martes, 20 de abril de 2010

"OPERACIÓN BOMSAI"; LA JUEZA DICTA PRISIÓN PARA LLUIS RAMIS ELUDIBLE CON UNA FIANZA DE 50.000 EUROS

La magistrada le imputa el cobro de sobornos, malversación y prevaricación

El ex conseller insiste en la bondad de los expedientes de contratación de Caib Patrimoni

Lluís Ramis d´Ayreflor, junto a Llorenç Salvà, ayer en los juzgados. Foto: B. Ramón.

FELIPE ARMENDÁRIZ. PALMA. La jueza sustituta del juzgado de instrucción 1 de Palma, Margarita Bosch, decretó ayer prisión provisional eludible con una fianza de 50.000 euros para Lluís Ramis d´Ayreflor, conseller de Economía y Hacienda en el anterior Govern del PP, y al que imputa, dentro del caso Bomsai, los delitos de cobro de sobornos, malversación de caudales y prevaricación. Ramis d´Ayreflor rechazó haber cometido irregularidades en relación a los contratos otorgados por la empresa pública Caib Patrimoni, que promovió la construcción del nuevo parque central de Bomberos de Palma y la sede de la conselleria de Sanidad. El declarante insistió en la bondad de los expedientes para construir esos equipamientos.

La imputación de Lluís Ramis d´Ayreflor era algo esperado desde el estallido, el pasado martes, de la operación Bomsai. El ex conseller de Economía fue en la pasada legislatura el presidente de Caib Patrimoni y entre los principales imputados se halla su antiguo director general de Tributos, Jorge Sainz de Baranda, defendido por Josep Zaforteza.

Entregar el pasaporte
Ramis d´Ayreflor fue citado a declarar, en calidad de imputado, para las 11,30 de la mañana de ayer. El ex conseller salió del juzgado de instrucción 1 alrededor de las 15 horas, acompañado de su abogado Llorenç Salvà. La juez Margarita Bosch le dio de plazo hasta pasado mañana jueves para depositar la fianza. Ramis entregará su pasaporte en el juzgado, tendrá prohibido abandonar España sin autorización judicial y deberá presentarse los días 1 y 15.

Los fiscales anticorrupción Miguel Ángel Subirán y Pedro Horrach participaron en la declaración del imputado. El ex conseller del Govern de Jaume Matas fue interrogado acerca de quién, en Caib Patrimoni, tomó la decisión de contratar, vulnerando los protocolos habituales en la Administración pública y en 2006, al banco de negocios y consultoría internacional Atlas Capital Close Brothers.

"Atlas" cobró unos 600.000 euros del Govern por redactar el pliego de claúsulas y tutelar la ejecución de los dos concursos públicos para el cuartel de Bomberos y Sanidad. Los investigadores postulan que esas cláusulas resultaron extremadamente perjudiciales para los intereses públicos.

Jorge Sainz de Baranda, y el ex director general de Emergencias del Govern, Joan Pol, también encausado y consejero de Caib Patrimoni, aseguraron que no conocían a nadie de "Atlas" y que el conseller propuso a dicho banco de negocios. Ayer Ramis d´Ayreflor fue interrogado sobre sus contactos con "Atlas", a la que los adjudicatarios de los concursos tenían que pagar el 1,80% del presupuesto de ejecución oficial.

El imputado sostuvo que en 2005 alguien le facilitó un folleto sobre las actividades de "Atlas", un banco de negocios en cuyo consejo de administración están importantes personalidades españolas, según destacó el declarante.

Ramis d´Ayreflor asumió la responsabilidad de los contratos de Caib Patrimoni, aunque otras fuentes indicaron que el ex conseller echó muchos balones fuera. El nuevo imputado fue acusado de cohecho, pero, al parecer, ni los fiscales, ni la juez le hicieron preguntas sobre posibles sobornos.

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diariodemallorca.es

"CASO PALMA ARENA"; MATAS RECONOCE QUE SU MUJER PAGABA EN NEGRO CON DINERO NO DECLARADO

El ex presidente balear endosa a su esposa la gestión de su patrimonio opaco

ANDREU MANRESA - Palma de Mallorca -

Así lo ve Peridis

"...Y esos ingresos no declarados, efectivamente, provocan que mi mujer haga pagos no declarados también a proveedores y facturas, obteniendo buenísimas condiciones". Jaume Matas, en su declaración ante el juez del caso Palma Arena, José Castro, intentó explicar el origen de la masa de dinero negro que manejó su familia y señaló, reiteradamente, a su esposa, Maite Areal, como única gestora del patrimonio y de esos fondos opacos. "Porque yo, evidentemente, tenía que estar fuera de toda gestión patrimonial", reseñó.

