lunes, 27 de junio de 2011

LA FISCALÍA INVESTIGA LA COMPRA A DEDO DE MATERIALES DEL FALLIDO TRASVASE DEL SEGRE

La Generalitat adquirió tubos y motores por 22 millones sin concurso en 2008

Barcelona

La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha abierto una investigación por la compra irregular de materiales que la Agencia Catalana del Agua (ACA), dependiente del Gobierno catalán, realizó en 2008 para realizar el proyecto del fallido trasvase del Segre. Fuentes conocedoras de la investigación explicaron que la agencia adquirió a dedo kilómetros de tubos, bombas y motores que costaron 22 millones de euros que pagó con dinero que debía destinarse a otras partidas. La Intervención General de la Generalitat descubrió esa operación y remitió a la fiscalía y a la Sindicatura de Cuentas un informe sobre esas irregularidades el pasado mes de diciembre.

La Agencia Catalana del Agua pagó con fondos para otras partidas

La sindicatura ve "responsabilidades contables y penales" en la operación

La dura sequía que vivió Cataluña a comienzos de 2008, que encendió las alarmas en Barcelona y su área metropolitana, llevó al entonces consejero de Medio Ambiente y Vivienda, el ecosocialista Francesc Baltasar, a idear un trasvase para captar agua del Segre y llevarla a la capital catalana a través del Cadí. Antes de que el proyecto fuera aprobado, la ACA compró los materiales, que tuvieron un coste de 22 millones de euros. Pero el trasvase nunca se realizó. El Ministerio de Medio Ambiente, que entonces dirigía la socialista Cristina Narbona, se opuso al proyecto, por lo que entonces se optó por un ministravase del Ebro que tampoco llegó a ejecutarse, ya que en mayo llegaron las lluvias.

Sin embargo, los materiales ya estaban comprados. La ACA, según fuentes conocedoras de la investigación, no convocó ningún concurso a pesar de la elevada cantidad de dinero que suponía la compra. Estas fuentes sostienen que la agencia pidió a los contratistas que se hicieran con el material con la promesa de que ya convocarían un concurso más adelante. Pero nunca se produjo porque los dos proyectos de trasvase quedaron definitivamente aparcados. De hecho, todavía hoy más de la mitad de esos elementos, sobre todo tubos, siguen almacenados y sin poder ser usados.

Los contratistas, según esas fuentes, exigieron a la ACA el cobro de los 22 millones de euros, que el organismo cubrió con dinero de otras partidas. Un informe de la Sindicatura de Cuentas recoge que la Intervención General de la Generalitat descubrió esas irregularidades, que denunció en un informe de control fechado el 29 de noviembre de 2010.

El informe de los interventores del Ejecutivo catalán fue remitido el pasado 13 de diciembre a la Sindicatura de Cuentas, que a su vez lo envió al Tribunal de Cuentas el 27 de enero. A su vez, la Generalitat también lo llevó a la fiscalía el 23 de diciembre, pocos días antes del cambio de Gobierno. "Teniendo en cuenta la tipología de irregularidades que se ponen de manifiesto en este informe, si estas se confirmaran podrían dar lugar a responsabilidades contables y penales, si así lo estimaran los correspondientes órganos jurisdiccionales", advierte la sindicatura.

Fuentes cercanas a la investigación explicaron que esta sigue abierta. Un portavoz del Departamento de Territorio y Sostenibilidad, del que ahora depende la ACA, rechazó dar detalles sobre las indagaciones del fiscal, pero aseguró que la consejería que dirige Lluís Recoder está colaborando tanto con la fiscalía como con la sindicatura proporcionándoles la información que requieren y confió en que pronto se aclare todo.

elpaís.com

"CASO IBATUR"; EL JUEZ INTERROGA COMO IMPUTADO AL PUBLICISTA QUE CONFESÓ HABER PAGADO A ALÍA Y ALABERN

Este martes

Europa Press | Palma

El titular del Juzgado de Instrucción número 2, Juan Ignacio Lope Sola, interrogará este martes en calidad de imputado al propietario de la empresa Comunicación Creativa, Bartolomé Morey, quien confesó haber pagado comisiones a los ex gerentes del Instituto Balear de Turismo (Ibatur) Raimundo Alabern y a su antecesor en el cargo, Juan Carlos Alía, según han informado fuentes jurídicas.

Unas acusaciones a raíz de las cuales el magistrado decretó el 17 de julio de 2010 el ingreso en prisión sin fianza de Alía, quien salió de la cárcel tres meses después tras abonar la fianza de 150.000 euros que finalmente acordó el juez para el encausado, defendido por el letrado José Ignacio Herrero. En concreto, el publicista ha sido citado a declarar a partir de las 10.30 horas.

