miércoles, 29 de junio de 2011

LA FISCALÍA AVALA LAS ESCUCHAS DEL "CASO RENEDO"

El Principado estima que hay indicios «suficientes» contra la ex alta funcionaria al margen de los ‘pinchazos’

PILAR CAMPO OVIEDO

La Fiscalía avala la validez de las escuchas telefónicas a los imputados por la supuesta trama de corrupción en la adjudicación de contratos en el Principado, una semana después de que el fiscal superior, Gerardo Herrero, admitiera que en caso de ser anuladas “daría al traste con la investigación”. Por su parte, el Principado, que ejercita la acusación particular únicamente contra Marta Renedo, entiende que hay pruebas indiciarias “suficientes” para dirigir los cargos contra la ex alta funcionaria al margen de las escuchas.

Sus posicionamientos se conocieron ayer, después de que las partes agotaran el día de gracia concedido tras vencer, el pasado lunes, el plazo para presentar sus alegaciones al recurso de reforma y subsidiario de apelación interpuesto por el abogado Miguel Valdés-Hevia, en representación del empresario imputado Víctor Manuel Muñiz (Igrafo).

La decisión última sobre la legalidad de las intervenciones telefónicas está ya en manos del magistrado-juez Ángel Sorando, titular del juzgado de instrucción 2 de Oviedo, que asumió la causa después de que el tribunal de la sección octava de la Audiencia Provincial acordara la inhibición de la jueza Ana López Pandiella, titular del juzgado de instrucción número 4 de Gijón, al considerar que el órgano competente era el de Oviedo.

Las alegaciones Mientras las defensas piden su nulidad por las irregularidades detectadas, las acusaciones defienden su legalidad al entender que no hubo extralimitación. La Fiscalía contestó al recurso defendiendo su validez. Gerardo Herrero descartó que existan los “defectos alegados”, al haberse practicado “conforme a la legislación vigente” y haber sido “debidamente notificadas” al fiscal. La Fiscalía adiverte de que los autos están “perfectamente motivados, practicándose por el tiempo mínimo imprescindible (del 22 de febrero al 9 de septiembre de 2010)” así como que las transcripciones “fueron correctas, con un control constante del juzgado”. El fiscal también entiende que se ha respetado el derecho al juez “predeterminado por la ley”.

Valdés-Hevia sostiene, por el contrario, que los autos dictados por la jueza Pandiella, por los que acordaba las escuchas de las conversaciones de su cliente con la ex alta funcionaria Marta Renedo y sus prórrogas, Svulneraron “el derecho al secreto de las comunicaciones, no fueron notificados al fiscal, lo que impidió su control y no se justificaba el carácter delictivo de los hechos”. A su tesis se sumaron los abogados Javier Díaz Dapena, que defiende al empresario Alfonso Sánchez (Almacenes Pumarín), Ángel Bernal en nombre de la ex directora general María Jesús Otero y Luis Tuero, en representación de Renedo. El abogado Sergio Herrero no quiso confirmar si se ha adherido al recurso en nombre del ex consejero de Educación, José Luis Iglesias Riopedre.

lavozdeasturias.es

LA FISCALÍA Y LAS ACUSACIONES POPULARES SALEN EN DEFENSA DEL "CASO RENEDO"

Herrero avala la «legalidad y motivación» de las escuchas y el Principado mantiene la consistencia de las pruebas contra Renedo

RAMÓN MUÑIZ | GIJÓN.

«Esto es como el Oeste, todos avanzamos mirándonos de reojo, pero cuando uno abre fuego, no te puedes ya quedar quieto, tienes que disparar». De manera tan gráfica describía la semana pasada uno de los abogados del 'caso Renedo' la jugada que acababa de producirse. La defensa del imputado Víctor Manuel Muñiz, empresario de Igrafo, había registrado un recurso solicitando la nulidad de las escuchas telefónicas y de cuantas diligencias se derivaron de ellas. El órdago es a la grande y, efectivamente, las partes se han visto obligadas a tomar posición.

Los representantes de los coimputados Marta Renedo, María Jesús Otero y Alfonso Carlos Sánchez han apoyado la nulidad mediante alegaciones donde dan un paso más y exigen el archivo de la causa. Sostienen que las diligencias incluidas en el sumario se obtuvieron vulnerando derechos fundamentales de sus mandantes, lo que invalidaría el resultado. En el bando contrario, las acusaciones populares de Avall, Bloque por Asturies y el Partido Progresista de Belmonte han salido al paso y defienden que la instrucción iniciada por la magistrada-juez Ana López Pandiella y continuada ahora por su homólogo Ángel Sorando Pinilla «cumple escrupulosamente» la legalidad.