El juez y la fiscalía desconocen el capital oculto de la familia

Para rechazar las sospechas de cobros de sobornos en las concesiones otorgadas o el disfrute de dádivas, Matas atribuyó la fuente de su dinero en B al cobro opaco, durante 15 años, de la mitad del alquiler de un comercio de Palma y de su posterior traspaso. La renta clandestina la amparó bajo un contrato que, según confesó, tiene "una cláusula totalmente ilegal". El ex político del PP se contestó: "Da igual".

En un monólogo judicial de más de siete minutos narró de manera prolija y con reiteraciones cómo heredó "un inmueble importante" de Palma -la sede del comercio familiar Eléctrica Matas, que liquidó-, del que es usufructuaria su madre y que al alquilarlo generó, según el ex presidente balear, el dinero negro: 100.000 euros del traspaso y 1.100 euros cada mes. "Es una cantidad no declarada. Yo creo que es la prueba más irrefutable, que hay muchas", arguyó en su defensa.Los inquilinos reconocieron ayer en el juzgado pagos no declarados a Hacienda. La esposa de Matas, con su hermano, el apoderado de Matas y ex gerente del PP, Fernando Areal, controló la operación. "Tanto mi madre como yo hemos autorizado desde el primer momento esta fórmula", dijo el ex ministro de Medio Ambiente, que reconoce que manejó 400.000 euros opacos.

La fiscalía indica que la desproporción entre los ingresos oficiales de los Matas y sus gastos "es notable". Ante el uso de "dinero en efectivo, opaco para la Agencia Tributaria", la fiscalía anota: "La conclusión se hace evidente: Jaume Matas utiliza para estos gastos dinero cuya procedencia es ilegal". El juez reseña una imputación de un delito por blanqueo de capitales y otro contra la Hacienda Pública, en el conjunto de supuestos delitos que pueden sumar una condena de hasta 24 años de cárcel.

El juez y la fiscalía señalan que se desconoce el volumen del capital sumergido que disfrutó o posee la familia Matas Areal y que el ex ministro de Aznar maquinó para "ocultar la verdadera procedencia de los fondos". Entre los casos se citan los 40.000 euros gastados en seis televisores de lujo Bang Olufsen para su piso palacete de Palma, en cuya reforma se gastó un millón. La esposa pagó más de 200.000 euros en líquido y sin factura para su mansión. Matas declaró al juez que su mujer obtuvo "buenísimas condiciones" de los contratistas de su obra aunque él no haya tenido "ningún contacto" con ellos."¡Nadie!", alzó la voz, "¡Nunca!", remachó, "puso ninguna pega a que se hiciera un pago en efectivo en metálico y sin factura". El abogado del ex presidente balear, Rafael Perera, lo ve como una "simple infracción tributaria" y considera que "nadie se horrorizaal pensar que en la vida diaria hay dinero negro".

El juez Castro sospecha que en EE UU o en otro país Matas "pueda guardar el grueso de los beneficios ilícitamente obtenidos", aspecto en el que se centra la actual línea de investigación.

* Prisión eludible con fianza por cohecho para un ex consejero de Economía de Baleares

elpaís.com

LA JUEZA CITA A MELLET Y PONCE PARA DECLARAR POR LA VENTA DE LOS TERRENOS DE MERCASEVILLA

TRIBUNALES | Tendrán que acudir el 19 de mayo

Europa Press | Sevilla

La juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya Rodríguez, tomará declaración como imputados el próximo día 19 de mayo a los ex directivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce, por la presunta venta irregular de los suelos del merca a una filial de Sando.

En un auto, fechado el pasado día 16 de abril y al que ha tenido acceso Europa Press, la juez instructora acuerda las declaraciones mientras deja sin efecto la declaración como testigo de Florencio Ramírez Castro, abogado del dueño de Larena 98, Antonio Pardal Reyes, que estaba prevista en un principio para el próximo día 5 de mayo y que queda pendiente de señalar.

