viernes, 19 de febrero de 2010

"CASO PALMA ARENA"; IMPUTAN A LA EX DIRECTORA DE IB3, MARÍA UMBERT

CORRUPCIÓN | En una pieza secreta

* El juez Castro no ha dictaminado ninguna medida cautelar contra ella
* Sigue imputada en la causa como garantía procesal

ELMUNDO.es | Palma

El juez ha tomado declaración como imputada a la ex directora general de la televisión autonómica IB3 María Umbert en relación a una pieza secreta del caso de supuesta corrupción Palma Arena, inmediatamente después de que compareciera como testigo en esta misma causa, según han informado fuentes jurídicas.

Su imputación se produce tras la declaración de ayer del jefe de prensa del PP, Joan Martorell, quien indicó al juez que contrató a Nimbus por indicación de Umbert. La ex directora de IB3 ha negado hoy tal extremo ante Castro ya que, según le ha dicho, "ella no llevaba la contratación". Es posible que en los próximos días el juez ordenase un careo entre Umbert y Martorell para confrontar sus versiones.

Respecto a su relación con el periodista Antonio Alemany, imputado e interrogado ayer en esta misma causa, María Umbert ha asegurado al magistrado que al hacer ella también discursos, establecía contactos con Alemany por este tema.

Tras prestar declaración, el juez José Castro no ha dictaminado ninguna medida cautelar contra ella, y aunque sigue imputada en la causa, se trata de una garantía procesal para poder efectuar su defensa.

Umbert ha salido de los juzgados sobre las 12.45 horas con semblante preocupado.

Además
* Mi experiencia con el juez y el fiscal, por A. Alemany
* Fianzas civiles de 250.000 euros para Martorell y Alemany
* Fiol: Puede que no se hicieran 'todos los pasos administrativos'

elmundo.es

EL JUEZ CONSIDERA A GEMMA MONTULL CLAVE EN EL DESFALCO DEL PALAU DE LA MÚSICA

PALAU | Declara su despido procedente

Efe | Barcelona

La juez ha sentenciado como procedente el despido de Gemma Montull, ex directora financiera del Palau de la Música e hija de Jordi Montull, uno de los principales implicados en el expolio, al considerar que era una pieza fundamental en el desvío de los fondos de la entidad, han informado fuentes judiciales.

El juicio por el despido de Gemma Montull del Palau de la Música se vio la pasada semana en la Ciudad de la Justicia de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), en el que ella se exculpó de su implicación en el desfalco argumentando que Fèlix Millet controlaba "hasta el último céntimo" que se gestionaba en la entidad.

Además, aseguró que si acudía a las entidades bancarias a cobrar cheques era porque no podía hacerlo el conserje del Palau de la Música, en el que ostentaba el cargo de directora financiera "por cuestiones de marketing".

La juez indica en su sentencia que la participación de Gemma Montull queda acreditada por lo que se refiere a las empresas Aurea Rusula y Aysen Produccions, en la primera de las cuales figuraba como administradora su madre.

En la sentencia, se afirma que "no es admisible" que Montull argumentara que cuando iba a las entidades bancarias a cobrar los importes de los cheques lo hacía en calidad de conserje y cuando éste no estaba.

"Dado el cargo que ocupaba (Montull), no es aceptable dicha alegación, considerándose como más probable que la actora fue expresamente a la entidad bancaria porque tenía un interés determinado y directo en ello".

La juez indica también que la participación de Gemma Montull queda acreditada por lo que se refiere a las empresas Aurea Rusula y Aysen Produccions, en la primera de las cuales figuraba como administradora su madre, Mercedes Mir, y en la segunda, la esposa de Fèlix Millet, Marta Vallès.

En concreto, cree probado que Gemma Montull participó en el desvío de dinero a la Fundación Orfeó Català-Palau de la Música a favor de la empresa Aurea Rusula, SL, en la cantidad de 196.547 euros y a favor de Aysen Produccions 46, SL, con 172.163 euros.

Además, desvió otros 100.000 euros de las cuentas del Orfeó Català en favor de Aurea Rusula y 80.000 euros más hacia Aysen Produccions 46 SL.

La conducta de Gemma Montull, que denunció su despido como improcedente, denota, según la juez, "intencionalidad de engañar a las empresas demandadas -Consorcio del Palau y Fundación-, rompiendo así la confianza que debe existir" entre la ejecución del contrato de trabajo.

También considera probado que Montull intentó ocultar un lápiz de memoria que contenía datos sobre las citadas empresas y la facturación de las mismas.

