lunes, 6 de abril de 2009

DIEZ ALCALDES SEVILLANOS SON INVESTIGADOS POR LA FISCALÍA POR DELITOS URBANÍSTICOS


MERCEDES BENÍTEZ. SEVILLA

La Fiscalía de Medio Ambiente de Sevilla tiene abiertas investigaciones al menos contra diez alcaldes de la provincia de Sevilla. La mayoría de ellos por delitos urbanísticos que, en todos los casos, tienen un denominador común según explican desde la propia Fiscalía: la falta de respeto a la legalidad.

Se trata de un puñado de primeros ediles (también hay un par de ellos que ya han dejado el sillón municipal) que han permitido que en sus municipios se construyera sin licencia y que anteponen sus propios criterios a los que estipula la norma urbanística. Estos son los que actualmente están siendo investigados.

Gerena. El alcalde de esta localidad, Jacinto Pereira, (PSOE) se enfrenta una investigación sobre destrucción de yacimientos arqueológicos para que se construyera una urbanización sobre el yacimiento. Además ese mismo alcalde también está siendo investigado por la Fiscalía por el derribo de un edificio catalogado para la construcción de una residencia de ancianos. Y se libró de otra denuncia porque ya había prescrito al haber pasado más de tres años que recaía sobre él por la construcción de una nave en suelo rústico.

Castilblanco de los Arroyos. En este caso se trata del ex alcalde, Manuel Ruiz (IU). Tiene un juicio inminente por haber permitido edificar centenares de construcciones ilegales en las Minas de Castilblanco. En este caso, según fuentes de la Fiscalía, «las toleró y las alentó durante varios años». Se enfrenta por tanto a un posible delito de prevaricación por omisión.

Morón de la Frontera. Su alcalde Manuel Morilla (PP) ha sido objeto de una querella por autorizar vertidos ilegales al cauce del río Guadaira. Se trata de un presunto delito contra el medio ambiente ya que durante años no ha evitado que los vertidos de derivados de la aceituna llegaran al río. Además, Morilla se alió con su antecesor, el ex alcalde del PSOE, José Párraga y ambos aprobaron un aparcamiento ilegal en suelo rústico.

Guillena. El alcalde socialista Justo Padilla tiene en el juzgado de instrucción número 18 de Sevilla un juicio pendiente con una acusación de prevaricación urbanística por permitir la edificación en suelo rústico sin hacer nada durante años. Se trata de una urbanización «Los lagos del Serrano». Pero el primer edil de Guillena también está siendo investigado por la Fiscalía por permitir el vertido al río de todas las aguas residuales de la población sin depurarse. Burguillos. José Juan López, alcalde socialista autorizó un edificio ilegal en suelo urbano. Era un edificio que tenía más altura de la permitida. El juicio tendrá lugar en el juzgado de lo penal número 12 de Sevilla en unos días. En este caso la Fiscalía pide varios meses de prisión y al menos ocho años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.

El Madroño. La alcaldesa, la socialista María Josefa Rubiano, también está siendo investigada por conceder licencias ilegales en suelo rústico. Al parecer se trataba de una vivienda unifamiliar a la que concedió la citada licencia en 2004 pese a que el arquitecto municipal informó de que estaba en suelo rústico.

Aguadulce. Otra mujer, la ya ex alcaldesa socialista Isabel Ortiz, a quién también se acusa de prevaricación urbanística por dar licencias contrarias a la legalidad. La licencia en cuestión se otorgó para la construcción de dos naves para engorde de pavos en suelo calificado como no urbanizable en el PGOU. Y ello pese a que los técnicos municipales habían informado contrariamente a esa licencia.

El Viso del Alcor. Manuel García Benítez, alcalde socialista y el concejal Antonio Salvat fueron denunciados por un delito urbanístico ya que realizaron una adjudicación en suelo rústico sin licencia.

Cazalla de la Sierra. Se trata del ex alcalde socialista, Angel Rodríguez de la Borbolla (hermano del ex presidente de la Junta), también denunciado por prevaricación urbanística. Falta el escrito de acusación y el caso se ha demorado por la avalancha de recursos.

Lora de Estepa El alcalde socialista Salvador Guerrero, también se tuvo que enfrentar a un juicio similar. Por haber tolerado la construcción de un edificio ilegal en suelo rústico llegaron a pedirle un año de cárcel aunque fue absuelto hace un par de meses.