En un terreno con mayor apariencia de neutralidad se mueven el Ministerio Fiscal y el Principado, que actúa en la causa como acusación particular para reclamar la reposición del daño que se hubiera causado al erario público. La Fiscalía de Asturias, que dirige Gerardo Herrero, informó ayer que tras analizar el recurso sostiene «la validez de las escuchas, no existiendo ninguno de los defectos alegados» por el letrado de Víctor Muñiz. «Las escuchas se practicaron conforme a la legislación vigente y fueron debidamente notificadas al Ministerio Fiscal», abunda. «Los autos que acuerdan estas intervenciones y las correspondientes prórrogas están perfectamente motivados, practicándose por el tiempo mínimo imprescindible», defiende la Fiscalía. Sobre el modo en que las cintas fueron transcritas -omitiendo los agentes policiales las partes de escaso interés- considera el Ministerio Público que fueron «igualmente correctas, con un control constante por parte del Juzgado Instructor».

Por último, la Fiscalía defiende la labor de Ana López Pandiella por investigar unos indicios cuya denuncia llegó a su juzgado. El hecho de que luego la Audiencia Provincial entendiera que la causa debía proseguir en Oviedo no supone que la instructora no fuese la juez predeterminada por la ley, tal y como sostiene la parte recurrente.

El Principado también ha reflejado su posición mediante un escrito en el que elude pronunciarse sobre la validez de las escuchas, pero marca un límite al debate. Aunque los 'pinchazos' fuesen anulados, «siguen existiendo indicios más que suficientes contra la funcionaria Marta Renedo; la Administración regional denunció las prácticas de esta funcionaria con una serie de pruebas sobre su hacer y su empresa Implans Mounts cuya vigencia debe mantenerse al margen del recurso», explica su letrado, Juan Serra.


«Los autos que acuerdan las escuchas están perfectamente motivados», dice el fiscal
 
La anulación de los pinchazos no debe afectar a la causa contra Renedo, advierte el Principado

"CASO GÜRTEL"; LA EX MUJER DE GONZÁLEZ PANERO SE NIEGA A DECLARAR ANTE PEDREIRA

Arturo González Panero- GORKA LEJARCEGI
Alega que el juez ya no es competente para instruir la causa.- Villarroya y el exalcalde de Boadilla, que aplaza su declaración al 14 de julio, están acusados de tener 365.000 euros en una cuenta en Suiza

TONO CALLEJA - Madrid 

La exmujer del exalcalde de la localidad madrileña de Boadilla del Monte Arturo González Panero, Elena Villarroya, ha acudido a declarar a las once de esta mañana ante el juez instructor del caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, como imputada por un delito fiscal. Sin embargo, Villarroya se ha negado a declarar porque entiende que el juez Pedreira, tras la renuncia de los aforados, ya no es competente para instruir la causa. El magistrado le ha mantenido la imputación.

Aunque en principio González Panero iba a declarar hoy, la cita se ha trasladado al día 14 de julio, cuando también declararán José Luis Ulibarri y el empresario Fernando Martín. Mañana está previsto que desfilen ante el juez los empresarios Manuel Salinas y Amando Mayo por su presunta relación con el mayor pelotazo del presunto cabecilla de la trama, Francisco Correa, por el que pudo haber cobrado 24 millones de euros. El abogado de González Panero ha alegado para posponer la cita que tenía una comparecencia previa en otro juzgado y que no podía asistir en ese momento a su cliente.

Pedreira imputó la semana pasada a los dos un delito contra la Hacienda Pública en relación con los fondos de una cuenta no declarada al fisco español en el banco suizo HSBC Private Bank Suisse, tal y como le solicitó en un escrito la Fiscalía basándose en un informe de la Agencia Tributaria. El fraude fiscal del que se los acusa asciende a 365.000 euros.

En la cuenta, abierta el 28 de junio de 2005 a nombre de Longridge Internacional S.A., Villarroya aparecía como apoderada Villarroya y González Panero como gestor. Además de este nuevo delito, el juez Pedreira atribuye a González Panero, conocido como El Albondiguilla entre los miembros de la trama, los delitos de cohecho, asociación ilícita, fraude fiscal, blanqueo de capitales y falsedad. En su condición de alcalde de Boadilla habría percibido fondos y regalos por importe de, al menos, 600.000 euros en contraprestación a la adjudicación de contratos públicos. El juez Pedreira impuso en 2009 a González Panero una fianza de 1,8 millones para afrontar futuras garantías económicas.

