martes, 6 de julio de 2010

UN PARTIDO SALPICADO POR LA CORRUPCIÓN

Tres grandes escándalos acechan a los populares valencianos

ADOLF BELTRAN - Valencia -

El PP valenciano protagoniza tres grandes casos de corrupción: el caso Fabra, el caso Gürtel y, ahora, la investigación judicial que afecta al presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll. Bajo la lupa de la justicia están los principales dirigentes del partido, empezando por su presidente, Francisco Camps.

La trama de corrupción del caso Gürtel tiene en la Comunidad Valenciana uno de sus epicentros, ya que en él se han visto implicados, además de Camps, altos cargos de su Gobierno y también de su partido. Camps está imputado por el Tribunal Superior de Justicia valenciano, junto a otros tres altos cargos, por haber recibido trajes regalados por la red de corrupción que dirigía Francisco Correa, actualmente en prisión. Por otra parte, la investigación de las relaciones de la Generalitat y del PP con la empresa Orange Market, que dirigía Álvaro Pérez, El Bigotes,cabeza visible de la trama Gürtel en Valencia, ha llevado al juez Antonio Pedreira, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, a trasladar al TSJ valenciano la mayor parte de su instrucción relacionada con la Comunidad Valenciana, tras haber hallado indicios de hasta siete delitos por parte de Camps y su gobierno. Uno de los aspectos de esa investigación apunta a la financiación ilegal del PP valenciano en varias campañas electorales, que implica a media docena de empresarios.

Mientras, desde hace seis años, el presidente de la Diputación de Castellón y presidente provincial del PP, Carlos Fabra, es objeto de investigación judicial. Actualmente está a un paso de sentarse en el banquillo para ser juzgado. Cohecho, tráfico de influencias y fraude fiscal son los delitos que se le imputan a Fabra, en cuyas cuentas bancarias la Agencia Tributaria detectó 600.000 euros sin procedencia justificada.

El de Fabra es uno de los casos paradigmáticos de imputado con apoyo incondicional de su partido. Un apoyo que posteriormente se trasladó a la imputación de Camps y al caso Gürtel. La única víctima política de esa trama corrupta ha sido el ex secretario general del PP, Ricardo Costa, apartado oficialmente por contradecir las decisiones de Génova.

Si exceptuamos al ex consejero de Sanidad, Luis Fernando Cartagena, que dimitió en marzo de 1998 por su implicación en un caso de corrupción de cuando era alcalde de Orihuela (un caso en el que fue condenado junto al empresario Ángel Fenoll, precisamente) y que le llevaría a la cárcel, ninguno de los cargos populares imputados en la Comunidad Valenciana ha sido expulsado del partido ni obligado a dimitir, si se exceptúa al ex alcalde de Polop, detenido por su supuesta participación en el asesinato de su predecesor, también del PP.

Los socialistas valencianos expulsaron al alcalde de Bigastro, Joaquín Moya, y a otros dos concejales, todos imputados por cohecho y malversación (Moya estuvo preso). La alcaldesa de San Fulgencio, Trinidad Martínez, también detenida, fue suspendida de militancia, al igual que dos concejales.

Noticia relacionada
* El presidente de la Diputación de Alicante sale de comisaría en libertad con cargos

elpaís.com

EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE ALICANTE SALE DE COMISARÍA EN LIBERTAD CON CARGOS

Los agentes han registrado la casa de José Joaquín Ripoll, del PP, así como la corporación provincial, el Ayuntamiento de Orihuela y los domicilios de los empresarios Enrique Ortiz y Ángel Fenoll, ambos relacionados con el negocio de la basura.-La Policía ha detenido a 11 personas y ha hecho 19 registros

SANTIAGO NAVARRO / ROSA BIOT - Alicante

La Policía Nacional ha dejado en libertad con cargos al presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, después de tomarle declaración en el marco de una amplia operación contra la corrupción que también afecta, entre otros, a los empresarios alicantinos Enrique Ortiz y Ángel Fenoll; a un hijo de este último, y a tres concejales de Orihuela. Ripoll ha abandonado la comisaría provincial de Alicante a las 20.10 en un coche policial. También han sido puestos en libertad los tres concejales de Orihuela detenidos esta mañana.

