sábado, 2 de julio de 2011

"CASO BRUGAL"; FENOLL: "ESE DINERO TIENE QUE ENTRAR EN LA EMPRESA Y LUEGO CONVERTIRLO EN B"

S. N. / A. B. - Alicante

Las grabaciones de la pieza del caso Brugal que indaga un supuesto soborno del industrial Ángel Fenoll a concejales y técnicos de Calp por la contrata de la basura incluye una serie de conversaciones entre el empresario y el intermediario de la red, Francisco Artacho, cuñado del exconcejal Juan Roselló, que dejan constancia del supuesto cohecho materializado a través del pago de comisiones y el blanqueo de las cantidades abonadas.

Artacho: "Al Ayuntamiento llevamos dándole catorce"

Ángel Fenoll. (...) Porque ese dinero tiene que entrar en la empresa y luego hay que convertirlo, sabes, cómo hay que convertirlo, convertirlo en B, ¿entiendes o no? ¿Sabes lo que te digo?

Francisco Artacho. No, no, si entra en la empresa.

A. F. ¡Ah!

F. A. Pero estamos hablando que yo puedo ir, coger el dinero en el Ayuntamiento y meterlo en una empresa de la cuenta de Colsur [propiedad de Fenoll] (...)

Á. F. Tenemos que sacarlo, tenemos que convertirlo en B (...).

Las cintas también revelan las discrepancias y, a veces discusiones, entre ambos sobre las cantidades ya pagadas y cómo entregar el resto.

Ángel Fenoll. Tú date cuenta que nosotros llevamos ya, ¿cuánto llevamos desde que llevamos dándote?

Francisco Artacho. Catorce, al Ayuntamiento catorce (...)

Á. F. ¿Catorce nada más? Catorce (...)

F. A. Más lo de los terrenos.

Á. F. No, los terrenos aparte. Eso...

F. A. Luego, a mí me llevas dado cuatro (...)

En otro pasaje Artacho y Fenoll discuten porque el primero le pide más dinero y el segundo no se fía de su intermediación con el Consistorio calpino.

Ángel Fenoll. No, no. Hasta que no empecemos a trabajar yo no puedo dar más dinero. Ni un duro. Si para hacer esto... Como tú eso no se lo vas a decir, que hemos hecho...

Francisco Artacho. Yo eso no se lo voy a decir y Ángel, el día que se enteren...

Á. F. Si se enteran será porque tú lo dices.

F. A. ¿Yo qué voy a decir?

Á. F. Hombre. Coño.

F. A. Pero a ver si se te escapa en alguna vez que te llamen y digas, oye yo ya tengo puesto y tanto a Paco, sabes...

Á. F. ¿El qué?

F. A. Que te llame mi cuñado [Juan Roselló, entonces concejal del PP de Calp], y eso y tú digas, oye que yo ya tengo tanto puesto, y tanto a Paco y tanto a lo otro (...)

Á. F. Pero, ¿eso les llega a ellos o no les llega?

F. A. Si se lo dices tú, si. Si no, no.

Á. F. Je... ¿Te lo quedas?

F. A. No... ¿Esto? Esto está claro que les llega. ¿No les va a llegar? (...)

Á. F. Yo sé que te lo doy a tí, pero yo...

F. A. ¿Tú crees que me los quedo yo? Si yo estoy más mal que la hostia.

Á. F. Ya, pero como me has dicho a ver si...

F. A. ¿Qué, qué? Ahora mismo en el Ayuntamiento tú tienes catorce.
    
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"CASO BRUGAL"; UN CONCEJAL DEL PP DE CALP ACUMULÓ 2,7 MILLONES TRAS ADJUDICAR LA BASURA

La policía vincula el patrimonio de Roselló a comisiones de la trama Brugal

A. B / S. N. - Alicante

El exedil del PP de Calp Juan Roselló inició una enfebrecida carrera por conseguir atesorar patrimonio inmobiliario tras serle adjudicado el contrato de recogida de la basura del municipio a la empresa Colsur, propiedad de Ángel Fenoll, el 24 de febrero de 1998.

El informe policial de esta pieza separada del caso Brugal sostiene que Fenoll pagó 600.000 euros a concejales y técnicos del Consistorio calpino, dinero que habría percibido mayoritariamente Roselló a través de su cuñado Francisco Artacho, quien ejerció de intermediario y comisionista.

