sábado, 29 de agosto de 2009

LOS NEGOCIOS PRIVADOS DE MICHAVILA ACABAN CON SU ESCAÑO DE DIPUTADO


@Alberto Mendoza.-

Al final, el popular José María Michavila tuvo que elegir. Y eligió los negocios. El ex ministro de Justicia dejará su escaño como diputado del Congreso después de haber conjugado, al límite de la legalidad, un cargo público con sus intereses privados. La polémica sobre si Michavila debería mantener su escaño ha estado presente en la Cámara desde que El Confidencial informara de su relación con el ex alcalde de Boadilla imputado en Gürtel, y de sus múltiples ocupaciones en el ámbito privado, que apenas le dejaban tiempo para dedicarse a la actividad parlamentaria.

Ahora, Michavila podrá volcarse en su grupo de asesoramiento financiero a grandes fortunas, MdF Achievers. Fuentes cercanas al ex ministro explicaron a este diario que el diputado barajaba desde hace unos meses la posibilidad de abandonar su escaño, y que deseaba hacerlo en un momento en que no se relacionara con una investigación sobre la compatibilidad de sus actividades, o con una pérdida de apoyos en la dirección del PP.

Además de por su labor en este family office, Michavila se ha dedicado a representar a estrellas del espectáculo como Alejandro Sanz o Shakira, a presidir una fundación a favor de la educación infantil o a ejercer de abogado de directores de cine como Menno Meyjes, director de la gafada Manolete, que protagonizan Penélope Cruz y Adrien Brody. Una serie de actividades que le han alejado del Congreso: en la pasada legislatura, Michavila fue el diputado más sancionado por el PP, dadas sus continuas ausencias. El pasado marzo, justificó sus variadas actividades extraparlamentarias con una rotunda afirmación: “Es bueno saber lo que pasa en la calle”.

El ex ministro también fue distinguido en los años 2004 y 2006 con el premio “Desconocido en el Parlamento” por la Asociación de Periodistas Parlamentarios. En la actual legislatura sólo ha intervenido una vez. Lo hizo para interpelar al ministro Celestino Corbacho. Eso sí, ha presentado 272 preguntas escritas al Gobierno, un número superior a la media, aunque en muchos casos se trata de cuestiones repetitivas, en las que apenas cambia la provincia sobre la que se reclama información.

Relación privilegiada en Boadilla

Pero la polémica más grave que ha salpicado a Michavila proviene de su relación con Boadilla del Monte, epicentro de la trama encabezada por Francisco Correa. Eius Abogados, el despacho para el que trabajaba Michavila, junto con los letrados del Congreso Alberto Dorrego y Andrés Jiménez, defendió al Ayuntamiento de Boadilla cuando fue denunciado por regalar a la SGAE el Palacio del Infante Don Luis. Pero las relaciones con Arturo González Panero (El Albondiguilla), ex alcalde imputado en el caso Gürtel, resultaron ser mucho más profundas. De hecho, Eius fue contratado por Panero hasta en nueve ocasiones, y ha abastecido al consistorio de Boadilla de varios directores jurídicos.

Dorrego, director de Eius y ex director general de Michavila cuando éste ejercía como ministro de Justicia, también colaboró con los negocios de otro de los imputados en Gürtel, José Luis Ulibarri. Este empresario, beneficiario de la construcción de 139 viviendas en Boadilla, situó a Dorrego como secretario de su brazo mediático, Mediamed Comunicación Digital, con el que consiguió 13 licencias de TDT en la Comunidad Valenciana, donde la hermana de Michavila ejerce de jefa de gabinete de Francisco Camps.

Por otra parte, según publicó El Mundo, Michavila habría intentado participar como mediador en una operación urbanística en Boadilla a cambio de 6 millones de euros. El ex ministro era el enlace entre Global Health, empresa que fue administrada por Dorrego, y el Ayuntamiento de Boadilla para construir la malograda ciudad sanitara de la Mutua Madrileña en el municipio.

Investigación del Congreso

El ex ministro consiguió que el Congreso aprobara su trabajo extraparlamentario en el family office el pasado marzo, pero ese mismo mes el secretario general de la Cámara anunció que investigaría a sus colegas de despacho, los letrados Dorrego y Jiménez, por sus actividades privadas. El País informó ayer que el Congreso ha obligado a Dorrego a abandonar la Cámara acogiéndose a una excedencia.

