lunes, 30 de mayo de 2011

"CASO GÜRTEL"; CAMPS AL JUEZ: "NUNCA PIDO FACTURA PARA QUE NADIE CREA QUE LUEGO LO CARGO AL PROTOCOLO"

Camps abandona el TSJ tras declarar ante el juez en mayo de 2009. | Vicent Bosch
Declaración del presidente por la causa de los trajes

* Juez: ¿Qué le debe este señor a usted?; Camps: 'La idea de un PP muy fuerte'
* Asegura que mantiene una 'relación de partido', no de amistad, con El Bigotes

Efe | Valencia

El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, declaró ante el instructor del caso Gürtel en el TSJCV que él paga sus compras con el dinero que le administra su esposa y que no pide factura, tampoco las que acreditarían que abonó las prendas de vestir que supuestamente le habría regalado la trama corrupta.

Así consta en la declaración de Camps ante el magistrado de la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) José Flors del 20 de mayo de 2009, que recoge íntegramente la edición digital de El País.

El también presidente del PP de la Comunidad Valenciana señala a Flors que mantiene una "relación de partido", no de amistad, con el responsable de Orange Market en Valencia, Álvaro Pérez "el Bigotes", desde 2002 por los "grandes actos" para esa formación que organizaba esta empresa relacionada con la trama Gürtel.

Camps afirma tener "alguna somera idea" de que Orange Market también organizó actos para la Generalitat -fue la adjudicataria del contrato del pabellón valenciano en Fitur de 2005 a 2009, entre otros- y defiende tener "muy clara" la división entre la Administración autonómica y el partido.

El grueso de la declaración gira en torno a las prendas de vestir que supuestamente habría recibido Camps como regalo por parte de la trama y que conforman la base de la conocida como "causa de los trajes" por la que el presidente está imputado por un posible delito de cohecho pasivo, al igual que su exvicepresidente Víctor Campos, su ex secretario general en el partido Ricardo Costa y el exjefe de gabinete de la Conselleria de Turismo Rafael Betoret.

Tanto Flors como la fiscal y la defensa sometieron a Camps a distintas preguntas sobre sus visitas a las tiendas madrileñas Milano y Forever Young, así como sobre si lo hizo solo o en compañía de Álvaro Pérez y la relación, tanto personal como telefónicamente, que mantuvo con el sastre José Tomás en esas tiendas y en una ocasión que acudió al hotel Ritz para asesorarle antes de una cena de gala.

El presidente, quien reconoce que fue por primera vez a Milano recomendado por "el Bigotes", señala que de la primera, en primavera de 2006, no se llevó nada porque ninguna prenda le venía bien.

Luego, Tomás le dijo telefónicamente: "Te voy a enviar cuatro trajes, a ver si alguno de estos te van bien; si te van bien, pues a la vuelta de vacaciones te pasas por aquí y vemos a ver si te quedas alguno de estos trajes. Y así fue, aparecieron en mi casa cuatro trajes", relata Camps.

Sin embargo, y tras comprobar con una costurera de confianza que esas prendas no le "encajaban", llamó nuevamente al sastre: "Estos trajes no me vienen. Y a la primera oportunidad que tuve de volver por Madrid, llevé los trajes y los dejé en Milano con su conocimiento".

Unos meses después visitó nuevamente a Tomás, que se acababa de cambiar a Forever Young, para, a principios de 2007, terminar comprando dos trajes, encargar dos más y llevarse unos zapatos "muy bonitos y a muy buen precio" pero "rayados" y una americana rebajada que tuvo que abonarla con dinero que le prestó el escolta; también reconoce que aceptó de Tomás un frac prestado para ir al Vaticano, que devolvió a su vuelta.

Sobre las facturas inexistentes de los citadas prendas responde: "Llevo muchos años no pidiendo ni ticket ni factura cuando he pagado por ahí para que nadie crea que yo luego eso lo cargo a protocolo", razón por la cual tampoco paga con tarjeta de crédito y siempre lo hace con el dinero que le administra su esposa.

"¿Qué más justificación que el propio traje que me llevo de la tienda de forma pacífica?", insiste ante la fiscal, ante quien también narra cómo llamó a los directores de varios medios de comunicación para informarles de que lo que se estaba empezando a conocer no era "verdad".

