martes, 10 de abril de 2012

EL JUICIO DEL "CASO BITEL" QUEDA VISTO PARA SENTENCIA


Un momento del juicio esta mañana en Palma. | Pep Vicens
JUSTICIA | En Palma



Europa Press | Palma

El juicio que se ha celebrado en la Audiencia Provincial de Palma contra el exgerente de Baleares Informática Balear (Bitel) Damià Vidal y otros tres acusados ha quedado visto para sentencia, después de que las acusaciones y las defensas hayan expuesto sus conclusiones e informes finales. En su turno, el abogado de Vidal ha llegado a admitir la comisión de un presunto delito de apropiación indebida, por el que ha reclamado seis años de prisión como alternativa a la pena solicitada por la Fiscalía -12 años de cárcel-.

Junto al exgerente, para quien el Ministerio Público rebajó en dos años su petición de condena, también han sido juzgados el exsecretario de Bitel, Sebastián Romaguera, quien se ha conformado con la pena solicitada para él -una multa de 5.400 euros-; el ingeniero informático Iván Guardia -para quien la Fiscalía solicita un total de 20.680 euros de multa- y el exdirigente de las Nuevas Generaciones del PP, Ramón de la Iglesia -petición de 7.380 euros de multa-.

Mientras tanto, el fiscal Pedro Horrach retiró sus acusaciones contra el exjefe financiero de la empresa, Miquel Simonet, para quien inicialmente reclamaba dos años de privación de libertad. En su intervención, Horrach ha acusado a Vidal, en libertad bajo fianza de 200.000 euros, de haber ideado y planificado diversas actuaciones dirigidas a apoderarse de ingentes cantidades de los fondos públicos de los que tenía poder cuando estaba al frente de la entidad, aprovechando para ello la falta total y absoluta de controles administrativos y financieros.

Para ello, ha precisado, utilizó diversos mecanismos, entre ellos el uso de la tarjeta de crédito de la sociedad en beneficio privado y realizando transferencias desde la cuenta de Bitel a la suya propia. La Fiscalía y la acusación particular observan asimismo la recepción y el abono de facturas emitidas siempre por las mismas personas o entidades -De la Iglesia, Iván y Alexandre Guardia, Hélix Infocom y Auditoría Informática Balear-, que aparecen de forma reiterada en la contabilidad de la empresa pública en el marco de "una ausencia total y absoluta de documentos que soporten los conceptos facturados".

Así, en su escrito de calificación definitivo, formulado de forma conjunta con Bitel como acusación particular, asevera que "no estamos ante meras irregularidades sino ante infracciones evidentes, flagrantes y clamorosas", añade la Fiscalía, que llega a postular que "absolutamente todos los expedientes de contratación analizados son simulados" y con ello "sólo se pretende dar apariencia de legalidad a decisiones prevaricadoras".

El abogado de Vidal: 'Mi defendido no era funcionario'
Sin embargo, ante todas estas afirmaciones el letrado de Vidal, Eduardo Valdivia, ha recriminado la "falta de rigor" de las acusaciones al defender que su patrocinado "no era funcionario público "a efectos penales" como también ha aseverado que Bitel "no participaba en el ejercicio de la función pública" ni su tesorería "formaba parte del caudal público".

En su intervención, el abogado ha lamentado que "se haya sometido a juicio desde el primer al último día en que Vidal estuvo al frente de Bitel" y además ningún perito "haya hablado del perjuicio ocasionado" en la empresa, a pesar de que "se le acusa de delitos de malversación y cohecho". "Así las cosas, deberá ser el tribunal el que verifique si hubo facturas duplicadas o pagos sin justificar, entrando en un mundo que no le compete", ha subrayado.

Asimismo, Valdivia ha criticado que durante el juicio las acusaciones hayan introducido hechos nuevos, "alterando las garantías procesales y afectando al derecho de defensa". "¿Qué criterios han seguido para incluir unas facturas y otras no?", se ha preguntado al respecto.

Vidal admite un presunto delito de apropiación indebida
El abogado ha solicitado por tanto la libre absolución del exgerente de Vitel, si bien ha pedido como alternativa la condena de su defendido a seis meses de cárcel por un supuesto delito de apropiación indebida en el caso de cuatro facturas contra Hélix "que, lo admitimos, no corresponden a trabajo real alguno". Junto a ello ha reclamado que se apliquen las atenuantes de enajenación mental y reparación del daño producido.

