lunes, 6 de febrero de 2012

"CASO EMARSA"; EL JUEZ APLAZA LA DECLARACIÓN DE CRESPO

El cambio de fecha se produce a petición del letrado del exvicepresidente de la Diputación
Los socialistas piden nuevas investigaciones sobre el saqueo de la sociedad pública

Valencia

La declaración ante el juez del exvicepresidente de la Diputación de Valencia y exalcalde de Manises, Enrique Crespo, se pospone por unos días. En una providencia hecha pública hoy, el juez encargado de investigar el saqueo de la sociedad de depuración Emarsa acepta un cambio de fechas a petición del nuevo abogado del imputado, que ha asumido el caso recientemente. La declaración de Crespo estaba prevista, en principio, para el 14 de febrero, pero el juzgado acepta posponerla y deja abierta la agenda para los días 16 y 17 a la espera de que el letrado informe si es posible celebrar la diligencia en esas fechas. Crespo, que dimitió la semana pasada de sus cargos, ha insistido en varias ocasiones en su interés por explicarse ante el juez, que le mantiene imputado y le ha impuesto junto con otros acusados una fianza conjunta y solidaria de 25 millones de euros como garantía patrimonial ante el desfalco en la empresa de la depuradora de Pinedo.

Entre otras diligencias, el titular del Juzgado de Instrucción número 15 acuerda también que se remita a la fiscalía y demás partes personadas el requerimiento de los socialistas valencianos para que se exija a la entidad metropolitana de aguas residuales, Emshi, que presidió Crespo, que aporte documentación sobre la mercantil Gea Manuel, SL. En ese sentido, el portavoz del PSPV-PSOE en la Emshi, Ramón Marí, ha explicado hoy en un comunicado que ha pedido al juez que investigue a la empresa de la familia de Juan José Medina, vicepresidente primero de la Diputación de Valencia y alcalde de Moncada, por su posible implicación en la trama del saqueo de Emarsa.

Según Marí, la empresa Gea Manuel, SL, propiedad de los hermanos de la mujer de Medina y de la concejal del PP de Moncada Concepción Gea, facturó 1,6 millones de euros a la depuradora entre 2004 y 2010. “Tenemos sobrados motivos para sospechar que esta sociedad ha seguido el mismo patrón que el resto de empresas vinculadas a representantes del PP en el caso Emarsa, como las de informática y construcción, y ha podido pinchar facturas de forma desmesurada”, ha asegurado Marí.

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EN OTROS MEDIOS

FABRA FIRMÓ HIPOTECAS PARA BLANQUEAR DINERO, SEGÚN LA ACUSACIÓN PARTICULAR


Bancaja concedió al dirigente del PP una hipoteca que vencería cuando tuviera 98 años

Valencia

El expresidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, firmaba hipotecas que no podría pagar con su sueldo público, según el escrito de la acusación popular, que considera que utilizó este sistema para blanquear dinero. Una de esas hipotecas, suscrita con Bancaja, vencería cuando Fabra tuviese 98 años, según informa la Cadena SER.

Bancaja concedió la hipoteca sobre la casa de Fabra en Madrid hasta el 2045, fecha en la que el presidente del PP de Castellón tendría 98 años. El piso, situado en la plaza de las Saleas de Madrid, fue adquirido en 2002 y el crédito pedido alcanza los 691.000 euros.

Años después, Fabra solicitó una ampliación de la hipoteca original que le fue concedida. En concreto, y según consta en el registro, un crédito de 100.000 euros, que finalizaría en enero de 2045. La escritura fue firmada ante notario el pasado 22 de diciembre de 2009, día de la lotería y en plena crisis financiera, según la información de la SER.

Según las condiciones concedidas por Bancaja al presidente del PP de Castellón, Fabra pidió el crédito a los 63 años. Terminaría de pagar a los 98 años. Fuentes de la entidad consultadas por la Cadena SER aseguran que lo habitual es limitar la amortización a los 70 años y no 30 años más, como se hizo con Fabra.