La Brigada de Blanqueo de Capitales de la policía está llevando a cabo un análisis patrimonial de los principales implicados en una trama donde están imputados el exalcalde Javier Morató, otros tres exconcejales populares, Fenoll y su hijo, dos técnicos municipales, el matrimonio propietario del suelo donde se construyó una planta de basura y Francisco Artacho.

El sumario que investiga esta trama político-empresarial en Calp contiene una exhaustiva relación de los bienes adquiridos por Roselló. Entre 1998 y 2008, él, su mujer, Amparo Femenía, o alguna de las dos empresas que tenían, hicieron 13 operaciones de compra en las que invirtieron 2,7 millones de euros, de los que 920.000 fueron pagados en metálico y 1,82 millones más a través de 10 préstamos hipotecarios, la mayoría a 20 años.

Lo más llamativo del recuento patrimonial familiar de Roselló es que entre febrero de 2000 y junio de 2006 adquirió cuatro adosados, una finca rústica y otra con un chalé de tres plantas por los que pagaron casi un millón de euros, de los que 780.000 fueron entregados en metálico y el resto con un préstamo hipotecario. Un pago de 312.526 euros se hizo en efectivo, "no acreditando ante el notario el cumplimiento de la declaración de este movimiento de capital".

El informe policial especifica que Roselló compró en junio de 2002 una finca con chalé de tres plantas por 631.062,71 euros, pagados una mitad en metálico y la otra con dos pagarés del mismo importe. Sin embargo, la escritura de esta adquisición no se elevó a pública hasta el 11 de marzo de 2010, casi ocho años después y, además, intervino su mujer en nombre del comprador y del vendedor de la finca. La compra la hicieron a nombre de la empresa Viajes Romar, SL, constituida por el exconcejal en 1986. Esta mercantil recibió subvenciones de la Consejería de Turismo en los años 2009, 2010 y 2011 por un importe total de 18.356 euros.

Roselló y su mujer también compraron seis coches en los 12 últimos años, el último en octubre de 2010 a nombre de Viajes Romar. Esta no fue la única mercantil con la que operaron. En noviembre de 2004 compraron la empresa dormida Explain Inmuebles, SL, con la que adquirieron una finca de 2.541 metros con chalé por 180.000 euros para luego segregar una parte con autorización del concejal de Urbanismo.

Al margen de Roselló, el informe policial señala, entre los beneficiados por las comisiones que el industrial Ángel Fenoll ofreció a cambio de la contrata de la basura, a tres excargos del PP local y dos técnicos municipales. La policía llega a esta conclusión sobre la base de las grabaciones incautadas a Fenoll con motivo de su arresto a finales de mayo de 2007. Esas grabaciones recogen, en su mayoría, conversaciones entre Fenoll y el intermediario de la trama, el empresario Francisco Artacho, cuñado del exedil Roselló, pero con una única salvedad. En una de las grabaciones hay una conversación directa entre el empresario y el exconcejal Fernando Penella, responsable del área de Hacienda en la época en la que operó la trama.

En la conversación, según la policía, Penella y Fenoll hablan sobre las deudas que el Ayuntamiento tiene con el empresario y la manera de cobrarlas por parte de este, "que incluirían diversos pagos de comisiones -en este caso de 30.000 euros- incluyendo para esta práctica la cooperación necesaria de los técnicos de pesaje como se ha visto el proceder en otras exposiciones de esta misma trama", puntualiza la diligencia policial.

Uno de los pasajes de la aludida conversación entre el exconcejal Fernando Penella y el empresario Ángel Fenoll transcurrió de esta manera:

Fernando Penella. Que nos saque a nosotros 30.000 euros, pero no es que tú los vayas a perder, si no yo ya he hablado con el técnico que es una (no se entiende) que tengo para aprobar y te lo voy a incluir, de acuerdo.

Ángel Fenoll. Sí.

F. P. A partir de enero, un millón de pesetas.

A. F. A partir de enero...

F.P. De enero de este año... ¿Me entiendes? Las cosas se pueden hacer bien porque hay que coger palo, paulatinamente hasta cumplir los primeros euros.

A. F. De acuerdo...

F. P. Pues eso es lo que quería hablar, lo que pasa que eso por teléfono a mí no.

La policía esgrime otra segunda conversación entre Penella y Fenoll en la que en un momento el exedil asegura que hablará con un tal Juan. Según las diligencias policiales, ese tal Juan sería el exconcejal Roselló. Este extremo lleva a la policía a sospechar que la trama de las comisiones relativas a la adjudicación de la basura del Ayuntamiento de Calp estaría integrada por el concesionario y propietario de la planta de compostaje, Ángel Fenoll, junto con "los ya referidos Artacho, Juan Roselló y finalmente el responsable del área de Economía y Hacienda del Consistorio calpino, Fernando Penella".



