domingo, 10 de abril de 2011

"OPERACIÓN ORQUESTA"; UNA TRAMA LIGADA A LA XUNTA DEFRAUDÓ SUBVENCIONES EN LA COSTA DA MORTE

El juez investiga las maniobras de funcionarios locales y Cultura

PAOLA OBELLEIRO - A Coruña

En el extenso sumario de la Operación Orquesta, la trama de corrupción en la Costa da Morte que investiga el juez de Corcubión Andrés Lago Louro, aparecen involucradas muchas más autoridades, funcionarios e instituciones que los inicialmente 11 imputados y en libertad provisional, entre ellos los alcaldes de Cee, Fisterra y Mazaricos y los concejales de Obras en estos tres ayuntamientos intervenidos. Las diligencias destapan incluso una red para captar de forma fraudulenta subvenciones públicas, "con la connivencia de funcionarios" de la Consellería de Cultura, con el propósito de organizar asociaciones o festejos y buscar el reedito electoral del PP de Corcubión.

La corrupción se divide en varias ramas, según las pesquisas policiales que empezaron en diciembre de 2009, al descubrirse en conversaciones telefónicas los manejos del regidor de Cee, el independiente Ramón Vigo, con el representante de orquestas Jorge López Lago -imputado por narcotráfico en otra causa- para "falsificar facturas para obtener subvenciones públicas de forma fraudulenta" de la Xunta. El agente artístico recurría a un funcionario del Juzgado de Paz de Muxía, Carlos Rey Paz, como intermediario para lograr que, a cambio de comisiones en metálico, otros ayuntamientos contratasen sus espectáculos. Pero Rey Paz, cuyos teléfonos fueron intervenidos por la Policía, también "posee, dirige y protagoniza su propia actividad defraudatoria" con métodos similares a los del alcalde de Cee. Su trama se desarrolla en Corcubión, donde creó tres asociaciones culturales y lúdicas, además de organizar el mercado medieval. Rey Paz, según establece el juez, "accede de forma indebida a subvenciones concedidas" por la Consellería de Cultura e Turismo "con el fin de organizar espectáculos y festejos en Corcubión que, a la postre, habrán de servirle como plataforma de lanzamiento en las filas del Partido Popular de Corcubión". El funcionario actúa, continúa el juez, "previa falsificación de documentos, principalmente facturas, en clara connivencia con funcionarios de la consellería". Incluso algunos de los responsables de los departamentos de Xuventude y de la secretaría de Turismo de la Xunta, incluida una jefe de servicio, "lejos de velar por la objetividad y transparencia en el proceso de concesión de subvenciones, auspician y amparan las prácticas ilícitas" del funcionario municipal. "Alguno de ellos llegan a proponer a Rey Paz que borre algunos conceptos facturados no subvencionables con tipex, lo que da una idea de la zafiedad delictiva de quienes protagonizan los hechos que aquí se investigan", destaca el juez.

Carlos Rey, al igual que el alcalde de Cee para obtener subvenciones de forma fraudulenta, cuenta con "un punto de conexión personal" importante para esta trama de corrupción: Manuel Varela Rey, exalcalde de Carballo por el PP y actual jefe territorial de la Consellería de Cultura e Turismo en A Coruña. Aparece en numerosas escuchas policiales que desvelan estos manejos ilegales con subvenciones públicas.

Varela es, dice el juez, "presuntamente el encargado de decidir en última instancia la concesión o no de las subvenciones". Fue quien, según las escuchas policiales, habría prometido una subvención de 6.000 euros para la fiesta medieval a Rey Paz y provocó su cólera cuando finalmente recibió solo 3.200. Entonces entran en acción varios funcionarios de la consellería para arreglar el entuerto. Rey Paz, aprovechandose de su supuesta promesa de aupar al PP de Corcubión, "exige de los responsables de Xuventude y Turismo la concesión de la subvención máxima, no duda en decirles que puede aportar facturas duplicadas". Los funcionarios de Cultura le guían cómo corregir y obtener esa ayuda.