Imputada por primera vez
De acuerdo con todos los indicios que obran en la causa, los fondos de la cuenta abierta en el HSBC procederían de la actividad ilícita atribuida a González Panero en este procedimiento, según la fiscalía. "La disposición de fondos sobre dicha cuenta pone de manifiesto un patrimonio a diciembre de 2005 de 627.529 dólares (unos 436.000 euros) y a diciembre de 2006 de 866.216 dólares (unos 602.000 euros), cantidades que no fueron declaradas en las auto-liquidaciones de IRPF por ambos en 2005 y 2006", señala, por su parte, el auto de Pedreira.

Pese a que hasta ayer no estaba imputada, esta no es la primera vez que aparece el nombre de la exmujer de Panero en la instrucción del caso. Entre los contratos solicitados por el juez al Ayuntamiento de Boadilla se encuentran los relacionados con la adjudicación en 2005 de tres seguros por parte de El Albondiguilla. El equipo de Gobierno popular adjudicó ese año tres contratos municipales por un valor de 117.000 euros [en cuatro años 468.000 euros] a una compañía, representada por la empresa F Y A De Lope. Según consta en el sumario, esta sociedad pagó 20.000 euros en 2007 a la mujer de González Panero, Elena Villarroya, en concepto de rendimientos del trabajo

En un episodio rocambolesco, cuando estalló el caso en febrero de 2009 González Panero se resistió a dimitir y torpedeó la imagen de firmeza que Mariano Rajoy quiso ofrecer frente al escándalo de corrupción y tráfico de influencias destapado por Baltasar Garzón. González Panero fue imputado en la trama por el magistrado junto a otras 33 personas más, entre ellos un alto cargo del Gobierno regional.

A causa de las imputaciones en la trama Gürtel, Boadilla, de 42.000 habitantes, ha tenido tres alcaldes en dos años. En febrero, comunicó su cese como alcalde Juan Siguero, a la sazón el cuarto regidor del PP madrileño imputado en el caso. Siguero dimitió como alcalde el día 10, horas después de que Pedreira le imputara por los delitos de negociaciones prohibidas a funcionarios, prevaricación, tráfico de influencias y cooperación necesaria en los delitos que a su vez se le imputan a su predecesor, González Panero, que dimitió en 2009 y fue expulsado del PP.

Al igual que Panero, Siguero pidió la baja del PP tras su imputación y también su dimisión del cargo institucional que desempeñaba. Panero, en declaraciones a EL PAÍS, llegó a acusar a Siguero de amañar los contratos de acuerdo con la red corrupta. "Tendrían que investigarle antes a él que a mí", aconsejó el exalcalde.
   
Más información:
* Tema: Caso Gürtel
* González Panero fue imputado en 2001 por pagar con dinero público a su abogado

elpaís.com

·CASO IBATUR"; LOS FISCALES TOMARÁN DECLARACIÓN ESTA TARDE A MIQUEL NADAL

* Luisa Almiñana, que ha quedado en libertad tras declarar
* En dependencias policiales todavía quedan detenidas tres personas

Efe | Palma

Los fiscales Anticorrupción Pedro Horrach y Miguel Ángel Subirán tomarán declaración esta tarde al exconseller de Turismo Miquel Nadal (UM), después de haber interrogado durante la mañana al exdirector de Promoción Turística Joan Sastre y a la exadminitradora de Vídeo U Luisa Almiñana, que ha quedado en libertad.

Los fiscales han salido de las dependencias de la Jefatura Superior de Policía de Palma sobre las 14.30 horas y se prevé que las declaraciones se retomen unas dos horas más tarde, han indicado fuentes de la investigación. De esta manera, en las dependencias policiales quedan detenidas tres de las seis personas arrestadas en la operación anticorrupción iniciada ayer y derivada del caso Ibatur.

Los que quedan arrestados son Nadal, Sastre y el arquitecto Vicenç Mulet, que declaró ayer noche ante los fiscales defendido por Gabriel Garcías, letrado que ha asegurado hoy a los periodistas que su defendido saldrá libre esta tarde. La pieza secreta de Ibatur que ahora se investiga trata una serie de contrataciones irregulares que habrían conllevado desvío de dinero público por parte del Instituto Balear de Turismo (Ibatur) durante la legislatura 2007-2011 del PSOE, UM y el Bloc, cuando Nadal era conseller de Turismo.

La operación anticorrupción iniciada ayer y derivada del caso Ibatur se ha saldado por el momento con seis detenidos, que son los cuatro citados además de los periodistas Ángela Seguí y José María Castro, quienes quedaron en libertad ayer tras prestar declaración. Los investigadores se centran al menos en dos aspectos: por un lado contrataciones con sociedades relacionadas con el empresario de la comunicación Jacinto Farrús y, por otro, la adjudicación de los expositores de Ibatur en ferias turísticas.