De igual modo, la juez Alaya determina librar oficio a la Gerencia Municipal de Urbanismo para recordarle la remisión de lo interesado por oficio de fecha 15 de marzo respecto a las solicitudes de Larena 98 de licencia para la construcción de naves en los terrenos de Mercasevilla sobre los que ejercía el derecho de superficie, así como librar oficio también a Urbanismo para que remita el expediente "íntegro" de las obras de urbanización de los terrenos del merca relativo a las parcelas objeto del derecho de superficie.

Asimismo, y en otro auto fechado el día 15 de abril, la juez de Instrucción número 6 de Sevilla cita a declarar como testigo el próximo día 14 de mayo, a partir de las 12,30 horas, a la ex directora general de Formación para el Empleo, María José Lara González. Conviene recordar que esta declaración tuvo que suspenderse el pasado día 6 de abril debido a que no pudo ser localizada.

Además
* Rivas seguirá en el comité director del PSOE-A

elmundo.es

"CASO NEVADA"; LOS IMPUTADOS APUNTAN A LA JUNTA Y EMPLEADOS MUNICIPALES COMO RESPONSABLES

GRANADA | Primera sesión por el centro comercial de Armilla

El ex alcalde de Armilla, Morales Cara, a la derecha, entrando a la sala de vistas. | Jesús G. Hinchado

* El promotor Tomás Olivo declara que la Administración lo obligó a ampliarlo
* Desestimada por impertinente la pregunta sobre negociación para legalizarlo

José A. Cano | Granada

La primera sesión del juicio del ‘caso Nevada’ ha visto las declaraciones de los tres principales imputados y los únicos (de 11) que se enfrentan a penas de cárcel: el ex alcalde socialista de Armilla, José Antonio Morales Cara; el ex concejal de Urbanismo, Gabriel Cañavate, y el promotor Tomás Olivo, que también está imputado en el ‘caso Malaya’.

Los dos ex ediles –suspendidos de militancia del PSOE– y el constructor deben demostrar, por un lado, que no aprobaron el proyecto del centro comercial con conocimiento de las supuesta irregularidades que comportaba la obra, y, por otro, que estas irregularidades, además, no existen.

Ninguno de los acusados ha querido contestar a las acusaciones particulares –Partido Popular, Los Verdes, y Ecologistas en Acción y Arquitectura y Compromiso Social–, y la pregunta de si la promotora está en negociaciones con la Junta de Andalucía para ‘legalizar’ el centro –hecha por uno de los abogados defensores– ha sido considerada por el juez como «impertinente».

En el caso de los políticos se enfrentan a dos años de cárcel y más de 20 de inhabilitación por delitos de prevariación y contra la ordenación del territorio. Para Olivo, por un delito contra la ordenación del territorio y otro de desobediencia grave, la condena podría ser de 26 meses de cárcel más multa de 10.800 euros.

Como ya habían hecho en declaraciones públicas durante la larga instrucción del caso, el antiguo regidor y el que fuese concejal de Urbanismo y vicepresidente de la Diputación en el momento de la aprobación de la obra, han apuntado a la actuación de la Junta de Andalucía como responsable de la actual situación, manteniendo que el Ayuntamiento obró siempre dentro de la legalidad y atendiendo a las «precisiones» que no «objeciones» de la Delegación de Obras Públicas de Granada.

Niega las presiones


Olivo, en concreto, ha negado cualquier presión sobre la corporación –«¿cómo voy a presionar si llevo 15 años con este proyecto?»– y preguntado sobre la diferencia de tamaño entre el primer borrador del Nevada, en 1996, y el construido, aludió que General de Galerías Comerciales S.A se vio «obligada» por la Administración a aumentar la superficie.

En concreto, apuntó a que la Comisión Asesora de Comercio Interior, órgano dependiente de la Consejería de Turismo y Comercio, que habría «recomendado» a la empresa que «transformase» el centro comercial para que fuese de «carácter comarcal, y no local», ante lo que Olivo declaró que «no hubo más que adaptarse». También ha negado haber cometido desobediencia a los mandatos judiciales de paralización de obra, alegando que sólo se ha «asegurado» el centro, que estaba «prácticamente terminado».