Cinco fiscales dedicados a ello

En Sevilla hay cinco fiscales de la red de fiscales medioambientales dedicados a eso: a investigar los asuntos urbanísticos, contra el medio ambiente o el patrimonio. Su trabajo está surtiendo efecto dado que cada años son más los casos. El problema es que cada asunto tarda dos o tres años en resolverse por que a la lentitud de la justicia se suma que, cuanto toca en órganos de pueblo, los juzgados son aún mas lentos

ABCDESEVILLA.ES

Noticias relacionadas:

Los casos de han disparado en los cuatro últimos años

La mayoría son del PSOE pero también hay de IU yPP

EL ALCALDE REVELA QUE DECLARÓ A LA POLICÍA "TODO LO SABÍA" SOBRE EL CASO MERCASEVILLA


El alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín (PSOE), se pronunció hoy por primera vez sobre el presunto intento de cobro de comisiones a empresarios por parte de dos directivos de Mercasevilla, Fernando Mellet y Daniel Ponce, indicando que, como presidente de la institución, propuso a la Junta General de Accionistas, como entidad "competente", el cese de Mellet, ex director general y principal acusado.

En el transcurso de un Pleno extraordinario para la aprobación de los presupuestos de 2009, Monteseirín acusó al Grupo Popular -tras una primera intervención del edil del PP Gregorio Serrano- de "faltar a la verdad", desvelando que el pasado 25 de febrero declaró ante la Policía Judicialen relación a "todo lo que me había llegado respecto a unos comentarios ciertamente graves de directivos de Mercasevilla".

Tras tener constancia del caso, y como primera medida, el alcalde suspendió el Consejo de Administración de 6 de febrero "porque quería recabar toda la información".
Posteriormente, el 12 de febrero, añadió, "se me comunica desde la Junta que tienen la certeza de que esos comentarios se han realizado".

El Consejo de Administración que Monteseirín preside no aplicó el cese porque la entidad competente para ello es "quien lo nombra", en referencia a la Junta General de Accionistas, razón por la que el primer edil hispalense aseveró haber dado orden "ipso-facto" al vicesecretario y asesor jurídico para que el Consejo elevara una propuesta de cese a la Junta General.

No obstante, fuentes del PP municipal precisaron a Europa Press que, si bien el cese debe ser pedido en Junta General de Accionistas, ésta no hace sino "ratificar" un acuerdo del Consejo de Administración, ya se reúna con carácter ordinario o extraordinario.

"Hicimos lo que teníamos que hacer, en el momento en que la Junta me informa ceso a los dos directivos", defendió el regidor, que asimismo reivindicó que "no hay caso" sobre la gestión de Mercasevilla, sino referente a unas subvenciones otorgadas por la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía.

Monteseirín finalizó su intervención aludiendo a que el equipo de gobierno decidió no haber público el caso por "consideración" y "respeto" hacia otras instituciones.

Torrijos apela a la "prudencia"

Mientras la edil de Hacienda ratificó las palabras del alcalde de Sevilla y aseveró que el PSOE "ha puesto en conocimiento de la Justicia" los pormenores del caso, defendiendo que "actuamos como teníamos que hacerlo", el portavoz municipal de IU y vicepresidente de Mercasevilla, Antonio Rodrigo Torrijos, prefirió apelar a la "prudencia" por estar el caso en investigación judicial, criticando que el PP pida que se hable de este tema y "silencie" otros "como el caso Gürtel".

Por parte de los populares, y en su intervención inicial, Gregorio Serrano dijo que su formación se siente "desolada" por la forma de llevar el caso por parte del equipo de gobierno, cuestionando directamente al alcalde por "cómo puede pedir explicaciones sobre el particular al PP -cuando se aludió al cobro de comisiones por parte del grupo- si ya sabía que el caso estaba siendo investigado por la Fiscalía". A Torrijos le instó a "preocuparse un poco más por las circunstancias de la ciudad".

