viernes, 29 de enero de 2010

LA JUEZA DEL "CASO POLOP" ABRIRÁ OTRO SUMARIO CON LA TRAMA URBANÍSTICA

La segunda causa investigará tráfico de influencias y blanqueo de capitales

ARTUR BALAGUER - Benidorm

La investigación judicial por el asesinato del alcalde de Polop, Alejandro Ponsoda, del PP, acabará en dos sumarios. El primero, para investigar estrictamente el crimen, por el que ya hay siete encarcelados, entre ellos, el sucesor de Ponsoda en el cargo, Juan Cano, considerado como el autor intelectual del complot para controlar sin oposición el urbanismo del municipio. Y el segundo indagará la trama urbanística surgida en el pueblo y amparada por Cano, en su calidad de responsable del área de urbanística del consistorio.

La magistrada del caso, la titular del juzgado número 2 de La Vila Joiosa, ha decidido deducir testimonio de las actuaciones practicadas para remitirlas a otro juzgado con el fin de iniciar otro procedimiento judicial para depurar responsabilidades de las numerosas irregularidades urbanísticas detectadas por la Guardia Civil. Así que la juez María Antonia Raedo llevará todo lo relacionado con el crimen y otro juzgado de La Vila, la investigación urbanística.

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ya solicitó a la juez el 3 de julio de 2008 que ampliara el procedimiento a la investigación de los delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y negociaciones prohibidas a funcionarios.

Para esclarecer que el móvil fue urbanístico, la investigación de la policía se centró en la actividad que desarrolló la concejalía que dirigía Juan Cano y en los sectores especialmente conflictivos. De todo ello se deriva la sospecha de que hubo un enriquecimiento ilícito del arquitecto técnico José Vicente Martí, íntimamente relacionado con Cano hasta el punto de que cuando dejó de ser concejal en 2003, Martí y otro técnico del consistorio continuaron reuniéndose con Cano en su domicilio.

Martí creó en 2002, estando en el Ayuntamiento, la empresa Urbanismo e Ingeniería (UEI) La Marina, con la que obligaron a trabajar a todos los agentes con intereses urbanísticos, ya que la misma aprobación de los proyectos dependía de sus informes. Sólo a los del sector llamado PRI Rotonda les llegaron a cobrar 82.576,92 euros.Las diligencias policiales sobre la trama urbanística que dirigía el ex alcalde de Polop Juan Cano y por la que éste acabó ordenando a dos sicarios la ejecución de su antecesor, Alejandro Ponsoda, copan el grueso del sumario. Las diligencias del caso, miles y miles de folios, ocupan ya un total de 30 tomos.

La documentación más destacada en el apartado urbanístico recae sobre dos sectores de suelo catalogado como no urbanizable en el llamado PAU Matet, en la falda de la montaña del término de Polop. En el registro del despacho de Cano en el consistorio que efectuó la Guardia Civil el día de su detención, el pasado 23 de noviembre, apareció un plano con el avance de la modificación del PGOU de Polop para la inclusión de un nuevo sector de suelo urbanizable residencial y un procedimiento de tramitación del sector para su ampliación.

El grupo Bahía de Benidorm compró 650.000 metros cuadrados en 2005 por 3.247.000 euros. Grupo Bahía, SL, y la familia Siscar de Polop presentaron un proyecto (en este caso de alrededor de 300.000 metros cuadrados) para urbanizar en Matet, que el pleno del consistorio rechazó, a pesar de las presiones que soportó Ponsoda. Ya en 2003, Román Zurutuza, abogado y presidente del Club Náutico de Altea, había presentado un convenio para urbanizar otros 700.000 metros cuadrados.

La Guardia Civil estuvo esperando una reunión que se produjo el 21 de julio de 2008 en el Ayuntamiento en la que habrían estado Cano y Montiel por el consistorio, Pedro Agulló en representación de Bahía y el propio Román Zurutuza. Algunas conversaciones grabadas a Cano dejan al descubierto que estaban buscando fórmulas para eludir la intervención de la Generalitat, ya que en Polop no se puede reclasificar terreno si no está desarrollado el 60% del suelo urbanizable existente. Y cuando empezaron a tramar esta operación para construir miles de viviendas, en 2003, ni siquiera se había urbanizado un 10% de los sectores.