La conexión con el PP en el caso del funcionario en Corcubión aparece también reiteradamente en las conversaciones telefónicas intervenidas que mantiene con responsables de la Xunta. Un funcionario de Xuventude en Santiago se lo explica claramente a Carlos Rey Paz, al contactarle para darle los pasos a seguir para crear una asociación juvenil con "cinco menores de 30 años" que pueda obtener ayudas públicas casi instantáneas: "Vamos a ver, a nosotros lo que nos interesa hacer este año es hacer un año fuerte, porque va a ser como la plataforma política, ¿me entiendes? Nosotros lo que queremos es levantar al PP aquí en Corcubión. Nosotros lo que necesitamos es toda la ayuda posible este año porque para el próximo ya son las elecciones". El PP está en la oposición municipal en esa localidad coruñesa. El juez imputa en las diligencias al funcionario Carlos Rey los delitos de cohecho, tráfico de influencias, fraude de subvenciones y falsificación. Pero de momento, no se adoptaron imputaciones a funcionarios de la Xunta que aparecen en el sumario.

Obras a cambio de pagos en metálico a alcaldes
El constructor de Muxía Daniel Ogando y su hijo, con igual nombre y apellido, obtienen numerosas contrataciones públicas de Cee, Fisterra y Mazaricos, los tres ayuntamientos intervenidos, a cambio de pagar parte de las fiestas locales y de entregar dinero en metálico a sus alcaldes y concejales responsables de Obras. Es el meollo de la Operación Orquesta. Así lo confirman las escuchas policiales durante todo el año pasado y hasta el 31 de enero, cuando fueron detenidos los Ogando, así como los regidores de estas tres localidades, actualmente todos en libertad provisional e imputados de varios delitos por corrupción.

El principal implicado, el alcalde de Cee, Ramón Vigo (independiente), conseguía a cambio de concederle cuantiosos contratos a Ogando que este "sufrague buena parte de las fiestas de A Xunqueira y el pago de un premio que se cifra en un 5% y un 10% del importe de la obra adjudicada". En Fisterra, cuyo alcalde, José Manuel Traba, sus concejales Santiago Insúa y Ramón Redonda (todos del PP), además del secretario e interventor municipal, también están imputados, Ogando obtuvo la adjudicación del campo de fútbol, entre otras obras, "pagando previamente dávidas que fueran menester". Al igual que en Cee y Fisterra, también hubo pagos de comisiones en metálico, "premios o dádivas", según la definición del juez, a cargos públicos de Mazaricos, cuyo alcalde, José Manuel Maneiro, también del PP, está también entre los imputados por tráfico de influencias, cohecho y prevaricación. Hay una conversación de este regidor con Ogando que, destaca el juez, "es un claro ejemplo de como se 'amaña' una contratación por parte del sector privado con autoridades y funcionarios públicos". "La forma de entrar" del constructor a los alcaldes para conseguir obras consistían "en reiteradas comidas". La Policía Nacional fotografió numerosos de esos encuentros en restaurantes de la zona de los tres alcaldes con los Ogando.


LA CORRUPCIÓN SE PRESENTA A LAS ELECCIONES

Más de 100 candidatos implicados en causas judiciales concurren en las listas

Madrid

Los dos partidos mayoritarios, PP y PSOE, se tiran a la cabeza todos los días los casos de corrupción del contrario. Pero ambos -y, en menor medida, otros partidos- llevarán previsiblemente imputados en sus listas el 22 de mayo. Mientras el PP incluirá a imputados e implicados en algunos de los más graves casos de corrupción -Gürtel y Brugal-, los imputados del PSOE lo son fundamentalmente por casos menores de pequeñas y medianas localidades.