Cerró las alocuciones del PP su portavoz municipal, Juan Ignacio Zoido, que tildó de "muy graves" los hechos, así como que el gobierno lo supiera desde dos meses atrás. Así, instó a tener una "continuidad" en la acción e ir a la justicia para denunciar los hechos e indicó que "me ha extrañado que lo conociera y que sin embargo no se haya tomado ninguna medida drástica", aludiendo a que Mellet dimitiera y no fuera cesado, decisión que el equipo de gobierno explica en que entre la propuesta de cese del alcalde y la convocatoria del Consejo de Administración se produjo la dimisión, según expuso en una entrevista concedida a Europa Press el portavoz municipal del PSOE, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis.

ABCDESEVILLA.ES

DOS EX CONCEJALES DE BAENA DECLARARÁN POR PRIMERA VEZ COMO IMPUTADOS

Por delitos de prevaricación y ordenación del territorio

Europa Press | Córdoba

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción único de Baena ha citado a declarar mañana, por primera vez, en calidad de imputados y en el marco del caso de urbanismo por el que abrió diligencias previas en 2007, a otros dos ex concejales socialistas del Ayuntamiento baenense, con lo que son ya seis los imputados en este procedimiento.

En concreto, según informaron a Europa Press fuentes cercanas al caso, los nuevos imputados son Alberto Sánchez y Fernando Mora, que fueron tenientes de alcalde delegados de Urbanismo entre 1999 y 2003 y entre 2003 y 2007, respectivamente. En ambos casos están imputados en relación con la presunta comisión de los delitos de prevaricación y ordenación del territorio.

Sánchez y Mora deberán acudir al juzgado baenense mañana día 7 de abril, al igual que dos vigilantes de obras, aunque estos dos últimos están citados para prestar declaración en calidad de testigos.

En este caso ya estaban imputados el concejal del gobierno municipal del PSOE en Baena José Calvo, y otros dos ex concejales del mismo partido, Cristóbal Tarifa y Vicente Mejías, además de una funcionaria municipal, jefa de Negociado del Área de Urbanismo.

Todos ellos negaron ya ante el juez, con el apoyo de documentación, que hubiesen dado el visto bueno a la ejecución de obras sin licencia en al menos una docena de parcelas e inmuebles del pueblo entre 2002 y 2004, lo cual fue denunciado en 2007, entre otros, por el promotor y ex alcalde comunista de Baena, Carlos Arenas, que está imputado en otro procedimiento.

Se da la circunstancia de el Juzgado de Baena había dado ya traslado a las partes de las diligencias sobre las actuaciones habidas hasta el momento, por si consideraban oportuno solicitar la práctica de alguna nueva prueba testifical o pericial.

Ante ello, una de las defensas solicitó ya el sobreseimiento y archivo de las diligencias, pero el juez, a instancias del fiscal, determinó fijar la práctica de nuevas pruebas testificales y, en el caso de los dos ex tenientes de alcalde de Urbanismo, en calidad de imputados.

De este procedimiento ya se desgajó en 2007 el caso de las llamadas 'facturas falsas', habiendo abierto el juzgado el pasado febrero otra pieza separada, para investigar la posible comisión de un delito de tráfico de información privilegiada de carácter urbanístico, que el mismo juzgado decidió archivar la pasada semana.

ELMUNDO.ES

¿DAN UN PASO AL FRENTE QUIENES PIDEN LA DIMISIÓN DE BÁRCENAS Y GALEOTE?


El presidente popular de Castilla y León afirma que él "lo tendría muy claro" y dimitiría

Si estuviera en una situación "tan complicada" como lo están el tesorero del PP, Luis Bárcenas, y el eurodiputado Gerardo Galeote, ambos implicados en el caso Gürtel, él no tendría dudas y “dimitiría”. Lo ha afirmado el popular Juan Vicente Herrera, presidente de la Junta de Castilla y León, en una entrevista a la COPE.

Noticias relacionadas:
o Rajoy y su entorno siguen presionando a Bárcenas para que dimita
o “Si no le repudia pronto, pensaremos que estamos ante algo mucho más gordo”

El dirigente popular precisó que la suya es una opinión realizada a título individual. "Yo, personalmente, como Juan Vicente Herrera, lo tendría muy claro y, aunque asumiría mi línea de defensa, me sentiría mucho más libre liberando a mi organización de mis responsabilidades", afirmó.