Otro sector investigado en profundidad fue el que se adjudicó en agosto de 2004 a una Agrupación de Interés Urbanístico que animó a crear Ponsoda y que presentó su alternativa técnica contra Balcón de Ponoig, SL, la empresa a la que pretendía adjudicarle la condición de agente urbanizador Juan Cano, que luego ha retrasado la publicación del proyecto de reparcelación que presentaron los propietarios. Es más, le dijo a la presidenta de los propietarios que nunca se aprobaría. Sin embargo, la agrupación alquiló para sus reuniones un local propiedad de la mujer de Cano por el que pagaron casi 12.000 euros entre 2005, 2006 y 2007.

La justificación dada por la responsable fue que con ese gesto intentaron limar asperezas con Cano, que aunque durante esos años no era concejal, mantenía su capacidad de influencia política en el pueblo.

elpaís.com

EL TRIBUNAL DE CUENTAS PERSIGUE A MILLET

Abierta una nueva causa para exigir al saqueador del Palau el dinero malversado

P. RÍOS / LL. PELLICER - Barcelona

Se estrecha el acoso al saqueador confeso Fèlix Millet. El Tribunal de Cuentas ha abierto diligencias preliminares para esclarecer el destino de los fondos públicos que supuestamente malversaron el presidente del Palau de la Música, y su mano derecha, Jordi Montull.

La decisión fue comunicada ayer a la fiscalía, a la Abogacía del Estado, al Ayuntamiento de Barcelona, a la Generalitat y al Consorcio del Palau de la Música, que ahora tienen un plazo de cinco días para solicitar que se nombre un delegado instructor o para reclamar el archivo del caso.

Representantes de esas instituciones anunciaron ayer mismo que optarán por la primera alternativa para facilitar que este organismo fiscalizador acabe reclamando a Millet y Montull la devolución de todo el dinero público supuestamente malversado y que se cuantifica en 3,8 millones de euros. Existen precedentes de decisiones de este tipo, como ocurrió con el que fuera presidente de la Confederación de Empresarios del Baix Llobregat, Paz Dorado, o con los ex directivos de Ferrocarrils de la Generalitat, que se asignaron suculentas indemnizaciones si eran relevados de sus cargos. Estas decisiones del Tribunal de Cuentas, además, son independientes del proceso judicial y los afectados tienen la obligación de devolver el dinero público malversado si se les exige.

En el caso de Millet y Montull se da la circunstancia de que el juez del caso, Juli Solaz, ha rechazado hasta ahora imputarles por el delito de malversación de fondos públicos, pese a la petición que les ha planteado el abogado del Orfeó Català y de la Fundación y que cuenta con el apoyo del fiscal y de los abogados del consorcio.

La decisión del Tribunal de Cuentas de actuar contra Millet se produce después de recibir el informe de fiscalización del ejercicio que le envió la Sindicatura de Cuentas de Cataluña sobre el Palau de la Música y que fue elaborado a partir de los datos remitidos por la Intervención de la Generalitat.

Esos documentos revelan que el Consorcio del Palau, en el que están representados el Ayuntamiento de Barcelona, el Ministerio de Cultura y la Generalitat, pagó al Orfeó Català 1,7 millones de euros que no están registrados ni justificados. Existen también otros 224.052 euros que sí se ingresaron, pero tienen defectos de justificación y se constata una partida de 750.154 euros por obras y suministros realizados en el Palau, pero que, en realidad, se realizaron en los domicilios de los acusados o de sus familias. De esta cifra, 172.000 euros se incluyeron para justificar dos créditos del Instituto Catalán de Finanzas. También se recuerda, entre otras irregularidades, que se gastaron otros 623.00 euros con fondos del Ministerio de Cultura, que Millet cobró retribuciones incompatibles con su sueldo. Por ello, el Tribunal concluye: "existe un riesgo de revocación parcial de la subvención recibida y exigencia del reintegro".Las investigaciones del caso Palau apuntan desde ayer a otro actor más, Enric Fernández Ferrer, que entre 2002 y 2005 formó parte del equipo de la Intervención General de la Generalitat que auditaba las cuentas del consorcio del Palau de la Música y que, además, es la pareja sentimental de la imputada Gemma Montull. Ayer el Gobierno catalán decidió apartar a Fernández de sus funciones actuales de interventor del Instituto Catalán de Salud tras hallar facturas que indican que varias obras del domicilio que comparte con Montull se sufragaron con dinero de la Fundación Orfeó Català.

