jueves, 24 de febrero de 2011

LA GUARDIA CIVIL DETIENE A TRES PERSONAS Y REGISTRA LA SEDE DE LA EMPRESA DE LA GENERALITAT GISA

Entre los arrestados figura el gerente de carreteras en Girona

PERE RÍOS - Barcelona 

La Guardia Civil ha detenido hoy a tres personas y ha registrado la sede de Barcelona de la constructora pública GISA, que gestiona la adjudicación de las obras de la Generalitat, según han confirmado fuentes de la investigación. Uno de los arrestados es Jordi Vergé, gerente de carreteras en Girona de la empresa pública.

Las detenciones han culminado una investigación abierta desde hace meses en el Juzgado de Instrucción número 5 de Barcelona impulsada por la fiscalía de delitos económicos. El origen de la operación vino por una pista de otra causa judicial referida a las obras de la construcción de un dique del puerto de la capital catalana que investiga la justicia. Se trata, sin embargo, de una relación tangencial.

Aquella investigación judicial ha derivado ahora en una nueva causa que salpica de lleno a la empresa pública GISA por haber permitido supuestamente la adjudicación irregular de obras y el pago de comisiones. Las adjudicaciones que están bajo sospecha se realizaron hace cuatro años y fueron adjudicadas en la época del tripartito.

El caso se encuentra bajo secreto de sumario, por lo que los detalles de la operación se conocen con cuentagotas, aunque sí ha trascendido que el registro policial en la sede de GISA se ha centrado en el contenido del ordenador de Vergé. El departamento de Economía de la Generalitat ha informado que el fiscal de delitos económicos ha pedido documentación referente al trabajo de la empresa en la demarcación de Girona desde 2007 hasta 2010. La Oficina Antifraude también ha colaborado en la investigación judicial.

De las tres personas que han sido detenidas durante el día de hoy, una ya ha sido puesto en libertad y las otras dos pasarán mañana a disposición judicial en Barcelona.
   
Más información:
    * Fotografía: La sede de la empresa pública GISA

elpaís.com

PEDREIRA CONFIRMA LA IMPUTACIÓN A JUAN SIGUERO TRAS TOMARLE DECLARACIÓN POR EL "CASO GÜRTEL"

El exalcalde de Boadilla reconoce que envió pliegos de contratas solo a una empresa de la trama de corrupción

JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ - Madrid

El ex alcalde de la localidad madrileña de Boadilla del Monte Juan Siguero ha declarado esta mañana durante dos ante el magistrado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) Antonio Pedreira, que instruye el caso Gürtel en la comunidad, por cuatro delitos: negociaciones prohibidas, prevaricación, tráfico de influencias y posible colaboración como cooperador necesario en los delitos que se imputan a su predecesor en el cargo, Arturo González Panero, también dimitido e imputado en la trama de corrupción. Tras la declaración, el juez mantiene las imputaciones y no ha impuesto medidas cautelares.

Un documento de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) denominado Informe sobre Boadilla del Monte acusa al exregidor de facilitar a "la trama Gürtel información previa de contratas que luego sacó a concurso el Consistorio". En este informe, la UDEF asegura que Juan Siguero "participa en el diseño de los pliegos ad-hoc para que este concurso (la Oficina de Atención al Ciudadano de Boadilla) fuese adjudicado a una de las empresas de la organización". Además, señala que "existe una negociación previa a la publicación del concurso entre el órgano contratante, representado por Juan Siguero, y el grupo de empresas de Francisco Correa". La adjudicación de la oficina se hizo por más de 600.000 euros y un periodo de 14 años. A preguntas de la fiscalía al respecto, el ex alcalde ha reconocido que participó en la elaboración del pliego de licitación de la oficina y que se lo entregó tan solo a una empresa de la trama. En concreto, ha admitido que envió una copia a José Javier Nombela, uno de los imputados en la red de corrupción y hasta el 2006 fue asesor del concejal presidente del distrito de Moncloa-Aravaca, Álvaro Ballarín (PP). También ha dicho que González Panero, alias El Albondiguilla, fue quien le presentó a Nombela y a Isabel Jordán, ejecutiva de la trama Gürtel y una de las principales imputadas.