En concreto, Morey admitió tanto en dependencias de la Policía Nacional tras ser detenido como ante el juez que había abonado comisiones de hasta el 10 por ciento a Alía, y de entre el 2 y el 3 por ciento a Alabern, al aseverar que si no pagaba "no tendría trabajo". De hecho, llegó a manifestar que toda la contratación que obtuvo del Ibatur fue a raíz de realizar estos pagos irregulares.

Cabe recordar el juez levantó el secreto de esta causa tras más de año y medio de investigaciones en torno a una compleja trama de presunta corrupción por la que se habrían desviado millones de euros durante la última legislatura de Jaume Matas (PP). En sus distintas fases policiales fueron detenidas hasta un total de 18 personas, entre ellas Alabern y Alía, así como el ex secretario y ex asesor jurídico de la empresa pública, Miquel Àngel Bonet.

Varios de ellos se encuentran en libertad bajo fianza, como es el caso de Alabern -que depositó una caución de 350.000 euros-, el publicista Juan Velasco -100.000-, Bonet -250.000- y los empresarios Miquel Deyà -100.000- y Miquel Jaume -15.000 euros-. Se da la circunstancia de que a Alía le fue inicialmente impuesta una fianza de 30.000 euros, aunque a raíz de las confesiones de Morey el magistrado decretó su privación de libertad sin fianza.

El ex gerente abandonó además en 2004 su cargo en el Ibatur a raíz de los gastos cargados a la empresa en el club de alterne Rasputín durante un viaje promocional del Govern balear a Moscú, y fue sustituido por Alabern. Lope Sola se hizo cargo de las investigaciones tras la querella que interpuso la Fiscalía Anticorrupción. Cabe recordar que la operación se abrió con los registros llevados a cabo en el Pula Golf de Son Servera así como en Costa Nord, donde se ubica la Fundación Baleares Sostenible, empresa al frente de la cual la pasada legislatura del PP se encontraba Pau Collado -imputado dentro de la trama Gürtel por su gestión a través de la empresa Easy Concept-.

Mientras tanto, también agentes policiales allanaron la sede de la empresa Clave Comunicación en Palma, uno de los principales grupos de comunicación de las islas, así como dependencias relacionadas con esta compañía y ubicadas en Santa María y en Llucmajor.

Sin embargo, las investigaciones del caso se extienden a dos empresas de Madrid, Over Marketing -presuntamente relacionada con el caso Gürtel- y Match Golf -dedicada a la organización de espectáculos deportivos y adjudicataria del torneo de golf Mallorca Classic, llevado a cabo en pula golf-, que también fueron registradas.

Bajo sumario desde febrero de 2009
No obstante, el caso Ibatur ya se inició en febrero de 2009 con la primera detención de Bonet, quien no sólo reconoció entonces haber defraudado a las arcas públicas 20.000 euros mediante contratos irregulares entre 2006 y 2007 a una familiar nonagenaria, motivo por el cual fue arrestado, sino que confesó además haber hecho lo mismo en seis ocasiones más con otros tres o cuatro familiares haciéndolos pasar por proveedores y malversando hasta un total de 85.000 euros, la misma cantidad que le fue impuesta como caución para evitar su ingreso en prisión.

Mientras tanto, diversos oficios policiales incluidos en esta compleja causa reflejan que el Ibatur efectuó entre 2005 y 2007 un continuo fraccionamiento de contratos para que pudieran ser adjudicados de forma directa, una fórmula "habitual" de que se habrían visto favorecidas unas 70 empresas


elmundo.es

"CASO MALAYA"; LOS GANADEROS TESTAFERROS DE ROCA DECLARAN QUE SUS NEGOCIOS FUERON ILÍCITOS

Nueva sesión del juicio

* Manuel e Ignacio González Sánchez-Dalp son juzgados por blanqueo de capitales

José Carlos Villanueva | Málaga

Nunca sospecharon de la procedencia del dinero del principal acusado en el caso 'Malaya', Juan Antonio Roca, cuando hicieron negocios con él. Todo les pareció lícito. Así se puede resumir la declaración, este lunes, de los conocidos hermanos ganaderos Manuel e Ignacio González Sánchez-Dalp. Ambos están acusados de presunto blanqueo de capitales, como testaferros del ex responsable municipal urbanístico de Marbella.