Según informó el Departamento de Economía y Finanzas, la auditoría que sigue elaborando Deloitte halló varias facturas de unas obras en la casa de Montull y Fernández en Teià (Maresme) que se sufragaron con fondos del Palau. Según la Generalitat, la pareja desvió 97.000 euros. Fuentes del Ejecutivo catalán aseguraron que las facturas eran recientes, por lo que el presunto delito no se produjo en la etapa en la que participó en la auditoría de cuentas del consorcio.

Fernández aseguró ayer a este diario que desconocía la existencia de estas facturas y agregó que no tenía nada que decir al respecto. "Pregúntele por las facturas al señor Montull", remachó. Fernández tampoco quiso aclarar si sigue manteniendo su relación con Gemma Montull, puesto que consideró que eso corresponde a su vida privada.

La Generalitat ya había abierto a Fernández un expediente reservado por sus vinculaciones afectivas con la ex directora financiera e imputada del caso Millet y para comprobar que había actuado con "total profesionalidad" mientras ejerció de auditor. Sin embargo, hasta ahora el Gobierno catalán no disponía de ninguna prueba que señalara a Fernández.

Fuentes de Economía y Finanzas explicaron que el departamento ampliará ahora el expediente con estos hechos para ver si de ellos se derivan "nuevas responsabilidades" que requieran "otras medidas administrativas". Entre éstas, podría estar la suspensión de empleo y sueldo. El Ejecutivo también remitió esas facturas a la fiscalía.

Desde que trascendió la relación entre Fernández y Montull, el Departamento de Economía y la actual administración del Palau han mantenido la discreción por considerar que, en principio, nada tenía que ver con las prácticas que están siendo todavía indagadas. De hecho, Fernández se había remitido hasta ahora al juez, reclamando que se le involucrara en el caso.

De las novedades que vayan surgiendo, pero también de todo lo sucedido hasta hora, darán cuenta los gestores del Palau a los socios de la Asociación Orfeó Català el próximo 26 de febrero, para cuando se ha convocado la asamblea general de la entidad. En ella, explicaron fuentes del Palau, se tratará todo lo ocurrido desde el mes de julio, cuando los Mossos intervinieron el Palau de la Música, hasta hoy.

La junta directiva, presidida por Mariona Carulla, ha acordado poner sus cargos a disposición de la asamblea para legitimar los órganos de gobierno de una institución que aún no ha podido terminar la auditoría para conocer el alcance del saqueo.

elpaís.com

EL SUPREMO NO ADMITE LA QUERELLA DEL PP CONTRA CHAVES POR EL "CASO MATSA"

El Tribunal Supremo ha decidido no admitir la querella que presentó el PP contra Manuel Chaves, actual vicepresidente tercero del Gobierno, al que acusaba de prevaricación y tráfico de influencias por los incentivos que concedió la Junta de Andalucía, cuando él era presidente, a un proyecto de la empresa Matsa, de la que es representante legal una hija de Chaves. El alto tribunal entiende que los hechos referidos a Chaves no son delictivos, pero aún estudia los referidos a otras personas incluidas en la querella del PP. Según fuentes del Supremo, continúan las deliberaciones sobre los otros querellados.

El PP presentó en julio del pasado año la querella por los supuestos delitos de prevaricación y tráfico de influencias contra el político andaluz, por el incentivo de 10.093.472,70 euros que la Junta dio a la multinacional canadiense Matsa. El PP sostenía, en cuanto al delito de prevaricación, que Chaves no se abstuvo en el trámite de la subvención y presidió el Consejo de Gobierno de la Junta que la aprobó, "a pesar de conocer de modo indubitado que su hija (...) era nada menos que la responsable del departamento jurídico de la empresa favorecida". También asegura que el ex presidente andaluz sabía que la propuesta no se ajustaba a derecho y no concurrían los requisitos legales para acceder a "tan importante incentivo". Respecto al tráfico de influencias, la querella dice que Chaves intervino ante los órganos rectores de la Agencia IDEA, que otorgó la subvención, para que se librara.