"CASO PEAJE"; UN INFORME CONCLUYE QUE EL VALOR DEL TEMPLO CHINO ASCIENDE A 300.00 EUROS

Elaborado por un aparejador

Europa Press | Palma

Un informe elaborado por un aparejador de la Universitat de les Illes Balears (UIB) concluye que el valor de la edificación levantada en Búger, que según las investigaciones es un chalet levantado con fondos públicos mientras que varios imputados defienden que se trata de un templo chino construido con donaciones privadas, asciende a unos 300.000 euros, a pesar de que otro peritaje tasaba el inmueble en un total de 699.087 euros.

Así consta en la valoración, de más de veinte páginas, que ha aportado a la causa la defensa del ex ingeniero jefe de Carreteras, Francisco Orejudo, y que arroja sus conclusiones en base a las mediciones realizadas sobre los materiales empleados, las dependencias del edificio, su extensión, la cimentación y el tamaño de las paredes y los muros, según han señalado fuentes jurídicas.

Tras analizar estos aspectos sobre el terreno, el aparejador ha concluido que el valor de la edificación se eleva a unos 300.000 euros, lo que además ha sido certificado mediante un escrito por el arquitecto director del proyecto. De hecho, Orejudo y otros encausados aseguran que este templo de meditación fue construido gracias a las donaciones de los socios de la entidad de filosofía china Pachi Tanglang -a la que pertenecen-, cuyo importe ascendería a la cantidad anterior.

Cabe recordar que la titular del Juzgado de Instrucción número 5, Ana San José, decretó una fianza de responsabilidad civil de 600.000 euros para Orejudo, a su compañera sentimental y propietaria del solar, Mónica Florit, los constructores Bartomeu y Sebastià Cloquell, y el jefe de producción de la UTE que se encargó del desdoblamiento de la carretera Palma-Manacor, Javier Navarro, al considerar que todos ellos alcanzaron un "acuerdo" para levantar una vivienda unifamiliar aislada con fondos públicos destinados al desdoblamiento.

Para ello, la magistrada se amparaba en un peritaje que cifra el valor de la edificación en 699.087 euros, y además apuntaba a la existencia de diversas facturas expedidas por los Cloquell, defendidos por el abogado Llorenç Gomila, por unos importes que superan los 500.000 euros, que "son totalmente inconcretas" y que, indiciariamente, habrían sido cargadas y pagadas por la UTE adjudicataria del desdoblamiento.

Así, indicaba que las facturas se habrían utilizado para "ocultar" determinados gastos de construcción de la edificación particular de Orejudo y Florit, ambos asistidos por el letrado Gabriel Garcías. La magistrada fijaba de este modo en 600.000 euros la caución a abonar, teniendo en cuenta que los gastos de construcción de la vivienda ascenderían a 500.000 euros y que su valor rozaría los 800.000.

Cabe recordar que esta causa se inició a raíz de la querella que interpuso el Ministerio Fiscal contra 16 ex altos cargos del Consell de Mallorca y empresarios en marzo de 2009 como consecuencia del supuesto desfase de 23 millones de euros que se habría producido sobre los 140 millones inicialmente presupuestados para el proyecto de la carretera, que corrió a cargo de la UTE Desdoblamiento C-715 (integrada por las empresas Melchor Mascaró, Electro Hidráulica, Obras y Pavimentos MAN, Aglomsa, Itinere Infraestructuras, MAB y Sacyr). Según consta en la denuncia, los imputados podrían haber incurrido en los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, cohecho y falsedad en documento mercantil. Sin embargo, algunos de los encausados han negado un desvío a fines particulares y que el desfase repercutiese en las arcas del Consell, al defender que la adjudicación de los trabajos recayó en manos de la empresa Pamasa y fue posteriormente cuando esta sociedad subcontrató las obras a la UTE.


elmundo.es

"CASO MAQUILLAJE"; LA DEFENSA DE MUNAR PIDE SU ABSOLUCIÓN AL NEGAR UN DESVÍO DE 240.000 EUROS PÚBLICOS

Para un programa fantasma

* Su abogado, Gabriel Garcías, presenta un escrito de defensa
* Alega que su defendida no cometió conducta ilícita alguna
* El juicio no tendrá lugar como mínimo hasta el próximo año

Europa Press | Palma

El abogado de la ex presidenta del Parlament y del Consell de Mallorca, Maria Antònia Munar, ha pedido su libre absolución en el escrito de defensa que ha presentado de cara al juicio que prevé celebrarse, en el marco del caso Maquillaje, contra la ex dirigente histórica de UM y otros nueve acusados por el presunto desvío de 240.000 euros de las arcas de la Institución insular a la realización del programa radiofónico 'Temps d'Esport' a sabiendas de que nunca sería emitido.