Un informe fantasmal


La intervención de Morales Cara y Cañavate, por su parte, ha consistido en un repaso de los diferentes informes a favor y en contra del centro comercial que pasaron por el Ayuntamiento desde 2005. Sobre todo, ha girado alrededor del ‘informe fantasma’, el del abogado del Ayuntamiento que debió figurar en el expediente de la licencia de obra del 30 de septiembre de 2005, y que según ambos «no fue emitido» y así lo habría hecho constar el secretario municipal en el pleno «verbalmente».

El juicio continuará hasta el próximo 27 de mayo en la Audiencia Provincial de Granada. Durante esta semana, previsiblemente, terminarán los testimonios de los imputados, para luego dar paso a los testigos, entre los que destaca el abogado municipal que redactó el polémico ‘informe fantasma’.

elmundo.es

"CASO GÜRTEL"; EL SUPREMO BUSCA CUENTAS BANCARIAS DE BÁRCENAS Y MERINO FUERA DE ESPAÑA

Comisión rogatoria para recabar datos

El diputado Jesús Merino y el senador Luis Bárcenas. | Efe

* El juez lo ordenó antes de que ambos aforados renunciaran a sus escaños

Efe | Madrid

El instructor del 'caso Gürtel' en el Tribunal Supremo, Francisco Monterde, ha cursado una comisión rogatoria para recabar datos de cuentas y operaciones realizadas en entidades bancarias con sede en otros países relacionadas con el ex senador del PP Luis Bárcenas y el ex diputado Jesús Merino.

Así lo afirma Monterde en un auto notificado el pasado día 15, antes de que el lunes ambos aforados renunciaran a sus respectivos escaños, en el que acuerda prorrogar por novena vez un mes más, hasta el próximo 15 de mayo, el secreto de las actuaciones.

La renuncia de Bárcenas y de Merino a sus actas de senador y de diputado hará, no obstante, que el Supremo devuelva la causa al magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid Antonio Pedreira.

El Supremo devolverá formalmente al TSJM la causa que abrió en junio del año pasado contra Bárcenas y Merino, una vez que se le comunique oficialmente la renuncia de ambos a sus respectivos escaños, según informaron fuentes del alto tribunal.

En su auto, hecho público este martes, Monterde dice que subsisten las razones que motivaron mantener el secreto en la primera ocasión y que hay "otras nuevas provenientes de las diligencias practicadas en la instrucción que abogan, unas y otras, por la necesidad de continuar manteniendo el secreto de las actuaciones, ya que su conocimiento por los afectados podría suponer un serio obstáculo para su debida culminación".

Según el instructor, una de esas diligencias, derivada de los "diversos informes y documentos" incorporados a la causa, es "una comisión rogatoria para recabar datos de cuentas y operaciones realizadas en entidades bancarias con sede en otros países".

Un informe de la Agencia Tributaria incluido en la parte del sumario del 'caso Gürtel' sobre la que el pasado día 6 se levantó el secreto apunta indicios de la participación de Bárcenas en las estructuras con las que la red supuestamente dirigida por Francisco Correa ocultaba fondos en paraísos fiscales.

El informe, fechado el 30 de julio de 2009, analiza la contabilidad opaca de la trama de corrupción y dice que Bárcenas "podría haber utilizado" para ello a la empresa Rustfield Trading Limited.

"Se han encontrado indicios de utilización por parte de algunas de estas personas de la estructura de ocultamiento de los bienes de Francisco Correa", señala el informe realizado a partir de los documentos intervenidos en el domicilio del imputado José Luis Izquierdo, hombre de confianza de Correa, que controlaba el dinero de la 'caja B' de la trama.

La investigación de la Agencia Tributaria señala asimismo que Bárcenas y Merino, entre otros, podrían haber tenido el papel de "intermediarios principales" de la organización de Correa durante los años 2002 y 2003.

Monterde explica en el auto conocido este martes que su investigación no se ve afectada por el levantamiento del secreto acordado por Pedreira, ya que éste ha mantenido secretas una pieza separada denominada "diligencias pendientes" y otra llamada "documentación intervenida e informes derivados", así como una con la intervención de comunicaciones en la cárcel madrileña de Soto del Real.

El Supremo acordó el pasado mes de junio asumir la investigación de este caso sólo en lo que se refería a los posibles delitos cometidos por Bárcenas y Merino por ser éstos aforados y devolvió el resto de la causa al Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Además
* Auto | Sumario | Merino asegura que probará su inocencia
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elmundo.es