Tras escuchar las conversaciones telefónicas intervenidas por la Policía entre él, su esposa y "el Bigotes", Camps asegura que le da "muchísimas gracias" a éste no por haberle hecho ningún regalo, sino porque: "Me decía que yo había hecho muy grande el partido en la Comunidad y que yo sí que era un líder indiscutible del partido".

El president defiende también a su esposa por haber rechazado sendos regalos navideños de "el Bigotes" para ella y su hija, que le devolvieron en la farmacia que regenta aquella; niega que a él le haya tomado nadie medidas "nunca" y dice que "media España" tiene su número de móvil.

"CASO SCALA"; LA FISCALÍA SUBRAYA QUE LOS CONTRATOS SE SIMULARON PARA QUE CARDONA Y OTROS SE LUCRARAN

Corrupción en el CDEIB

Europa Press | Palma

La Fiscalía Anticorrupción subraya, en su escrito de acusación de 418 páginas que ha presentado en el marco del caso Scala, que "absolutamente" todos los expedientes de contratación tramitados durante la pasada legislatura del PP por el Consorcio de Desarrollo Económico de Baleares (CDEIB) fueron simulados a fin de que los fondos de esta empresa pública finalizasen en las cuentas del entonces conseller Josep Joan Cardona y otros acusados que se vieron beneficiados de esta presunta trama.

En un contundente escrito de calificación, al que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio Público afirma, en base al análisis de los 133 contratos impulsados por el Consorcio y de las numerosas facturas halladas sin justificación alguna que las ampare, que los expedientes de contratación fueron la pieza "fundamental" del "engranaje" ideado por los imputados para lucrarse y tienen su origen "en un acto ilegal y arbitrario" efectuado al margen de la Ley.

"No se trata de meras irregularidades, sino de infracciones evidentes, flagrantes y clamorosas que entran en plena contradicción con los mínimos esenciales de funcionamiento de la administración e incurriendo en una ilegalidad voluntaria", incide la acusación pública, que solicita para los 18 acusados de esta causa un total de 115 años y medio de prisión así como elevadas indemnizaciones. Las penas de cárcel más elevadas las piden para Cardona, ex conseller de Comercio, Industria y Energía (21 años) y el ex director general de Promoción Industrial, Kurt Viaene (20 años).

Tal y como asevera el escrito, en todos los expedientes de contratación es Cardona quien acuerda su inicio y quien resuelve la adjudicación a determinadas empresas, que habían sido creadas al efecto y que eran controladas por los principales acusados a través de presuntos testaferros. Un complejo entramado del que, de acuerdo a las investigaciones, se sirvieron para desviar más de siete millones de euros de las arcas públicas.

Y es que con su conducta, los imputados consiguieron que más de 3,7 millones de euros públicos fuesen desviados para su beneficio privado y que el CDEIB sufriera sobrecostes en sus contratos por otros 3,3 millones. Asimismo, obtuvieron el cobro de más de 1,2 millones de euros de las comisiones que los proveedores del CDEIB se vieron obligados a pagar por su contratación.

Cabe señalar que, además de Cardona y Viaene, la Fiscalía pide 10 años de prisión para el empresario Arnaldus Van Den Hurk; 8 y medio para el administrador de Mercantiles NTC Consultores, Francisco García; 7 para Ordinas y su mujer, Isabel Rosselló; 6 para el empresario y sobrino político de Matas, Felipe Ferré -quien junto a Ordinas ha colaborado con la justicia y ha confesado los hechos- y para el publicista Joan Rosselló; 5 para la ex secretaria de Ordinas, Daniela Francisca Beaumont, el empresario de Calvià Jaime Fernández Abad, el administrador de Camino Export Sergio Pereletegui y el empresario Pedro Veny.

Por otro lado, pide 4 años para el administrador de Taller Grafic, Jaime Gil; dos años para el empresario Miguel Mauri; uno y medio para el asesor jurídico que prestó trabajos para el CDEIB, Juan Enrique Riera, y Antonio Munar, y seis meses para los empresarios Manuel Carmelo y Antoni Vicens.

En concreto, sobre Cardona, principal imputado en esta compleja causa, pesan los presuntos delitos de asociación ilícita (por el que piden cuatro años de cárcel), malversación continuada en concurso con prevaricación, falsedad en documento mercantil y oficial, cohecho y fraude a la administración, mientras que la Fiscalía solicita el decomiso del tercio de los 1,2 millones que habría percibido en concepto de comisiones junto a Viaene y Ordinas, quienes se enfrentan a los mismos tipos penales.


elmundo.es