martes, 24 de mayo de 2011

LOS IMPUTADOS EN TIERRAS VALENCIANAS LOGRAN MANTENERSE EN LAS INSTITUCIONES

Tras el 22-M

Europa Press | Valencia

Las imputaciones de los candidatos de la Comunidad Valenciana no han influido mucho en los resultados electorales, ya que las elecciones autonómicas y municipales del domingo han vuelto a colocar a muchos de los imputados en las instituciones, tanto en las Cortes Valencianas como en numerosos ayuntamientos.

El PP ha vuelto a ser el partido más votado para las Cortes Valencianas, ampliando su mayoría absoluta con 55 parlamentarios, frente a los 54 escaños que logró en 2007. De este modo, el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, continuará al frente del Ejecutivo valenciano pese al 'caso Gürtel', en el que está implicado por un presunto delito de cohecho.

En esta misma causa se encuentra Ricardo Costa, número siete del PP por la lista de Castellón, que volverá a ocupar un escaño en el parlamento valenciano. También repetirá en las Cortes el número 13 de la lista 'popular' por Alicante, Pedro Hernández Mateo, imputado por tráfico de influencias a raíz de la compraventa de una finca.

Además de estos imputados, en las listas del PP a las Cortes también hay implicados en casos de corrupción como la ex presidenta Milagrosa Martínez -que además de ser diputada será alcaldesa de Novelda (Alicante)- y el vicepresidente del Consell Vicente Rambla, así como David Serra y Yolanda García. Estas cuatro personas están siendo investigadas por el 'caso Gürtel'.

También estará en el Parlamento valenciano la alcaldesa de Alicante y número uno al parlamento valenciano por esta provincia, Sonia Castedo, implicada en la trama de corrupción del 'caso Brugal' en la tramitación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante, junto con su antecesor, el 'popular' Luis Díaz Alperi, que también estará en la cámara valenciana.

Respecto al ámbito municipal, el 'popular' Ricardo Cardona, imputado por un delito de prevaricación por paralizar la construcción de un chalé en suelo rústico, repetirá en la Alcaldía de Canals (Valencia), donde ha obtenido mayoría absoluta.

Tampoco le ha afectado a nivel electoral su imputación por un delito de prevaricación urbanística, omisión de deber de persecución de delitos y desobediencia al socialista Antonio Polo, que volverá a gobernar en Montroi (Valencia).

También se mantiene en la Alcaldía, en este caso de Loriguilla (Valencia), el 'popular' José Javier Cervera, imputado por presuntos delitos de actividades prohibidas a funcionarios públicos y contra la Administración Pública. Además, está acusado por un presunto trato de favor a empresas en adjudicación de obra pública.

Entre otros alcaldes que también han revalidado su mayoría, se encuentran el de Zarra (Valencia), el independiente Juan José Rubio, imputado desde hace años por varios delitos relacionados con la corrupción urbanística y expulsado por ello del PSOE; y el de Riba-roja (Valencia), el 'popular' Francisco Tarazona, implicado en dos causas por posibles delitos de cohecho y prevaricación.

'Brugal'
Por lo que se refiere a las alcaldías alicantinas, la investigación judicial y policial de la llamada 'Operación Brugal' se ha dejado sentir de forma muy desigual en los resultados electorales de algunos de los municipios afectados, especialmente en Orihuela, donde el PP, con la hasta ahora alcaldesa Mónica Lorente, ha perdido la mayoría absoluta.

En Alicante, donde se investiga la ramificación relativa al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), aún bajo secreto de sumario, el PP no sólo ha revalidado su mayoría absoluta, sino que ha ganado tres concejales. Por el contrario, el PSOE ha perdido seis y han entrado EU -personada en la investigación de la trama- y UPyD.

En Calpe, donde se investiga una subtrama relacionada con el pesaje de la basura y los sobrecostes del servicio de la empresa de Ángel Fenoll -principal investigado en la trama- el PP ha ganado con 10 concejales, con el candidato renovado César Sánchez, pero no obtiene mayoría absoluta.

En Albatera, donde el edil Javier Bru, del PP, también es uno de los supuestos colaboradores principales de Fenoll, el PSOE ha perdido cuatro concejales, mientras el PP ha sumado uno y Coalición Valenciana otros dos.

