miércoles, 6 de mayo de 2009

LA POLICÍA REGISTRA LA CELDA DE FRANCISCO CORREA Y PABLO CRESPO


El registro se produce un día después de que el ex secretario de organización del PP en Galicia declarara ante el juez Pedreira

AGENCIAS / Madrid

Agentes de la Policía Judicial han registrado a primera hora de esta tarde la celda que comparten en la prisión de Soto del Real (Madrid) el presunto cabecilla de la trama de corrupción ligada a cargos del PP, Francisco Correa, y su número dos, Pablo Crespo, han informado fuentes penitenciarias.

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* Rajoy suspende a todos los implicados en Gürtel menos a Camps y Bárcenas

El registro de la celda, llevado a cabo bajo mandamiento judicial, se ha producido precisamente al día siguiente de que Crespo prestara declaración ante el juez instructor del caso Gürtel, Antonio Pedreira. El juez ha imputado a Crespo, ex secretario de organización del Partido Popular en Galicia, los delitos de cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capitales y falsedad.

Durante el registro de la celda, de apenas diez metros cuadrados, han estado presentes ambos reclusos, sus dos abogados, así como un agente judicial. Se desconoce qué documentación o efectos han podido intervenir los agentes de la Policía Nacional que han procedido a la inspección de la celda que ocupan ambos imputados en la trama de corrupción.

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón envío el pasado 12 de febrero a prisión a los tres cabecillas de la trama -Francisco Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez. Garzón acusó a Correa de liderar supuestamente un grupo organizado que creó un entramado de empresas para nutrirse de fondos públicos a través de sobornos a funcionarios y autoridades de administraciones vinculadas al PP de Madrid y Valencia.

ELPAÍS.COM

EL TSJM IMPUTA AL EX CONSEJERO LÓPEZ VIEJO POR EL "CASO GÜRTEL"



Granados defiende que la decisión del Comité de Garantías del PP de expulsarles del partido "lanza un mensaje" de "contundencia y rapidez"

EUROPA PRESS - Madrid

El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) Antonio Pedreira, que instruye la parte del caso Gürtel que implica a aforados madrileños, ha citado para mañana como imputado al ex consejero de Deportes del Gobierno regional y diputado del PP en la Asamblea autonómica Alberto López Viejo. Según ha informado el TSJM, Pedreira tomará también declaración mañana a Antoine Sánchez -primo del supuesto líder de la trama, Francisco Correa, y junto a éste y Pablo Crespo uno de los tres imputados encarcelados-, y al empresario Plácido Ramón Vázquez Diéguez.

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La imputación de López Viejo es la tercera de un diputado de la Asamblea madrileña tras las de Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco. Los tres fueron ayer suspendidos de militancia por decisión del Comité de Derechos y Garantías del PP nacional. Bosch y Vasco han acudido ya ante Pedreira, pero ambos se han negado a declarar hasta que se destape el secreto de sumario, por lo que es previsible que López Viejo haga lo mismo. El PP, no obstante, ha rechazado pedir a los tres que dejen sus actas de parlamentarios.

López Viejo trabajó durante 12 años montando los actos electorales del PP cuando el partido estuvo bajo la dirección de José María Aznar. Hombre de confianza de la presidenta regional, Esperanza Aguirre, organizó desde 2004 los actos institucionales de su Gobierno. López Viejo, todavía parlamentario madrileño, ha sido en el Ejecutivo de Aguirre viceconsejero de Presidencia y primer responsable de la Consejería de Deportes, cargo este último que dejó a principios de febrero y tras ser implicado en la red por el juez Baltasar Garzón. El magistrado atribuye a López Viejo haber cobrado de la trama 500.000 euros.

