miércoles, 24 de octubre de 2012

"CASO VOLTOR"; CUATRO AÑOS DE CÁRCEL POR MALVERSACIÓN PARA EL EXCONSEJERO BALEAR MIQUEL NADAL


El extitular de Turismo y expresidente de Unió Mallorquina regaló 13.000 euros a un exconcejal
Nueva condena de cárcel a un exlíder de Unió Mallorquina por corrupción
No hizo “nada”, pidió “una ayuda” y le dieron 13.000 euros públicos

Palma de Mallorca

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Miquel Nadal
Corrupción política
Miquel Nadal, en lo juzgados. / MONTSERRAT T DIEZ (EFE)


Suma y sigue. Los tribunales demuestran los casos de corrupción que protagonizaron miembros de la cúpula de Unió Mallorquina (UM), por uso partidista de fondos públicos y dictan condenas que implican penas de cárcel para los reos. La Audiencia de Palma publicó este viernes una sentencia por nueva pieza penal del caso Voltor, un escándalo que afecta a exdirigentes y exaltos cargos UM, minoría que ayudó a formar Gobierno en Baleares al PP y al PSOE, alternativamente, durante casi tres décadas, de 1983 a 2010. UM se disolvió, horadada por la corrupción, hace dos años.

El ex presidente del grupo y exconsejero balear de Turismo, Miquel Nadal, ha sido condenado a cuatro años de prisión por malversación de fondos públicos y a ocho de inhabilitación por prevaricación. Nadal, a quien le esperan tres juicios más en los próximos meses, es responsable de pagar 13.000 euros del Gobierno a un compañero militante, a través de un contrato por un trabajo ficticio para pagarle su “fidelidad”.

La sala de la Audiencia de Palma que preside la magistrada Francisca Ramis asume las tesis del fiscal anticorrupción, Miguel Ángel Subirán. Nadal ordenó compensar al líder local de UM en Sóller, el concejal Tomás Plomer, que controlaba a 80 militantes y organizaba cenas de adhesión militante. Plomer, sin capacitación técnica, fue contratado para el diseño de contenidos de unas pantallas táctiles. Plomer asumió en el juicio que no hizo nada y que no tenía medios ni capacitación.

Miquel Nadal, que fue consejero del Gobierno socialista de Francesc Antich (2007-2011), sustituyó en la jefatura de UM a Maria Antonia Munar, que era presidenta del Parlamento. Ambos dimitieron en febrero de 2010 por el cúmulo de imputaciones. Nadal fue detenido por el caso voltor y desde julio de 2011 cuenta con una condena, recurrida al Tribunal Supremo, de dos años y siete meses de cárcel, por corrupción.

Munar fue penada a cinco años y medio de prisión en el anterior juicio, en el que Nadal y ella se cruzaron responsabilidades. Los jueces creyeron la versión de Nadal, que aseguró que ella le dio 300.000 euros en efectivo para comprar una televisión que luego fue favorecida por UM desde las instituciones que controlaba.

Con Miquel Nadal fueron condenados por malversación a un año y medio de cárcel Antoni Oliver y Luisa Tortella, que fueron altos cargos de Turismo; con un año, el receptor de la malversación, Tomás Plomer, y con diez meses el exdirector general de Turismo, Joan Sastre. Los cuatro confesaron su implicación y apuntaron a Nadal, que vio en ello un acto de despecho.

Otro exconsejero de Turismo, Francesc Buils, fue condenado a tres años de cárcel por un hecho semejante en otra causa anterior. En la cárcel de Palma, desde hace dos años cumple una pena de tres años el exsecretario general de UM y exdiputado, Tomeu Vicens, por otro contrato ficticio de 12.000 euros.