En Algorfa, donde se investiga una presunta financiación irregular al alcalde del PP, los 'populares' se mantienen en siete concejales, mientras que en Bigastro, los 'populares' pasan de 12 a seis ediles, y en Callosa del Segura, donde el alcalde Pérez Trigueros está imputado por cohecho, el PP obtiene 12, uno menos que en 2007.

Igualmente, en Jacarilla, donde también se investiga una presunta financiación irregular, el PP se mantiene con cinco concejales pero pierde la mayoría absoluta. En Rafal, donde también se investigaba una presunta financiación irregular gana el PSOE, con seis ediles, uno más; el PP pierde uno y se queda en cinco.

Además
    * Corrupción y alta costura
    * Los vecinos de Gürtel

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"CASO SCALA"; EL GOVERN SE SUMA A LA PETICIÓN DE LA FISCALÍA DE 21 AÑOS DE CÁRCEL PARA CARMONA

Europa Press | Palma

La abogacía de la Comunidad Autónoma solicita 21 años de prisión para el ex conseller de Comercio, Industria y Energía, Josep Juan Cardona, sumándose de este modo a la petición efectuada por la Fiscalía Anticorrupción en el marco del caso Scala. En esta misma línea, reclama 20 años de cárcel para el ex director general de Promoción Industrial, Kurt Viaene, y siete para la ex gerente del Consorcio de Desarrollo Económico (CDEIB), Antònia Ordinas, principales acusados de esta causa.

Así consta en el escrito de calificación que ha presentado la acusación particular, ejercida por la abogada Mari Ángeles Berrocal, quien se ha adherido al que ya presentó este lunes el Ministerio Público, según han informado fuentes jurídicas. Ambas acusaciones se dirigen contra un total de 18 personas que presuntamente participaron en una trama que habría servido para desviar unos siete millones de euros desde el CDEIB a empresas próximas durante la anterior legislatura del PP (2003-2007).

Al igual que la Fiscalía, la Comunidad Autónoma acusa a Cardona, Viaene y Ordinas de los delitos de malversación de caudales públicos, asociación ilícita, fraude a la Administración y cohecho. Además, para todos los imputados reclama penas privativas de libertad, si bien no en todos los casos implicará su ingreso en prisión por ser menos de dos años los que la Fiscalía solicita para ellos, según han informado fuentes jurídicas a Europa Press. Ahora la jueza instructora del caso, Piedad Marín, debe dictar auto de apertura de juicio oral.

Cabe subrayar que las dos acusaciones achacan a Cardona la posición de líder de esta presunta trama de corrupción, mediante la cual Viaene y Ordinas planificaron y ejecutaron actuaciones dirigidas a apoderarse de los fondos públicos y emplear todas las coberturas formales necesarias a efectos de que el expolio pasara desapercibido.

De este modo, al igual que ya detallaban la Fiscalía y la acusación particular al pedir el fin de la instrucción del caso, el primer paso fue la creación de una estructura jerárquica que hiciera posible el desvío, y a partir de ahí organizar la asistencia del CDEIB a todas las ferias y eventos posibles así como contratar cientos de estudios e informes cuyo contenido era inútil a efectos de interés público, una actividad que provocó que el presupuesto anual de la empresa "se agotase muy rápidamente, lo que suponía un freno a la actividad delictiva del grupo".

Es por ello que, postulan, Cardona decidió inyectar de forma reiterada dinero al Consorcio mediante la transferencia de fondos de la Conselleria y la firma de convenios de colaboración con el Instituto de Innovación Empresarial (IDI), hasta el extremo de solicitar y obtener préstamos con entidades bancarias para obtener más fondos públicos de los que apropiarse. De forma paralela, Cardona, Viaene y Ordinas se reunían de forma periódica en diversos hoteles "para planificar las estrategias y procedimientos de expolio", pagando las pernoctaciones con cargo al CDEIB, según apuntaba la Fiscalía.

En este contexto, las acusaciones apuntan al "robo sistemático" efectuado por los inculpados mediante la creación de entidades mercantiles al frente de las cuales usaban "hombres de paja o testaferros" y a las que otorgaban numerosos contratos; la utilización de empresas existentes que pasaron a controlar; la exigencia y cobro de comisiones a proveedores del CDEIB y la organización de las ferias en las que participaba el Consorcio.