Unidad de criterio"

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha reconocido hoy que la suspensión cautelar de militancia de los tres diputados populares se ha tomado con "total unidad de criterio" entre la dirección de Madrid y la dirección nacional del partido. Durante su intervención en el III Foro Castilla-La Mancha, y preguntada al respecto, Cospedal ha explicado que antes de proceder a hacer lo que propuso el Comité de Derechos y Garantías del PP habló con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. "No tengo por qué ocultarlo, la decisión se ha tomado con total unidad de criterio entre el PP de Madrid y la dirección nacional del partido", ha insistido.

Preguntada por el proceso, la número dos del PP ha asegurado que ella no puede "poner en duda", sobre todo habiendo un procedimiento judicial abierto, "ni la presunción de inocencia ni la actuación de los tribunales". No obstante, ha apuntado: "Yo creo que en todo el planteamiento de este asunto que se hizo inicialmente desde el juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional había un claro afán e interés de persecución política, lo digo claramente". Según ha indicado, "se planteó como un asunto y una especie de trama generalzada de corrupción del PP, cosa que se sabe que no es así, porque aquí no estamos ante un Filesa, no me cansaré de repetirlo".

"Contundencia y rapidez"

El consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, ha aseverado hoy que la suspensión cautelar de militancia demuestra la "contundencia y rapidez" con la que actúa el PP. "Es una decisión que el partido ha tomado a nivel nacional y, por tanto, lo que tenemos que hacer es respetarla y poner de manifiesto la contundencia y rapidez con la que el PP está actuando en estos asuntos", ha afirmado Granados en la inauguración de unas obras de peatonalización en Boadilla del Monte tras recordar que "no hay absolutamente nadie condenado, por lo que hay que seguir manteniendo la presunción de inocencia de estas personas hasta el final".

Unas horas antes de la decisión del Comité de Garantías, el juez instructor del caso Gürtel, Antonio Pedreira, había impuesto una fianza de 955.000 euros en concepto de responsabilidad civil a Martín Vasco. Le imputa delitos de cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capitales y falsedad.

El PP solicita personarse como acusación particular ante el TSJM

El PP nacional ha presentado ante la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) un escrito de personación para formar parte de la investigación del caso Gürtel como acusación particular para poder acceder al contenido de las actuaciones, ha confirmado el TSJM.

El documento judicial se presentó al magistrado Antonio Pedreira hace unos días. No obstante, el instructor todavía no ha tomado una decisión al respecto. Según el TSJM, el PP de Madrid presentó inicialmente el escrito de personación, pero finalmente se ha interpuesto en nombre del Partido Popular nacional.

El primer partido de la oposición ya intentó personarse en la causa el pasado mes de febrero cuando se encontraba en el juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional dirigido por el juez Baltasar Garzón, quien el día 14 de ese mes denegó esta personación.

ELPAÍS.COM

FISCALÍA INCOARÁ DOS PROCESOS POR MALVERSACIÓN DE FONDOS Y PREVARICACIÓN



Caso del Consejo de la Juventud de Ceuta

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CEUTA. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía tiene previsto incoar en los próximos días sendos procedimientos judiciales contra la última Comisión Permanente del Consejo de la Juventud de Ceuta (CJCE) y contra las consejeras de Juventud y Sanidad, Kissy Chandiramani y Adela Nieto (ambas del PP y esta última candidata
a las elecciones europeas en el número 34 de la lista de su partido), por los delitos de presunta malversación de fondos y prevaricación, respectivamente, a raíz de la denuncia que hace dos semanas le hizo llegar el primer grupo de la oposición en la Asamblea local, UDCE-IU, tras detectarse un agujero económico superior a los 50.000 euros en la gestión del organismo.

Según informaron a Europa Press fuentes del caso, la intención del destacamento fiscal en la ciudad autónoma es dividir la causa en dos procedimientos distintos después de que UDCE-IU ratificase lo apuntado en su denuncia, donde señalaba que las "irregularidades" detectadas en la gestión económica del Consejo podían "traspasar el ámbito meramente administrativo y circunscribirse al penal".