Según ha informado el Ministerio del Interior, a lo largo del día han sido detenidas 11 personas y se han realizado 19 registros en empresas y domicilios en los que se ha intervenido "numerosa documentación de interés para la investigación, dinero en efectivo y soportes informáticos". A los arrestados se les imputan, según los casos, delitos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, fraude y encubrimiento. El ministerio añade que no se descartan nuevas detenciones en el marco de la operación Brugal, que se ha desarrollado en Orihuela, Alicante y Valencia. También señala que los afectados comparecerán ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Orihuela "en los próximos días".

Fuentes del caso han explicado, además, que la Policía ha formalizado una denuncia contra el presidente de la institución provincial y los tres concejales. Los cargos contra Ripoll, que ha permanecido 12 horas en comisaría, están relacionados con la supuesta corrupción en la adjudicación de una planta y un vertedero de basuras para la comarca de la Vega Baja, en el sur de Alicante.

Los agentes han registrado a primera hora el domicilio particular de Ripoll, del PP, en relación con la investigación judicial que intenta esclarecer esa trama de corrupción en la Vega Baja vinculada al negocio de la basura. Además de la vivienda de Ripoll, los agentes han registrado la Diputación de Alicante, el Ayuntamiento de Orihuela y los domicilios particulares de dos importantes empresarios alicantinos, Ángel Fenoll y Enrique Ortiz. Las empresas de ambos han sido registradas. Los agentes, además, han arrestado durante la operación al concejal de Infraestructuras de Orihuela, Manuel Abadía; al de Medio Ambiente, Giner Sánchez, y al de Servicios, Antonio Rodríguez, tras precintar varias dependencias municipales. Los tres han abandonado también la comisaría a última hora de la tarde.

La investigación de esta supuesta trama de corrupción comenzó en 2006 cuando el empresario Ángel Fenoll denunció un supuesto soborno por la adjudicación de la contrata de la basura de Orihuela. El industrial entregó las pruebas (una grabación en DVD) a la Fiscalía Anticorrupción de Alicante, que dirige Felipe Briones.

De resultas de esta denuncia, el propio empresario fue detenido en 2007 y acusado de cohecho y extorsión y la policía se incautó de decenas de grabaciones donde se observaban supuestos sobornos realizados en casa del industrial. Fenoll quedó en libertad unas semanas después tras pagar una fianza.

Con el material incautado, el juez abrió una nueva investigación para determinar si el empresario había colaborado en la financiación de las campañas electorales de algún partido político. En estas nuevas pesquisas, el juez se interesó también por la adjudicación de una planta de basuras en la comarca de La Vega Baja. El concurso para construir esta planta de tratamiento de residuos, dependiente de la Diputación de Alicante, se paralizó tras la detención del empresario Ángel Fenoll y otros responsables de su empresa.

El presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, decidió el año pasado retomar el proyecto de la planta de basuras y adjudicó la obra al empresario Enrique Ortiz, que también aparece en las investigaciones del caso Gürtel por su supuesta vinculación a la financiación irregular del PP. La investigación judicial ha estado bajo secreto de sumario desde junio de 2007.

Ripoll lidera en Alicante el antiguo sector zaplanista del PP, enfrentado a Camps, y ha sido muy crítico con el actual presidente autonómico y su actuación ante el caso Gürtel. De hecho no ha asistido a ninguna de los actos en los que el líder valenciano ha intentado lavarse la cara ante los casos de corrupción que lo salpican.

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elpaís.com

"CASO MINUTAS"; LA EX MUJER DE DEL NIDO DICE QUE SÓLO COBRÓ HONORARIOS DE TRABAJOS PEDIDOS POR GIL

TRIBUNALES

Efe | Málaga

La ex mujer de José María del Nido, presidente del Sevilla CF y abogado, ha asegurado durante su declaración en calidad de imputada en el juicio del caso 'Minutas' que fue contratada por el ex alcalde de Marbella Jesús Gil y que sólo cobró los honorarios de un recurso que se le encomendó.