Además
* Dejan en libertad a Almiñana

elmundo.es

"CASO GÜRTEL"; EL JUEZ PEDREIRA RECHAZA IMPUTAR AL EX EURODIPUTADO DEL PP GERARDO GALEOTE

Lo solicitaba la Fiscalía

Efe | Madrid

El instructor del caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, ha rechazado citar a declarar como imputado al exeurodiputado del PP Gerardo Galeote, como solicitaba la Fiscalía, al considerar que "no existen elementos que aconsejen su imputación".

En un auto dictado este miércoles, Pedreira deniega la petición del Ministerio Público, que en varias ocasiones ha solicitado la imputación de Gerardo Galeote, argumentando que, "de lo actuado hasta el momento, no parecen indicios racionales de actuación delictiva alguna".

Según el magistrado, en esas circunstancias su citación es tan "improcedente" e "innecesaria" como "perjudicial", porque "nada puede aclarar al no existir ninguna sospecha en su contra y "es indudable" que "le ocasionaría un perjuicio de muy difícil reparación".

El instructor insiste en que transcurridos casi tres años de investigaciones, y "cuando la instrucción está a punto de concluir", "no han aparecido elementos nuevos" que permitan imputar a Gerardo Galeote.

"En otras palabras -concluye el auto-, en estos momentos el procedimiento no se va a dirigir contra don Gerardo Galeote por no existir en su contra indicio alguno de conducta delictiva. En consecuencia, no procede su citación para declarar ni como imputado ni en ninguna otra condición".

La resolución de Pedreira no es firme y puede ser recurrida por la Fiscalía que, basándose en diversos informes policiales que obran en el sumario, había solicitado la imputación de Gerardo Galeote.

El hermano del ex eurodiputado, Ricardo Galeote -exconcejal del PP en Estepona-, así como su padre, José Galeote -exconcejal de este partido en la localidad madrileña de Boadilla del Monte-, sí están imputados en el caso Gürtel.

Según las investigaciones del juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, que fue el primer instructor de la causa, Gerardo Galeote pudo haber recibido de la trama liderada por Francisco Correa 652.310 euros -parte de ellos en especie, como un vehículo Land Rover- a cambio, supuestamente, de dar a sus empresas contratos para la organización de actos del Partido Popular Europeo (PPE).

Posteriormente, varios informes policiales remitidos al TSJM, cuando se hizo cargo de la investigación, apuntaban que las siglas GG, que aparecían en los documentos de la "contabilidad opaca" de la trama de corrupción, correspondían a Gerardo Galeote, algo que él negó en varias ocasiones.

La Agencia Tributaria también propuso el pasado mes de febrero a Pedreira que se investigarán algunas sociedades y cuentas vinculadas al exeurodiputado.

Sin embargo, el juez considera que de todo lo investigado no se ha acreditado la comisión de conductas delictivas por parte de Gerardo Galeote.

Pedreira ya excluyó al ex eurodiputado, al igual que a los ex parlamentarios del PP Luis Bárcenas y Jesús Merino, de la investigación por la adjudicación en 2002 de una variante en la localidad leonesa de Olleros de Alba a la empresa Teconsa.


elmundo.es

EL JUEZ IMPUTA A 11 PERSONAS EN LA TRAMA DE LA BASURA DE CALP

Fenoll, cabecilla de Brugal, y Morató, exalcalde del PP, principales encartados

Alicante

El titular del Juzgado número 1 de Dénia ha imputado a un total de 11 personas en la trama de la basura del Ayuntamiento de Calp. Esta causa es una pieza separada del sumario general del caso Brugal e indaga un supuesto cohecho por la contrata de la basura del municipio, adjudicada en 1998 al industrial Ángel Fenoll. En un auto firmado el pasado día 20 de junio, el magistrado ha ordenado levantar el secreto del sumario y ha citado a los imputados para los días 20 y 21 de septiembre.

Cuatro imputados más en el caso del favor a Ortiz en el PGOU de Alicante

Los principales encartados por el magistrado son el empresario Fenoll, considerado por la investigación como el cabecilla del caso Brugal, y Javier Morató, exalcalde de Calp, del PP, cuando se adjudicó la contrata y actual edil por la formación Alternativa Popular de Calpe.