"Se ha filtrado el sumario"
El presidente de Castilla y León defendió la posición del presidente de su partido, Mariano Rajoy, con quien coincidió en que la instrucción realizada por el juez Baltasar Garzón ha sido "calamitosa en cuanto al contenido y a las formas", ya que "interesadamente" se han ido filtrando contenidos del sumario. Insistió en que el caso debería pasar a manos de un tribunal "serio", y consideró que, para "dar más tranquilidad", este tipo de procesos deberían estar en manos de los tribunales superiores de Justicia de Madrid o de Valencia o, en su caso, del Supremo.

EL PLURAL.COM

LA CORRUPCIÓN DESBORDA LA COMUNITAT VALENCIANA


Veintidós alcaldes enfrentan causas judiciales por delitos urbanísticos, prevaricación o falsedad documental

CECILIA GUZMÁN

Veintidós alcaldes o ex alcaldes de la Comunitat Valenciana se enfrentan a acusaciones por delitos urbanísticos, prevaricación o falsedad en documento público, según denuncia el diario Levante, que detalla y argumenta cada uno de los casos.

Noticias relacionadas:
o Corrupción y elecciones
o ¿Qué es la corrupción?
o La burbuja de la corrupción

Dénia es posiblemente la ciudad valenciana con más políticos implicados en procesos judiciales en la actualidad, en total son 13 los imputados, 11 de ellos son concejales o ex concejales y 2, técnicos municipales. La ex alcaldesa Paqui Viciano (PSPV) enfrenta tres cargos, mientras que la actual, la popular Ana Kringe, tampoco escapa a la justicia con dos acusaciones, una de ellas por presunta prevaricación, tras haber ejercido durante un año el cargo de gerente del Patronato Provincial de Turismo, sin contar con la titulación necesaria.

Benitatxell
El ex alcalde de Benitatxell, Juan Cardona, que pertenecía a un grupo independiente con gran apoyo de residentes extranjeros, está imputado por un delito de cohecho. Cardona supuestamente pidió a un constructor 50.000 euros a cambio de que sus terrenos siguieran siendo urbanizables en el nuevo PGOU. La edil austriaca, que era primera teniente de alcalde cuando se produjeron los hechos, también está acusada. Ambos fueron detenidos el pasado mes de julio cuando trascendió el presunto chantaje.

Pego y Vall del Laguar
En Pego, está imputado el alcalde, el independiente Carmelo Ortolà, y todo su equipo de gobierno (Ciutadans per Pego, PSOE y Bloc) por prevaricación. Otro responsable de gobierno procesado y cuyo juicio se aplazó esta misma semana, al extraviarse una importante prueba, es el alcalde de Vall del Laguar, Juan José Puchol, del PSPV. Se le acusa de falsedad documental por presuntamente cambiar el trazado de un vial que pasaba por un terreno de su propiedad.

Calpe
El alcalde de Calpe, el popular Juan Roselló, quien también es diputado provincial, está acusado de contratar a una empresa de su cuñado, durante su etapa de consejero de la entidad Aguas de Calpe, con un sobrecoste de 1,1 millones de euros, según revela Levante.

Oropesa
El alcalde de Oropesa, el popular Rafael Albert, lleva a cuestas dos imputaciones por presuntos delitos de prevaricación. Una tiene que ver con el intento del PP de legalizar dos bloques de 600 apartamentos, conocidos como Edificios Mar, construidos sobre suelo no urbanizable. La otra acusación está relacionada con la posible aprobación de la venta de suelo público en Balcó del monte Renegà a un precio ridículamente menor que el establecido por el mercado (seis euros por metro cuadrado).

Moncofa
Otro de los alcaldes con causas abiertas en los juzgados de la Comunicat Valenciana es el de Moncofa, José Vicente Isach, del PSPV, al que se le atribuye un presunto delito de prevaricación por otorgar licencias de obras en el PAI Camí de Cabres, anulado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) por carecer de una publicación del proyecto en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).

Alcalà de Xivert
En Alcalà de Xivert, municipio del Baix Maestrat, están actualmente imputados el alcalde, el popular Francisco Juan Mars, también diputado provincial, y su concejala de Hacienda, Cristina Pinilla, en la investigación que se sigue en los juzgados de Vinaròs sobre el destino de un millón de euros que debían haberse invertido en patrimonio municipal de suelo.

Zarra
El alcalde de Zarra, Juan José Rubio, es uno de los casos más sonoros, según Levante, porque autorizó la construcción masiva de viviendas en terrenos rústicos. Rubio dio el visto bueno a licencias para casas con aperos agrícolas, donde finalmente se construyeron 73 chalés. Veinte de esas autorizaciones se otorgaron a la empresa de su hijo.