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"CASO EMARSA"; EL JUEZ ABRE UNA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN SECRETA


La decisión responde a un escrito de la fiscal sobre unos otros delitos atribuibles a imputados y a personas que no lo están

Ignacio Zafra Valencia

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Caso Emarsa
Corrupción política

El caso Emarsa, en el que se investiga el saqueo de al menos 25 millones de euros de la depuradora de Valencia, todavía puede deparar sorpresas. El juez instructor, Vicente Ríos, abrió ayer una pieza separada dentro de la causa y la declaró secreta. El motivo: un escrito presentado el lunes por la fiscal del caso en el que se refieren “unos hechos presuntamente constitutivos de delito atribuible a persona ya imputada en la presente causa y, en su caso, a otras personas no imputadas”, según explicó el magistrado en un auto.

El ministerio público presentó el escrito al juez acompañado por un informe de un organismo oficial —al que el auto no identifica— que respaldaría sus conclusiones.

El magistrado indica que se trataría de un delito público —esto es, perseguible de oficio, como la mayoría—. Y que por las personas a quienes se atribuye inicialmente estaría conectado delictivamente con la investigación del desfalco de la depuradora ubicada en la pedanía valenciana de Pinedo.

En el caso Emarsa han sido imputadas varias personas que ocupaban cargos públicos y fueron destituidos o se vieron forzados a dimitir. Entre ellos, dos exresponsables de la empresa de saneamiento de aguas de la Generalitat, Epsar: el exgerente, José Juan Morenilla y el exjefe de Explotación, Ignacio Bernácer.

Este último presentó el 19 de octubre un escrito al juez en el que salpica en las presuntas irregularidades al recambio que el Consell eligió como nuevo gerente de Epsar, Juan Luis Martínez Muro. El imputado señaló que Proaguas, de la que Muro era director técnico, cobraba a la Diputación de Alicante una cantidad por tratamiento de los lodos del agua depurada similar (30 euros por tonelada) a la que la investigación ha concluido, en el caso de Emarsa, que encubría un gran sobreprecio y permitía el drenaje de los fondos de la sociedad. Bernácer aportó correos, fechados en 2011, en los que Muro admitía que había hecho una oferta a Emarsa para gestionar sus lodos por ese precio.

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"CASO BRUGAL"; SONIA CASTEDO ADMITE QUE DIO PLANOS EN UN SOBRE AL CONSTRUCTOR ENRIQUE ORTIZ

Sonia Castedo, alcaldesa de Alicante, en la entrada del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. / carles francesc
La alcaldesa de Alicante seguirá declarando hoy ante el TSJ como imputada en el 'caso Brugal'

Federico Simón / Santiago Navarro Valencia / Alicante

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Caso Brugal
Sonia Castedo
Corrupción política



La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, pugna estos días en la sede en Valencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana por darle la vuelta al sentido literal de contundentes frases telefónicas intervenidas por orden judicial en las que se evidencia un presunto trato de favor al mayor constructor de la ciudad, Enrique Ortiz, que a su vez es el mayor propietario de suelo del municipio. Después de declarar toda la jornada del viernes negando todas las acusaciones, en la sesión de ayer, la regidora reconoció que proporcionó al constructor un sobre con planos sobre un plan logístico auspiciado por la Generalitat, aunque negó que se tratara de datos referidos al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

“Es que nadie ha podido demostrar que el señor Ortiz esté barajando planos del Plan General”, aseguró ayer, a la salida del Palacio de Justicia, la regidora imputada en el caso Brugal por los presuntos delitos de revelación de información privilegiada facilitada por autoridad, tráfico de influencias y cohecho por proporcionar presuntamente información del PGOU al empresario. Ortiz presumía ante un colaborador en otras grabaciones, también escuchadas ayer, de su influencia en el Ayuntamiento: “Mírate ahora con el plano los suelos nuestros en qué situación se encuentran, todos, incluso los de Cerámica, La Florida, los de fuera, puedo hacer que los pinten de verde, de azul... de lo que tú me digas para que nos den aprovechamiento en otro lado”.