La última etapa como diputado de Michavila ha logrado eclipsar la tarea que llevó a cabo como el ministro de Justicia más joven del periodo democrático. Licenciado en Derecho, Historia y en Filosofía y Letras, el ex ministro de Aznar puso en marcha los llamados juicios rápidos, e impulsó la Ley de Partidos Políticos que permitió la ilegalización de Batasuna.

ELCONFIDENCIAL.COM

EL PP INSISTE EN LIGAR A PABLO GARCÍA CON LA AGENTE ELECTORAL

Afirma que el 'número dos' del PSdeG tramitó su contrato

MARÍA PAMPÍN - Santiago

"Fue Unións Agrarias (UU AA) la encargada de la gestión de todos los trámites" para contratar a la supuesta agente electoral del PSdeG, María Isabel Blanco, como trabajadora de Viticultores do Castro, explica en una carta dirigida a Traballo el presidente de la asociación. El Partido Popular hizo pública ayer la misiva que, considera, implica al actual secretario de Organización del PSdeG y responsable por entonces del sindicato agrario, Pablo García, en la contratación de Blanco y su "traslado" a las oficinas de UU AA en Vimianzo, donde trabajó para el responsable de A Costa de Morte del sindicato y, ahora, alcalde socialista de Muxía, Félix Porto. El portavoz del PP, Antonio Rodríguez Miranda, aseguró que fue Pablo García el que tomó la decisión de "poner a disposición del PSOE" a María Isabel Blanco.

La supuesta agente electoral obtuvo de la Xunta un billete para viajar a Argentina entre abril y mayo de 2007, que el Gobierno atribuyó a razones humanitarias. Sin embargo, Blanco aseguró que fue a recabar votos de emigrantes para Porto. Después de que el Parlamento cerrase una comisión de investigación al respecto, con unas conclusiones pactadas por PSdeG y BNG que excluían toda responsabilidad política, el PP presentó una querella en julio del pasado año.

En la carta, el presidente de Viticultores do Castro explica que Unións Agrarias les informó de que "dada la falta de espacio en las oficinas" del área de la asociación, "se decidió trasladar a la persona a la oficina de Vimianzo" y que fue Pablo García quien les informó que ella resultó elegida en el proceso de selección.

Pablo García replicó a las acusaciones resaltando que nadie pidió en su momento que compareciese en la comisión de investigación y que tampoco está citado a declarar como testigo ni como imputado en las diligencias sobre el caso abiertas en el juzgado de Corcubión. "Toñito el Fantástico [en alusión a Rodríguez Miranda] se ha inventado una trama para tapar las vergüenzas y miserias del PP". "Es Pablo Crespo [ex secretario de organización del PP gallego] el que está en la cárcel [por la trama Gürtel] y la que está condenada es la directora general de Formación e Colocación, Ana María Díaz", aseguró García. "Nunca contraté a una agente electoral ni le dije a esa señora que lo fuera".

ELPAÍS.COM

EL PSPV ACUSA AL PP DE DENIA DE FAVORECER A UNA EMPRESA

A. RUIZ - Dénia

Las dos fuerzas políticas de la oposición de Dénia, PSPV y BNV, han denunciado un presunto trato de favor a la empresa que construye la piscina cubierta por parte del gobierno local -formado por el PP e independientes-, que en el último pleno aprobó un modificado de obra por 470.000 euros; lo que supone un 17% más del presupuesto inicial que se ha disparado ya a 3,2 millones.

El edil socialista Jordi Serra afirmó que parte de ese sobrecoste se destinará a actuaciones que la empresa ya debía sufragar en el proyecto original y destacó algunos "costes desmesurados" como el que un mostrador cueste 8.000 euros, un ajardinado de césped artificial 15.000 o un rótulo luminoso 13.400. La empresa fue la que peor puntuación obtuvo para realizar el proyecto según un informe municipal. El PSPV también denunció que a la firma se le "ha perdonado" una pista de pádel, incluida en los planos, y la urbanización del entorno, sufragada por los fondos del Plan Zapatero.