Se da la circunstancia de que Vidal fue perito de la defensa en el primer sumario del caso Bitel, que indagaba si desde la Secretaría de Matas en su primer mandato fue espiado el correo electrónico del entonces presidente de la Comisión Insular de Urbanismo, el socialista Francesc Quetglas.

Este es uno de los primeros juicios que tienen lugar por las presuntas irregularidades cometidas al frente de diversos organismos públicos durante el último mandato de Jaume Matas, quien por su parte está siendo investigado en el marco del caso Palma Arena y se encuentra en libertad bajo fianza de 2,5 millones de euros, una de las más altas impuestas a un político en España.

"CASO MALAYA"; LA UDYCO CORROBORA QUE LAS INICIALES HALLADAS SE CORRESPONDÍAN CON NOMBRES DE CONCEJALES

Los archivos Maras
Se trata de los sobornos de Juan Antonio Roca a ex ediles de Marbella

José Carlos Villanueva | Málaga

"Si tenemos las iniciales I.C. y arriba pone Real Madrid está claro que se trata de Iker Casillas". Con este sorprendente ejemplo, unido al de "S.R. es Sergio Ramos", ha ilustrado el inspector de la Udyco Juan Antonio Rando la vinculación entre las siglas de los famosos archivos de Maras -incautados a Juan Antonio Roca- con la identidad de ex concejales del Ayuntamiento de Marbella. Más de una docena fueron supuestamente sobornados por el considerado cerebro de la trama de corrupción. Se trata de la fase testifical del cuarto y último bloque del juicio por el llamado caso 'Malaya'.

Rando ha comparecido junto a su compañero de grupo, el inspector Marcos Romarís, a preguntas del fiscal. Los dos mandos policiales estuvieron al frente de las pesquisas del caso desde noviembre de 2005 hasta comienzos de 2007, cuando decidieron abandonar, tras recibir numerosas presiones por parte de determinados superiores para que les facilitaran información. El entonces juez instructor, Miguel Ángel Torres, les había ordenado que sólo respondieran ante él y 'blindaran' la investigación.

En el marco de su relato ambos inspectores han recordado haber visto que "muchas iniciales se correspondían con las iniciales de miembros de la junta local de gobierno", en alusión a los integrantes del tripatito que presidió Marisol Yagüe entre agosto de 2003 y marzo de 2006.

"Era como tener las iniciales de los jugadores del Real Madrid" en un documento en el que aparecía el nombre del conjunto blanco, ha insistido Rando. De hecho, ya el propio fiscal, Juan Carlos López Caballero, declaró antes del juicio que para la Policía había sido "una ganga" encontrarse toda la contabilidad interna de Juan Antonio Roca. Se trata de la principal prueba de cargo.

Obviamente, salvo por el testimonio de Roca, que reconoce haber pagado personalmente sobornos a M.Y. (Marisol Yagüe); I.G.M. (Isabel García Marcos) y C.F.(Carlos Fernández) sobre el resto de iniciales vinculadas con la identidad de ediles sólo existen indicios para relacionarlas entre sí.

Roca sólo admitió haber entregado personalmente sobres a Yagüe, García Marcos y Fernández "para que ellos los repartieran entre sus grupos", por lo que se desentendió de más entregas a ediles, salvo en el caso del ex gilista Rafael González, quien reconoció haber recibido entregas de ex asesor urbanístico a modo de préstamos para la hipoteca de su casa, al tener el sueldo embargado.

"Los repartos no eran equitativos y quienes más recibían era los tenientes de alcalde", ha precisado Rando. El propio Roca ya corroboró distintas cifras atribuidas precisamente a la ex alcaldesa Yagüe y los tenientes de alcalde García Marcos y Fernández.

Rando y Romarís también han precisado que, a veces, la palabra "conce" (supuesto diminutivo de concejal) aparecía junto a las iniciales de ediles, por lo que también les sirvió de indicio.

Los investigadores de la Udyco pudieron conectar entre sí diversos pagos a ediles que se correspondían con aportaciones de empresarios favorecidos con resoluciones urbanísticas.