Así, en la sentencia laboral se concreta que Gemma Montull cumplimentaba la solicitud de operaciones de la Caixa de Catalunya para el pago de varias facturas de los años 2008 y 2009 a Aurea Rusula y también a Aysen Produccions 46 y que, en este último caso, existe un pago que realizó el día 23 de junio de 2009, dos días antes de la emisión de la factura.

No convence tampoco a la juez la declaración de la ex directora financiera de que era una mera ejecutora de las decisiones adoptadas por Fèlix Millet y Jordi Montull, y argumenta que realizó un curso en materia financiera en una prestigiosa escuela de negocios abonado por el Palau y que daba instrucciones a los contables del Consorcio y a la administrativa del Orfeó Català.

Incluso ordenaba que las facturas emitidas por Aysen Produccions 46 y Aurea Rusula no siguieran su curso normal de abono sino que eran pagadas en un plazo de quince días.

Además
* Lea la sentencia íntegra (PDF)

elmundo.es

"CASO PRETORIA"; REBAJAN A 200.000 EUROS LAS FIANZAS DE ALAVEDRA Y PRENAFETA

CORRUPCIÓN | Ya pagaron un millón por su libertad

* La Audiencia cree que ya no existe riesgo de fuga o destrucción de pruebas

Efe | Madrid

La Audiencia Nacional ha rebajado de un millón de euros a 200.000 euros la fianza que el juez Baltasar Garzón impuso a los ex altos cargos de la Generalitat en la etapa de CiU Macià Alavedra y Lluís Prenafeta para que recobraran la libertad después de ordenar su ingreso en prisión en el "caso Pretoria".

Así lo han informado fuentes jurídicas, que han señalado que la sección cuarta de la sala de lo penal de este tribunal ha modificado a la baja la fianza fijada por Garzón el pasado 7 de diciembre al considerar que ya no existe riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas y por la elevada edad de ambos.

Alavedra y Prenafeta pasaron algo más de un mes en prisión preventiva por su supuesta participación en una trama de corrupción urbanística en Santa Coloma de Gramenet y otras localidades barcelonesas. Salieron de prisión tras abondar un millón de euros.

En el auto en el que ordenó su ingreso en prisión el pasado 30 de octubre, el juez afirmaba que Prenafeta habría percibido al menos 637.590 euros de las operaciones "Niesma" y "Badalona", mientras que Alavedra habría conseguido por intermediar en esos proyectos la misma cantidad, que habría blanqueado fuera de España para luego volverla a introducir en el país.

Sólo entre mayo y junio de este año, Alavedra podía haber blanqueado 300.000 euros, según el auto, que añadía que los dos ex altos cargos usaban sus contactos con organismos oficiales para facilitar los proyectos empresariales de otro de los imputados, el empresario Lluís Casamitjana, del que recibían comisiones a través de la promotora Espais que luego blanqueaban.

Además
* Quién es quién en el 'caso Pretoria'
* Impresiones: Los excesos de Garzón con Prenafeta y Alavedra

elmundo.es

ABSUELVEN AL EX ALCALDE DE SALAYALONGA DE LA CONDENA POR UN DELITO URBANÍSTICO

TRIBUNALES | Un año de cárcel y nueve de inhabilitación

El ex alcalde de Sayalonga José Luis Navas (PSOE). | ELMUNDO.es

Efe | Málaga

La Audiencia Provincial de Málaga ha absuelto al ex alcalde de Sayalonga José Luis Navas (PSOE) de su condena a un año de cárcel y nueve de inhabilitación por un delito contra la ordenación del territorio.

Navas ha informado a Efe de que su abogado le ha comunicado la absolución de la condena, dictada por el Juzgado de lo Penal número 7 de Málaga el pasado noviembre, y que motivó su renuncia al cargo de regidor para poder defenderse "sin perjuicio para la imagen de su municipio".

El ex alcalde, que continúa como edil en el Ayuntamiento de Sayalonga ha mostrado su alegría al conocer la resolución judicial, que anula su anterior condena por conceder una licencia ilegal para una vivienda unifamiliar.