ELPAÍS.COM

LA CONSTRUCTORA DEL PALMA ARENA FACTURÓ 13,6 MILLONES DE EUROS DE FORMA IRREGULAR

Los escándalos que afectan al PP

La investigación revela recibos duplicados y partidas que no se ejecutaron

MANU MENÉNDEZ - Palma

La investigación del caso Palma Arena, que suma ya 32 imputados -12 de los cuales son ex cargos del PP de Jaume Matas-, ha certificado la existencia de un agujero de 13.595.467 millones en las cuentas del velódromo. La Unión Temporal de Empresas (UTE) constructora del recinto -formada por FCC y Melchor Mascaró- había facturado este dinero "de forma irregular" a las arcas públicas, según reveló un análisis técnico que se incluye en el sumario y que fue encargado por el juez instructor.

"Yo facturaba a quien me decían los arquitectos, es decir, al consorcio", declaró el jefe de la UTE, Miguel Ángel Rodríguez, quien dejó constancia de que "ya en marzo de 2006 se comprobó que la ejecución de la obra en los términos pactados [un presupuesto de 48 millones de euros] no era viable". Varios imputados coinciden en señalar que la obra se llevó a cabo "con prisas" o "bajo presión" de las "altas instancias". En enero de 2007, con el edificio a medio hacer, Matas se fotografió pedaleando por la pista de pino siberiano. El sobrecoste millonario se liquidó el 22 de mayo de ese año, a cinco días de las elecciones autonómicas, cuando la junta rectora del Palma Arena -con la presencia de cuatro cargos del PP- dio el visto bueno a la certificación de obra por 79,9 millones. Un peritaje posterior, encargado por el nuevo equipo de Gobierno del socialista Francesc Antich, constató un precio final de 110 millones.

Entre los 13,5 millones cuya facturación nunca debió correr a cargo del erario público se detectaron irregularidades de toda clase. La suma más cuantiosa, de más de 1.317.000 euros, corresponde a "partidas no ejecutadas o parcialmente ejecutadas", como la preparación de un aparcamiento para la obra o el tensado de la estructura de malla, al que se dedicó 1,1 millones.

En la contabilidad se hallaron "partidas ya incluidas en otras partidas", como los más de 217.000 euros que se gastaron en el alquiler, montaje y desmontaje de una serie de puntales. Se emitieron asimismo dos facturas de 17.000 y 21.000 euros por conceptos aparentemente similares: los portes de los asientos abatibles y el montaje de los asientos. "El proveedor divide la factura como cree conveniente", justificó el jefe de la UTE. También hubo incrementos de precio por valor de más de 420.000 euros, que se consideran "injustificados".

Por otro lado, se abonaron casi 1.229.000 euros en servicios "no imputables al consorcio". Actuaciones que, por contrato, deberían haber sido asumidas bien por la propia constructora, bien por el estudio de arquitectos García-Ruiz, que dirigió el proceso de construcción. Destacan en esta remesa los 712.000 euros para la pista de ciclismo cuando esta ya había sido instalada, o los 129.803 que costó un servicio de guardia jurado cuyo precio fue "un 400% superior" al del mercado. Finalmente, el informe pericial considera que tanto los gastos de agua como de electricidad deberían haber corrido a cuenta de la constructora. Esta cobró a la Administración más de 62.000 euros en grupos electrógenos y limpieza.

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UN EX ALCALDE DEL PSOE ACUSADO DE CORRUPCIÓN ADMITE IRREGULARIDADES

L. JIMÉNEZ - Huelva

El descontrol en la economía del Ayuntamiento de Bollullos Par del Condado (Huelva) quedó ayer al descubierto tras la declaración ante la juez de su ex alcalde, Juan Carlos Sánchez (PSOE), imputado por presuntas irregularidades urbanísticas. "La inmensa mayoría de los pagos realizados por el Ayuntamiento se hacían sin tener consignación presupuestaria. Había muchos informes contrarios de la Intervención, por eso no presté mayor atención a los que se referían a las obras del interior del parque", declaró.

La juez imputa al ex regidor los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude en la contratación. El motivo son las graves irregularidades detectadas en una "obra menor", según definió Sánchez, en un parque de la localidad onubense, y cuyo presupuesto aumentó de manera progresiva hasta los 608.561 euros, casi el doble de la cantidad presupuestada por la empresa Contafis, SL.

El Ayuntamiento tramitaba las obras de una forma caótica. "Desde 2003, todas las obras realizadas por el Ayuntamiento se hacían sin consignación presupuestaria, puesto que gobernaba en minoría y los presupuestos se estaban prorrogando desde que fui nombrado alcalde (en 1999)", declaró Sánchez.