El Consejo de la Juventud de Ceuta suspendió la Asamblea ordinaria que iba a celebrar el pasado mes de abril para sustituir a la que había sido su presidenta desde 2005, Mariam Mohamed, al detectar deudas en multitud de establecimientos privados, la Seguridad Social y Hacienda por un montante de más de 50.000 euros.


El organismo se nutría exclusivamente de fondos procedentes de la Administración local, con la que mantenía un convenio con la Consejería de Juventud que le reportó el año pasado 55.000 euros para sus gastos generales y el funcionamiento del 'Ciber-Espacio Joven' y otro con el departamento de Sanidad, del que en 2009 iba a recibir 75.886 euros, según la información a la que ha tenido acceso Europa Press, para mantener una línea de información sexual.


El Gobierno de Ceuta ha mantenido desde que se conocieron las deudas del Consejo que este es un "organismo autónomo" sin ninguna vinculación directa con la Administración. En un principio la Ciudad argumentó que las deudas con Hacienda y la Seguridad Social, que según la Ley General de Subvenciones impiden la concesión de cualquier subvención pública, no se contemplaban como impedimento para entregar ayudas en el Reglamento autonómico.

A juicio de UDCE-IU, sin embargo, el Gobierno local sería "responsable" de no pedir "la regularidad de pagos de este Consejo respecto de sus obligaciones fiscales y de los pagos a la Tesorería General de la Seguridad Social, cosa que exige la Ley y los convenios suscritos".

EUROPAPRESS.ES

PIDEN SIETE AÑOS DE CÁRCEL PARA EL NÚMERO DOS DE FABRA POR PERMITIR VERTIDOS TÓXICOS ILEGALES



Tras su etapa de alcalde, ahora es responsable de Medio Ambiente

MARCOS PARADINAS

Siete años de cárcel. Es lo que pide la Fiscalía de Castellón contra el número dos de Carlos Fabra por prevaricación medioambiental y delitos contra el medioambiente. Según el ministerio fiscal, Vicent Aparici, durante su etapa de alcalde de La Vall d’Uixó, no sólo autorizó un vertedero y los vertidos tóxicos, sino que además no actuó para evitarlo, aun siendo conocedor de la situación ilegal.

Para más inri, como el dicho que habla de la zorra que cuida el gallinero, Vicent Aparici es el responsable de Medio Ambiente de la Diputación de Castellón, además de vicepresidente segundo. Fabra ya ha asegurado que Aparici “goza” de toda su confianza y no adoptará medidas contra él.

Vertedero ilegal
La Fiscalía de Castellón ha solicitado siete años de cárcel para Vicent Aparici por presuntos delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente y por prevaricación medioambiental, según recoge El País. El número dos de Fabra habría cometido estos delitos entre 1998 y 2002, durante parte de su etapa de alcalde de La Vall d’Uixó, al autorizar la creación del vertedero y permitir el vertido de residuos tóxicos.

Prevaricación medioambiental
La prevaricación se debería a que Aparici "conocedor de las diversas ilicitudes por carecer de todo tipo de licencia, no inició ningún tipo de actividad sancionadora". La acusación también se extiende a los dos concejales de Urbanismo en la localidad entre 1995 y 2003, Alfonso López y Enrique Segarra, así como al empresario que por entonces se encargaba de la recogida y tratamiento de residuos.

Fabra se lava las manos
Fabra ya ha afirmado que su número dos “goza” de su confianza y ha adelantado que no piensa tomar medidas contra él "porque salvo para el PSOE y las izquierdas socialistas de pensamiento único, la presunción de inocencia que establece la Constitución prevalece sobre criterios más o menos mezquinos y que tienen intereses partidistas y políticos".

Responsable de Medio Ambiente
Paradojas de la vida, el encargado de Medio Ambiente de la Diputación que dirige el Excelentísimo (e imputadísimo) Carlos Fabra no es otro que Vicent Aparici, como muestra el organigrama de la página web.