EL PAÍS ha hecho un rastreo de las candidaturas en siete comunidades autónomas -las que reúnen la mayor parte de las corruptelas que investigan los tribunales y que más escándalo han desencadenado-, señalando solo las causas judiciales relacionadas con corrupción, prevaricación urbanística y delitos contra la ordenación del territorio en los que se puede suponer algún tipo de trato de favor o tráfico de influencias. Si se tienen en cuenta otros delitos, el resultado es que más de 80 candidatos -más del 50% del PP y cerca del 35% del PSOE- están implicados en casos que investiga la justicia. Con todas las comunidades, superan el centenar. Algunos son de gran dimensión, como la red Gürtel; otros tienen que ver con cuestiones aparentemente menores. Pero todos afectan al ejercicio público del poder.

Aunque las listas del PP valenciano fueron confirmadas el pasado viernes con 11 implicados en causas de corrupción, las listas electorales aún no son definitivas, así que esta situación podría cambiar antes de los comicios. En los de 2007, la conclusión fue que el electorado no castiga la corrupción: muchos de los políticos imputados no solo no perdieron votos sino que los ganaron.

COMUNIDAD VALENCIANA Gürtel en pleno

La rama política del caso Gürtel en la Comunidad Valenciana concurre en pleno el 22-M en las listas del PP. La candidatura autonómica la encabezará Francisco Camps, imputado por recibir presuntamente trajes gratis de un empresario -Álvaro Pérez, El Bigotes- al que el Gobierno valenciano adjudicó decenas de contratos a dedo. Mariano Rajoy ha confirmado esta semana que aunque Camps vaya a juicio durante la campaña seguirá siendo el cabeza de lista.

Y con Camps irán otros implicados -no todos imputados- en el caso (en el que se investiga también la presunta financiación ilegal del PP): Ricardo Costa, ex secretario general del PP valenciano; Vicente Rambla, vicepresidente primero del Gobierno; Milagrosa Martínez, presidenta del Parlamento regional; el diputado David Serra, y la tesorera del partido, Yolanda García. También aspiran a repetir como diputados del PP el ex alcalde de Alicante Luis Díaz Alperi -señalado por el fiscal en el caso Brugal (trato de favor a un promotor en Alicante)- y Pedro Ángel Hernández, imputado por tráfico de influencias.

A las municipales concurren 11 candidatos del PP implicados en distintas causas; siete de ellos en la provincia de Alicante, escenario del caso Brugal -que salpica al actual presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll, y a las alcaldesas de Orihuela y Alicante-. Hay también cuatro candidatos del PSOE señalados por la justicia, incluido el cabeza de lista en Benidorm, Agustín Navarro, que fue expulsado del partido por tránsfuga pero ahora vuelve a liderar la candidatura, con la aquiescencia de la dirección federal del PSOE. Navarro está imputado por una querella del PP al quitar una concesión a una empresa por incumplir supuestamente el contrato. Y hay también un ex alcalde del PP que ya no está en el partido.

ANDALUCÍA De mociones de censura y licencias ilegales

Es, con la valenciana, la comunidad con más investigados en las listas: 26 en total -11 del PSOE, nueve del PP, dos de IU y cuatro de otros partidos-. Todos en candidaturas municipales. Solo una capital de provincia: Granada, donde el aspirante socialista a alcalde, Francisco Cuenca, está imputado por cohecho por su presunta participación en una moción de censura en Morelábor. Otros políticos del PSOE y del PP están también bajo la lupa del juzgado por esa moción de censura.

En Quesada (Jaén) concurre un socialista -el actual alcalde, Manuel Vallejo- que no es que esté imputado, es que fue condenado en octubre a seis años de inhabilitación por omisión del deber de perseguir delitos urbanísticos; tiene recurrida la sentencia, y entretanto se presenta. Y hay, por ejemplo, un pueblo de Granada, Gójar, donde están imputados por delitos contra la ordenación del territorio los dos aspirantes, el del PSOE y el del PP.

De mayor gravedad es el caso de Alhaurín el Grande (Málaga): la fiscalía pide cuatro años de cárcel para el alcalde, Juan Martín Serón (PP), por cobrar presuntamente de promotores a cambio de licencias urbanísticas. En Córdoba, un imputado en el caso Malaya, el joyero y constructor Rafael Gómez Sandokán, ha creado su propio partido y espera conseguir sillón en el Ayuntamiento.