La concejal de Urbanismo, Rosario Rosado, constató ante la juez el descontrol municipal: "En la contabilidad que encontré no se sabía qué se debía ni a quién". Además, el ex alcalde afirmó que no recordaba haber firmado facturas por 100.000 y 50.000 euros a Contafis el mismo día que la Intervención dictó informes contrarios.

"No sé cómo pagamos"


Ahora, la Junta de Andalucía reclama al Ayuntamiento la devolución de la subvención concedida para estas obras, a las que también contribuyó la Diputación de Huelva. "No sé cómo al final acabamos pagando 608.561 euros. No lo llevaba yo directamente. Este tema lo supervisaba el arquitecto municipal, Juan Domínguez, y el concejal de Turismo, Antonio José Carrellan", alegó el alcalde, que añadió que "pensaba regularizar las obras una vez hecha la liquidación".

Sánchez rechazó ayer las imputaciones y definió su situación como "indignante". "Son todo acusaciones de estos nueve tránsfugas que no saben gobernar", censuró. Desde junio de 2008 PP e IU gobiernan la localidad onubense.

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MICHAVILA Y EL DIRECTOR DE SU BUFETE DE ABOGADOS DEJAN EL CONGRESO

Los escándalos que afectan al PP

El ex ministro, uno de los diputados con más negocios, aduce "razones personales"

FERNANDO GAREA - Madrid

Michavila y Camps durante un mitin del pp en valencia en marzo de 2004-Tania Castro

El polémico despacho de abogados en el que trabaja el ex ministro de Justicia José María Michavila abandonará el Congreso. El hasta ahora diputado del PP anunció ayer su intención de abandonar su escaño por Valencia, y el director del bufete, Alberto Dorrego, ha solicitado una excedencia indefinida de su puesto de letrado de las Cortes.

José María Michavila Núñez
A FONDO

Nacimiento:
28-03-1960

Lugar:
Madrid

El jefe del despacho, forzado a pedir una excedencia como letrado de las Cortes

La actividad del despacho Eius salió a relucir de forma colateral como consecuencia del caso Correa. Este periódico reveló que el bufete fue contratado reiteradamente por ayuntamientos y comunidades del PP que se han visto salpicados por este caso. Especialmente, el bufete fue contratado en multitud de ocasiones por los ayuntamientos de Boadilla del Monte y Pozuelo de Alarcón, dirigidos entonces por los populares Arturo Panero y Jesús Sepúlveda, hoy imputados en el caso Gürtel.

Además, EL PAÍS publicó contratos de Eius con la Comunidad Valenciana para la elaboración de normativas. El despacho asesoraba luego a empresas que concurrían a concursos regulados en esas leyes autonómicas. Por ejemplo, uno sobre televisión digital. La ley impide que los letrados de las Cortes y los diputados contraten con las administraciones públicas y, por eso, el secretario general del Congreso, Manuel Alba, abrió una investigación contra Dorrego. También fue investigado otro letrado de las Cortes que trabaja en ese despacho, Andrés Jiménez, pero su caso era menos claro porque no firmaba los contratos.

Contra Michavila -cuya hermana Ana es jefa de Gabinete de Francisco Camps- no hubo ninguna actuación porque él tampoco firmaba. La posible sanción a Dorrego no superaría los cuatro meses de empleo y sueldo y el Congreso tendría que recabar oficialmente documentación de esas administraciones. Finalmente, se optó por forzar la petición de excedencia voluntaria e indefinida del letrado, tras archivar la investigación.

La petición tiene efectos desde el 31 de julio y sólo falta el trámite de formalización en la Mesa del Congreso la próxima semana. Coincidiendo con el inicio de esa excedencia del jefe del bufete, Michavila ha anunciado que abandona también el Congreso, aunque seguirá formando parte del Comité Ejecutivo del PP. Michavila es uno de los diputados con mayor actividad privada al margen de la Cámara. Obtuvo autorización para ejercer como abogado, actuar como representante de artistas, dirigir una empresa de gestión de grandes patrimonios y presidir una fundación solidaria y sin ánimo de lucro.

Recientemente comunicó a Mariano Rajoy y la portavoz Soraya Sáenz de Santamaría su intención de dejar el escaño, y ha remitido una carta a José Bono, presidente del Congreso, en la que da los motivos: "Razones personales y familiares que a buen seguro tú entenderás bien". La portavoz del PP expresó a este periódico su reconocimiento al trabajo de Michavila en la Cámara.