Ataques del PP
El PP andaluz, especialmente Javier Arenas, había hecho un caballo de batalla de las supuestas irregularidades en la concesión del incentivo a la multinacional, que incluso presentó y retiró otra acción judicial en el que acusaba al que fuera presidente de la Junta de Andalucía de haber incumplido la ley de Incompatibilidades por no haberse abstenido en la tramitación.

Chaves ha tenido que responder durante el año pasado a las preguntas que le han planteado en el pleno del Congreso de los Diputados los dirigentes del PP. El vicepresidente ha defendido en todo momento la legalidad de la subvención, la transparencia con la que fue concedida, así como que en ningún caso tuvo conocimiento del trámite para solicitarlo en el que participaba su hija.

Manuel Chaves González
A FONDO

Nacimiento:
07-07-1945

Lugar:
Ceuta

elpaís.com

"CASO MAQUILLAJE"; REGISTRAN LA SEDE DE RADIOTELEVISIÓ DE MALLORCA

CORRUPCIÓN | Por orden judicial

La sede de Televisió de Mallorca esta tarde | Jordi Avellà

Europa Press | Palma

Agentes de la Policía Judicial han registrado este viernes las oficinas centrales de Radiotelevisió de Mallorca y se incautaron de numerosa documentación y material en el marco del caso Maquillaje, que investiga la presunta malversación de fondos públicos durante la pasada legislatura desde el Consell en forma de contratos directos y subvenciones irregulares a varias productoras audiovisuales.

Así lo han confirmado fuentes cercanas al caso, que explicaron que durante la operación, ordenada por el magistrado que instruye la causa, Juan Ignacio Lope Sola, los efectivos policiales registraron diversos ordenadores y material de archivo de la sede, ubicada en el Polígono Son Castelló de Palma, que fue incautado para que sea analizado de forma pormenorizada.

Durante el registro han estado presentes, asimismo, el ex director general de la radiotelevisión, Antoni Moragues, y el ex director de Televisió de Mallorca, Miquel Oliver, así como sus respectivos abogados.

Precisamente, ambos se encuentran imputados dentro del sumario, el primero de ellos por su vinculación con una de las empresas audiovisuales investigadas, Vídeo U, y el segundo por la actividad que llevó a cabo en el Consell durante las contrataciones y seguimientos de contratos también con Vídeo U y con otra productora, Studio Media.

Cabe recordar que la Operación Maquillaje, iniciada el pasado 21 de octubre con los registros llevados a cabo ese día en organismos oficiales como el Consell y en distintas empresas audiovisuales, fue abierta en el marco del caso Son Oms, que investiga si en el proceso de recalificación y urbanización del polígono palmesano se cometieron delitos de alcance millonario por tráfico de influencias, estafas y negociaciones prohibidas mediante el cobro de comisiones.

Además
* El fiscal calla ante el promotor de los 'chollos' de los Munar
* P&R: Las preguntas que Carrrau se 'olvida' en el tintero
* Opinión:Demasiado dinero en efectivo
* La Fiscalía no pide medidas cautelares para Miquel Munar

elmundo.es

"CASO PALMA ARENA"; MATAS SE SUMA A LA PETICIÓN DE NULIDAD DE LA INVESTIGACIÓN SOBRE SU PATRIMONIO

Recurso ante la Audiencia

* Su abogado se adhiere al argumento de que no tiene conexión con el Palma Arena
* Perera insiste en que el ex presidente del Govern 'desea declarar y colaborar'
* Matas y su mujer están citadon el próximo 23 de marzo como imputados

Esteban Urreiztieta | Eduardo Colom | Palma

El ex presidente del Govern, Jaume Matas, se adhiere al escrito presentado por una de las empresarias imputadas a raíz de la investigación judicial de su patrimonio en el que se solicita que se decrete la nulidad de la investigación. Rafael Perera, abogado de Matas en la causa, ha elevado un escrito al juez en el que, en nombre de su cliente, se suma al "incidente de nulidad" reclamado por Josefa Lorca el pasado 23 de diciembre.