Manuel González Sánchez-Dalp ha asegurado que "todo lo que se cobró me dijeron que era lícito", en alusión a la venta de la ganadería Toros de San Miguel al llamado "grupo de Roca". Fueron 70 millones de las antiguas pesetas, tal y como ha recordado en relación con el precio escriturado, si bien el fiscal sostiene que se vendió por 55.

La citada familia, cuyo patriarca fue el conocido matador de toros sevillano Manolo González, constituyó en 1997 la empresa Perinal S.L. Dos años después, Roca, a través de Inmuebles Urbano Vanda S.L., controlada por otros de sus testaferros también juzgados, se hizo con la empresa ganadera.

No obstante, Manuel e Ignacio González Sánchez-Dalp continuaron como administradores de Perinal, a pesar de haber vendido a Roca. Un indicio más para Anticorrupción sobre que ejercieron como hombres de paja para ocultar la figura del ex asesor urbanístico.

De hecho, Ignacio ha reconocido este lunes que percibía mensualmente 1.800 euros de Maras Asesores. Se trata de la empresa utilizada por el considerado cerebro de la trama para su contabilidad interna.

Los ganaderos justifican su presencia en Perinal, tras vender sus acciones, en que la Unión de Criadores del Toro de Lidia, les exigía, una vez creado el hierro nuevo de Toros de San Miguel, que esa nueva ganadería permaneciera dentro de la original, Toros de Manolo González, hasta transcurridos tres años de su creación.

Relación con Roca
EL MUNDO desveló el 21 de abril de 2003 el papel de los dos hermanos Sánchez-Dalp como testaferros de Roca en la sociedad Perinal. Este diario pudo conectarlos con el entonces gerente de Urbanismo, tras comprobar que en unas anotaciones manuscritas del principal acusado, incautadas en 2002 tras su detención por el caso 'Saqueo 1', aparecía el nombre de dicha empresa.

Una vez verificados los datos en el Registro Mercantil este periódico comprobó que Sergio Santana, informático y contable de Roca, figuraba como apoderado de Perinal en los órganos sociales de la misma, junto a los Sánchez-Dalp. Era el eslabón que unía al urdidor de más de 600 convenios urbanísticos de Marbella con la conocida familia ganadera.

Ignacio González Sánchez-Dalp, administrador solidario de Perinal, aseguró, al ser recabada su versión hace más de ocho años, que Inmuebles Urbanos Vanda era "propietaria de Perinal", al haber sido "absorbida" por ella.

Recalcó que la finca La Morisca, donde pastaban las reses bravas, también era de Perinal. Lo cierto es que se demostró que le pertenecía a Roca. Se trata del conocido cortijo situado en el municipio gaditano de Jimena de la Frontera.

Anticorrupción sostiene en su escrito de acusación que los dos hermanos ganaderos "permanecieron como administradores solidarios de la entidad, gestionándola por cuenta y beneficio de Roca, que quedaba oculto bajo el manto societario" de Perinal.

En el año 2000 las participaciones que Vanda tenía en la empresa ganadera Perinal se transmitieron a FNG Inversiones. A pesar de todo ello, los Sánchez-Dalp continuaron como administradores solidarios.

Sandra Bismarck
Este lunes también ha declarado la condesa alemana Sandra Bismarck, cuñada de la conocida musa de la jet marbellí Gunilla Von Bismarck. La citada aristócrata está acusada de blanqueo de capitales en relación con un convenio urbanístico, firmado con el Ayuntamiento de Marbella en 1997, que tuvo continuidad hasta 2002.

Sandra Bismarck se ha desvinculado de cualquier negociación, o trato, no solo con Roca, sino también con el ex alcalde Julián Muñoz. Ella figuraba al frente de la sociedad Pingüe, vendedora de 17.000 metros a la sociedad Invest Bardulia S.L., controlada por el ex asesor urbanístico.

Además
* Gráfico: Las claves del caso 

LA FISCALÍA INVESTIGA EL DESVÍO DE 3,6 MILLONES EN LA DELEGACIÓN DE EDUCACIÓN DE CÁDIZ

11 imputados y 18 empresas implicadas

* El dinero se destinaba a reformas en los colegios que nunca se acometieron
* El PP pide la comparecencia de Álvarez de la Chica en el Parlamento
* El principal denunciado es el ex gerente del ente público ISE
* En el fraude, investigado por la Agencia Tributaria, ha8 18 empresas implicadas

Ana María Fopiani | Cádiz

La Fiscalía de Cádiz ha denunciado a 11 personas, entre ellas un alto funcionario, por un presunto delito de malversación de fondos públicos, que deberían de haberse dedicado a obras de reforma en colegios de la provincia gaditana y que nunca llegaron a ejecutarse.