Navas se enfrenta a otro procedimiento en el que la Fiscalía de Málaga ha pedido para él cuatro años de cárcel por otros tantos presuntos delitos de prevaricación urbanística y un total de 36 años de inhabilitación.

elmundo.es

"CASO PALMA ARENA"; LA FISCALÍA INVESTIGA EL CONVENIO DEL GOBIERNO BALEAR CON IÑAKI URDANGARÍN

Las novedades judiciales

Flaquer a su llegada a los juzgados para declarar. | Alberto Vera

* Cuestiona el convenio con el Instituto Nóos que presidía el yerno del Rey
* Flaquer admite ser otro 'asistente fantasma' a las Juntas del Palma Arena

E. Colom | E. Urreiztieta | Palma

La Fiscalía Anticorrupción de Baleares investiga el convenio de 1,2 millones de euros que el Govern suscribió en 2005 con el Instituto Nóos, una entidad dedicada al mecenazgo que entonces presidía Iñaki Urdangarín, marido de la infanta Cristina, según publica hoy EL MUNDO.es /El Día de Baleares. Así se desprende del interrogatorio al que ayer sometió el fiscal Pedro Horrach a Joan Flaquer, ex conseller de Turismo del Ejecutivo que de 2003 a 2007 presidía Jaume Matas, quien compareció ante el juez José Castro como testigo por el caso Palma Arena.

El fiscal se interesó por conocer cómo se gestó aquel convenio de colaboración, que en su día ya fue denunciado por el PSOE balear, que acusó al Govern de Matas de acometer pagos irregulares. Flaquer defendió el proyecto y no ocultó que la idea fue una apuesta personal suya. «En un momento determinado aposté por la armonización del turismo y el deporte, e incluso pensamos en crear un observatorio permanente en Baleares sobre ello». Sin embargo, aclaró que «ignora» quién gestó luego el convenio con Nóos, aunque apuntó al entonces director general de Deportes, José Luis Pepote Ballester, quien «por su conexión con el mundo del deporte pudo haberlo facilitado».

Al ser requerido acerca de si se ha acreditado adecuadamente el gasto –en su día la oposición denunció que sólo dio como fruto unas jornadas de tres días de debate–, Flaquer se limitó a señalar: «Ese no era mi cometido». Aunque matizó que durante el año que estuvo vigente el acuerdo «se publicaron libros y se creó una página web». «Si la finalidad del convenio era convertir Palma en un observatorio permanente en materia de turismo y deporte, ¿por qué no se prorrogó luego otro año?», preguntó la abogada del Govern balear (actualmente presidido por el PSOE), que está presente como acusación en el proceso. «Supongo que eso fue una decisión política adoptada por quien correspondiera», replicó Flaquer sin apuntar directamente a Matas, pese a que sí dijo que desde un principio «el presidente aplaudió la idea».

No iba a las reuniones
Durante el resto de su comparecencia, ya sobre el Palma Arena, Flaquer admitió que no acudía a las reuniones en las que inicialmente se impulsó el proyecto, la edificación del velódromo de Palma ahora investigada por haber disparado su coste de 48 a 110 millones de euros en un expediente plagado de irregularidades y documentos supuestamente falsos. Un escándalo denunciado por la Fiscalía en el que el juez advierte ya indicios de malversación, prevaricación, falsedad, fraude y otro rosario de graves delitos entre los que figura la financiación ilegal del PP. Y que ha llevado a la imputación de Matas, cuyo incremento patrimonial está siendo investigado al hilo del presunto desvío de fondos del Palma Arena.

elmundo.es

EL SUPREMO RECHAZA LA QUERELLA CONTRA CHAVES PORQUE EL PP SÓLO DENUNCIA "CONJETURAS"

No encuentra indicios de delito en la concesión de un incentivo a una empresa en la que trabajaba su hija

JULIO M. LÁZARO - Madrid

El Tribunal Supremo ha rechazado la querella del PP contra el vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves, al no encontrar indicios de prevaricación ni tráfico de influencias en la concesión de un incentivo por la Junta de Andalucía a una empresa minera en la que trabaja una hija de Chaves. Según el alto tribunal, el PP andaluz sólo denuncia "conjeturas derivadas de la condición de presidente de Chaves, del trabajo de su hija en la empresa".

El PP de Andalucía se querelló contra Chaves por la concesión de un incentivo a Minas de Aguas Teñidas SAU (MATSAU) en cuya asesoría jurídica trabajaba Paula Chaves, hija del entonces presidente de la Junta. El incentivo había sido por la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, que comprobó los requisitos técnicos económicos y financieros y emitió informe favorable. El proyecto fue elevado para su aprobación al consejo rector de la Agencia, y aprobado el incentivo, fue ratificado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía el 20 de enero de 2009.

El auto del Supremo, del que ha sido ponente el magistrado Andrés Martínez Arrieta, explica que la actuación de Chaves se contrae a la ratificación de la concesión del incentivo de acuerdo con la normativa reguladora del programa de incentivos para la innovación y el desarrollo empresarial en Andalucía.