Esta vivienda hipotecada podría ser objeto de embargo si Carlos Fabra no deposita la fianza de 4,2 millones que le exige el juzgado. El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Nules decretó a finales de enero la apertura del juicio oral contra el presidente del PP castellonense, su exesposa María Amparo Fernández, el empresario que le denunció, Vicente Vilar, y la exesposa de este, Monserrat Vives. A Fabra, que está acusado de tráfico de influencias, cohecho y fraude fiscal, le exigió una fianza de 4,2 millones de euros con el fin de que haga frente a la responsabilidad civil que se le impondrá si es declarado culpable. Fabra presentó un escrito para pedir aclaraciones y un mayor plazo para hacer efectiva la fianza.

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EN EL PAÍS

EN OTROS MEDIOS

EL JUZGADO INICIA EL EMBARGO DE BIENES DE CARLOS FABRA PARA CUBRIR LA FIANZA DE 4,2 MILLONES

Imputado por cohecho, tráfico de influencias y fraude fiscal
La acusación popular recela de que pudo usar hipotecas para blanquear dinero
Fabra declaró 3,9 millones de bienes y 1,7 millones de deudas

Europa Press | Castellón

Este lunes se inicia el proceso de embargo de los bienes del ex presidente de la Diputación de Castellón y presidente del PP de Castellón, Carlos Fabra, con el fin de cubrir la fianza de 4,2 millones de euros que le impuso el juez en el auto de apertura del juicio oral al imputarle varios delitos fiscales, tráfico de influencias y cohecho, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).

Carlos Fabra y su mujer, María de los Desamparados Fernández, presentaron una relación de inmuebles, tal y como solicitó el juez de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Nules, para proceder al embargo de sus bienes y cubrir la fianza de 4.270.859,60, en el caso del dirigente provincial del PP, y de 1.718.192,80 en el caso de su esposa.

Al ex socio de Carlos Fabra, Vicente Vilar, y la ex esposa de éste último, Montserrat Vives, se pidió una fianza de 800.000 euros a cada uno, ambos imputados en esta causa.

Fabra y su mujer solicitaron aclaración del auto que imponía la fianza y un mayor plazo para responder al requerimiento, peticiones que desestimó el juez, quien les dio tres días para informar de su relación de bienes. Esta decisión se produjo después de que, tras finalizar el plazo, las partes no verificasen las fianzas.

Los bienes declarados de Carlos Fabra ascienden a 3,9 millones de euros y sus deudas a 1,7 millones, según consta en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón del 22 de enero de 2011, cuando todavía era presidente de la Diputación.

Fabra, en el apartado de bienes inmuebles según el valor catastral y el porcentaje de titularidad, declara 599.623,03 euros, a los que se suman 3.302.807 euros correspondientes a otros bienes. En el pasivo aparecen créditos, préstamos y deudas por 1,715.821,94 euros. Y, en el tercer apartado, aparecen los ingresos por actividades por valor de 158.092,02 euros.

Respecto a los ingresos por actividades, en el escrito de conclusiones provisionales de la acusación popular (Unión de Consumidores de la Comunidad Valenciana) de caso Fabra, esta parte indica que el presidente del PP de Castellón pudo utilizar los más de 30 préstamos hipotecarios que tenía para blanquear dinero, delito por el que no está imputado el dirigente del PP de Castellón, ya que será juzgado por cohecho, tráfico de influencias y fraude fiscal.

Así, la UCE sostiene que el ex presidente de la Diputación pudo realizar con dinero metálico el pago de vencimientos en diversas entidades bancarias "sin llamar tanto la atención", según han informado fuentes conocedoras del asunto de la acusación popular.

"CASO IBATUR"; BONET SE SENTARÁ EN EL BANQUILLO POR DESVIAR 95.000 EUROS PÚBLICOS A SUS FAMILIARES

A través de presuntas contrataciones irregulares


Europa Press | Palma

El titular del Juzgado de Instrucción número 2, Pedro Barceló, ha abierto juicio oral contra el exasesor jurídico y exsecretario del Instituto Balear de Turismo (Ibatur), Miquel Àngel Bonet, para quien la Fiscalía y la abogacía de la Comunidad Autónoma solicitan cinco años y tres meses de cárcel por desviar presuntamente más de 95.000 euros a la cuenta corriente de sus familiares, entre cuyos titulares se encontraba una pariente nonagenaria, a quienes hizo pasar por proveedores de servicios que nunca se llevaron a cabo.

