoción de la agricultura en Nicaragua, por valor de 1,6 millones de euros, de los que al menos 800.000 fueron destinados supuestamente a la compra de inmuebles.

Blasco dijo haber puesto a disposición de la Fiscalía Superior esos expedientes, pero, en realidad, solo fue una declaración de intenciones. Lo que hizo fue remitir una carta a la fiscalía, en referencia a las informaciones sobre la denuncia del PSPV ofrecidas por la cadena SER y EL PAÍS, en la que decía: "Los expedientes están a su disposición". Ahí finalizó el ofrecimiento, innecesario dado que la fiscalía, en la instrucción de las diligencias de investigación penal, tiene potestad para requerir, como hará, esos dos expedientes y cualquier otra documentación o testimonio que considere importante para desvelar qué pudo ocurrir con el dinero público destinado a cooperación que sirvió para adquisiciones inmobiliarias.

La fiscalía cuenta, de momento, con la documentación aportada por la denuncia de la diputada socialista Clara Tirado, que no es parte en la causa. Sin embargo, tras estudiarla y valorar si del relato de los hechos se desprende la verosimilitud de una infracción penal, el fiscal solicitará información tanto a la consejería como a la fundación. Será capital la documentación sobre la concesión de la subvención y la liquidación de la misma, en la que hubo facturas que se devolvieron y fueron sustituidas por otras que se acomodaban a las exigencias de la consejería. Pero además, será también importante ver qué dinero realmente llegó a la Fundación Cyes, cómo lo gestionó y cómo justificó sus actuaciones. Además, la fiscalía comparará la dotación, infinitamente menor, a proyectos en lugares similares para acciones parecidas a precios sustancialmente menores a los que Blasco aprobó y que están en discusión.

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elpaís.com

PRESIDENCIA PAGÓ A "GÜRTEL" 45.534 EUROS POR UN ACTO DE AUTOBOMBO

La red corrupta utilizó empresas del Grupo Rafael como pantalla

J. SÉRVULO GONZÁLEZ / TONO CALLEJA - Madrid

El 22 de noviembre de 2006, Esperanza Aguirre sacaba pecho por su gestión al frente del Ejecutivo regional. Había ordenado celebrar un acto en la sede del Gobierno autónomo, en el patio de la Real Casa de Correos, situada en la Puerta del Sol, para recordar lo bien que lo había hecho. Una pantalla trasera con el lema "Tres años de Gobierno, gracias a la suma de todos" y el logotipo de la Comunidad de Madrid decoraba un escenario montado para la ocasión en el que se colocaron todos los miembros del Gobierno de Aguirre. El Ejecutivo regional convocó a consejeros, viceconsejeros, directores generales y demás cargos regionales. Un acto de autobombo que costó más de 45.534 euros y que fue adjudicado a varias empresas pantalla del entramado de la red Gürtel, según un informe policial sobre el Grupo Rafael.

La Comunidad de Madrid contrató a las empresas Fotomecánica Doble M, Fotomecánica Rafael y Tecnimagen, pertenecientes al Grupo Rafael, para la organización del acto. Estas empresas actuaron de pantalla de las sociedades de la red Gürtel, que lideraba Francisco Correa, según el informe policial. Todas las facturas fueron emitidas por un importe inferior a 12.000 euros para evitar el concurso público y dificultar su control.

La investigación policial revela que la red Gürtel utilizaba a las empresas del Grupo Rafael como tapadera y prueba que la Consejería de Presidencia de Madrid contrató, al menos en cuatro ocasiones, a compañías de este entramado empresarial para organizar el acto de promoción de Aguirre. El ex viceconsejero de Presidencia Alberto López Viejo está imputado por su presunta participación en las operaciones de la trama corrupta. Según el sumario del caso Gürtel, López Viejo ordenaba a la red corrupta trocear los contratos por debajo de 12.000 euros para dificultar su control.El informe policial confirma que el Grupo Rafael hacía de pantalla a la red Gürtel: "Existe una estrecha vinculación entre las empresas de la organización de eventos de Madrid de Francisco Correa y las del Grupo Rafael". Y añade: "La emisión de facturas a la Comunidad de Madrid la realiza el Grupo Rafael, luego es el grupo vinculado a Correa el que factura por esa misma cantidad al Grupo Rafael [...], Correa emitía facturas a este grupo por los mismos conceptos e importes para compensar contablemente las operaciones".

