martes, 16 de noviembre de 2010

IMPUTAN AL "AZOTE" DE CAMPS POR RECIBIR FAVORES DE UN CONSTRUCTOR

MIKEL PONCE Luna tira una piedra desde la tribuna de las Cortes valencianas
Luna trabajó como abogado para el promotor al que adjudicó 7,2 millones en contratos durante su etapa como alcalde

M. A. RUIZ COLL / I. R. T. / M. C. S. / VALENCIA

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha imputado al portavoz del PSPV-PSOE en las Cortes Valencianas, Ángel Luna, como presunto autor de un delito de cohecho tipificado en el artículo 425 del Código Penal. La Sala de lo Civil y Penal del TSJCV instruye esta causa a raíz de una querella interpuesta por el grupo parlamentario del PP contra Ángel Luna, al que acusa de haber recibido favores del constructor Enrique Ortiz, uno de los principales imputados en el «caso Brugal» sobre presuntas irregularidades en las contratas de basuras de varios ayuntamientos alicantinos.

El instructor de la causa abierta contra él, Juan Climent —nombrado en su día por la Cámara autonómica a propuesta del PSOE— firmó el pasado 11 de noviembre la providencia por la que ordena trasladar la querella a Luna como «persona imputada» y le comunica el derecho que le asiste de «designar procurador y letrado para ejercitar su defensa en esta sede». Luna fue alcalde de Alicante entre 1991 y 1995. Durante ese tiempo, el Ayuntamiento adjudicó a las empresas de Enrique Ortiz 72 contratos de obras por importantes que suman 7,2 millones de euros (más de 1.200 millones de las antiguas pesetas).

Tras perder las elecciones, el hoy diputado autonómico realizó obras en su casa, presupuestadas en más de 4.200 euros, que según sostienen los populares en su querella fueron abonadas por Ortiz.

La primera piedra
Posteriormente, en 1998, Ángel Luna pasó a trabajar para el constructor como asesor jurídico, una labor que desempeñó durante cinco años. Concluido este periodo, el político socialista continuó utilizando el vehículo de la empresa, un Audi A 6 TDI, que hoy está a nombre de su hijo.

En su querella, el grupo popular en las Cortes Valencianas sostiene que Ángel Luna aceptó el pago de las obras de su casa, el vehículo y el contrato de asesor jurídico como contrapartida por los contratos multimillonarios que, durante su etapa como alcalde, había adjudicado a las empresas de Ortiz. «Ángel Luna no puede seguir huyendo, debe responder a los múltiples interrogantes que planean sobre este caso desde hace tiempo», declaró ayer el portavoz del PP en la Cámara autonómica, Rafael Blasco, quien dijo esperar «que se muestre más respeto con la Justicia que con el Parlamento en el que trabaja».

Luna protagonizó un polémico episodio el pasado mes de octubre en las Cortes Valencianas al lanzar una piedra desde la tribuna, para demostrar que está «libre de pecado» en las acusaciones que el Partido Popular sostiene contra él.

Los populares ya han solicitado al instructor que practique once diligencias para esclarecer los hechos. Entre ellas, que tome declaración al constructor Enrique Ortiz para aclarar si pagó las obras en casa del diputado socialista y para preguntarle qué retribuciones recibió éste durante cinco años como empleado suyo. Asimismo, el PP ha pedido al juez que determine quién pagó anualmente el impuesto de circulación y la póliza de seguro obligatorio —y las multas de tráfico, si las hubiera— del vehículo que hoy está a nombre del hijo del portavoz socialista.

Revelación de secretos
Esta es la segunda causa de la que Ángel Luna deberá responder ante los tribunales. La misma Sala de lo Civil y Penal del TSJCV se declaró competente el pasado mes de octubre para resolver otra querella interpuesta por el PP contra Luna por un presunto delito de revelación de secretos.
 
Los hechos se remontan al pasado 24 de marzo, cuando durante una sesión parlamentaria el portavoz del PSPV-PSOE esgrimió desde la tribuna un informe del «caso Gürtel» que en ese momento se encontraba bajo secreto de sumario. El informe, remitido al juez Pedreira por la Brigada de Delincuencia Económica y Blanqueo de Capitales de la Policía, analizaba los contratos suscritos por la Radio Televisión Valenciana con las empresas de «Gürtel» con motivo de la visita del Papa a Valencia en 2006. La Sala de lo Civil y Penal intenta determinar cómo llegó a manos del portavoz socialista antes de que Pedreira levantara el secreto de sumario.


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