"Veíamos cuestiones extrañas que repudiaban a la lógica, como era el hecho de que aprovechamientos urbanísticos de la Milla de Oro de Marbella se permutaban por vertederos", ha recordado Rando. Precisamente, el ejemplo que ha puesto el policía guarda relación con hechos delictivos que se imputan al ex alcalde Julián Muñoz.

El Tribunal de Cuentas ya emitió numerosos informes en los que insistía en que el ex regidor gilista causó un gran perjuicio patrimonial a las arcas municipales. El modus operandi consistía en enajenar suelo municipales siempre a precios muy inferiores a los de mercado.

Los investigadores de la Udyco también han dejado claro que nos les consta "ningún documento que acredite los asesoramientos a empresarios", a modo de intermediación, que Roca esgrime en su defensa para justificar cantidades cobradas. Para Anticorrupción se trata de sobornos como el de los más de 3 millones de euros que el constructor Fidel San Román confesó durante el juicio haber pagado al ex gerente de Urbanismo de Marbella. El objetivo era obtener a cambio licencias de apertura para sus promociones.

En el marco de los sobornos investigados, Rando, a preguntas del fiscal, ha interpretado como "una dádiva" entregada por Roca a Yagüe los 9.700 euros que sirvieron para que la ex alcaldesa abonara los servicios del conocido cirujano plástico Javier de Benito. Fue tras someterse a una intervención en la clínica Teknon de Barcelona. Dichos fondos provenían a su vez de un soborno entregado por la inmobiliaria Aifos al ex asesor municipal, a cambio de favores urbanísticos.

Además

"CASO GÜRTEL"; UN INFORME POLICIAL APUNTA A QUE GÜRTEL TUVO EL PLIEGO DE FITUR 2005 ANTES DE CONVOCARSE EL CONCURSO

Orange Market fue finalmente la adjudicataria
Se enmarca en el caso sobre la supuesta financiación irregular del PPCV
El documento de la UDEF fue remitido al juez Ceres el pasado 28 de marzo
La Policía sostiene que 'El Príncipe' es el presidente del grupo Cyes

Europa Press | Valencia

Un nuevo informe elaborado por la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) desvela que la red Gürtel recibió el pliego de condiciones técnicas de Fitur 2005 antes de que la Generalitat valenciana convocase el correspondiente concurso. De esta manera, Orange Market, que fue la adjudicataria final, pudo adecuarse a la oferta en base a los requisitos establecidos en dichos pliegos.

Así se desprende de este informe policial, con fecha de 28 de marzo de 2012, y que ha sido remitido al magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), José Ceres, encargado de instruir la causa de presunta financiación irregular del PPCV dentro del conocido como 'caso Gürtel'. En esta misma documentación la Policía sostiene que 'El Príncipe' es Felipe Almenar, presidente del grupo empresarial Cyes.

Respecto al concurso de la feria, el informe recoge que Rocío Perea, trabajadora desde el año 2004 de varias empresas del grupo de Francisco Correa, recibió un correo electrónico, en fecha 4 y 5 de noviembre de 2004, con documentación relacionada con el evento Fitur de 2005.

Entre la misma, se hallaba el pliego de condiciones técnicas de la feria que requirió la empresaria Isabel Jordán -e imputada en esta causa- y que le fue remitido por Down Town Consulting -entidad que luego se convirtió en Easy Concept S.L.-. De esta manera, la red obtuvo estas condiciones antes de que se convocase el concurso, "pudiendo de esta manera adecuar Orange Market su oferta en base a los requisitos establecidos en dichos pliegos", según consta en el informe.

Asimismo, consta que Rocío Perea recibió un total de 1.874,30 euros de la Caja 'B' del grupo entre los meses de febrero y abril de 2005, en forma de "gratificaciones" por su participación en la ejecución de los stands de Fitur 2005 o congresos valencianos.

Por otro lado, y respecto a la misma persona, el informe recoge que Perea se ocupó de transmitir la petición de asesoramiento para definir la fórmula de adjudicación de unos servicios por parte del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, siguiendo las instrucciones de Jordán.

Por estos datos, la Policía mantiene que Perea era "plenamente consciente" de la "fraudulenta" forma de trabajar de la organización, como se ha podido comprobar en los trabajos efectuados al Ayuntamiento de Boadilla del Monte, y cómo esta persona participaba de manera activa en dicha actividad junto con Isabel Jordán.