En su escrito, presentado después de que la Fiscalía reclamase seis años de prisión para Munar así como para el ex vicepresidente insular Miquel Nadal por considerar que su objetivo era beneficiar con fondos públicos a sociedades controladas por ellos mismos con la mediación de sus supuestos testaferros, el abogado Gabriel Garcías niega estas acusaciones y defiende que la ex presidenta 'uemita' no cometió conducta ilícita alguna, según han informado fuentes jurídicas.

De hecho, durante la declaración que prestó ante el juez instructor Juan Ignacio Lope Sola, Munar aseveró que si las dos subvenciones del programa se otorgaron "es porque se podían dar", ya que "otra cosa es que se haya hecho un mal uso de la subvención y nadie me advirtió de ilegalidad ni había ningún informe en contra, y si no hay informe, lo más normal es firmar". Además, negó haber adquirido el 25 por ciento de Vídeo U, una de las productoras a las que presuntamente el Consell desvío más de cuatro millones de euros la pasada legislatura mientras Munar era máxima responsable de la Institución.

De este modo, en un breve escrito de defensa, el letrado pide entre las diversas pruebas propuestas para la vista oral la declaración de varios testigos que podrían favorecer la versión ofrecida por la acusada.

Todo ello de cara a un juicio que no tendrá lugar como mínimo hasta el próximo año, debido a que la Audiencia Provincial ha fijado para el 14 de diciembre una vista para revisar los recursos interpuestos contra el auto que puso fin a la instrucción de esta pieza separada del caso Maquillaje, lo que provocará la ralentización del proceso. En concreto, será la Sección Primera la que deliberará sobre los recursos de apelación presentados contra la resolución que daba paso a la Fiscalía a presentar su escrito de acusación por estos hechos.

Se da la circunstancia de que el pasado mes de mayo la Audiencia también celebró una vista para revisar los recursos interpuestos por ambos imputados contra la apertura de esta misma pieza al considerar que les fue notificada de forma tardía y esto les habría causado indefensión. Sin embargo, la Sección Segunda desestimó las apelaciones al considerar que los recurrientes tuvieron conocimiento de la existencia del auto impugnado "mucho antes de que les fuera formalmente notificado".

Cabe recordar que el titular del Juzgado de Instrucción número 2 abrió esta pieza en el marco de un complejo procedimiento que a nivel global investiga un presunto desvío de fondos públicos desde la administración supramunicipal a empresas audiovisuales afines a UM. Una vez finalizada su instrucción, los fiscales Pedro Horrach y Juan Carrau presentaron su escrito de calificación contra un total de diez acusados.

En este contexto, el Ministerio Público sostiene que una vez que Munar, asistida por el letrado Gabriel Garcías, y Nadal, defendido por José Zaforteza, se hicieron con el control mayoritario de la productora Vídeo U intervinieron de forma "arbitraria e ilegal" a fin de otorgarle fondos públicos "sin justificación ni motivo alguno". Así fue como la Institución tramitó entre 2004 y 2005 dos subvenciones de 120.000 euros cada una para la creación del programa radiofónico 'Temps d'esport', que de acuerdo a las investigaciones no llegó a difundirse.

En concreto, la acusación pública considera que estos hechos constituyen delitos de prevaricación continuada, malversación de caudales públicos, de negociaciones prohibidas a funcionarios, de falsedad en documento oficial y de falsedad en documento mercantil. Junto a Munar y Nadal, también se encuentran acusados los presuntos testaferros de ambos en Vídeo U, Miquel Sard y Víctor García, los socios originarios de esta empresa, Miquel Oliver, Luisa Almiñana y Cristóbal Rullán, los administradores de Studio Media Elisabeth Diéguez y Alfredo Conde, y la ex directora insular de Comunicación, Margarita Sotomayor.