La ex esposa, A.C.S., licenciada en Derecho, ha explicado que compartió despacho con su marido, pero que éste no era el titular, porque "el despacho era de los dos", ambos tenían "bienes gananciales" y cada uno hacía su trabajo por separado.

La procesada ha señalado que un día Jesús Gil, al que ha calificado como "cariñoso y entrañable", le encomendó un trabajo y que lo hizo y lo presentó ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), y ha matizado que no llegó a cobrar todos sus honorarios.

La ex esposa de Del Nido ha reiterado en numerosas ocasiones, a preguntas del fiscal, que sólo realizó un trabajo al consistorio de Marbella y que se trató de un recurso contencioso-administrativo contra la segregación del núcleo de población de San Pedro Alcántara.

En el caso 'Minutas', que investiga las presuntas irregularidades en los encargos del Ayuntamiento de Marbella a Del Nido, hay 18 personas procesadas, entre ellas el ex alcalde Julián Muñoz.

elmundo.es

LA PLATAFORMA CONTRA LA CORRUPCIÓN PIDE A RADO CREAR UN INSTITUTO DE CALIDAD

CORRUPCIÓN | Para controlar el dinero público

Efe | Palma

El portavoz de la Plataforma Contra la Corrupción -de la que forman parte unas 120 entidades cívicas de Baleares-, Tomás Balaguer, ha pedido a la presidenta del Parlament balear, Aina Rado, la creación de un instituto de calidad que controle cómo se administra el dinero público.

Rado ha recibido en la Cámara autonómica al portavoz de esta plataforma, que en marzo pasado reunió a más de mil personas para formar una doble cadena humana alrededor de las principales instituciones públicas de Baleares, con el objetivo de exigir la regeneración de la vida democrática en el archipiélago a raíz de los numerosos casos de corrupción que investigan los tribunales.

Según ha explicado Balaguer a los periodistas a su salida de la reunión, ha planteado a la presidenta del Parlament la constitución de este instituto, en el cual estarían representadas tanto instituciones como entidades ciudadanas, que debatirían cómo se administra el dinero público.

Balaguer ha afirmado que Rado se ha mostrado abierta a estudiar esta propuesta y, respecto a nuevos actos reivindicativos previstos por la Plataforma, ha dicho que esperarán a que comience el nuevo curso político.

También ha exigido a los funcionarios que deben velar por el buen funcionamiento de los mecanismos de control que cumplan su labor.

elmundo.es

EL "CASO BRUGAL", UNA TRAMA DE CORRUPCIÓN SALPICADA DE BASURA

OPERACIÓN | Sobornos y extorsión en Alicante

Ángel Fenoll y el edil Jesús Ferrández, en una imagen de las grabaciones del caso. | E.M.

* La investigación arrancó en 2006, con la grabación de cintas de extorsión
* Se detuvo en aquella ocasión a siete personas, entre ellas a Ángel Fenoll
* La implicación de Ripoll y el PP oriolano están relacionadas con el Plan Zonal

D.Moltó | Alicante

El 'Caso Brugal', sobre el que pivotan las actuaciones policiales que han tenido lugar en la mañana de este martes en Alicante y Orihuela, no es nuevo.

Las investigaciones llevadas a cabo por la Policía Nacional, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, se remontan a mayo de 2007, cuando se detuvo al empresario oriolano Ángel Fenoll y a otras cinco personas, por una supuesta trama de sobornos en la adjudicación de los servicios de recogida de basuras en Orihuela, en la comarca alicantina de la Vega Baja.

De todos los arrestados, sólo Fenoll, su hijo y el concejal 'popular' de Turismo de Albatera, Javier Bru (administrador de las empresas de Fenoll) permanecieron un mes en la cárcel, de donde salieron previo pago de 260.000 euros en fianza. También figuraban como imputados Ramón Fenoll (hermano del empresario); el ex edil de Centro Liberal, Jesús Ferrández y un detective.