La lista de imputados por el juez en esta causa se completa con los siguientes nombres: José Perles, Fernando Penella y Juan Roselló, los tres exconcejales del PP; Juan Artacho, empresario y cuñado del exedil Roselló; María Teresa Molines, propietaria de la finca donde se ubica la planta de basura; Francisco Antonio Perles Crespo, marido de la anterior y encargado de la firma Acciona encargada del servicio de limpieza del municipio; Antonio Ángel Fenoll, hijo del empresario Fenoll; José Luis Faubel y Juan Cervantes Panella, ingeniero de caminos e ingeniero técnico del Ayuntamiento, respectivamente.

En su auto, el magistrado no detalla los supuestos delitos que imputa a cada uno de los encartados. No obstante, según fuentes del caso, el sumario se abrió por los delitos de cohecho, tráfico de influencias y prevaricación.

El Ayuntamiento de Calp, bajo la presidencia del popular Javier Morató, adjudicó en 1998 la contrata de la basura del municipio a la firma Colsur, SL, propiedad del industrial Ángel Fenoll. Era una de las primeras contratas que ganaba el polémico empresario fuera de la comarca de La Vega Baja, donde monopoliza este negocio. La primera irregularidad detectada en el contrato fue que el adjudicatario no dispuso de un vertedero autorizado hasta un año después.

Más adelante, y raíz de las escuchas telefónicas efectuadas con autorización judicial en el marco de la investigación del caso Brugal, se destaparon otra serie de ilegalidades. Las más destacadas están relacionadas con la supuesta manipulación al alza del pesaje de los camiones de la basura. Estas falsas facturas eran luego endosadas a las arcas municipales. La policía y la Fiscalía Anticorrupción sostienen que Fenoll entregaba "grandes cantidades de dinero" a los políticos locales a cambio de consentir las irregularidades en la adjudicación y construcción de la planta y en el pesaje de la basura.

Por otro lado, el titular del Juzgado número 5 de Alicante ha imputado a otras cuatro personas por el supuesto favor al promotor Enrique Ortiz en el Plan General de Alicante. Los imputados son José Cortina y Daniel Gil, directivos de Bancaja y la CAM, respectivamente, y el empresario Bernardo Campos y el abogado Jorge Yacobi.

Nombres de una trama
- Ángel Fenoll. Adjudicatario de la contrata. También está imputado su hijo, Antonio Ángel.

- Javier Morató. Exalcalde del PP y actual edil independiente.

- Juan Roselló. Exconcejal del PP.

- Fernando Penella. Exconcejal del PP.

- José Perles. Exconcejal del PP.

- Juan Artacho. Empresario y cuñado de Roselló.

- María Teresa Molines. Dueña de la finca donde se ubica la planta de basura.

- Francisco Antonio Perles. Marido de la anterior y encargado de Acciona.

- José Luis Faubel. Ingeniero de caminos del Ayuntamiento de Calp.

- Juan Cervantes. Ingeniero técnico del Ayuntamiento de Calp.

EL JUEZ DE GÜRTEL AÑADE CARGOS CONTRA UN CABECILLA

T. CALLEJA - Madrid

El magistrado que instruye el caso Gürtel en Madrid, Antonio Pedreira, ha citado para el próximo 14 de julio en calidad de imputado al empresario José Luis Ulibarri, dueño de las empresas Begar y UFC. Le ha descubierto un nuevo delito: un fraude fiscal en relación con una operación que Ulibarri gestó con la trama Gürtel y en la que dejó de pagar al fisco 595.000 euros (unos 100 millones de las antiguas pesetas). Ulibarri es uno de los empresarios imputados por el juez Pedreira por haber hecho supuestos pagos ilegales al cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, a cambio de su mediación con administraciones públicas gobernadas por el PP para obtener un trato de favor en la adjudicación de contratas y desarrollos urbanísticos.

Aparte de este delito fiscal, Pedreira ya imputaba a Ulibarri falsedad y cohecho. El fraude fiscal detectado ahora por la Agencia Tributaria está relacionado con una operación que hizo la empresa de Ulibarri UFC en El Escorial con la firma Proyedicom SL, cuyos gestores eran Correa y su número dos en la Gürtel, Pablo Crespo. En esa operación se ocultó al fisco un total de 595.000 euros.

Ulibarri ya estaba imputado en Gürtel por una operación en Boadilla del Monte para construir sobre unas parcelas. Ofreció por ellas 35 millones de euros, un precio muy inferior al de mercado. Además, incumplió los plazos de ejecución para la construcción de viviendas sobre ellos.

Por otra parte, el empresario Fernando Martín ha aplazado su declaración como imputado inicialmente prevista para el jueves, por coincidir con la junta general de accionistas de Martinsa Fadesa, convocada con anterioridad a la citación. La petición ha sido aceptada por el juez.

elpaís.com