Lorca, que vendió equipamiento para la millonaria reforma de la vivienda de Matas (el piso de la calle Sant Feliu coloquialmente conocido como el palacete), planteó que las pesquisas deben ser anuladas debido a una falta de conexión entre la investigación del patrimonio del ex presidente del PP con la causa que dio origen a estas pesquisas: la edificación del velódromo Palma Arena, judicializada por una presunta malversación de caudales públicos .

En su escrito, Perera manifiesta que "una vez planteado tal incidente por otro imputado, la representación procesal de Jaume Matas Palou debe expresar que, por asépticas razones de legalidad y por cuanto concretamente no se aprecia la ineludible conexidad –expresión usada por el juez– delictiva entre los hechos que motivaron la incoación del caso Palma Arena y la investigación patrimonial seguida respecto a Matas, debe ser estimada" la nulidad.

En otras palabras, que la investigación del velódromo, que es la que se inició en el Juzgado de Instrucción nº 3, no podía derivar en una investigación del patrimonio de Matas al no tener relación un caso con el otro. De ser estimada esta nulidad (deberá estudiarlo la Audiencia), podría suponer que se anulasen las pruebas practicadas.

En su escrito, Perera subraya en cualquier caso que Matas, que está citado para declarar como imputado el próximo 23 de marzo, tiene el "deseo de prestar declaración con el fin de aclarar las cuestiones que motivaron" la investigación, iniciada por la Fiscalía hace más de un año e incorporada al caso Palma Arena el 9 de septiembre por decisión del juez José Castro.

Asimismo, especifica que si no recurrió aquella decisión de conectar una causa a la otra en su día, fue "por razones de congruencia con esa postura de colaboración con la Justicia, concretada en esa voluntad de prestar declaración". Un recurso contra aquella decisión, agrega, "pudiera haber sido considerado incoherente y contradictorio con la postura de quien desea poder exponer cuanto antes su versión de los hechos". Ya sea "ante la Fiscalía o ante el Juzgado".

elmundo.es

"CASO FABRA"; UN CHÓFER DE FABRA ADMITE QUE TRANSPORTÓ SOBRES CERRADOS CON DINERO A BANCOS

Según el abogado de la acusación particular

* Cinco empleados de banca declaran en el Juzgado de Instrucción 1 de Nules
* Se le investiga por fraude fiscal y delitos contra la Administración Pública


Efe | Nules (Castellón)

Uno de los chóferes del presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, ha asegurado este viernes ante el juez que llevaba sobres cerrados con dinero a entidades bancarias "bastantes veces", según ha declarado el abogado de la acusación particular en la causa abierta contra el dirigente del PP, Virgilio Latorre.

El juicio que acoge el Juzgado de Instrucción número 1 de Nules ha contado también con el testimonio testifical de cinco empleados de banca de las entidades en las que el presidente provincial era titular supuestamente de cuentas bancarias.

Los cinco empleados han declarado desde las 10.15 hasta las 12.15 horas, aunque a su salida han declinado hacer declaraciones.

El empresario José Luis Ramírez Sala, gerente de una empresa de limpieza, ha declarado también como testigo y ha afirmado, tras su declaración, que el juez le ha preguntado sobre las contrataciones de la Diputación con su empresa y las adjudicaciones a la misma, y ha asegurado que "todo está en regla".

El empresario también ha manifestado que él, junto a varios socios, tenían proyectada una urbanización en La Coma que finalmente "se quedó el grupo Marina d'Or". En esa sociedad, ha reconocido Ramírez Sala, "participaba la ex mujer de Carlos Fabra como parte de esa sociedad", aunque "no el propio Carlos Fabra".

Declaran dos chóferes
Tras el empresario han declarado dos chóferes del también presidente provincial del PP en Castellón, que han declinado hacer declaraciones a su salida.

A las 13.15 horas, una vez finalizadas las declaraciones, el abogado de la UCE, personada en la causa como acusación particular, ha manifestado que uno de los chóferes ha reconocido que "iba al banco con sobres cerrados bastantes veces", sobres en los que transportaba dinero, pero de los cuales "desconocía la cantidad" que portaban.