En un correo electrónico recibido por Felisa Jordán, administradora de varias de las empresas de Correa, la policía halló unas hojas de cálculo con la relación de facturas del Grupo Rafael a la Comunidad de Madrid. En uno de estos archivos, correspondiente a "facturas pagadas", figuran tres cuentas con empresas del Grupo Rafael de la Consejería de Presidencia [con las siguientes numeraciones: 20070857 por importe de 11.629,09 euros; 20070003, por 10.378,75 euros y 20071237, por 11.990,88 euros] para la organización del acto de celebración de los tres años de gobierno de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid. En otro archivo de "facturas pendientes" se incluye otra cuenta del mismo grupo [20070002] por importe de 11.537,75 euros.

Las sociedades Doble M, Fotomecánica Rafael y Tecnimagen, del conglomerado de empresas Rafael, emitieron facturas por un importe menor de 12.000 euros. De esta forma, eran consideradas como contratos menores y evitaban que hubiera que concurrir a un concurso público.

Un portavoz de la Comunidad de Madrid explica que el Gobierno autónomo ya ha entregado toda la documentación necesaria al juez que instruye el caso, Antonio Pedreira. Además, asegura, han participado en una comisión en la Asamblea de Madrid y han realizado una investigación interna del caso. El acto de autopromoción para celebrar los tres años de gobierno de Esperanza Aguirre fue pagado íntegramente por el Ejecutivo regional de Madrid. En otras comunidades autónomas gobernadas por el PP, este tipo de actos los paga el partido. Así ocurrió el pasado mayo cuando el presidente valenciano Francisco Camps (PP) celebró los tres años de su victoria en las elecciones a la Comunidad Valenciana. El acto de celebración fue sufragado por el Partido Popular de la Comunidad Valenciana.

El portavoz regional explica que el evento organizado por la Comunidad de Madrid era un acto institucional de la presidenta de la Comunidad de Madrid al cumplirse tres años de la toma de posesión.

Noticia relacionada

* Una red de firmas pantalla al servicio de Correa

elpaís.com

UN FAMILIAR DE MATAS IMPUTADO REVELA LOS DETALLES DE UNA TRAMA CORRUPTA

ANDREU MANRESA - Palma

Uno de los 40 imputados del PP en los nueve escándalos relacionados con la etapa de Gobierno de Baleares de Jaume Matas, esposo de una sobrina del ex presidente, detalló ayer ante el juez del caso Ibatur los presuntos desvíos de fondos en la Consejería de Turismo. El arrepentido, Felipe Ferré, que colabora con la Fiscalía Anticorrupción para intentar evitar su ingreso en prisión, describió el funcionamiento de algunas de las tramas corruptas en las que participó en promociones en China.

Según Ferré, empresario y ex concejal del PP de Lloseta con la ayuda de Matas, contó con la aparente complicidad de altos cargos gubernamentales, como el ex consejero Juan Flaquer, que le otorgó "una prima de 40.000" euros del dinero público, versión que Flaquer ha negado, y pagó comisiones a otros tres cargos del PP.

Felipe Ferré se jactó de presentar facturas "hinchadas" al Gobierno balear, tras lograr contratos sin concurso y falsear expedientes. Como ejemplo, precisó que por una traducción de Ibatur al chino pagó 200 euros y percibió de la Administración 5.568.

elpaís.com

"CASO MAQUILLAJE"; MUNAR FIRMÓ SUBVENCIONES A VIDEO-U "A SABIENDAS" DE QUE LOS PROGRAMAS NO SE HARÍAN

Malversación de fondos

* El juez acusa a Munar de llevarse 240.000 euros públicos
* Hay cinco documentos en los que aparece la firma de la ex presidenta

Esteban Urreiztieta | Eduardo Colom | Palma

El juez que instruye el 'Caso maquillaje' ha acusado abiertamente a Munar de llevarse 240.000 euros públicos procedentes de subvenciones otorgadas a Video-U, la productora de la que era copropietaria con Miquel Nadal. Pero las investigaciones van más allá. Ella misma se hizo cargo de los trámites administrativos necesarios para regar de fondos públicos a productora "a sabiendas" de que la empresa no tenía previsto realizar los programas televisivos para los que supuestamente estaba recibiendo esos fondos.

De hecho, en el auto de Lope Sola, se enumeran cinco documentos en los que aparece la firma de la ex presidenta del Consell de Mallorca que resultaron clave para pagar las subvenciones falsas.

Asimismo el magistrado remarca que "votaron tanto en el Consell Executiu como en el Pleno del Consell" para disponer de dinero público que iba a acabar en las cuentas de la empresa que controlaron con testaferros, lo cuales están igualmente imputados en la causa.