Alega que no se acuerda
También se le ha preguntado sobre la adjudicación de un polideportivo en mayo de 2007, 10 días antes de las elecciones municipales celebradas ese año, a la firma Constructora Hispánica. La inversión, de 29,6 millones de euros, era la más cuantiosa realizada por el Consistorio de Boadilla y, al parecer, la trama recibió en concepto de comisiones 1.050.000 euros. El polideportivo fue adjudicado en una comisión municipal a la que asistieron solo tres concejales -entre ellos él mismo, entonces edil de Boadilla-, pero no el alcalde González Panero. Concurrían 21 empresas y sobre la mesa había dos informes: uno, de técnicos de la Concejalía de Deportes del municipio, y otro de técnicos del Ayuntamiento. En el primero, Constructora Hispánica lograba la mayor puntuación, mientras que el segundo la consideraba la tercera mejor opción. Preguntado por el PSOE, que ejerce la acusación particular, por qué se lo acabó llevando Constructora Hispánica, el ex alcalde ha respondido, como casi en todas las ocasiones, que no lo recuerda y se ha remitido a los informes técnicos.

La citación responde a una providencia en la que Pedreira imputaba a Siguero en la trama el pasado día 10. Horas más tarde, el ex alcalde de Boadilla presentaba su dimisión. También solicitó la baja del PP. El ex alcalde González Panero, que está imputado en la misma causa como presunto autor de los delitos de cohecho, asociación ilícita, fraude fiscal, blanqueo de capitales y falsedad, acusó el pasado junio a Siguero de haber intervenido en todas las adjudicaciones de ese Ayuntamiento incluidas en el sumario de la trama de corrupción. "Por eso tendrían que investigarle más a él que a mí", dijo el alcalde en declaraciones a EL PAÍS. Su sucesor en el cargo era el número cuatro en la lista encabezada por González Panero en 2007 y fue nombrado concejal de Hacienda, cargo que compatibilizaba con el de tesorero del PP local y del grupo municipal. Tras dimitir Panero por el Gürtel en febrero de 2009, el PP regional optó por dar la alcaldía a María Jesús Díaz Pérez. Pero Panero exigió -y logró- que la dirección popular aceptara a Siguero, su hombre de confianza.

González Panero afronta una de las fianzas más altas impuestas a los imputados, de 1,8 millones de euros por los delitos de asociación ilícita, cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, blanqueo de capitales y falsedad. Tras la caída de ambos alcaldes, este municipio de 42.430 habitantes nombró a su tercer regidor en dos años el pasado día 18. Se trata de Mercedes Nofuentes, la número cinco del PP en en municipio. La oposición, PSOE y Alternativa por Boadilla (APB) abandonó el pleno en protesta por no poder intervenir. Nofuentes fue una de las tres ediles que asisterion a la comisión en la que se adjudicó el polideportivo, según el PSOE.
    

"CASO BRUGAL"; MAZÓN CONFÍA EN QUE SE ACLARE "CUALQUIER SOSPECHA" SOBRE LA FUNDACIÓN HÉRCULES

Sobre la presunta 'financiación irregular' del ente

Europa Press | Alicante

El director general de la Cámara de Comercio de Alicante y ex vicepresidente de la Diputación Provincial de Alicante, Carlos Mazón, ha comparecido ante la titular del juzgado de instrucción número 4 de Alicante para testificar como imputado sobre la pieza del caso 'Brugal' que investiga una presunta financiación irregular de la Fundación Hércules.

Mazón ha señalado que cree "haber contribuido muy positivamente a mantener la buena imagen de la Fundación", y espera que "cualquier duda", que piensa que "ya serán pocas las que queden en el juzgado", se aclare "rápidamente".

El ex vicepresidente del ente provincial ha acudido a los juzgados, acompañado de su abogado, cerca de las 9.15 horas, pero no ha sido hasta las 10.50 horas cuando ha comparecido en el órgano instructor, donde ha prestado declaración durante cerca de 40 minutos.

Así, después de testificar, Mazón ha indicado a los medios de comunicación que ha acudido "a colaborar y a trabajar para mantener lo más alto posible el buen nombre de la Fundación Hércules, durante los años que ha gestionado el fútbol base", así como "mi nombre" y el de "todas las personas que, a lo largo de estos años, hemos trabajado por el fútbol base del Hércules".

"Creo haber contribuido muy positivamente a mantener esta buena imagen y espero que cualquier duda, que pienso que ya serán pocas las que queden en el Juzgado, se aclare rápidamente" ha afirmado Mazón.

El director general de la Cámara de Comercio ha indicado que durante su comparecencia ante la juez, ésta le ha informado de los hechos que se le imputan, que no ha especificado a los medios, y le han hecho "una serie de comentarios generales".

Por otra parte, también ha prestado declaración en el juzgado de instrucción número 4, este jueves y por la misma causa, el empresario Antonio Bonete, sobre el que Mazón ha dicho que "le conoce", pero "sin ningún tipo de problema".
 