El magistrado ya ha notificado a las defensas tanto los escritos de acusación como el auto de apertura de juicio oral. En concreto, Bonet será el primer encausado de este complejo caso de presunta corrupción que se sentará en el banquillo, y junto a él serán juzgados cuatro familiares que resultaron beneficiados de esta supuesta trama, quienes se enfrentan por su parte a un año y tres meses de prisión cada uno.

Bonet fue detenido en febrero de 2009, cuando no sólo reconoció haber defraudado a las arcas públicas 20.000 euros mediante contratos irregulares entre 2006 y 2007, motivo por el cual fue arrestado, sino que confesó además haber hecho lo mismo en seis ocasiones más con otros familiares, malversando hasta un total de 85.000 euros, la misma cantidad que se le impuso como fianza -posteriormente ampliada a 250.000 tras ser detenido por segunda vez-.

En concreto, la Fiscalía, a cuyo escrito de calificación se ha adherido la abogacía autonómica, acusa a Bonet de los delitos de malversación continuada de caudales públicos, prevaricación, falsedad en documentos mercantiles y falsedad por funcionario, a los que pide que se aplique la atenuante de confesión.

Y es que, según postula el Ministerio Público, durante la segunda legislatura de Jaume Matas (2003-2007) Bonet llevó a cabo las gestiones necesarias para que se crearan expedientes de contratación pública y que éstos fuesen sufragados por el Ibatur sin que se realizase a cambio contraprestación o servicio alguno. Para ello, confeccionó expedientes de contratos menores en los que simulaba que los acusados eran contratados para prestar trabajos a la Administración que en realidad nunca se hicieron.

Unos inexistentes servicios que eran facturados al Ibatur para luego, una vez obtenido el pago, ser incorporado al patrimonio de los imputados, tal y como relata la Fiscalía en su escrito de calificación. Así, Bonet tramitó el pago de 20.543 euros al acusado Alberto Garí; 32.306 euros en favor de Cristina Middelmann; 20.668 euros a Margarita Fiol -en una cuenta en la que también figuraba María Teresa F.N., de 97 años de edad y que no tuvo participación en los hechos-, y 22.018 euros a Silvina Guijarro.

En total, 95.536 euros que fueron supuestamente desviados a las cuentas corrientes de estos acusados sin que a cambio se prestase contraprestación o servicio alguno por estos expedientes.

Detenido en dos fases policiales del caso Ibatur
Cabe recordar que la detención del encausado se produjo en la primera fase policial del caso Ibatur, a la que siguieron cuatro operaciones más con más de una veintena de arrestados entre ex altos cargos de PP y UM y empresarios presuntamente implicados en una trama que habría servido para desviar millones de euros desde la empresa dependiente de la Conselleria de Turismo.

Bonet volvió a ser detenido en junio de 2010 junto a los ex gerentes del Ibatur Raimundo Alabern y Juan Carlos Alía -el único de los imputados que ingresó en prisión-, en el marco de una causa que permaneció bajo secreto durante más de año y medio.

Las investigaciones del caso se extienden asimismo a dos empresas de Madrid, Over Marketing -presuntamente relacionada con el caso Gürtel- y Match Golf, dedicada a la organización de espectáculos deportivos y adjudicataria del torneo de golf Mallorca Classic. Una de las líneas de investigación apunta al desvío de unos 17 millones de euros con motivo del patrocinio de este evento por parte del Govern a raíz de las numerosas facturas halladas sin justificar en torno al torneo que se celebra anualmente en s'Era de Pula (Son Servera).

Las pesquisas apuntan además a que entre 2005 y 2007 el Ibatur efectuó un continuo fraccionamiento de contratos para que pudieran ser adjudicados de forma directa, una fórmula de que se habrían visto favorecidas unas 70 empresas. Las investigaciones se ampliaron posteriormente a la pasada legislatura, cuando UM estaba al frente de la Conselleria de Turismo.