No obstante, a esa justificación, a que proporcionó planos pero de ninguna manera información del PGOU, se agarra ahora la regidora. Pero Castedo insiste en negar que Ortiz tuviera acceso a los planos del Plan General de Ordenación Urbana de Alicante.

En la sesión de ayer ante el magistrado Juan Climent, que instruye la causa después de que el TSJ asumiera el caso por la condición de aforados de Castedo y su predecesor en el cargo, Luis Díaz Alperi, ambos diputados de las Cortes Valencianas, la regidora declaró durante toda la mañana. Cuatro horas y media que se suman a las casi nueve que duró el interrogatorio el pasado viernes en la primera comparecencia de la imputada. Y eso que hasta ahora solo ha respondido a preguntas de la fiscalía.

Cabe recordar que Castedo se mostró en septiembre pasado impaciente por comparecer ante el TSJ: “Espero y deseo que llegue la imputación, porque eso significa que me puedo sentar delante de un juez acompañada de un abogado para poder defenderme”, y aseguró que tardaba apenas “10 minutos” en demostrar su inocencia. Pero parece claro que la regidora necesitará mucho más que 10 minutos para convencer a los tribunales de sus argumentos.

Según la letrada de la acusación popular que ejerce EU, las declaraciones de ayer de la regidora se produjeron a raíz de una pregunta del fiscal Anticorrupción sobre una de las escuchas del sumario, que recoge una conversación entre Castedo y Ortiz. La grabación fue realizada el día 3 del julio de 2008 (dos meses antes de asumir la alcaldía) en la que la entonces concejal de Urbanismo mantiene una conversación con Ortiz. La conversación interceptada por la policía transcurrió así:

Ortiz: Eres la tía más lista que he conocido en la vida.

Castedo. ¿Por qué?

O: Me has dado un tebeo del Coyote.

C: No sé lo que va dentro. ¿Qué va dentro?

O: Eres la hostia, eres la tía más grande que he conocido en la vida

C: ¿Por qué, qué va dentro?

O: Es el mismo que antes de la modificación

C: No puede ser, si es el último

O: Eres un crack.

C: Es el mismo que tengo yo.

O: Pues si es el mismo es porque no ha variado. Ha tenido que variar porque había un montón de suelo de la Generalitat…

Castedo, según las mencionadas fuentes jurídicas, reconoció que dio planos a Ortiz en un sobre cerrado y aclaró al juez que el promotor había ido días antes a la Gerencia de Urbanismo a interesarse por proyecto del Plan Logístico de la Generalitat porque le afectaba a sus terrenos en el Plan Rabassa, pero que le dijeron que no los tenían aún disponibles y que pasara más tarde. La alcaldesa admitió que Ortiz le pidió que le recogiera el sobre y se lo entregara y que así lo hizo, “pero no eran planos del PGOU”, recalcó Castedo, aunque al mismo tiempo aseguró que desconocía lo que había dentro del sobre. Pese a que no fuera información del PGOU sorprende el trato de favor y la familiaridad que otorgaba la concejal de Urbanismo al constructor.

El grueso del interrogatorio del fiscal a la alcaldesa pivotó ayer en torno a la supuesta recalificación del estadio de fútbol Rico Pérez, propiedad del promotor. La alcaldesa aclaró que ninguna de las operaciones planteadas cuajó posteriormente y que el terreno sigue teniendo la misma calificación que en el PGOU vigente, que data de 1987, es decir suelo dotacional.

No obstante, según la letrada de EU, Castedo no aclaró dos cuestiones. La primera es por qué el Ayuntamiento no ha devuelto a Ortiz el aval de 4,2 millones para la reforma del estadio si las obras ya están realizadas como mantiene Ortiz y la propia alcaldesa. Castedo respondió que lo ignoraba y que era una cuestión del departamento de Patrimonio o Hacienda. En el convenio de recompra del estadio por Ortiz al Ayuntamiento por 7,2 millones el empresario se comprometió a invertir 4,2 en un arreglo previo del campo antes de la llegada del nuevo estadio.