Desde entonces, se han sucedido innumerables prórrogas del secreto de las actuaciones, varios jueces encargados del sumario y cuatro años de silencio. Hasta hoy.

Han sido precisamente las cintas que presentó Fenoll y en las que grabó con cámara oculta sus reuniones con empresarios y responsables políticos alicantinos para gestionar las basuras, las que han provocado la apertura de nuevas diligencias, que han desembocado en las actuales detenciones.

Los nuevos actores de la trama son el presidente de la Diputación Provincial de Alicante, José Joaquín Ripoll; varios concejales del Ayuntamiento de Orihuela; y el empresario alicantino, Enrique Ortíz.

Su presunta implicación estaría relacionada con la adjudicación del Plan de Residuos de la Vega Baja (Zona XVII) a la Unión Temporal de Empresas (UTE) Cespa-Ortiz, de la que forma parte el constructor alicantino.

A pesar de que concursaban cinco empresas, entre ellas la de Ángel Fenoll, el presidente de la Diputación concedió a la empresa de Ortiz la licencia para el tratamiento y eliminación de residuos de la comarca por un plazo de 20 años.

Esto conllevaba la construcción de un vertedero en la localidad de Torremendo, en terrenos que, según se sabría posteriormente, eran propiedad de Fenoll. Por el momento, a pesar de estar adjudicados, los trabajos no se han desarrollado.

elmundo.es

LIBERTAD PARA EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE ALICANTE

TRIBUNALES |
Presidente de la Diputación Provincial de Alicante

José Joaquín Ripoll, a su salida de Comisaría. | Roberto Pérez

Daniel Moltó | Alicante

El entorno del presidente de la Diputación de Alicante y del Partido Popular en la provincia, José Joaquín Ripoll, así como sus abogados, han confirmado que éste se encuentra en libertad después de haber prestado declaración en la Comisaría de Benalúa, en Alicante.

El abogado de Ripoll, Fernando Candela, quien ha comparecido junto a otro de sus letrados, el antiguo Síndic de Greuges, Bernardo del Rosal, ha confirmado que Ripoll está en libertad y se encuentra ya en su casa.

Candela ha añadido que la Policía no ha hallado nada en los registros realizados en el domicilio de Ripoll, "ni dinero, más allá del familiar, ni documentación que lo inculpe, ni nada", ha dicho. "Lo único importante que hay que reseñar es que se encuentra en libertad, cansado, pero contento".

El abogado no ha querido especificar si la Policía ha dejado marchar al presidente de la Diputación, con o sin cargos. Se ha limitado a destacar que "está en libertad, sin más".

Ripoll ha sido detenido en la mañana de este martes, en el marco de una operación coordinada por Fiscalía Anticorrupción y el juzgado número 3 de Orihuela, que se ha saldado con el arresto del empresario oriolano Ángel Fenoll y de su hijo, así como de tres concejales del Ayuntamiento de Orihuela, dos de los cuales ya han sido puestos también en libertad. Fuentes cercanas al grupo de Gobierno que lidera la 'popular' Mónica Lorente, han manifestado su confianza en que el tercer edil arrestado, quede también libre.

Por su parte, el constructor alicantino, Enrique Ortiz, ha sido requerido por la Policía en Pamplona, donde se encontraba de vacaciones para asistir a los San Fermines. Desde allí, se ha trasladado a Alicante, según su letrado "de forma voluntaria" donde ha llegado a última hora de la tarde para colaborar con la Policía.

La operación se ha iniciado con los registros realizados en la sede de la Diputación Provincial, en el Ayuntamiento de Orihuela y en las empresas de Ripoll y de Fenoll. Ha tenido lugar en el marco del 'Caso Brugal', presunta trama de sobornos y corrupción en torno a la adjudicación de basuras en la comarca alicantina de la Vega Baja.

Todos los detenidos tendrán que declarar ante el juez

La Policía Nacional, a través de un comunicado, ha confirmado que finalmente son once los detenidos en los 19 registros realizados en Alicante, Orihuela y Valencia, durante la mañana de este martes.