La causa abierta en Nules se inició para investigar la supuesta falsificación de cuños, análisis químicos, sellos y firmas con el objetivo de obtener las autorizaciones necesarias para comercializar plaguicidas procedentes de una empresa asiática.
Varias investigaciones

Fabra está imputado por delito de tráfico de influencias, cohecho y negociaciones prohibidas y está siendo investigado por supuestos delitos contra la Administración Pública y fraude fiscal.

Hacienda denunció a Fabra por supuestas irregularidades en la declaración de la renta de 1999, una investigación que la jueza del número 1 de Nules sumó a la causa abierta en 2003 referente a una supuesta falsificación en documentos y permisos para productos los fitosanitarios.

La denuncia que originó estas diligencias fue presentada por el empresario Vicente Vilar ante el Ministerio de Agricultura, que la remitió a Fiscalía Anticorrupción y recayó sobre el citado juzgado, que imputó al empresario, a su ex esposa Montserrat Vives, a Fabra y a su cónyuge, Amparo Fernández.

En la denuncia se reveló una supuesta falsificación de sellos en los documentos de unos productos fitosanitarios con el fin de agilizar la aprobación de las licencias en los correspondientes ministerios, de Agricultura y de Sanidad.

elmundo.es

EL ALCALDE DE BAENA SE JACTA DE QUE RESISTIRÁ TRES AÑOS A LA INVESTIGACIÓN DE EL MUNDO

CÓRDOBA | Se propone para cargos de más responsabilidad

* El alcalde de Baena sigue sosteniendo que todo es fruto de una trama de IU
* El fiscal pide cárcel para dos funcionarios municipales colaboradores de él


Toñi Caravaca | Córdoba

El alcalde de Baena, el también senador socialista Luis Moreno, sigue culpando a Izquierda Unida de haber orquestado una trama política contra su persona «con la colaboración necesaria de la Guardia Civil», dado que el cabo ante el cual prestó la primera declaración el empresario que denunció la presunta red de facturas falsas en el municipio es hermano de una concejal de esta formación en el Consistorio baenense.

Moreno se mantiene en la existencia de la supuesta «trama» a pesar de que el fiscal solicita seis años de prisión para dos funcionarios municipales, Rafael Santano y Juan Díaz respectivamente, por un delito continuado de estafa, y otros seis más para Antonio Jesús Gómez, el propietario de una empresa de carpintería metálica que colaboró en la emisión de estas facturas, aunque con posterioridad lo denunció ante la Guardia Civil, por un delito continuado de falsificación de documento mercantil y oficial.

En respuesta a la portavoz de IU, Valle Meneses, que le solicitó este jueves en el pleno municipal una disculpa pública a su grupo por las acusaciones vertidas, insistió en reiteradas ocasiones en que la trama «existe y es absolutamente real. Y, además, es compatible con la futura sentencia, sea absolutoria o condenatoria».

Llamado a más altos cargos
En este sentido, lamentó que se le esté haciendo un juicio «sumarísimo» en la prensa cuando «este alcalde no ha sido ni citado a declarar, ni está imputado» porque «haya un grupo (IU) que está en conveniencia con este medio (EL MUNDO.es)«. Así Moreno aclaró que la causa «es grave pero no de la cuantía del Gürtel ni de otras operaciones en las que ha estado inmerso IU en alguna ocasión».

En cualquier caso, el alcalde aseguró que ya está «amortizado» como político por las veces que ha salido en EL MUNDO. De hecho, dijo que sus apariciones en este periódico podrían suponerle «un nombramiento a un nivel mucho más alto porque si soy capaz de resistir el envite de EL MUNDO durante tres años es que tengo una fortaleza que debe ser aprovechada por el Gobierno».

No obstante, éste dijo a IU que «su estrategia ha fracasado. No se inventen las cosas, no tergiversen y no ganen votos con la suciedad, enfangándolo todo». El alcalde de Baena, quien dijo creer en la Justicia, no obstante, emplazó a la ciudadanía a esperar a conocer la sentencia.

elmundo.es

"OPERACIÓN PONIENTE"; LIBERTAD BAJO FIANZA PARA TRES IMPUTADOS

ALMERÍA | Denegada a Enciso

Europa Press | Almería

La jueza que instruye las diligencias de la 'operación Poniente', Montserrat Peña, contra una presunta trama de corrupción municipal en El Ejido (Almería), ha decretado este viernes libertad bajo fianza de 90.000 euros para el hijo y los dos yernos de José Amate, uno de los empresarios encarcelados junto al alcalde, Juan Enciso, y el ex interventor municipal, José Alemán, a quienes se imputa la comisión de delitos de cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y falsedad.