Visita a otro vertedero
Esta labor fue la que le llevó el pasado 24 de abril, dos semanas antes de la acusación, a visitar el vertedero de Capí, donde se están realizando labores de mejora tras detectarse un foco de insalubridad en la zona de la Bassa de les Ortigues.


Peligros tóxicos
Según los informes periciales del ecotoxícólogo forense y el Instituto Nacional de Toxicología, los vertidos "contenían sustancias catalogadas como tóxicas y peligrosas" que en algunos casos, como el de los metales pesados, fueron vertidos directamente. Se trata en muchos casos de vertidos de cromo, boro y cloruros, que "excedían, con mucho, los parámetros permitidos como valores máximos". Estos materiales, en grandes cantidades, pueden llegar a afectar gravemente al estómago, los riñones o el hígado.

mparadinas@elplural.com

SPECIAL EVENTS SE "COLÓ" EN LA COPA

El consorcio de las regatas adjudicó contratos a la trama por 42.000 euros

Valencia

Las empresas de Francisco Correa, cabecilla de la trama corrupta vinculada al PP, también hicieron negocio con la Copa del América. Según confirmaron ayer fuentes del Consorcio Valencia 2007, el organismo creado por las tres administraciones -Generalitat, Ayuntamiento y Gobierno central- para organizar las regatas adjudicó dos contratos a Special Events en octubre de 2004 por un total de 42.020,24 euros. La firma de Correa logró por concurso público un contrato de servicios por 30.000 euros para la ceremonia de apertura de los actos 2 y 3 de la Copa del América, las primeras regatas previas a la gran final de 2007 que se celebraron entre el 5 y el 17 de octubre de 2004. El Consorcio no pudo precisar ayer qué servicios concretos ofreció Special Events por ese montante para un espectáculo de presentación de los equipos y sus barcos que incluyó fuegos artificiales en la dársena del puerto de Valencia. El segundo encargo a la empresa de la trama fue un contrato menor que no exige concurso por 12.020,24 euros para la colocación de gradas en la dársena donde se congregaron los invitados a la apertura de aquellas regatas, entre ellos, el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y el entonces ministro de Administraciones Públicas Jordi Sevilla.

El PP desvinculó a la red de los grandes eventos, salvo la Volvo Ocean

Fuentes del Consorcio subrayaron ayer que los contratos cumplieron estrictamente la legalidad y recordaron que las cuentas de la entidad se auditan anualmente. El organismo no llegó a contratar con la filial valenciana de la red, Orange Market, que se creó en 2003 y que logró contratos con la Generalitat por más de seis millones de euros de la mano de Álvaro Pérez, también imputado en el caso destapado por el juez Baltasar Garzón y por el que se investiga en el Tribunal Superior de Justicia a Camps y al secretario general de los populares valencianos, Ricardo Costa.El Consell ha intentado minimizar la relación de las empresas investigadas con organismos de la Generalitat y el PP valenciano, pero el goteo de informaciones sobre los contratos firmados en los últimos años no cesa. Tras estallar el escándalo el pasado febrero, el portavoz de Presidencia, Vicente Rambla, admitió la contratación por medio millón de euros de Orange Market para la fiesta inaugural de la vuelta al mundo de vela en Alicante, la Volvo Ocean Race, pero negó encargos en los otros grandes eventos que impulsa la Generalitat, como son la Copa del América o la Fórmula 1. El Consell también rechazó que Álvaro Pérez, El Bigotes, consiguiera algún contrato para organizar la visita del Papa a Valencia en junio de 2006, como sí indican datos del sumario del juez Baltasar Garzón y conversaciones grabadas a los implicados.

En las Cortes, ante las constantes exigencias de la oposición, Vicente Rambla concretó las adjudicaciones realizadas a Orange Market a través de la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Generalitat, como fue el caso de la ceremonia inaugural de la Volvo Ocean Race, y aseguró que no había más. En la lista no figuraban, entre otros acuerdos desvelados posteriormente, los contratos de la Copa del América, que fueron adjudicados a Special Events por el Consorcio en el que participa la Generalitat con el Ayuntamiento y el Gobierno.