Las mismas fuentes explican que, entre los arrestados se encuentran el Presidente de la Diputación Provincial de Alicante, tres concejales de la localidad de Orihuela y varios empresarios.

El comunicado explica que, según los casos, se les han imputado los delitos de cohecho, trafico de influencias, prevaricación, fraude y encubrimiento.

En total, han explicado, se han practicado 19 registros en domicilios particulares y empresas, así como en organismos oficiales, como el Ayuntamiento de Orihuela y la Diputación Provincial de Alicante, en los que se ha intervenido numerosa documentación de interés para la investigación, dinero en efectivo y soportes informáticos.

La Policía ha añadido que la investigación continúa abierta y que no se descartan nuevas actuaciones. Todos los detenidos deberán comparecer ante el Juzgado de Primera Instancia número tres de Orihuela en los próximos días.

Además
* Detenienen a Ripoll, tres ediles de Orihuela y dos empresarios | El último reducto del zaplanismo
* La Policía registra la Diputación, el Ayuntamiento de Orihuela y la empresa de Enrique Ortiz | Vídeo
* Barberá: 'Es un momento preocupante' | El PSPV pide llegar 'hasta el final
* Camps pide 'responsabilidad y prudencia' | Perfil: Enrique Ortiz, un empresario bajo sospecha
* El 'Caso Brugal', una trama de corrupción salpicada de basura

elmundo.es

RIPOLL QUEDA LIBRE TRAS SU DETENCIÓN

Operación en Alicante

José Joaquín Ripoll Manuel Molines

Los abogados del presidente de la Diputación de Alicante no han precisado si su puesta en libertad es "con o sin cargos" porque, según han alegado, la investigación se halla bajo secreto de sumario.
Video: Registro en la casa de Ripoll

EFE/EUROPA PRESS El presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll (PP), ha salido sobre las 20.00 horas en libertad tras prestar declaración en la Comisaría Provincial, según han informado sus abogados.

No obstante, los letrados no han precisado si su puesta en libertad es "con o sin cargos" porque, según han alegado, la investigación se halla bajo secreto de sumario.

"Está bien de ánimo, aunque cansado, pero contento de colaborar" con la investigación y de "estar en libertad", ha dicho uno de los abogados de Ripoll, cuya declaración no se ha prolongado más allá de "los diez minutos".

Desde de su detención esta mañana, Ripoll ha estado acompañado por tres abogados, entre ellos Bernardo del Rosal y Fernando Candela, quienes han estado presentes en el registro que la Policía Nacional ha realizado en la Diputación Provincial.

Ante de llevarse a cabo este registro, los agentes se han personado en la vivienda del presidente de la Diputación de Alicante, de la que, según sus representantes legales, "no se han llevado nada".

"En su casa no había nada de dinero que no sea el propio que usa habitualmente una familia", ha dicho el letrado Fernando Candela.

Tras quedar en libertad, el también presidente provincial del PP ha salido de las dependencias policiales a bordo de un vehículo desde un garaje.

DETENIDO ESTA MAÑANA

La Policía ha detenido al presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, del Partido Popular, según informaron fuentes cercanas a la investigación, y a tres concejales del Ayuntamiento de Orihuela (Manuel Abadía, Antonio Rodríguez Murcia y Ginés Sánchez) en una operación dirigida por la Fiscalía Anticorrupción y relacionada con un Plan de Residuos Zonal.

La Fiscalía Anticorrupción dirige esta investigación, en colaboración con el juzgado de instrucción número 3 de Orihuela, en torno a la adjudicación del llamado Plan Zona de Residuos Zona XVII, aprobado en enero de 2008.

Esta decisión se produjo por unanimidad de los miembros del Consorcio del citado Plan Zonal, presidido por el presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll, y recayó sobre la empresa Cespa-Ortiz.

La policía ha concluido sobre las 15.10 horas el registro realizado en la Diputación de Alicante, en presencia del presidente de la corporación provincial, José Joaquín Ripoll, quien han salido de la institución custodiado por los agentes, en calidad de detenido, en dirección a la Comisaría.