La magistrada Peña ha dictado, asimismo, otro auto por el que deniega por segunda vez la concesión de la libertad provisional a Enciso, quien la habría solicitado para someterse a una intervención quirúrgica para la que, según informó el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en un comunicado, "se le facilitarán todos los medios necesarios para que sea trasladado y operado cuando precise". La juez ha resuelto mantener también la situación procesal del empresario Juan Antonio Galán, en prisión incondicional.

Alberto A., así como Álvaro P. y Manuel C. -maridos de las dos hijas del empresario sevillano, también imputadas junto a su madre en la causa- ingresaron en el centro penitenciario provincial de El Acebuche el pasado 22 de octubre. La investigación incoada en 2007 por la Fiscalía Anticorrupción y el sumario les señalan como testaferros en las sociedades que formaban el entramado en torno a la Empresa Mixta de Servicios Municipales SL (Elsur) de El Ejido, de la que fue director de explotaciones José Amate.

Los tres imputados por delitos de blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos y falsedad en documento mercantil, no pudieron eludir la prisión como sí hicieron tras el pago de sendas fianzas de 50.000 euros María Luisa A. e Irene A., quienes se negaron a responder en dependencias judiciales a las preguntas de la juez y el fiscal asistidas por el letrado sevillano Miguel Delgado Durán, al igual que Aurora A., quien quedó en libertad con cargos. Amate figura, en la actualidad, como responsable de las subcontratas Arborimar y Maviroad.

Cuatro encarcelados
La titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Almería ha acordado, asimismo, la libertad provisional a José Antonio Galán, administrador aunque ahora ha delegado en otros imputados, su hija Yolanda Galán y el empresario Ambrosio Cuevas, de las subcontratas Jardines del Alcor y Jardines de Poniente, cuyos 87 trabajadores permanecen en huelga desde hace una semana debido a que se les adeuda 224.000 en salarios.

El letrado del regidor ejidense, Francisco Torres, atribuyó la decisión a motivos políticos al señalar que "seguramente incomoda mucho que pueda salir y volver a ser alcalde o presidente de Elsur" y también a razones "mediáticas".

Mientras, la defensa de José Alemán, ejercida por el bufete Lealtadis Abogados, ha decidido no recurrir en apelación el auto ante la Audiencia Provincial, según confirmó el letrado Joaquín Monterreal, quien emplazó al próximo día 4, fecha en que se debe decidir sobre el secreto de sumario decretado sobre las actuaciones, para adoptar nuevas decisiones con respecto a su patrocinado.

elmundo.es

LOS DOS CHÓFERES DE FABRA ADMITEN HABER INGRESADO SOBRES CON DINERO

El juez que investiga un supuesto fraude fiscal del presidente de la Diputación de Castellón les toma declaración tras identificarlos empleados de banca

M. FABRA - Castellón

Los dos chóferes que trabajan para el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, han admitido hoy ante el juez haber sido portadores de sobres con dinero que ingresaban en las cuentas de su "jefe". Ambos han acudido al Juzgado de Instrucción número 1 de Nules para ser interrogados después de que hasta tres cajeros de dos entidades bancarias diferentes les identificaran como las personas que se encargaban de realizar estas operaciones. El juzgado investiga al también presidente del PP de Castellón por supuestos delitos contra la administración pública (tráfico de influencias, cohecho y prevaricación) así como por un presunto fraude fiscal.

Los chóferes han asegurado ante el juez que los sobres en los que portaban el dinero estaban cerrados. Aunque no han alcanzado a fijar la cantidad de veces que realizaron ingresos, han declarado que fueron "bastantes".