El proyecto para construir un nuevo Rico Pérez, a la postre frustrado, también centró parte del interrogatorio. Una de las alternativas que planteó Castedo era financiar la instalación con las plusvalías del suelo urbano de Torres de la Huertas, donde Ortiz es el propietario hegemónico. El juez Climent le advirtió de que esas plusvalías eran en todo caso privadas y preguntó a la regidora cómo iba a controlarlas desde el Ayuntamiento. Castedo respondió que presumiblemente mediante un convenio.

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"CASO BRUGAL"; CASTEDO RESPONDE CON EVASIVAS TRAS RECHAZAR EL JUEZ ANULAR SU DECLARACIÓN

Sonia Castedo, alcaldesa de Alicante, ha atendido a los periodistas a las puertas del Tribunal Superior de Justicia valenciano. / jordi vicent
El representante de la alcaldesa de Alicante alega que las preguntas exceden el contenido de la causa

Federico Simón Valencia

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Caso Brugal
Sonia Castedo
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Al tercer y último día la alcaldesa de Alicante se cansó de responder. Aunque en septiembre pasado Sonia Castedo, imputada en el caso Brugal por los presuntos delitos de revelación de información privilegiada, tráfico de influencias y cohecho por proporcionar presuntamente información del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad al constructor Enrique Ortiz, aseguró contundente que tardaría 10 minutos en aclararle al juez todo, ayer, al abordar la tercera sesión de interrogatorios y tras más de 13 horas de preguntas y contestaciones, cambió de estrategia y se dedicó a dar respuestas evasivas a las cuestiones planteadas por el fiscal. Finalmente, este dio por concluido el interrogatorio.

A media mañana, el abogado de Castedo, Juan José Martínez Albert, pidió la nulidad de la declaración realizada por la regidora hasta ese momento porque en ella se habían incluido grabaciones intervenidas por orden judicial que la defensa considera nulas. Tras escuchar a las partes, el magistrado Juan Climent, instructor en la causa después de que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana asumiera el caso dada la condición de aforada de Castedo y de su antecesor, Luis Díaz Alperi, resolvió inadmitir la petición. El interrogatorio prosiguió pero Castedo pareció perder la memoria. Tras acabar sus preguntas el fiscal, la alcaldesa de Alicante se negó a responder a las acusaciones.

    “Preveo acabar con el fiscal antes de que el fiscal acabe conmigo”

“Yo vengo a responder por unos hechos, pero no vengo a dar opiniones sobre conversaciones que tengan terceras personas, conversaciones en las que yo, en ocasiones, ni siquiera aparezco, ni se me nombra”, manifestó Castedo al terminar tras otras cuatro horas de interrogatorios su declaración ante Climent, que arrancó el viernes pasado. “Aún así, he seguido respondiendo a todas y cada una de las preguntas que se me ha realizado por parte del ministerio fiscal”, aseguró a continuación. Aunque según las acusaciones no lo hizo con la misma intensidad que en días anteriores, quizá aconsejada por su defensa.

Según la letrada de la acusación popular de EU, Castedo no aclaró ninguno de los extremos que le planteó el fiscal Anticorrupción, Felipe Briones. El representante del ministerio público centró su interrogatorio en el supuesto reparto de poder en área de Urbanismo entre Castedo y su antecesor en el cargo, Luis Díaz Alperi. Briones recurrió para ello a diversas conversaciones entre Ortiz y Castedo y el promotor y Díaz Alperi en el que se aluden a ese supuesto pacto. La regidora declinó entrar en detalles y se limitó a comentar que no hubo tal pacto y que no recordaba a que se refería el contenido de las grabaciones.