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EL PARTIDO POPULAR SUELTA LASTRE

Los escándalos que afectan al PP

Tres militantes populares afectados por los escándalos abandonan sus cargos

El PP ha soltado lastre: en dos días se han producido tres abandonos de militantes afectados de distinta forma por alguno de los escándalos que salpican al partido. El primero fue el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Palma, Rafael Durán, que el jueves anunció su dimisión (que no se materializará hasta el 31 de octubre). Durán está imputado por presuntas irregularidades en la construcción del velódromo Palma Arena y ha recibido apoyo expreso del PP, incluido Mariano Rajoy, que convirtió las circunstancias de su detención en el centro de una ofensiva para denunciar una presunta persecución al partido.

Además, ayer se conocieron dos daños colaterales del caso Gürtel: el ex ministro de Justicia José María Michavila y el responsable de la televisión pública valenciana, Pedro García. Michavila deja su escaño de diputado por Valencia. El ex ministro forma parte de un despacho de abogados que fue contratado por administraciones del PP investigadas por recibir presuntamente sobornos de la trama de Francisco Correa. El bufete estaba siendo investigado también por el Congreso por supuesta incompatibilidad de su director, Alberto Dorrego, que compatibilizaba esa actividad privada con la de letrado de las Cortes. Dorrego ha pedido una excedencia indefinida.

El tercer dimisionario, Pedro García, aparece como receptor de regalos en el mismo sumario que imputó al presidente valenciano, Francisco Camps, por recibir trajes gratis. García tiene una relación estrecha con Álvaro Pérez, El Bigotes. De hecho, fue padrino de bautizo de la hija de Pérez. Fuentes de la dirección del PP aseguran que las renuncias no tienen relación entre sí ni obedecen a ninguna estrategia.

Mientras, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid confirmó ayer el auto de prisión del supuesto líder de la trama Gürtel, Francisco Correa, tras desestimar el recurso de apelación de su defensa.

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ELPAÍS.COM

EL PSOE DE TORROX PIDE QUE SE INVESTIGUE UN TRATO DE FAVOR EN UN CONCURSO

TORROX | Pleno del Ayuntamiento

Marga García | Málaga

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Torrox ha solicitado en el pleno que ha celebrado la corporación la apertura de una comisión de investigación para aclarar si existió trato de favor o filtraciones en el proceso para la enajenación de dos parcelas municipales destinadas a las construcción de 152 viviendas de VPO en la que participó una empresa del primer teniente de alcalde y portavoz del PSA, José Pérez.

Tal y como adelantó EL MUNDO de Málaga el secretario general del Ayuntamiento de Torrox, Francisco Moreno, ha emitido un informe jurídico en el que considera ilegal el procedimiento administrativo seguido en el Consistorio para la enajenación de dos parcelas municipales de la zona del Barranco del Puerto, destinadas a las construcción de 152 Viviendas de Protección Oficial (VPO).

"A juicio de quien suscribe, esta actuación administrativa no ha respetado el procedimiento legalmente establecido para la adjudicación del contrato", señala el secretario en su informe, fechado el pasado 12 de agosto, y al que ha tenido acceso este periódico. Entre las irregularidades que menciona el secretario figura la admisión a trámite de la oferta de una empresa, Seremar Sociedad Cooperativa Andaluza, cuyo objeto social no le otorga capacidad para cumplir con el pliego de condiciones del concurso.

Otro de los aspectos que destaca el secretario en su informe es que a lo largo del proceso se han ido produciendo escritos de cada una de las empresas concursantes, entre los que destaca, el que presentó la empresa vinculada a José Pérez el 3 de Junio (dos días después de la apertura de las plicas por la mesa de contratación) valorando económicamente las mejoras de su propuesta o el que presentó posteriormente esta misma empresa, solicitando la adjudicación de las parcelas atendiendo a las irregularidades que se estaban detectando en las otras ofertas.

El Gobierno municipal ha acordado desistir de las tres ofertas presentadas al concurso atendiendo al informe del Secretario Municipal en el que se advierte de presuntas irregularidades en el procedimiento que se ha seguido desde que se abrieran las plicas el pasado 1 de junio. Entre otras cuestiones, el funcionario municipal cita en su informe que "se han producido intervenciones de algunos Concejales, y si bien en principio, esta situación no tiene porqué venir a influir sobre el expediente en ningún sentido, lo cierto es que con frecuencia se han manejado datos por los licitadores que no han debido llegar a su conocimiento".