El titular del juzgado de instrucción número dos acusa a la x presidenta del Parlament balear de malversación, prevaricación y falsedad y pretende sentarla en el banquillo por esta causa.

Además
    * Munar, acusada de llevarse 240.000 euros
    * Las claves del auto del juez
    * El chiste de Alfie: En resumen

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"CASO IBATUR"; FERRÉ AFIRMA QUE FLAQUER PAGÓ UNA PRIMA DE 40.000 EUROS CON FACTURAS HINCHADAS

Declara el sobrino de Matas

* El ex conseller de turismo le dijo que le pagaría una prima
* Cardona, Ordinas y Viaene también se beneficiaron de este dinero

Efe | Palma

Felipe Ferré, ex concejal del PP en Lloseta y sobrino político del ex presidente Jaume Matas, ha afirmado ante el juez del 'caso Ibatur' que el ex conseller de Turismo del PP Joan Flaquer pagó una prima de 40.000 euros mediante facturas hinchadas.

Ferré, que colabora con la Fiscalía Anticorrupción en este y otros casos de supuesta corrupción, ha declarado durante una hora ante el juez Juan Ignacio Lope Sola, que investiga el supuesto desvío de fondos públicos del Ibatur (Instituto Balear del Turismo) cuando este organismo público, dependiente de la Conselleria de Turismo, era gestionado por el PP en la pasada legislatura.

El ex concejal, que participó en tres empresas beneficiarias de contratos del Ibatur, ha reconocido que Flaquer -imputado en la semana pasada el caso- le dijo en enero de 2006 que le pagaría una prima de 40.000 euros por la "buena organización" de un viaje a China por parte de la empresa Gourmet, administrada por él.

Esta comisión ilícita se cobró hinchando varias facturas, ha asegurado Ferré, quien ha añadido que esta prima la recibieron el ex conseller de Industria del PP Josep Juan Cardona, la ex gerente del consorcio CDEIB Antònia Ordinas y el ex director general Kurt Viaene, quienes eran socios junto a Ferré de las tres empresas.

Otros imputados

Este miércoles están citados a declarar, también como imputados, el ex propietario de la sociedad Gestora Balear de Negocios, José Calvo, y el presunto testaferro de éste, Mariano Villalba, quienes fueron detenidos a finales de junio. Ese mismo día también está fijada la comparecencia del administrador de Clave, una de las principales empresas investigadas en este procedimiento, Alberto Vergés, que también fue arrestado en el marco de la Operación Pasarela.

ELMUNDO.ES

EL ALCALDE DE ALHAURÍN DE LA TORRE, "TRANQUILO" ANTE SU IMPUTACIÓN POR UN JUEZ

TRIBUNALES  | Pertenece al PP

Efe | Málaga

El alcalde de Alhaurín de la Torre (Málaga), Joaquín Villanova (PP), se ha mostrado este miércoles "absolutamente tranquilo" tras su citación para declarar el próximo 21 de octubre ante el juzgado de Instrucción número 8 de Málaga como imputado por un presunto delito de malversación de fondos públicos.

En un comunicado municipal, Villanova ha enmarcado esta resolución judicial "en un puro formulismo para garantizar la tutela de los derechos del denunciante", la ex portavoz de IU Encarnación Ruiz.

También ha asegurado que "sólo se pretende practicar una diligencia -la toma de declaración- que en su día el juez de Instrucción número 8 no estimó conveniente de entre el resto de diligencias practicadas".

Por ello, ha añadido Villanova, la Audiencia "no entra en el fondo ni se pronuncia ni cuestiona los argumentos de aquella sentencia", en referencia al archivo de las diligencias el pasado marzo, que fue recurrido por la ex portavoz de IU.

En este sentido, se ha mostrado "convencido" de que esos argumentos "seguirán siendo válidos", porque la defensa legal que él ha recibido de los servicios jurídicos municipales desde que es alcalde siempre ha respondido a su "calidad de cargo público".

En este caso se investiga si el alcalde empleó recursos públicos -el trabajo de los funcionarios municipales- sin justificación para su defensa en tres juicios, uno de faltas y dos por demandas de protección al honor, por hechos acaecidos en varios plenos municipales.

Respecto al acta notarial pagada con fondos municipales, Villanova ha lamentado que IU quiera hacer una "cuestión de Estado y cimentar su denuncia de presunta malversación de caudales públicos por una factura de no más de 120 euros".