Una de las grabaciones, en concreto del 18 de mayo 2009, deja entrever una supuesta “ascendencia” de Ortiz sobre Castedo. El magistrado le preguntó por esa posibilidad y Castedo respondió que “eso es una fantasmada de Ortiz”. En esa conversación, Ortiz dice: “Es que el tema es gordo, estoy viendo el plan general y me destroza por todos los lados, es que es increíble… los puñeteros adscritos estos…”. Y Castedo responde: “Pues... voy a ver si puedo apañarlo para el miércoles”.

A la vista de la desidia de la alcaldesa por las preguntas del fiscal, siempre las mencionadas fuentes jurídicas, Briones optó por dar por concluido el interrogatorio. La causa proseguirá el próximo 5 de noviembre, cuando Díaz Alperi pase a declarar.

La declaración de Castedo concluyó con las preguntas de su defensa y del abogado del promotor Ortiz, también imputado. Fueron cuestiones generales relativas a si favoreció o no a Ortiz. La alcaldesa dijo que actuó siempre dentro de la legalidad. En este último tramo de su interrogatorio, Castedo admitió que cesó de intercambiarse regalos con la familia de Ortiz tras el estallido del caso Gürtel. “Hasta entonces pensábamos que era algo normal, entre amigos”, dijo.

Entre las anécdotas del día figura la alarma que generó en la regidora las supuestas reacciones a unas declaraciones realizadas por ella misma a primera hora, antes de entrar a declarar. Preguntada por si creía que iba a acabar (el interrogatorio) con el fiscal respondió: “Espero acabar con él antes de que él acabe conmigo”, respuesta que los medios publicaron como una broma sobre su resistencia a un interrogatorio maratoniano. “Parece ser que se ha entendido como una amenaza mía”, comentó a los medios alarmada, y les hizo una petición: “Sí que me gustaría, por favor, poder obtener la grabación, porque me han dicho que es posible que la lleven al ministerio fiscal”.

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"EL ESCÁNDALO DE LA COOPERACIÓN"; EL ABOGADO DE TAURONI SOLICITA LA LIBERTAD DE SU CLIENTE


El exresponsable de la Fundación Hemisferio está en la cárcel de Picassent desde el pasado mes de febrero
Blasco conserva el pasaporte

EP Valencia

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Caso ayudas cooperación
Corrupción política
Augusto César Tauroni ha sido trasladado en un furgón policial desde la cárcel de Picassent a la sede del TSJ valenciano. / MÒNICA TORRES
El abogado de Augusto César Tauroni, José Vicente Gómez, ha pedido la libertad de su cliente, que se encuentra en prisión provisional desde el pasado mes de febrero por su imputación en la causa del escándalo de Cooperación que investiga el supuesto desvío de al menos seis millones de euros en subvenciones públicas.

El que fuera responsable de la Fundación Hemisferio es hasta ahora el único imputado en prisión, de forma cautelar, por el caso que investiga el presunto fraude en la concesión de subvenciones a ONGs por parte de la extinta Consejería de Solidaridad. Así, ha tenido que ser trasladado en furgón policial desde la cárcel de Picassent hasta el Tribunal Superior de Justicia de la Comundiad Valenciana, donde ha llegado a las 9.55 horas de la mañana mientras que su comparecencia estaba prevista hasta a las 10.30 horas y se ha prolongado durante una media hora.
José Vicente Gómez, el abogado de Augusto César Tauroni, a las puertas del TSJ valenciano. / MÒNICA TORRES
Ahora la magistrada tendrá que decidir sobre si deja en libertad o no a Tauroni. Su abogado defensor, que no ha querido hacer declaraciones sobre el tema, se ha limitado a mostrar su confianza en la decisión que tome la jueza. "Yo siempre tengo fe en la justicia", ha aseverado.

La causa cuenta ahora con 28 imputados --de los que siete son funcionarios o excargos en la administración valenciana--. Entre ellos se encuentra el exsíndic del PP en las Cortes Valencianas y exconsejero de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco. Asimismo, figuran imputados el exdirector general de Integración y Cooperación de la Generalitat, Josep Maria Felip; o el exsubsecretario de Sanidad, Alexandre Catalá, ambos cesados por el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, por este motivo.