Una investigación de la Agencia Tributaria ha destapado la presunta trama en la que el principal implicado es el ex gerente del ente público de Infraestructuras y Servicios Educativos (ISE) Fernando Ameyugo Catalán, que podría ser responsable de la malversación de más de 3,6 millones de euros de las arcas públicas.

La fiscal jefe de Cádiz, Ángeles Ayuso, ha confirmado a ELMUNDO.es que "esta misma semana y la siguiente" comenzarán a prestar declaración los denunciados, además de atribuir todo el mérito a los efectivos de la Agencia Tributaria. Durante una inspección fiscal de distintas empresas de construcción, hasta 18 hay implicadas, los funcionarios comprobaron que las facturaciones no cuadraban y que, además, muchas de estas sociedades no contaban con la infraestructura necesaria para realizar los trabajos.

La propia Ayuso ha declarado que "era un poco insólito que algunas de estas empresas recibieran adjudicaciones para unas obras que no podían realizar, porque no tenían ni personal". Efectivamente, las obras, de reforma y reparación, nunca llegaron a realizarse en los centros educativos, aunque sí fueron abonadas por parte del ISE.

La denuncia de la Fiscalía recoge que todas las adjudicaciones fueron realizadas por el principal sospechoso entre los años 2006 y 2008, sin concurso previo, por lo que fueron otorgadas a dedo. La Agencia Tributaria reconoce que desde el propio ISE se justificó estas adjudicaciones por el carácter urgente de los trabajos en los centros educativos y la necesidad de realizarlos en un corto espacio de tiempo, antes del comienzo del curso escolar.

Sin embargo, los expertos fiscales consideran que la intención era saltarse los controles y contratar por debajo del presupuesto máximo que la Ley exige para sacar a concurso público estas contrataciones. El ex gerente dejó su cargo, tras ser destituido a mediados de 2010, fecha en la que ya estaba siendo investigado.

Junto a Fernando Ameyugo Catalán, ha sido también denunciado un matrimonio de la localidad gaditana de Rota, titulares de la empresa Contratas y Mantenimientos Pacheco SL. A esta firma, el ISE le habría adjudicado reparaciones de hasta 24 centros escolares de la provincia de Cádiz, pese a que sus responsables reconocen que no tienen personal para ejecutar estos trabajos, por lo que habrían tenido que subcontratar, lo que está prohibido por Ley en este tipo de contratos. Con esta irregularidad, la sociedad investigada habría eludido el pago de 969.590 por el Impuesto de Sociedades y 610.650 euros por cuotas del IVA.

La Fiscalía incluye en su denuncia a 18 empresas, que no han podido justificar los pagos que les fueron reembolsados, además de no haber realizado, en la mayoría de los casos, las obras por las que fueron contratadas. La Agencia Tributaria también recoge en su investigación que, "en muchos casos, se realizaron contrataciones de material excesivas para los trabajos a realizar".

En su informe, los efectivos fiscales recogen la valoración de una arquitecta de la Agencia Tributaria que inspeccionó los colegios en los que deberían de haberse realizado las reformas que fueron contratadas y pagadas. La técnica constató que en los años en los que se realizaron las adjudicaciones no se había llegado a ejecutar ni el 20 por ciento de los trabajos abonados.

El Juzgado de Instrucción número 2 de Cádiz instruye el caso, investigado por el fiscal de delitos económico, Juan Peña. En total son 11 los denunciados y 18 las sociedades bajo sospecha, la mayoría con sede social en las localidades de Rota y Sanlúcar de Barrameda. La investigación deberá aclarar dónde han ido a parar los 3.647.161,17 euros que salieron de los fondos públicos de la Consejería de Educación.
 
Reacciones
El presidente del Partido Popular (PP) de Cádiz, José Loaiza, ha calificado de "nuevo escándalo en la gestión socialista" la denuncia de la Fiscalía por una posible malversación de fondos públicos. Por ello, ha exigido a la Delegación Provincial de Educación "mayor transparencia y colaboración con la Fiscalía, así como una investigación interna, para aclarar este asunto".

Loaiza ha recordado que el PP ya ha pedido la comparecencia del consejero de Educación, Francisco Álvarez de la Chica, en el Parlamento andaluz para que informe del alcance de la investigación.

El también parlamentario andaluz ha incidido en las carencias que en materia educativa existen en la provincia y en "los numerosos compromisos adquiridos por la Junta de Andalucía en la mejora de los colegios gaditanos, pero que acumulan años de retrasos".


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