Otras ciudades
Alcaldes o ex alcaldes de otras ciudades valencianas, citadas por el diario Levante, también enfrentan causas judiciales. Entre estas localidades se encuentran: Xàbia, Burriana, Alzira, Cullera, Benimodo, Tous, Montserrat, Ribaroja, Olocau, A’Alcora y Sagunt Veintidós alcaldes enfrentan causas judiciales por delitos urbanísticos, prevaricación o falsedad documental

ELPLURAL.COM

AGAG "PRESUMÍA ENTRE SUS AMIGOS DE QUE IBA A PARTICIPAR EN UN NEGOCIO LLAMADO ORANGE MARKET"


Según El Mundo, Aznar y Arenas conocían los tejemanejes de la trama corrupta y “nada se hizo”

Alejandro Agag, empresario y yerno del ex presidente José María Aznar, “en 2000, un tanto ingenuamente, presumía entre sus amigos de que iba a participar en un negocio llamado Orange Market, que uno de sus interlocutores imaginó como una especie de mercado de futuros de cítricos a través de Internet”. Es lo que cuenta Casimiro García-Abadillo, vicedirector de El Mundo, en un artículo publicado hoy en este diario. A estas alturas, es sabido que Orange Market es una de las empresas de Francisco Correa, presunto cabecilla de la trama corrupta vinculada al PP, dirigida por Álvaro Pérez El Bigotes, otro de los principales imputados en el caso Gürtel; y aunque ahora nadie quiera reconocerlo y el mismo Agag pierda la memoria cuando se le pregunta por la cuestión, otro gallo cantaba hace algunos años cuando “Correa fue testigo de su boda y El Bigotes acudió al evento (que, por cierto, organizó él mismo) acompañado de una linda joven retratada por Interviú”.

Noticias relacionadas:
o Una historia que incluye a Agag y su alegre muchachada sin olvidar a Romero de Tejada, entre...
o Temor en el entorno de Aznar: sospechan que Agag y algún ex ministro podrían acabar declarando...
o Correa invitó al matrimonio Ana-Agag a su palco VIP del Master Series
o Se estrecha el cerco sobre Agag: hasta cinco de los caídos en la trama de corrupción estuvieron...
o Agag alega "amnesia" y "sordera" para no hablar de su relación con Correa
o Detienen al hombre al que Aznar confió la boda de su hija y Alejandro Agag
o Garzón acusa al tesorero del PP de cobrar 1,35 millones en sobornos y al eurodiputado Galeote...
o El eurodiputado Galeote abrió una cuenta para el PP en un paraíso fiscal

El número dos de El Mundo asegura que “en su día, estos hechos fueron puestos en conocimiento de Javier Arenas (cuando era secretario general) y del propio Aznar, cuando era casi como un Dios. Nada se hizo. Todo siguió igual”. Quizás ello explique el nerviosismo en el entorno de Agag, conocido como el abrepuertas, cuando se imputó a Correa, con quien se codeaba eventualmente.

Agag y Gordon
El vínculo más inmediato de Agag con la trama sería el también imputado Jacobo Gordon, su amigo, compañero de universidad en Cunef –el centro de los banqueros-, ex socio y también testigo de su boda. El nombre de Gordon asoma reiteradamente en el sumario judicial del juez Baltasar Garzón: se le vincula a una promoción inmobiliaria en Majadahonda y al tema valenciano. En las grabaciones que investiga el juez Correa destaca su cercanía con el ex presidente del Gobierno: “Jacobo, todo el verano con Aznar y no es capaz de pedirle que nos eche una mano para desbloquear la licencia”, sostiene en una de las conversaciones grabadas por la Policía.

Galeote, su fundación
El vicedirector de El Mundo, no obstante, centra su artículo en Gerardo Galeote, el eurodiputado presuntamente relacionado con la red corrupta de la que, además de 625.000 euros en comisiones, habría recibido tres coches de lujo. El periodista recuerda que en 2003, cuando Aznar decidió fusionar todas las fundaciones del PP en FAES –incluida la Fundación de Estudios Europeos que, además de estar dirigida por quien ha sido señalado por Garzón, recibía un diezmo mensual de los eurodiputados de su grupo guardado en un paraíso fiscal-, “ideó la creación de una nueva figura: la Asociación de Estudios Europeos, con los mismos fines y propósitos que la extinta fundación”.