Nuevas 'dentificaciones'
Otro de los puntos del informe de la Udef es la identificación de distintas personas vinculadas a los hechos objeto de la investigación. Y en este sentido, desvela que "a partir de datos objetivos" se "infiere" que la persona designada como 'El Príncipe', que aportó la cantidad de 200.000 euros a la sociedad Orange Market S.L., es Felipe Almenar.

Asimismo, cita a Virginia Beltrán, trabajadora de Orange Market, quien participó en el proceso de elaboración y posterior modificación de diversas facturas emitidas por esta empresa, con destino a la sociedad Facsa, en el año 2007, así como en su ulterior envío al administrador único de esta entidad, tras su remisión previa a Pablo Crespo para su aprobación.

En concreto, en uno de los correos, Beltrán envió al administrador de Facsa cuatro facturas, y le pidió que le facilitara una dirección de correo ordinario para poder enviarle las originales.

El informe también hace referencia a Juan Enrique Sanz, administrador de la mercantil Juan Sanz S.L., que participó en el diseño del stand de la Comunidad para Fitur 2009, adjudicado a Orange Market, de la cual era proveedor.

La Policía señala que por parte de esta sociedad se elaboró, al menos, una factura a Orange Market con conceptos "ficticios" que no se ajustaban a la realidad del servicio inicialmente prestado, previa petición al respecto por parte de Cándido Herrero y que servían de cobertura a las facturas ficticias emitidas por Orange a nombre de la sociedad constructora Enrique Ortiz e Hijos.

Por otro lado, el informe también alude a Isaac Vidal, ex director de marketing de la Agencia Valenciana de Turismo (AVT), y expone que su nombre figura en un documento en el que se detalla un listado de personas destinatarias de regalos de Navidad. En este listado también figura Salvadora Ibars, ex directora general de Promoción Institucional de la Comunidad.

Agenda de Pablo Crespo
La Policía también examinó la agenda de Pablo Crespo y, tras ello, determina en su informe que existe una vinculación "directa" de la organización con responsables políticos y cargos públicos del PPCV, y que hubo correlación entre éstos y la obtención de negocio para la sociedad Orange Market.

En esta agenda se plantea la posición previsible en los órganos de gobierno de la Generalitat tras las elecciones autonómicas de 2007, indicando que Víctor Campos, Ricardo Costa y Vicente Rambla estarían en el mismo; y cuáles eran sus objetivos, que pasaban por implicar a los responsables políticos como a Costa en las operaciones, de tal forma que vieran que la consecución de trabajos para Orange Market era también un logro personal de él.

Asimismo, en esta agenda figuraba la intención de infundir tranquilidad sobre operaciones que realizaban en Valencia, entre ellas, la adjudicación de trabajos relacionados con la visita del Papa; y se indicaba que sus perspectivas de futuro pasaban por la obtención de muchos trabajos con el PPCV en forma de actos o acciones. También resaltaba el papel de 'Pedro García', ex director de Radiotelevisión Valenciana (RTVV), en las actividades de organización como persona que hablaba con los responsables políticos.

De esta agenda intervenida también se deduce que la organización relacionaba, por un lado, el conjunto de actos y acciones de comunicación desarrolladas para el PPCV y el coste de las mismas y, por otro, la fórmula de financiación de esos servicios definiendo la deuda viva existente en un momento determinado diferenciando entre 'Deuda Final RC', integrada por las cantidades pendientes de pago con origen en actos de partido y acciones de comunicación; y la 'Deuda VR', construida a partir de las acciones de comunicación de las campañas electorales.

Respecto a las siglas 'RC' y 'VR', la Policía señala que la organización de Correa las utilizaba para hacer alusión a la persona encargada del pago de la deuda generada con motivo del montaje de los actos y campañas de comunicación para la formación del PPCV. Identifica las primeras siglas con Ricardo Costa, y las segundas con Vicente Rambla.

Otro apartado del informe se dedica a aportar información registral de la sociedad Down Town Consulting S.L., que en la actualidad se corresponde con la denominada Easy Concept Comunicación S.L. De la misma fue administradora única Isabel Jordán entre marzo de 2005 y octubre de 2007.

Además