Cabe recordar que la causa permaneció durante varios meses en manos del magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), Antoni Capó, debido al aforamiento de Cardona. Durante ese periodo, el juez le impuso una fianza de responsabilidad civil de 2.940.380 euros frente a los 4,8 millones que solicitaron los fiscales anticorrupción Juan Carrau y Pedro Horrach, así como la acusación particular.
Otros imputados contra quienes se dirigen las acusaciones

Además de Cardona, Ordinas y Viaene, los imputados contra quienes la Fiscalía Y la acusación particular solitan penas son la administradora de Gabinete Alays y esposa de Ordinas, Isabel Roselló; el administrador de Gourmet and Boutique Islands y Comarca Global Consulting, Felipe Ferré -que confesó los hechos para colaborar con la justicia-; el empresario de Calvià Jaime Fernández Abad, el administrador de Taller Grafic Jaime Gil; el de Camino Export Sergio Pereletegui y el empresario de Comarca Arnoldus Mateo Van Den Hurk.

También figuran en los escritos el asesor jurídico que prestó trabajos para el CDEIB, Juan Enrique Riera; el administrador de Mercantiles NTC Consultores, Francisco García; el publicista Joan Rosselló; la secretaria de Ordinas, Daniela Francisca Beaumont, y los empresarios Antonio Munar, Pedro Veny, Manuel Carmelo, Antoni Vicens y Francisco Miguel Mauri.


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"CASO VOLTOR"; LA JUEZA CITA A UNOS 20 EX EMPLEADOS DEL CILMA QUE PUDIERON TRABAJAR PARA UM

Cobrando dinero público

* Las comparecencias están fijadas para los días 22, 25, 28 y 29 de julio

Efe | Palma

La juez instructora del caso Voltor de supuesta corrupción, Carmen Abrines, ha citado a declarar en julio como imputados a una veintena de ex empleados del Consorcio de Informática Local de Mallorca (Cilma) que la Fiscalía sospecha trabajaron para Unió Mallorquina (UM) cobrando dinero público. Según han informado fuentes jurídicas, las comparecencias están fijadas para los días 22, 25, 28 y 29 de julio, a razón de unas cinco personas por día.

Los imputados tendrán que responder ante la juez y la Fiscalía Anticorrupción por la pieza número 13 de este caso de supuesta corrupción durante la pasada y actual legislaturas, en la que se investigan tres convenios entre el Consell de Mallorca y el Cilma -dependiente de la institución insular- para poner en marcha sendos proyectos durante la legislatura 2003-2007.

Estos tres proyectos fueron Infomallorca, una página web de información de la isla; Mallorca Digital, una plataforma para digitalizar bases de datos, y Eiel, una encuesta sobre las necesidades de los ayuntamientos. El primero de ellos lo financió el departamento de Turismo del Consell, dirigido por Francesc Buils; el segundo el de Cooperación Local, de Catalina Julve, y el tercero el de Vicepresidencia, de Miquel Nadal.

Cada uno de ellos costaba al Consell entre 100.000 y 150.000 euros anuales y empleaban a unas 35 personas, de las cuales una veintena se sospecha que realmente trabajaron para UM. El exvicepresidente del Consell Miquel Nadal (UM) ya declaró hace unas semanas por esta pieza, además de la de Eugenia Cañellas, ex secretaria técnica de Vicepresidencia, y de Coloma Castañer, la que fuera secretaria técnica del departamento de Cooperación Local. Sus declaraciones se produjeron días después de que el exgerente del Cilma Eugenio Losada afirmara que estas personas no trabajaron para el consorcio, sino para UM.

Mientras que Nadal se negó entonces a declarar Cañellas afirmó que las órdenes de contratar a estos trabajadores vinieron del propio Nadal y del que era director insular de Proyectos, Mateu Cañellas, también de UM.

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"CASO MALAYA"; LA UDYCO DESTACA "LA FALTA DE COLABORACIÓN" DE LA POLICÍA LOCAL DE MARBELLA DURANTE EL GILISMO

En la sesión de este martes

José Carlos Villanueva | Málaga

La sección de Crimen Organizado de la unidad policial Udyco Costa del Sol, con sede en Málaga, se encontró con "un montón de cortapisas" y "falta de colaboración", por parte de la Policía Local de Marbella, cuando comenzó a investigar actividades delictivas en el seno del cuerpo de seguridad municipal. Fue entre los años 2000 y 2001, en pleno apogeo de los gobiernos de Jesús Gil.