El Supremo entiende que "la no abstención [de Chaves] en los casos en que proceda, no implica necesariamente la invalidez de los actos en que se haya intervenido". Según el PP la prevariación de Chaves consistió en no abstenerse dada la relación de parentesco entre el y su hija, apoderada de Matsau.

Para el Supremo, el incumplimiento de deber de abstención no genera por sí solo el presupuesto de la prevaricación. Una autoridad municipal sólo debe ser perseguida penalmente si la resolución administrativa es "arbitraria", pero con perspectiva de fondo de la cuestión resuelta administrativamente". Y en cuanto a las irregularidades administrativas denunciadas por el PP, éstas pertenecen al ámbito de control del derecho administrativo y "el expediente aparece, en principio, correctamente tramitado".

Respecto al tráfico de influencias, "existirá en función de la capacidad que una persona tiene para conseguir que otra haga su voluntad, no bastando con tener acceso, ni la posibilidad de la mera indicación". Es decir, "tiene que tener la entidad suficiente para entender que ha conformado la voluntad del funcionario por la influencia recibida". Por tanto, la querella no denuncia hechos susceptibles de ser subsumidos en el delito de tráfico de influencias, y la Sala acuerda su inadmisión y archivo.

* El Supremo no admite la querella del PP contra Chaves por el 'caso Matsa'

Manuel Chaves González
A FONDO

Nacimiento:
07-07-1945

Lugar:
Ceuta

elpaís.com

"CASO MERCASEVILLA"; LA JUEZA ADMITE QUE LOS INDICIOS CON TRA EL DELEGADO DE EMPLEO SON POR AHORA "DÉBILES"

Confirma el procesamiento de los cuatro implicados

* La magistrada desestima la imputación de Monteseirín como encubridor
* Mercedes Alaya sostiene que queda tiempo para demostrar las imputaciones
* Mantiene la fianza de 400.000 euros para los cuatro encausados
* Señala una vista preliminar para el día 10 de marzo antes de abrir juicio

Efe | Sevilla

La juez que investiga la petición de comisiones ilegales en Mercasevilla ha confirmado el procesamiento de los cuatro acusados, si bien reconoce que los indicios son "débiles" contra el delegado de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas, y la funcionaria M.R.P.B.

La juez de instrucción 6, en un auto al que ha tenido acceso Efe, desestima también la petición del PP, personado como acusación particular, de imputar en la causa como encubridor al alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín (PSOE) y a dos directores generales de la Junta.

La juez confirma el proceso contra Rivas, la funcionaria y contra los ex directivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce, acusados de un presunto delito de cohecho por pedir una comisión ilegal de 450.000 euros al grupo La Raza como condición para ser adjudicatarios de la escuela de hostelería de Mercasevilla.

La juez cita a los imputados el próximo 10 de marzo para la comparecencia prevista en la Ley del Jurado, previa a la remisión del sumario para su enjuiciamiento ante un tribunal del jurado, si bien el abogado Carlos Galán, que defiende a la funcionaria M.R.P.B., ha dicho a Efe que va a recurrir este auto ante la Audiencia Provincial.

En cuanto a Rivas, dice el auto que el material probatorio contra él es "débil", pues se basa en la declaración policial de Fernando Mellet y el Tribunal Supremo exige que, en estos casos, haya "una mínima corroboración" de su culpabilidad.

Pese a ello, sostiene que en el momento actual "solo es necesario y suficiente la previa valoración de la verosimilitud de la imputación" contra Rivas y un archivo sería "notablemente prematuro", por lo que la juez dice a su defensa que tiene por delante un "largo trayecto" donde podrá conseguir que "se desvanezcan" los indicios de su participación en el cohecho.

Por otra parte, el auto califica de "inapropiada e injusta" la afirmación del abogado del PSOE sobre el "impacto mediático" que tendría el procesamiento de Rivas y le pide "respeto a la función judicial" porque la juez no actúa "impulsada por el eco de los medios de comunicación o por cualquier otra razón exótica".

En cuanto a la imputación del alcalde que pidió el PP, el auto responde que "no existe base alguna" para hacerlo, pues "aunque es cierto que no formuló denuncia alguna, como hubiera sido lo mas adecuado, tan pronto supo de los hechos, si que realizó en breve espacio de tiempo actuaciones tendentes a que se conociera el presunto cohecho".

La juez también rechaza imputar un delito de prevaricación al director general de Formación para el Empleo de la Junta, José Manuel Fuentes Doblado, y a su sucesora, María José Lara González, por la subvención extraordinaria de 900.000 euros a la Escuela de Hostelería porque entendieron que se daban las "razones de interés público, social o económico" para concederla.