Sobreseimiento de la causa
Antonio Bonete ha sido el primero en comparecer ante la titular del Juzgado, donde ha entrado cerca de las 9.55, y de donde ha salido una hora después.

Tras su declaración, el abogado de Antonio Bonete, Guillermo Rodes, ha indicado que pedirá este viernes el sobreseimiento de la causa para su cliente, puesto que se trata de "un tema circunstancial" que "no tiene nada que ver" con él. "Por una serie de circunstancias se le está involucrando en un tema con el que no tiene nada que ver", ha asegurado Rodes.


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MASSOT Y OTROS OCHO IMPUTADOS SERÁN JUZGADOS POR OTRA PIEZA DEL "CASO ANDRATX"

CORRUPCIÓN | Confirmación de la Audiencia

Europa Press | Palma

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial ha confirmado mediante un auto que ocho imputados podrán ser juzgados, junto al ex jefe de Urbanismo del Consistorio y ex director general de Ordenación del Territorio del Govern, Jaume Massot, en el marco de la pieza 9 del caso Andratx, después de que los encausados recurriesen este trámite ante esta instancia judicial, que ha desestimado así la petición de archivo solicitado por cada uno de ellos.

El tribunal ha rechazado de este modo los recursos de apelación interpuestos por las defensas de estos inculpados, que de acuerdo a las investigaciones participaron junto a Massot -que no había recurrido-, en la emisión de informes favorables y la concesión de una licencia, todo ello de forma presuntamente irregular, para la construcción de una vivienda en un Área Rural de Interés Paisajístico (Arip) a pesar de que en el terreno, de 7.103 metros cuadrados, no se podía edificar.

La resolución de la Audiencia avala de este modo el auto dictado por el anterior juez instructor del caso Andratx, Francisco José Pérez, que ponía fin a la instrucción de esta pieza y decretaba su pase a procedimiento abreviado para que las acusaciones pudieran presentar sus escritos. De hecho, la acusación particular, ejercida por la abogada Isabel Fluxà, ya se ha pronunciado y sus peticiones más elevadas de cárcel (seis años) las dirige contra Massot, defendido por Fernando Mateas, y la administrativa Ángela Hernández, asistida por Alberto García, a raíz del grado de implicación que tuvieron en los hechos.

La acusación, en nombre del Ayuntamiento, postula que tras adquirir la parcela por la "burlesca cantidad" de 31.252 euros, los acusados María Jesús González, su marido Emilio Martínez y su hijo Pedro Martínez comenzaron entre 2002 y 2004 a efectuar obras sin ningún tipo de licencia y sin que constase la existencia de construcción alguna sino tan sólo unas ruinas de una casa de aperos. Para ello, solicitaron un certificado de superficie y antigüedad a la acusada Ángela Hernández, quien escribió de su puño y letra la inscripción de 50 metros cuadrados -en referencia a los restos existentes- "a sabiendas de la falsedad de dichos datos".

"Lo redacta ella misma por órdenes del señor Massot", prosigue la acusación particular al incidir en el papel que jugó la inculpada en los hechos, calificando incluso de "estrecha" e "indudable" la relación de amistad que le unía a Massot.

El escrito señala que la concesión de la licencia fue respaldada por el también inculpado Luis Ros, que "faltando claramente a la verdad" indicó que el suelo era urbano, para posteriormente entrar en escena Rodríguez Miranda y Gabriel Vicens, quienes emitieron sendos informes favorables "de forma arbitraria para favorecer el otorgamiendo de una licencia nula de pleno derecho". Precisamente, sobre Rodríguez Miranda ya advertía el juez de instrucción que como asesor jurídico debía tener conocimientos en materia urbanística y "velar por el cumplimiento de la legalidad". "Si de lo contrario se limitara a comprobar que se han elaborado todos los informes, sería irrelevante su formación: da igual que fuera administrativo, licenciado en enfermería o en psicología", abundaba al respecto el auto recurrido. En cualquier caso, la licencia fue finalmente aprobada por junta de gobierno el 22 de julio de 2005.

Unos hechos que podrían ser constitutivos de delitos de falsedad en documento oficial, contra la ordenación del territorio y de prevaricación urbanística, y por los que, además de la petición de seis años de prisión para Massot y Hernández, el Ayuntamiento reclama otros cuatro para María Jesús González, Emilio Martínez, Pedro Martínez y Luis Ros, y un año de privación de libertad para Gabriel Vicens y Rodríguez Miranda.