A IU, las imputaciones le han sorprendido en Sevilla -donde el pasado jueves fue imputado el aspirante a alcalde, Antonio Rodrigo Torrijos, por el caso Mercasevilla- y en Manilva (Málaga). Allí, el Ayuntamiento, que es la principal empresa del pueblo, ha contratado a los 17 miembros de la lista de IU y a 57 familiares de estos; incluidos presuntamente varios familiares de la propia alcaldesa, Antonia Muñoz (IU), que está imputada.

MADRID Sin rastro de la red

El PP madrileño ha sacado de sus listas a todos los implicados en el caso Gürtel, que en esta legislatura habían sido alcaldes o diputados (todos dimitieron a raíz del escándalo). Y el PSOE no llevará en su candidatura a Trinidad Rollán, número dos de Tomás Gómez y condenada por prevaricación. Pero, al margen de esos dos casos sonados, hay otros que sí se han colado en las listas municipales. El PP de Esperanza Aguirre lleva a seis candidatos a alcalde imputados: en Coslada, Pinto, Guadarrama, Las Rozas, Torres de la Alameda y Alcobendas (estos dos últimos candidatos son, además, los actuales alcaldes). Juntos suman una población de 350.000 habitantes.

En Getafe, el segundo municipio en población de Madrid, el PSOE lleva de número seis a Cristina González, concejal de Obras e imputada por prevaricación.

GALICIA Comisiones ilegales en la Costa da Morte

Tres alcaldes -que aspiran a la reelección- en la provincia de A Coruña están imputados por cobrar presuntamente comisiones ilegales a cambio de adjudicar contratos en la Costa da Morte: son los regidores de Fisterra, José Manuel Traba (PP); Mazaricos, José Manuel Santos (PP) y Cee, Ramón Vigo (independiente). Al ex alcalde de Ares y candidato del PP allí, José Manuel Cendán, el juez le imputa un delito electoral por inflar presuntamente el censo para las elecciones de 2003. Y también en A Coruña está imputado por prevaricación el alcalde y candidato del PP en O Pino, Manuel Taboada, que autorizó un polígono industrial paralizado por la Xunta.

En Pontevedra hay un alcalde del PSOE imputado que también repite: el de Caldas de Reis, Juan Manuel Rey, acusado de desobediencia por no derribar un edificio ilegal. Otro regidor de la provincia, el de Bayona, Jesús Vázquez (PP), que concurre a los comicios, está imputado por prevaricación.

El regidor de Castro de Rei (Lugo), el socialista Juan José Díaz Valiño, está imputado por supuesto trato de favor en la adjudicación de obras. Y en Barreiros (Lugo) el fiscal sostiene que Alfonso Puente, alcalde y candidato del PP, cometió prevaricación al conceder las licencias para 3.000 pisos con los informes técnicos negativos.

BALEARES El PP después de Matas hace limpieza total

Cuando el ex presidente de Baleares Jaume Matas (PP) dejó la política en 2007 y se fue a EE UU a trabajar para la empresa privada, dejó en las islas un reguero de causas judiciales por presunta corrupción que le afectan a él -está imputado por siete delitos- y a otros 40 ex cargos populares. Ninguno va ya en las listas electorales este año.

El PSOE sí lleva en sus candidaturas a dos imputados: el presidente del Consell de Ibiza, Xico Tarrés -secretario general de los socialistas ibicencos- está imputado en el caso Ibiza Centre (el presunto cobro de comisiones por la adjudicación del proyecto de remodelación del centro de la ciudad). Por el mismo caso está imputado el alcalde de Sant Josep, Josep Mari Agustinet, que fue gerente de la empresa pública Itusa.

CANARIAS La corrupción urbanística atasca los juzgados

Solo en 2010, un total de 200 personas entre políticos, empresarios y funcionarios fueron imputadas por delitos relacionados con la corrupción urbanística en Canarias. Y las imputaciones políticas son de todo signo.