Ripoll ha salido en un todoterreno de la Policía Judicial en el asiento de atrás, acompañado por varios agentes desde un garaje situado en un edificio colindante a la Diputación de Alicante, según ha podido comprobar EFE.

El todoterreno en el que estaba Ripoll iba acompañado de otro vehículo de los agentes y su salida de la Diputación de Alicante se ha llevado a cabo muy deprisa con la presencia de media docena de policías.

El también presidente del PP en la provincia de Alicante había sido detenido previamente en su domicilio, ubicado en el barrio de Vistahermosa, donde los agentes han realizado también un registro en el interior de la vivienda.

Posteriormente, sobre las 12.30 horas, Ripoll ha sido trasladado por los agentes hasta la Diputación de Alicante, donde desde las ocho y media de la mañana se encontraban dotaciones policiales, principalmente en la primera planta del Palacio Provincial.

El registro realizado en la Diputación ha comenzado cuando Ripoll ha sido conducido hasta esta institución y sólo se ha llevado a cabo en el despacho de presidencia y en el de su secretaría, han informado a Efe fuentes próximas al caso.

Según estas mismas fuentes, Ripoll ha estado acompañado por el letrado penalista Bernardo del Rosal, ex Síndic de Greuges.

El despliegue policial en el exterior del Palacio Provincial ha sido seguido por numerosos medios de comunicación y ciudadanos.

Detenciones en Orihuela

Los efectivos de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) de la Policía Judicial de la Comisaría Central y de la Comisaría Provincial han entrado también esta mañana en el Ayuntamiento de Orihuela acompañados por el concejal de Servicios Urbanos, Manuel Abadía, y han procedido a precintar diversas dependencias municipales.

Vehículos y agentes policiales permanecen en el exterior tanto del edificio consistorial, dirigido por la popular Mónica Lorente, como del Palacio de la Diputación, ubicado en el centro de la capital alicantina.

Los agentes han detenido, además, al concejal de Infraestructuras de Orihuela, Manuel Abadía, tras precintar varias dependencias municipales.

La Policía ha ordenado a los funcionarios del Ayuntamiento de Orihuela, gobernado por la popular Mónica Lorente, abandonar sus puestos de trabajo mientras se efectúa el registro, centrado fundamentalmente, al parecer, en las áreas de Intervención y Contratación Municipal.

Además, la policía judicial se ha personado en las instalaciones de la empresa INUSA (Ingeniería Urbana, S.A.) para registrar "exclusivamente" uno de los despachos correspondiente a un empleado "con responsabilidades", han informado fuentes próximas a esta mercantil.

La empresa, formada por Cespa, FCC y el Grupo Cívica -esta última liderada por el empresario Enrique Ortiz-, sostiene que "desconoce el motivo por el que se ha efectuado esta actuación policial. El constructor y máximo accionista del Hércules se encontraba en Pamplona con motivo de los sanfermines y viaja a Alicante para ponerse a disposición de la policía. Ortiz aparece en el sumario del 'caso Gürtel' vinculado a la presunta financiación irregular del PP valenciano.

Todo apunta a que la operación está relacionada con el llamado caso Brugal, que investiga supuestas extorsiones y sobornos en adjudicaciones de servicios de recogida de basura en la Vega Baja.

La agenda de la Diputación se ha visto, lógicamente, trastocada por los registros policiales. Así, la recepción a la delegación de la Diputación de la provincia italiana de Taranto en un primer momento se había decidido trasladar a la sede del Patronato Provincial de Turismo de la Costa Blanca, pero una nota posterior ha informado de que quedaba anulada.

levante-emv.com

RIPOLL QUEDA EN LIBERTAD TRAS ESTAR 12 HORAS DETENIDO




R.D./AGENCIAS | ALICANTE

El concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Orihuela, Manuel Abadía, ha sido el primer detenido y poco después se ha arrestado a dos ediles más del consistorio
La Policía registra la Diputación de Alicante, la casa de José Joaquín Ripoll y el Ayuntamiento de Orihuela
Los agentes han retirado numerosos archivadores con documentación del consistorio oriolano y los han introducido en coches policiales
La investigación, por presunta corrupción, se extiende a la casa del empresario de la construcción Enrique Ortiz