"CASO MALAYA"; DE CALDAS: "CÓMO IBA A PAGARLE A ROCA SI LO QUE TENÍA QUE HABER HECHO ES PEGARLE UN TIRO"

Nueva sesión del juicio
Declara que el ex asesor urbanístico le debía 400.000 euros

José Carlos Villanueva | Málaga

"Cómo iba a pagarle yo a Roca 60.000 euros, lo que tenía que haber hecho es pegarle un tiro, entre comillas". De esta forma tan vehemente ha negado de nuevo este lunes José María González de Caldas haber pagado un soborno al ex asesor urbanístico marbellí, para obtener una licencia de primera ocupación por silencio administrativo en 2006.

Durante la sesión del juicio por el caso 'Malaya', Caldas ha asegurado que hubiera actuado de tal forma -en sentido figurado- debido a que Roca le adeudaba 400.000 euros "del convenio del edificio Golden". Todo ello en alusión a una operación urbanística que llevó a cabo en Marbella.

La propia letrada del principal acusado, Rocío Amigo, le ha preguntado al ex presidente del Sevilla F.C. por los 1,6 millones de euros que él pagó a su defendido, "declarados ante Hacienda", según han coincidido ambos.

En un momento de su intervención Caldas ha admitido que su ex socio, el también acusado Miguel López Benjumea, sí pudo pagarle a Roca los 60.000 euros citados, pero por "algún saldo que anotara su contable", en alusión a Salvador Gardoqui, testaferro del ex asesor urbanístico, en el marco de negocios comunes entre ambos.

López Benjumea, que ha declarado a continuación, lo ha negado categóricamente. El pago fue vinculado en las anotaciones de Roca a la sociedad Miguel Lopéz Benjumea y cia , de la que Caldas tenía el 95% de acciones y su socio el 5% restante. El mediático ex dirigente sevillista ha expuesto que le puso el nombre de López Benjumea a dicha mercantil "porque acababa de dejar el Sevilla, tras bajar a segunda división y yo no quería aparecer".

Al comienzo de su declaración de este lunes ha causado sorpresa y desconcierto que González de Caldas pidiera disculpas al fiscal y a la Sala, porque cuando comenzó a declarar el pasado 1 de febrero "no estaba en condiciones de hacerlo". Ha llegado a decir que no se enteró de lo que le preguntaba el fiscal, ni de lo que le contestó.

El presidente del tribunal, José Godino, le ha preguntado por qué motivo no le comunicó su mal estado y Caldas ha sorprendido aún más a los presentes: "Porque no son muchas, afortunadamente, las veces que uno viene aquí a declarar". Acto seguido, Godino le ha hecho saber que pudo haber pedido un aplazamiento. Lo dicho por el arquitecto y promotor sevillano ha provocado dudas sobre si pretende restar credibilidad a lo ya declarado en esta vista oral.

A preguntas de su abogado, González de Caldas ha situado a Roca poco menos que como un benefactor para el Ayuntamiento de Marbella, a la hora de conseguir "el máximo posible en la negociación de los convenios". Tales argumentos refuerzan las tesis del considerado cerebro de la trama municipal. Él siempre ha mantenido que la administración municipal "se enriqueció injustamente". Pero los informes del Tribunal de Cuentas dicen todo lo contrario, y han venido reflejando el enorme perjuicio patrimonial causado a las arcas públicas por los sucesivos gobiernos del GIL (1991-2006).

Según el ex dirigente futbolístico "Jesús Gil era el sheriff y después venía Roca". Primero "te trillaba" el ex alcalde marbellí y luego el ex asesor urbanístico "te quitaba hasta la última gota de sangre". El que fuera predecesor de Francisco Escobar en la presidencia del Sevilla F.C. se ha quejado de que el Consistorio marbellí "siempre nos pedía a los promotores para obras municipales, la feria, las asociaciones, pero luego no daban nada".

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