La Agencia Tributaria detectó, sólo en 1999, más de un centenar de ingresos cuyo origen Fabra no justificó. En muchos casos, no superaban los 3.000 euros, y, entre lo declarado y lo ingresado, se calculó un desfase de 600.000 euros de los que 300.000 eran atribuibles directamente a Fabra, que no aportó "ninguna justificación ni explicación mínimamente aceptable en cuanto al origen de los mismos".

Los inspectores de Hacienda requirieron al presidente de la Diputación hasta en 17 ocasiones con el fin de que aclarara sus cuentas. La única explicación que ofreció es que sacaba el dinero, lo guardaba unos días en su casa y, posteriormente, lo volvía ingresar.

Para los inspectores, este argumento carece de sentido, ya que algunas cuentas tenían descubiertos que podían haber sido saldados con ese dinero que, en teoría, guardaba en casa.

Noticias relacionadas
* Carlos Fabra lleva ya seis años bajo investigación judicial
* Hacienda denuncia al presidente del PP en Castellón por supuesto delito fiscal
* Carlos Fabra ingresó seis millones de euros sin justificar entre 1999 y 2004

Carlos Fabra Carreras
A FONDO

Nacimiento:
1946

Lugar:
Castellón

elpaís.com

MERCASEVILLA SEÑALA A PONCE COMO CEREBRO DEL "MAQUILLAJE" DE LAS CUENTAS

TRIBUNALES | Juicio por el despido del ex directivo de la empresa

F. J. Recio | Sevilla

El ex director adjunto de Mercasevilla, Daniel Ponce, imputado por el presunto intento de cobro de comisiones ilegales a los empresarios de La Raza, y el actual director gerente de la empresa, Jordi Maymó, se vieron el jueves las caras en el juzgado de lo Social número 10, donde se celebró el juicio por el despido del primero de ellos por parte del segundo el pasado septiembre. Ponce defendió su honestidad y la nulidad del despido. Maymó, a través de los abogados de Mercasevilla, disparó con bala.

La empresa pública señaló a Ponce, durante el juicio, como el cerebro de la manipulación de sus balances con el objetivo de ocultar los resultados negativos. La defensa letrada de Mercasevilla citó y leyó extractos de un correo electrónico que, según aseguró, envió Ponce en agosto de 2006 al ex director general de la empresa, Fernando Mellet –también imputado–, en la que le sugería algunas fórmulas para ‘maquillar’ las cuentas.

En ese escrito, que aún se guarda en el disco duro de Mercasevilla, se pueden leer expresiones como «estamos jugando con un presupuesto que no es real», «puede que no sea ético, pero es perfectamente legal» o, al referirse a un procedimiento que desaconseja, «me han dicho que eso canta mucho».

La letrada de Mercasevilla leyó algunas de estas frases en el juicio, pero el documento no tendrá peso alguno en la sentencia, según advirtió la titular del Juzgado de lo Social 10, por no constar entre las pruebas aportadas al juicio ni figurar alusión alguna al mismo en la carta por la que se le comunicó el despido a Ponce. Tampoco se le hará sitio entre las pruebas a la auditoría de Deloitte presentada al consejo de administración el pasado miércoles, en la que se desvelaba una deuda de 14 millones de euros.

Mercasevilla aún tenía más balas en la recámara. En dos ocasiones, la representante legal de la empresa en el juicio de ayer manifestó que entre las facturas aportadas por Ponce para justificar los gastos de un viaje a Vietnam en el año 2008 figuraban gastos de «bebidas alcohólicas» y de «masajes». No aportó cantidades ni otras circunstancias de esos gastos. Tampoco el abogado de Ponce hizo el intento de defender su idoneidad.

El ex director adjunto aseguró durante su interrogatorio haber entregado los justificantes de un viaje a Vietnam en el año 2007, que Mercasevilla asegura no están en sus archivos. Sobre los del viaje de 2008, Ponce insistió en que entregó las facturas y el dinero sobrante, y que nadie le pidió más explicaciones, hecho que confirmaron el jefe de Contabilidad y el actual director general, que declararon como testigos.

Además
* La Junta dice que 'no está en sus manos' salvar a Mercasevilla
* Auditoría revela que había pérdidas cuando se daban beneficios
* Entregan a la jueza la auditoría externa | Los 13 imputados

elmundo.es