Así lo ha manifestado este martes, durante la sesión de la vista oral del juicio por el caso 'Malaya', un inspector de Udyco dedicado a investigar el tráfico ilícito de vehículos.

"El problema que nos encontramos fue que solicitamos información sobre subastas y vehículos a la Policía Local y lo que nos fue entregado carecía de total interés. Vímos que no íbamos a llegar a ningún sitio. No nos la facilitaban", ha denunciado el investigador, a preguntas del abogado José Manuel Vázquez, encargado de la representación de varios acusados.

Seis años antes de que se desencadenaran las primeras detenciones de la operación 'Malaya' la Policía había recibido una denuncia, de un depositario de vehículos, encargado de custodiarlos tras ser retirados por la grúa municipal de Marbella.

El modus operandi de las conductas presuntamente delictivas de mandos de la Policía Local consistía en que "se subastaban vehículos que figuraban como robados", ha recordado el inspector.

La Udyco se vio obligada a cerrar el caso en 2001, ante la "falta de colaboración" del cuerpo de seguridad marbellí. Hubo especialmente "un montón de cortapisas, por parte del sargento Saborido para proceder a la intervención de vehículos", ha relatado el testigo.

Juan Esteban Saborido era la mano derecha del entonces jefe de la Policia Local de Marbella, Rafael del Pozo. Ambos fueron detenidos por orden del juez instructor del caso 'Malaya', Miguel Angel Torres, y se encuentran procesados en una pieza separada relacionada con actividades desempeñadas en sus antiguos cargos.

No fue hasta 2006, una vez iniciada la instrucción de Torres contra la corrupción marbellí, cuando la Udyco comenzó a recibir "todo tipo de colaboración" de la Policia Local, ya con la Comisión Gestora gobernando el Ayuntamiento de Marbella, tras la disolución del mismo.

Se da la circunstancia de que Saborido llegó a estar imputado por el robo de sumarios de Jesús Gil en los Juzgados de Marbella, desvelado por EL MUNDO el 10 de agosto de 2001. Finalmente el caso fue archivado definitivamente, por falta de pruebas.

El inspector de Policía Nacional que ha testificado este martes ha insistido en que archivaron las pesquisas de 2001 sobre vehículos porque la Policía Local de Marbella "no nos daba información y nos remitieron expedientes antiguos con multas".

Además, ha lamentado que Saborido y sus subordinados "nos inundaron de papel inservible para la investigación, pero lo devolvimos. Tuvimos que firmar un escrito de que nos hacíamos cargo de los legajos y luego devolverlos".

"Al ver la nula cooperación por parte de la Policía Local empezamos a localizar vehiculos en los depósitos y se nos ponían miles de dificultades", ha concluido el inspector.

'Partida de cartas'
También ha prestado declaración el teniente de la Guardia Civil Jaime Rodríguez Suárez, que perteneció a la Jefatura de Información de dicho cuerpo. Durante el breve interrogatorio ha reiterado que se dedicó a hacer un informe sobre la compra de bienes inmuebles en suelo rústico, por parte de Juan Antonio Roca, así como acerca de "una información de EL MUNDO sobre una partida de cartas", además de la adquisición de caballos.

La referencia a la "partida de cartas" se refería a lo publicado en 2006 por este diario, tras la primera fase de 'Malaya', sobre que un empresario que resultó perjudicado en una partida de poker, celebrada en la finca El Río, propiedad del empresario Carlos Sánchez, socio de Roca, habría facilitado informacion a la Policía, a modo de venganza.

Al comienzo de la sesión ha declarado, a petición de la defensa de Roca, el actual administrador de 15 de sus sociedades. Se trata de Juan Macías. Antes de ser nombrado como tal ha asegurado que dichas mercantiles "no presentaban cuentas consolidadas" al final de cada ejercicio anual.