Efectivos de la Policía Nacional han retirado numeros archivadores con documentación del interior del Ayuntamiento de Orihuela. / Foto: Efe / Vídeo: Pilar Maciá

En libertad y con cargos. Tras doce horas detenido, finalmente el juez ha dejado que José Joaquín Ripoll, máximo dirigente del PP en la provincia de Alicante y presidente de la Diputación, salga del juzgado tras prestar declaración. Ripoll ha sido detenido esta mañana dentro de la operación anticorrupción que se desarrolla en la capital alicantina y en Orihuela vinculada con la contrata de basuras en el sur de Alicante. Por su parte, el empresario Enrique Ortiz (dueño del Grupo Cívica y máximo accionista del Hércules), que se encontraba en Pamplona disfrutando de los Sanfermines, ha regresado a Alicante y se ha entregado a la Policía para colaborar en la investigación. Una vez que termine la inspección, conocerá si está imputado y/o detenido.

El concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Orihuela, Manuel Abadía, ha sido el primer arrestado en esta actuación, que continuaba a mediodía, y en la que poco después han sido también detenidos otros dos ediles de la corporación oriolana.

José Joaquín Ripoll permanecía pasadas las 14 horas en el interior del palacio provincial, mientras los efectivos de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) requisaban numerosa documentación de las dependencias de Presidencia.

Los agentes acudieron a primera hora de hoy a registrar su domicilio particular en la zona de Vistahermosa en Alicante. A continuación, alrededor del mediodía acompañaron a José Joaquín Ripoll al palacio provincial y procedieron a examinar el despacho del presidente de la institución.

Así, a media mañana el edificio se encontraba fuertemente custodiado por miembros de la Policía Nacional, que fueron retirando abundante documentación que ha sido trasladada alrededor de las 14.30 horas en furgones a las dependencias de la Comisaría Provincial de Alicante.

La alcaldesa de Orihuela no sale del ayuntamientoAdemás del domicilio y la Diputación de Alicante, la Policía ha registrado el Ayuntamiento de Orihuela (Alicante). La alcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente, permanece junto a la Policía desde primera hora de esta mañana en el Ayuntamiento de la localidad junto a otros cuatro concejales del equipo de gobierno.

Junto a Mónica Lorente, también se encuentran varios ediles de su equipo de gobierno, entre los que se encuentra el edil de Manuel Abadía --concejal de Servicios e Infraestructuras Urbanas, Barrios y Comercio-- y Antonio Rodríguez Barberá --edil de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Patrimonio y Parajes Naturales--.

También acompañan a Lorente Ginés Sánchez --responsable de Calidad Medioambiental, Energías Renovables, Cambio Climático y Transporte Urbano--; y Antonio Rodríguez Murcia --delegado de Servicios e Infraestructuras de Pedanías y Desarrollo Rural, Parques y Jardines y alumbrado público--.

La Fiscalía Anticorrupción dirige esta investigación, en colaboración con el juzgado de instrucción número 3 de Orihuela, en torno a la adjudicación del llamado Plan Zona de Residuos Zona XVII, aprobado en enero de 2008.

Esta decisión se produjo por unanimidad de los miembros del Consorcio del citado Plan Zonal, presidido por el presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll, y recayó sobre la empresa Cespa-Ortiz.

Despliegue en Orihuela
Efectivos de la Policía Nacional han retirado numerosos archivadores con documentación del interior del Ayuntamiento de Orihuela y posteriormente los han introducido en coches policiales, según ha comprobado Efe.

Por otro lado, varios miembros del ayuntamiento oriolano han sido interrogados por los agentes, y tres de ellos han sido detenidos.

Los efectivos del Cuerpo Nacional de Policía han entrado a primera hora en el Ayuntamiento de Orihuela acompañados por el concejal de Servicios Urbanos, Manuel Abadía, uno de los que ha sido posteriormente detenido, y han procedido a precintar diversas dependencias municipales.