El auto rechaza que la fianza de 400.000 euros impuesta a los cuatro acusados sea excesiva, teniendo en cuenta que la futura multa que se les imponga pueda triplicar dicha cantidad, y ratifica que los imputados tienen la condición de funcionarios públicos por ser Mercasevilla propiedad del Ayuntamiento y la sociedad estatal Mercasa.

La juez afirma que este auto es firme y cita a los cuatro imputados el próximo día 10 de marzo para el último trámite previo a la remisión del sumario a un jurado popular, si bien Carlos Galán ha señalado a Efe que lo considera recurrible igual que lo ha sido el dictado en el caso Marta del Castillo, que fue visto en apelación en diciembre pasado ante la Audiencia provincial.

Junto a esta rama del caso, la juez mantiene abierta otra por lo que ha denominado "adjudicación fraudulenta" a la constructora Sando de la venta de los terrenos de Mercasevilla, en la que hay diez personas imputadas.

Además
* Los trece imputados del doble 'caso Mercasevilla'

elmundo.es

CINCO NUEVOS IMPUTADOS EN LA "OPERACIÓN ASTAPA"

TRIBUNALES
En Estepona

El ex alcalde de Estepona Antonio Barrientos detenido en 'Astapa'. | ELMUNDO.es

Marga García | Málaga

El Juzgado de Instrucción número 1 de Estepona ha imputado a otras cinco personas en las diligencias abiertas a raíz de la operación 'Astapa' contra la corrupción urbanística en Estepona, según informaron a ELMUNDO.es fuentes judiciales. Los nuevos imputados no han sido aún citados a declarar en el juzgado que investiga el caso, pero cuatro de ellos sí acudieron este miércoles a prestar declaración a la Comisaría de Policía Nacional de Estepona, según diversas fuentes.

Se trata, según las fuentes de familiares y personas del entorno del que fuera gerente de Urbanismo del Ayuntamiento de la localidad, Pedro López, perteneciente al Partido de Estepona (PES), también imputado en el caso 'Asatapa' por cohecho y malversación de caudales, y en libertad bajo fianza de 300.000 euros.

Según ha podido saber ELMUNDO.es, este miércoles declararon en la Comisaría de la Policía Nacional varias personas del entorno de López, entre el mediodía y las 23 horas.

La operación 'Astapa' contra la corrupción urbanítica arrancó en junio de 2008, y se ha saldado, hasta el momento, con 63 imputados. En concreto se inició el 17 de junio de 2008 cuando fueron detenidas 25 personas, entre ellas el entonces alcalde del PSOE Antonio Barrientos y los concejales de su partido Asunción López, Francisco Zamorano, Mariví López y Marisa Rodríguez-Pino, además de los ediles del Partido de Estepona (PES) José Ignacio Crespo y Manuel Reina

También se arrestó a empresarios, funcionarios y técnicos municipales y el que ejercía como jefe de Gabinete de Alcaldía José Flores.

63 imputados
Tras las detenciones, se produjo un alud de imputaciones hasta llegar a 63 imputados y entre sus delitos están el blanqueo de capitales, malversación de fondos, cohecho, fraude, prevaricación, falsedad en documento público y tráfico de influencias.

Cinco de los arrestados por este caso fueron enviados directamente a prisión provisional sin fianza, entre ellos el entonces alcalde, los concejales Crespo y Reina y Flores, que dejaron la cárcel tras pagar cada uno una fianza de 150.000 euros y permanecer casi seis meses en prisión. También fue encarcelado el técnico municipal Javier Wittmeur, que abandonó el centro penitenciario antes que los otros, tras abonar la fianza impuesta de 60.000 euros.

De los 63 imputados, 23 están en libertad con diversas fianzas y 40 en libertad sin fianza. Tras la dimisión de Barrientos, asumió la Alcaldía David Valadez (PSOE), quien fue precisamente uno de los denunciantes que llevó a la Policía a poder desarrollar la operación.

El levantamiento del sumario del 'caso Astapa' ha puesto de manifiesto que en Estepona el pago de comisiones para obtener licencias, tratos de favor o agilizar trámites burocráticos en el Ayuntamiento era algo habitual.

De hecho, el ex edil de Urbanismo Rafael Duarte habría llegado a admitir que en su departamento se cobraba «por todo», según consta en el informe policial, que apela a diversas diversas informaciones aportadas por los denunciantes –el actual alcalde, David Valadez, y la concejal Cristina Rodríguez–.

Además
* Ruta por la corrupción municipal en Málaga
* Quién es quién en Estepona

elmundo.es