Ha rechazado que esta reapertura del caso "pueda entenderse como un revés judicial", ya que le "permitirá demostrar aún con más claridad" que ha actuado "correctamente, de acuerdo con la ley".

Asimismo, ha destacado que cuando demandó a IU por las informaciones contra él en un portal web de noticias, costeó la defensa y recurrió a un gabinete jurídico externo "en cuanto los servicios municipales aclararon que se trataba de un caso de protección del honor".

Según Villanova, más del 90% de los casi 40 procedimientos judiciales contra el alcalde y el equipo de gobierno "han sido archivados, y da la casualidad de que proceden siempre del mismo entorno de personas, en este caso, de Encarnación Ruiz".

Estos procedimientos han estado "movidos siempre por una muy conocida y manifiesta animadversión" para intentar "inhabilitar al alcalde y a su equipo de gobierno o, al menos, desgastar su imagen y torpedear su gestión".

Además
    * Citado como imputado por presunta malversación

elmundo.es

"CASO MALAYA"; MUÑOZ Y ZALDÍVAR SE DECLARAN INSOLVENTES PARA HACER FRENTE A LA FIANZA

TRIBUNALES  | Pieza separada de 'Malaya'

* Al ex regidor del GIL se le pide una fianza de 7,5 millones de euros

José Carlos Villanueva | Marbella

El ex alcalde de Marbella Julián Muñoz y la que fuera su cónyuge, Maite Zaldívar, se han declarado insolventes a la hora de hacer frente a las fianzas, por responsabilidad pecuniaria, que se les reclaman a ambos en la pieza separada por blanqueo de capitales y cohecho, desgajada del sumario del caso Malaya. En dicha causa penal también está procesada la cantante Isabel Pantoja que comparecerá este jueves.

Muñoz y Zaldívar han comparecido, por separado, este miércoles ante el titular del Juzgado de Instrucción 5 de Marbella, Sergio Ruiz, para recoger personalmente el auto de apertura de juicio oral en el que se fijan sus respectivas fianzas. En el caso del ex regidor del GIL 7,5 millones de euros, y en lo que respecta a su ex mujer 2,6 millones.

Fuentes jurídicas han asegurado a EL MUNDO de Málaga, tal y como se preveía, que la ex pareja alega no disponer de fondos para hacer frente a las cantidades que se le reclaman. No ha sido necesario que lo hicieran constar porque, en el caso concreto de Zaldívar, el silencio tras la pregunta de rigor del secretario judicial: “¿Tiene algo que manifestar?” implica una respuesta tácita de la insolvencia, después de serle notificado el auto.

El plazo de un día que les otorga el magistrado marbellí, para depositar el dinero o algún aval o propiedad es “simbólico”, según dichas fuentes. A partir de ahora, como trámite rutinario, el juez tratará de embargar aquellos ingresos que considere oportunos, tales como los que perciben Muñoz y Zaldívar por sus apariciones televisivas. Todo ello una vez que no existen bienes inmuebles a nombre de la ex pareja.

Aunque Muñoz y Zaldívar estaban citados a las 10 de la mañana el ex alcalde ha llegado a la sede judicial pasadas las 9 y ha permanecido dentro por escasos 15 minutos, sin hacer declaraciones a los periodistas. Al filo de la hora fijada para la citación ha llegado su ex mujer, que apenas ha permanecido otro cuarto de hora en el interior del edificio, acompañada de su abogado Pablo Lasso.

La ex mujer del que fuera primer edil marbellí ha hecho unas breves declaraciones a su salida: “Tan sólo se trata de un traslado, nada más”, ha comentado a los numerosos periodistas a la hora de resumir que le han dado traslado del auto de apertura de juicio oral.

También han comparecido otros tres procesados en esta causa. Se trata del ex cuñado de Muñoz, Jesús Zaldívar, así como Benjamín Martínez, ex director de una sucursal bancaria de Cajamar en Marbella, y el ex empleado bancario y agente de bolsa Fernando de Salinas. Los tres mencionados también están acusados de blanqueo de capitales, en relación con los fondos de procedencia supuestamente ilícita que canalizó Julián Muñoz desde Suiza hacia cuentas corrientes de los hermanos Zaldívar.

En el caso de la tonadillera, citada este jueves a las 10 de la mañana, la cantidad que se le reclama es de 3,6 millones de euros. Ella sí dispone de bienes inmuebles suficientes como para responder a la fianza solicitada por el juez.

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