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"CASO VOLTOR"; EL FISCAL PIDE 4 AÑOS DE CÁRCEL PARA NADAL POR REGALAR 12.000 EUROS A UN CONCEJAL

* El exconseller de Turismo de UM regaló supuestamente 12.000 euros a Plomer

Efe | Palma

El fiscal Anticorrupción ha reclamado cuatro años y medio de cárcel para el exconseller de Turismo Miquel Nadal por regalar supuestamente 12.000 euros al concejal de Unió Mallorquina (UM) Tomás Plomer como gratificación por su trabajo en el Ayuntamiento de Soller.

Esta petición de pena se enmarca dentro de una de las piezas del caso Voltor de supuesta corrupción, que la Fiscalía ya ha calificado en su escrito de acusación.

El escrito del fiscal, que acusa a Nadal del delito de malversación, ya está en el juzgado en espera de que la jueza decrete el final de la instrucción y abra la fase de acusación.

En abril de 2010, Bartolomé Plomer declaró ante la jueza que recibió 12.000 euros del Instituto de Estrategia Turística (Inestur), entidad pública dependiente de la Conselleria de Turismo, por una colaboración en un proyecto de pantallas táctiles para el que no se le pidió que hiciese "nada".

Plomer afirmó que acudió a Nadal -en libertad bajo fianza por este caso- para hacerle saber los trabajos "muy extras" que estaba haciendo en Sóller, ya que consideraba que se los tenían que pagar.

Según Plomer, Nadal le dijo que "lo arreglaría" y, después de un tiempo, recibió 12.000 euros en su cuenta bancaria que provenían del Inestur. El concejal devolvió posteriormente este dinero, ya que, según aseguró a la jueza, no quería nada que no fuera suyo.

Por esta pieza también prestó declaración Luisa Tortella, ex directora del Centro de Investigaciones y Tecnologías Turísticas de las Islas Baleares (CITTIB) y mujer de un sobrino de la ex presidenta de UM Maria Antònia Munar, así como el ex director general de Calidad Ambiental Antoni Oliver.

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EL EXALCALDE DE BOADILLA, IMPUTADO EN GÜRTEL, HA ASEGURADO NO CONOCER A CORREA

Juan Siguero, en su toma de posesión. (EM)
Juan Siguero

* Ha negado haber firmado ningún contrato con la trama mientras era alcalde
* Ni tampoco cuando era concejal de Hacienda con González Panero, también imputado
* 'Me he limitado a trabajar por mi municipio con total responsabilidad'

El juez instructor del "caso Gürtel" en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, ha confirmado la imputación por prevaricación, tráfico de influencias y cohecho al exalcalde de Boadilla del Monte Juan Siguero (PP), que ha negado haber firmado ningún contrato ilegal con la trama.

Así lo ha manifestado Siguero a la salida del TSJM, tras declarar durante dos horas ante el juez, ante quien ha asegurado que "nunca" ha conocido a los presuntos cabecillas de la trama, Francisco Correa y Pablo Crespo.

"Me he limitado a trabajar por mi municipio con total responsabilidad", ha señalado el exedil, añadiendo que "obviamente" no ha firmado ningún contrato ni pliego de forma irregular durante su etapa como concejal de Hacienda en el municipio del que era alcalde entonces el también imputado Arturo González Panero.

Sin embargo, Antonio Pedreira ha confirmado la imputación a Siguero por los presuntos delitos de negociaciones prohibidas a funcionarios, prevaricación, tráfico de influencias y cohecho, aunque no le ha aplicado medida cautelar alguna.

Fuentes jurídicas han informado de que Siguero ha manifestado esta mañana que fue González Panero quien le presentó a la también imputada en la causa Felisa Isabel Jordán, quien hasta febrero de 2008 fue administradora única de Good&Better, empresa que presuntamente formaba parte del conglomerado empresarial dirigido por Correa.

Además, su antecesor le presentó a José Javier Nombela, que fuera asesor del presidente de la Junta de Distrito de Moncloa y al que el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, cesó a causa de su imputación en el 'caso Gürtel'.

La defensa de Juan Siguero, que confía en que pronto se retire su imputación, ha señalado que "la clave" de toda la declaración ha versado sobre la firma del proyecto 'Ciudad del Deporte y la Salud' de Boadilla del Monte, que se aprobó el 16 de mayo de 2007 por 29 millones de euros.

Fuentes jurídicas han explicado que dicho proyecto fue aprobado nueve días antes de las elecciones municipales de ese año y con la presencia de solo tres concejales del PP.

El 22 de mayo de 2007, la constructora Hispánica, adjudicataria de dicho proyecto, pagó 1 millón de euros a Correa, según las mismas fuentes.


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