…y las gabelillas
Según Casimiro, los eurodiputados callaron todos porque cobraban más del doble de lo que precibe un parlamentario en el Congreso de los Diputados. En este sentido destaca que las "gabelillas que se obtienen de la euroburocracia no son pocas. Además de los elevados ingresos, el Europarlamento paga los viajes en tarifa business a sus miembros. Si uno viaja con tarifa reducida, se embolsa la diferencia, que puede ser de hasta 1.000 euros por vuelo. Además, hay una asignación para gastos de prensa de unos 1.500 euros que casi nadie utiliza para los fines a los que está destinada la partida (…)”, una forma de actuar “reveladora” de alguien que llegó a presumir “de haber ganado ya más de 200 millones” como eurodiputado.

Explicaciones endebles
El eurodiputado, no obstante, “se equivocó al limitar en su comunicado del 1 de abril sus relaciones económicas con Correa a la contratación de viajes a través de Pasadena” porque el presunto cabecilla de la trama fue, además, “el encargado de organizar diversos actos para el eurogrupo del PP. Actos a los que acudía, naturalmente, Alejandro Agag”. A pesar de todo esto, para García-Abadillo esta trama no es Filesa porque “no aparece por ningún lado la financiación del partido. Ni siquiera la Policía (…) ha conseguido poner sobre la mesa de Garzón un solo dato que lleve a pensar que la organización con su retahíla de facturas falsas incluida, haya financiado actos o campañas del PP”.

Bárcenas
¿Qué pasa entonces con el tesorero del PP, Luis Bárcenas, que habría obtenido 1,3 millones de euros en comisiones y con quien la trama habría llegado al corazón de las finanzas popular? La respuesta del número dos de El Mundo es que “100.000 euros al año” no son "moco de pavo", pero no como "para pringarse en un asunto de corrupción". ¿Qué diferencia, entonces, a Bárcenas de Galeote? Habrá que esperar a una nueva entrega de El Mundo para saberlo.

EL PLURAL.COM

EL EX VICEPRESIDENTE DE CASTILLA Y LEÓN Y DIPUTADO POPULAR POR SEGOVIA, SALPICADO POR EL CASO GÜRTEL


Su mujer creó una sociedad fantasma junta a Luis Bárcenas

JOSÉ MARÍA GARRIDO

Ana Gutiérrez, la mujer del que fuera consejero de Fomento y vicepresidente de la Junta de Castilla y León desde 1991 hasta 1999, Jesús Merino Delgado, creó en abril de 2006 una sociedad fantasma junto a Luis Bárcenas, tesorero del Partido Popular al que el juez Baltasar Garzón acusa de haber recibido por parte de Francisco Correa 1.353.000 euros.

La sociedad en cuestión es Astrologo de Inversiones S.L., sociedad inmobiliaria sin actividad ni trabajadores que fue dada de baja el pasado 30 de marzo, fecha en la que Ana Isabel Gutiérrez Benito figuraba como administradora única de esta empresa que podría haber servido como tapadera para crear facturas falsas para justificar diferentes pagos.

También Sepúlveda
En Astrologo de Inversiones S.L. también participaba Jesús Sepúlveda, ex alcalde de la localidad madrileña de Pozuelo, ex marido de la número tres de Mariano Rajoy, Ana Mato, e imputado en el caso Gürtel.

Blanco Balín
Aunque el ex vicepresidente de la Junta de Castilla y León (y diputado por Segovia a día de hoy), ha asegurado a la Cadena Ser que su mujer y él tienen “separación de bienes”, nadie pasa por alto que las últimas investigaciones policiales sobre la trama sitúan a Bárcenas como intermediario en un contrato de la consejería de Fomento de Castilla y León a favor de Teconsa, empresa de la que el también imputado Blanco Balín era consejero.

Político con capacidad de influir
Incluso, en las últimas investigaciones de la trama se apunta a que la trama de Correa habría utilizado a algún político con capacidad de influir en esa consejería para amañar el contrato a favor de Teconsa. Muchos piensan que ese político no es otro que Jesús Merino Delgado.

jmgarrido@elplural.com