Entre los numerosos encargos a Orange Market figura también el montaje de una carpa institucional de la Generalitat para una de las ediciones del Open de Tenis de la Comunidad Valenciana celebrado en el Club de Tenis Valencia, del que son socios asiduos el presidente Camps y el propio Rambla. La Generalitat es patrocinador del trofeo, y según publicó este pasado fin de semana Levante-EMV, endosó varias facturas relacionadas con el evento a la fundación pública La Luz de las Imágenes. El organismo creado para promocionar el patrimonio histórico habría pagado casi 40.000 euros en dos facturas a la empresa Orange Market. La fundación, siempre según la información publicada, abonó los recibos por la supuesta promoción de una exposición de paisajes sagrados en el torneo de tenis.

La vinculación de la empresa controlada por Álvaro Pérez con la Generalitat queda también de manifiesto en la participación de Orange Market en la organización de la visita que realizó Camps a Estados Unidos en 2005.

ELPAÍS.COM

LA BAJA DE LOS DIPUTADOS DE MADRID COMPROMETE LA POSICIÓN DE CAMPS

GÜRTEL | El PP suspende de militancia a López Viejo, Martín Vasco y Bosch

* Cospedal y Aguirre intervienen en la suspensión de estos aforados

Carmen Remírez de Ganuza | Madrid

La noticia de la imposición de una fianza de 955.000 € a Benjamín Martín Vasco ha sido determinante en la decisión del PP de suspender de militancia al diputado autonómico de Madrid y a sus dos compañeros, Alberto López Viejo y Alfonso Bosch.

Hasta el momento de conocerse dicha noticia, el Comité de Derechos y Garantías del partido se había reunido en la sede de Génova cumpliendo con un orden del día en el que no figuraba la posibilidad de suspensión de los citados imputados, dos de los cuales ya lo habían solicitado en su día por escrito y el tercero, Bosch, sólo lo había hecho de manera verbal.

Y es que antes que en el citado Comité, la fianza ha generado una alarma compartida por las dos direcciones nacional y regional del partido. En concreto, y según las fuentes consultadas, la secretaria general María Dolores de Cospedal y la presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, han tenido una influencia directa en la posterior decisión del Comité, que también ha sido previamente avalada por Mariano Rajoy.

En el entorno de Aguirre se insistía esta noche en que la presidenta sólo había rubricado la medida que le fue comunicada por Génova y se insistía en la presunción de inocencia de los imputados. Desde Génova, no obstante, se subrayaba el protagonismo de Aguirre en una decisión que, como reza la nota informativa, trata de "no perjudicar los intereses y la imagen del PP" pero que, según advertían, pone en una comprometida situación al más próximo de los posibles imputados en el 'caso Gürtel', Francisco Camps.

Hasta ahora, Cospedal ha sugerido que el presidente de la Generalitat no se vería afectado por una suspensión de militancia y ha repetido que "hay que estudiar caso por caso". En el partido, no obstante, persisten las dudas sobre la manera de administrar las presuntas responsabilidades políticas y no faltan, sobre todo en las filas parlamentarias, quienes piden un único criterio para Madrid, Valencia y el resto de los territorios.

Bajas anteriores

Las bajas de los tres diputados autonómicos no son las primeras decisiones en este sentido que adopta el PP desde que comenzara la investigación del 'caso Gürtel', ya que todos los cargos municipales imputados por Garzón mientras instruyó la investigación también fueron dados de baja.

Fueron los casos de los ex alcaldes de Arganda del Rey, Ginés López; Pozuelo, Jesús Sepúlveda; Majadahonda, Guillermo Ortega; o Boadilla del Monte, Arturo González Panero.

ELMUNDO.ES


Además

* Fianza de 955.000 € a Martín Vasco
* Gráfico: Quién es quién en la trama