Cabe destacar que ésta no es la única causa en la que la ex dirigente 'uemita' está siendo investigada. Contra ella la Fiscalía también solicita seis años de cárcel dentro del caso Can Domenge, que indaga la venta del solar de Can Domenge por la mitad de su valor en el mercado, mientras que también se encuentra imputada en el caso Voltor, que trata de averiguar si durante la legislatura recién finalizada se desviaron fondos desde el Inestur a empresarios próximos a UM en forma de contratos y subvenciones irregulares.


elmundo.es

EL TRIBUNAL DE CUENTAS VE INDICIOS DE IRREGULARIDAD Y ADMITE "EL CASO DE LOS ERE"

INVESTIGACIÓN | Propone nombrar un delegado instructor para investigarlo

Antonio Salvador | Sevilla

Algo menos de dos meses es el tiempo que ha necesitado el Tribunal de Cuentas para determinar que en la autorización de expedientes de regulación de empleo (ERE) en Andalucía se han empleado los fondos públicos irregularmente, si no ilegalmente. Así se deduce de su admisión a trámite de la denuncia interpuesta por el PP por el escándalo de los ERE, hecha pública este sábado.

Más exactamente, el órgano fiscalizador ha emitido un dictamen en el que asegura que los hechos "permiten apreciar, siquiera indiciariamente, que pudiera existir un perjuicio a los fondos públicos autonómicos".

Por ello, en una cédula de notificación dictada por la sección de enjuiciamiento del tribunal de cuentas fechada el 24 junio, el Tribunal de Cuentas agrega que "resulta conveniente acometer una investigación" de estos hechos.

Incluso, la institución sugiere cómo abordar esta investigación, paralela a la que ya investigan los órganos judiciales andaluces, y propone a la comisión de gobierno del tribunal el nombramiento de "un delegado instructor que practique las diligencias de averiguación".

Esta notificación la ha dado a conocer este sábado el secretario general del PP andaluz, Antonio Sanz, durante la jornada de clausura de la XVIII interprovincial 'popular', que se celebra en Sevilla. "Se trata de un fraude monumental", ha añadido, señalando que, según el auto del Tribunal de Cuentas, "hay indicios de que no sólo estamos ante un escándalo de responsabilidad política, sino también de importante responsabilidad penal".

"La pregunta que hay que hacerse hoy es qué consejería no está manchada de corrupción", ha planteado Sanz, pues "a las de Economía, Innovación y Empleo, que están manchadas por el escándalo de los ERE falsos, las pensiones ilegales y los 'fondos de reptiles', en una semana hemos sumado la de Educación, con un fraude de facturas falsas en la construcción de colegios que no eran verdad, y la trama de venta de pollos de águila imperial en la Consejería de Medio Ambiente.

La admisión a trámite de la denuncia "Deja claro que en Andalucía se ha permitido desde la Junta que se haya usado el dinero de los parados para pagar pensiones ilegales a cargos públicos del PSOE, a ayuntamientos socialistas y a empresas amigas del PSOE", ha añadido el dirigente del PP andaluz.

Sanz fue, precisamente, junto a la portavoz parlamentaria 'popular', Soraya Sáenz de Santamaría, quien presentó la denuncia ante el Tribunal de Cuentas por la trama de los ERE al considerar que se trata de un "máster de infracciones y de descontrol de los fondos públicos" y con el objetivo de que "se depuren las responsabilidades contables y, en la medida de lo posible, se reintegren aquellos fondos que han sido indebidamente usados y que debieran servir para pagar a trabajadores que hoy se ven dificultades".

Saénz de Santamaría y Sanz han dicho acudir a este tribunal "en defensa de los derechos de los andaluces" y han mantenido que a lo largo de su denuncia se pone de manifiesto el uso "fraudulento" de fondos públicos "sensibles" que debieran gestionarse con "mayor pulcritud" si cabe, pues son los previstos para pagar a trabajadores en situación crítica en sus empresas o para ayudar a éstas a "salir de la crisis".

A la vista de todo esto, Antonio Sanz ha criticado este sábado que "algunos se han empeñado en decir que era un capricho" de la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, "o una obsesión del PP por ir contra el PSOE", pero ahora el auto emitido por el organismo fiscalizador demuestra que "en Andalucía ha ocurrido un caso muy grave, que no era un capricho ni obsesión de nadie". A su juicio, es el "mayor escándalo de la historia económica, política y social de Andalucía".

Además
* El escándalo del saqueo institucionalizado