Además, en la investigación están implicadas, al menos, seis ONG, entre las que se encuentra la Fundación Hemisferio, de la que era responsable Tauroni. En concreto, se investiga el supuesto desvío parcial de las cantidades que se concedían a determinadas ONG a través de las subvenciones. La mecánica de desvío del dinero obtenido de la administración a través de subvenciones fue, supuestamente, "hinchar facturas que justificaban el dinero concedido".

Los proyectos sobre los que supuestamente se desvió parte del capital concedido por la administración se ubicaban en Guinea Ecuatorial, Camerún, Mauritania, República Dominicana, Nicaragua, El Salvador, Tailandia y Haití.

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"CASO MERCASEVILLA"; EL JURADO DECLARA CULPABLE AL EXDELEGADO RIVAS Y LOS EXDIRECTIVOS DE MERCASEVILLA


El exdelegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas, a la salida de los juzgados. / GARCÍA CORDERO
El veredicto censura al ex alto cargo de la Junta Antonio Rivas y los exdirectivos Fernando Mellet y Daniel Ponce, acusados de cohecho, mientras que exculpa a la funcionaria Regla Pereira

Javier Martín-Arroyo Sevilla


Tres de cuatro. El jurado del caso Mercasevilla ha declarado culpables al exdelegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas y los exdirectivos Fernando Mellet y Daniel Ponce, acusados de cohecho por la petición de un soborno de 300.000 euros a dos empresarios hosteleros a cambio de obtener una subvención para una escuela de hostelería. Mientras, los nueve miembros del jurado han exculpado a la funcionaria Regla Pereira. Ahora es el turno del presidente magistrado que dictará la sentencia. La fiscalía había pedido una multa de 900.000 euros y 21 meses de inhabilitación. Tanto las defensas como las acusaciones del caso habían avanzado que el transcurrir de la vista había beneficiado a Rivas y Pereira, de ahí la sorpresa ante la culpabilidad de Rivas.

El veredicto es la primera decisión, ajena a la instrucción, que afecta a un ex alto cargo de la Junta en la investigación que dirige la juez Mercedes Alaya por la corrupción en la Consejería de Empleo.  El jurado ha destacado en su veredicto el "interés desmedido" de Rivas porque la Fundación Mercasevilla recibiera la subvención de 900.000 euros para la escuela de hostelería, a pesar de que otros ex altos cargos de Empleo aclararon que no estaba entre sus funciones contribuir a que la subvención llegara a buen puerto.Tanto el exconsejero Antonio Fernández como el exviceconsejero Agustín Barberán subrayaron que Rivas "carecía de competencias", pero estuvo en reuniones con el intermediario Juan Lanzas, imputado en el caso de los ERE.

El jurado ha declarado culpables a Mellet y Ponce por unanimidad, pero el veredicto contra Rivas ha contado con ocho de nueve votos de los miembros del jurado. Para la culpabilidad de los dos exdirectivos de la empresa pública ha resultado clave la grabación con la supuesta petición de la mordida, escuchada con nitidez en la sala de vistas, y la declaración del inspector que dirigió la investigación. El jurado se ha apoyado en su testimonio para recordar que Mellet acusó a Rivas de haber ideado el soborno, a pesar de que el exdirector de Mercasevilla guardó silencio frente al jurado.

"Estamos satisfechos porque el jurado ha sido valiente y no ha dejado pasar impune la corrupción del Gobierno socialista", ha señalado el letrado del Partido Popular, acusación particular en el caso. Por el contrario, Francisco Baena Bocanegra, letrado de Rivas, expresó sus dudas sobre el veredicto, que recurrirá: "Ha sido un ejercicio de suposición más que otra cosa, a pesar del respeto que le tengo al jurado".

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