Ante esta situación, el portavoz del PSOE, Francisco Muñoz, ha solicitado en el pleno que se desvele el concejal que ha filtrado información a las empresas "ya que se trata de una acusación muy grave que está tipificada en el código penal".

Muñoz ha recordado que en este procedimiento ha concursado una empresa vinculada al primer teniente de alcalde, José Pérez, lo que ha ocasionado como ocurriera hace un año cuando este mismo edil trató de adjudicarse una parcela municipal por 1.000 euros que se enturbie el procedimiento llegando a dejar el concurso para la adjudicación de las parcelas sin efecto.

El portavoz socialista ha culpado a la alcaldesa, Toñi Claros, como presidenta de la mesa de contratación de las irregularidades que han dado pie a esta situación que a juicio del PSOE "están desacreditando gravemente al Ayuntamiento". Muñoz ha añadido que "probablemente lo que pretende el Gobierno municipal es que ninguna empresa se presente a los concursos municipales para permitir que los intereses del primer teniente de alcalde salgan favorecidos". Ante esta situación el PSOE ha solicitado la apertura de una comisión de investigación que clarifique "el segundo culebrón de este tipo que vive nuestro Ayuntamiento en un año y podemos estar ante un caso grave de corrupción que se debe aclarar".

Por último, ha lamentado que los cuatro partido que integran el Gobierno (IU, PIU, PSA y PP) rechazaran la comisión de investigación "continuando con el oscurantismo y la falta de transparencia en el Ayuntamiento para favorecer los intereses del edil José Pérez".

ELMUNDO.ES

VICENS RESERVA UN VIAJE DE PLACER A VENECIA CON EL PASAPORTE RETIRADO

Caso Son Oms

* El diputado y su mujer se montan unas vacaciones pese a tener sus bienes embargados
* Ya tienen billetes con Iberia para octubre

Esteban Urreiztieta | Eduardo Colom | Palma

El diputado Bartomeu Vicens y su mujer ponen de nuevo a prueba a la Justicia. Tras haber sido perdonados por la Fiscalía Anticorrupción y el Tribunal Superior de Justicia después de haberse deshecho de pruebas clave del caso Son Oms en plena investigación; tras aflorarles nuevas conductas delictivas como el cobro de asesorías urbanísticas a través de su tapadera Metalumba mientras el primero era conseller de Ordenación del Territorio; o haber hecho cuantiosos pagos en metálico con dinero de origen desconocido mientras tienen todos sus bienes embargados –el último de ellos un coche pagado con billetes de 500 euros–, ahora el matrimonio ha decidido lanzar un nuevo órdago. Esta vez adopta la forma de un viaje de placer de una semana a la ciudad italiana de Venecia.

En libertad bajo fianza de 100.000 euros y 40.000 euros respectivamente; con su patrimonio bloqueado hasta superar la cifra de 8 millones de euros; imputados por cohecho, blanqueo de capitales, tráfico de influencias, falsedad documental, delito contra la Hacienda pública, prevaricación o malversación de caudales públicos; y con sus pasaportes retirados, Bartomeu Vicens y Antonia Martorell realizaron por su cuenta y riesgo hace ya una semana una reserva para desplazarse a Italia durante el próximo mes de octubre.

Para ello no se molestaron en solicitar la preceptiva autorización al juez Antonio Capó y a la Fiscalía Anticorrupción que investigan el caso Son Oms y que les tienen prohibido abandonar el territorio español sin autorización expresa. Según aseguran a EL MUNDO/El Día de Baleares fuentes judiciales, el diputado habría dado cuenta ayer mismo a la Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de su intención de abandonar el país próximamente, pero ya con el paquete del viaje prácticamente cerrado.

El origen de los fondos

Este diario ha rastreado en las centrales de reservas de las compañías y según ha podido confirmar este diario existe vigente una reserva a nombre del matrimonio y que habría sido tramitada el pasado 20 de agosto con Iberia en clase turista.

De esta manera los Vicens no han esperado al visto bueno del juez Capó para preparar su viaje y dejan en manos del magistrado su visto bueno definitivo. Quedando además pendiente por aclarar por su parte a la máxima instancia judicial de las Islas el origen de los fondos que tienen previsto emplear para afrontar este periplo por la ciudad de los canales.

ELMUNDO.ES