En Tenerife, el actual alcalde de Arona y candidato por Coalición Canaria, José Alberto González Reverón, está imputado por la presunta concesión de licencias urbanísticas con informes técnicos en contra. También por prevaricación y por atentar contra el medio ambiente está imputado el candidato socialista en Icod de los Vinos, Juan José Dorta, quien presuntamente concedió licencias a varias empresas de extracción de áridos y desguaces de vehículos en la zona costera de El Riquel, protegida por su valor medioambiental. Y, en el municipio de El Rosario, el cabeza de lista del PSOE y actual alcalde, Macario Benítez, fue imputado tras aprobar el Plan Parcial de Varadero, también zona protegida.

Gran Canaria no es ajena a las candidaturas bajo sospecha. María del Carmen Castellano (PP), implicada en el caso Faycán, se presenta a la alcaldía de Telde. Igual que Francisco González (PP), imputado por prevaricación en el caso Góndola y cabeza de lista en Mogán.

CATALUÑA Pocos imputados

El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Badalona, Ferran Falcó (CiU), está imputado por presunta malversación de fondos públicos durante su etapa como presidente de la empresa pública Adigsa, bajo gobierno de Jordi Pujol. Un juzgado investiga un presunto cobro de comisiones por la adjudicación de obras. Falcó volverá a ser candidato a la alcaldía de Badalona por CiU.

Miguel Uroz, alcalde de Querol, un pueblo de 570 habitantes de Tarragona, volverá a encabezar como independiente la lista del PSC en la localidad pese a estar imputado en caso de corrupción urbanística, tráfico de influencias y uso de información privilegiada. El caso se remonta al 2003 y se centra en la revalorización de un terreno en el que se construía una urbanización: la finca, que se compró por 66.632 euros, acabó revendida mientras se aprobaban los planes de ordenación urbanística por 3,8 millones. Uroz era en ese momento concejal de Urbanismo y espera ahora conseguir mayoría absoluta en estos comicios. En los anteriores obtuvo el 43% de los votos.

¿Código ético o estético?
Ni PP ni PSOE, que se han dotado de códigos éticos internos para garantizar un ejercicio transparente del poder público, se comprometen tajantemente a no llevar imputados en sus listas. Los socialistas aseguran que están vetados aquellos candidatos señalados por un juez por haberse enriquecido "personalmente" en el ejercicio del cargo, pero son flexibles si la imputación es por otra cosa. Por ejemplo, si la prevaricación o el tráfico de influencias no han beneficiado directamente al cargo público aunque sí a un promotor privado. "No hay corrupción si no se mete la mano en la caja para llevarse el dinero al bolsillo", ha explicado Antonio Hernando, responsable de Política Municipal del PSOE, aunque promete analizar "cada caso".

El PP actualizó su código ético en 2009, tras estallar el escándalo Gürtel, y prohíbe "cualquier conducta, aun plenamente legal, que pueda dañar la imagen del partido". También insta a sus candidatos a "comunicar" al partido la apertura de cualquier proceso judicial que les afecte, para que el partido decida qué ocurre entonces.

IU presentó el pasado viernes su nuevo código ético, que exige la regulación por ley de los salarios de los concejales, declaraciones de intereses de los cargos implicados en cualquier adjudicación y la prohibición de recibir regalos. El acto de firma solemne del texto coincidió con la inesperada imputación del candidato de IU en Sevilla, Antonio Rodrigo Torrijos, por el caso Mercasevilla. El código dice que en caso de "imputación y procesamiento" los candidatos deben dimitir; Cayo Lara, coordinador de IU, afirmó que esperaría a ver qué dice el auto para saber hasta dónde llega la imputación.

Información de Santiago Navarro, Joaquín Ferrandis, María Fabra, Valme Cortés, Ginés Donaire, Marta Soler, Fernando J. Pérez, Manuel J. Albert, Pedro Espinosa, Guiomar del Ser, Jesús Sérvulo González, Sonia Vizoso, Andreu Manresa, Pedro Murillo, Miquel Noguer y Mercè Pérez.