LOS IMPUTADOS CANARIOS, RESPALDADOS EN LAS URNAS CON MAYORÍAS ABSOLUTAS

15 casos

* Muchos seguirán al frente o dentro de las instituciones locales de Canarias
* La mayoría de ellos está implicada en delitos urbanísticos

Europa Press | Santa Cruz de Tenerife

Las imputaciones de los candidatos no parecen haber influido entre los votantes canarios este domingo que han vuelto a colocar a muchos al frente de las instituciones dándoles los votos necesarios para mantenerse en las administraciones, incluso alcanzando mayorías absolutas.

En Tenerife, e imputados por tramas urbanísticas, han ganado con holgura y por mayoría absoluta, el alcalde de Arona, José Alberto González Reverón (CC) -imputado por la presunta concesión de licencias urbanísticas con informes técnicos en contra-; el también nacionalista Isaac Valencia en La Orotava -por la licencia de un centro comercial en suelo de protección agrícola- y el socialista Macario Benítez en El Rosario -por varios asuntos vinculados al urbanismo-.

Los vecinos de Icod de Los Vinos han vuelto a confiar, tras haber perdido las pasadas elecciones, su alcaldía al socialista Juan José Dorta -acusado de un delito contra el medioambiente- y al también socialista Jaime González Cejas en Granadilla -imputado por delitos de tráfico de influencias, prevaricación y malversación de caudales públicos- si bien este último no ha logrado mayoría absoluta y podría quedarse otros cuatro años más en la 'bancada' de la oposición.

En la isla de Gran Canaria, el candidato del PP en Mogán, Francisco González, ha vuelto a ser reelegido, como también lo ha sido el socialista Juan de Dios Ramos en Teror -acusado de un delito de prevaricación y contra la ordenación del territorio- y el candidato a la Alcaldía de Nueva Canarias en Santa Lucía de Tirajana, Silverio Matos, a quien se le imputa dentro de la 'operación Palmera', sobre concurso eólico, los delitos de prevaricación, abuso en el ejercicio de la función pública y delito de uso indebido de información privilegiada.

Además, en la isla de La Gomera, el caso de Esteban Bethencourt es el más conocido, pendiente de una revisión de una sentencia en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, se ha presentado a la Alcaldía de Valle Gran Rey amparado por unas nuevas siglas, PP, tras abandonar años de militancia en Coalición Canaria. Ha logrado cuatro concejales, uno menos que el PSOE, por lo que queda abierta la puerta a negociaciones y retomar el bastón de mando.

El líder del Partido Progresista Majorero, Domingo González Arroyo -tras ser expulsado del PP después de una moción de censura en el municipio de La Oliva a CC- ha logrado nuevamente revalidar la confianza de los vecinos de Fuerteventura a pesar de estar imputado por un presunto delito de prevaricación administrativa, urbanística y malversación de caudales públicos. Arroyo, que estrenaba formación, aspiraba a la Alcaldía de La Oliva y al Cabildo de Fuerteventura, consiguiendo ser la segunda y cuarta fuerza más votada, respectivamente.

En La Palma, el alcalde de Tazacorte, por el número de votos, sería, Ángel Pablo Rodríguez, líder de Unión Bagañeta -marca de CC en la localidad- que aunque no tiene la mayoría absoluta ha logrado seis concejales, uno más que los socialistas a pesar de haber estado imputado en el denominado caso 'Los Tarajales'.

Finalmente, el socialista Carlos Espino no alcanzó la Presidencia del Cabildo de Lanzarote, aún así entró en la corporación al ser la tercera fuerza más votada.

También en el Parlamento
La número uno en la lista al Parlamento de Canarias por la isla de La Palma del PP, María de Haro, imputada dentro del caso 'Catis' por la expedición de títulos sanitarios a cambio de dinero también ha logrado entrar en el Parlamento de Canarias tras recibir el respaldo de los votantes.

Por otra parte, Nueva Canarias (NC) en su pacto con el Partido Independiente por Lanzarote (PIL) ha logrado que Fabián Martín, ligado al denominado 'caso Unión' entre a la Casa de la calle de Teobaldo Power, 7.

También está imputado en Tenerife, el todavía alcalde Miguel Zerolo (CC) que tras abandonar el municipio formará parte del Parlamento de Canarias, mientras continúa el denominado caso de Las Teresitas, en donde ha sido acusado de cohecho, malversación y prevaricación.



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