Los agentes acudieron primero a la vivienda particular del edil, quien alrededor de las ocho de esta mañana les acompañó al Consistorio, donde la Policía ha iniciado la inspección de las oficinas de las Concejalías de Urbanismo y Fomento, así como las dependencias municipales ubicadas en el edificio Prop, que han quedado precintadas.

Las inmediaciones del Ayuntamiento se encontraban desde primera hora ocupadas por varios furgones policiales, así como vehículos camuflados. Por su parte, los miembros del equipo de gobierno municipal, del PP, han ido llegando a la casa consistorial esta mañana, y los agentes han permitido su acceso al edificio.

El secretario del consistorio oriolano, Virgilio Estremero, ha estado presente en la retirada de numerosos archivadores con documentación, que ha sido realizada a través de una puerta ubicada en la parte posterior del edificio municipal.

Instantes antes, efectivos policiales habían situado un coche junto a la citada puerta con el fin de retirar y cargar los referidos archivadores.

lasprovincias.es

RIPOLL ES DETENIDO EN LA OPERACIÓN ANTICORRUPCIÓN DE ALICANTE Y ENRIQUE ORTIZ SE ENTREGA A LA POLICÍA














Efectivos de la Policía Nacional han retirado numeros archivadores con documentación del interior del Ayuntamiento de Orihuela. / Foto: Efe

R.D./AGENCIAS | ALICANTE
El concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Orihuela, Manuel Abadía, ha sido el primer detenido y poco después se ha arrestado a dos ediles más del consistorio.

La Policía registra la Diputación de Alicante, la casa de José Joaquín Ripoll y el Ayuntamiento de Orihuela.

Los agentes han retirado numerosos archivadores con documentación del consistorio oriolano y los han introducido en coches policiales.

La investigación, por presunta corrupción, se extiende a la casa del empresario de la construcción Enrique Ortiz

José Joaquín Ripoll, máximo dirigente del PP en la provincia de Alicante y presidente de la Diputación, ha sido detenido en el marco de la operación anticorrupción que se desarrolla en la capital alicantina y en Orihuela vinculada con la contrata de basuras en el sur de Alicante, mientras que el empresario Enrique Ortiz (dueño del Grupo Cívica y máximo accionista del Hércules), que se encontraba en Pamplona disfrutando de los Sanfermines, ha regresado a Alicante y se ha entregado a la Policía para colaborar en la investigación. Una vez que termine la inspección, conocerá si está imputado y si está detenido.

El concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Orihuela, Manuel Abadía, ha sido el primer arrestado en esta actuación, que continuaba a mediodía, y en la que poco después han sido también detenidos otros dos ediles de la corporación oriolana.

José Joaquín Ripoll permanecía pasadas las 14.00 horas en el interior del palacio provincial, mientras los efectivos de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) requisaban numerosa documentación de las dependencias de Presidencia, según han informado fuentes cercanas al caso.

Los agentes acudieron a primera hora de hoy a su domicilio particular ubicado en la zona de Vistahermosa en Alicante y procedieron a registrar la vivienda. A continuación, alrededor del mediodía acompañaron a José Joaquín Ripoll al palacio provincial y procedieron a examinar el despacho del presidente de la institución.

Así, a media mañana el edificio se encontraba fuertemente custodiado por miembros de la Policía Nacional, que fueron retirando abundante documentación que ha sido trasladada alrededor de las 14.30 horas en furgones a las dependencias de la Comisaría Provincial de Alicante.

Además del domicilio y la Diputación de Alicante, la Policía ha registrado el Ayuntamiento de Orihuela (Alicante). La alcaldesa de Orihuela ( Alicante ), Mónica Lorente, permanece junto a la Policía desde primera hora de esta mañana en el Ayuntamiento de la localidad junto a otros cuatro concejales del equipo de gobierno.

Junto a Mónica Lorente, también se encuentran varios ediles de su equipo de gobierno, entre los que se encuentra el edil de Manuel Abadía --concejal de Servicios e Infraestructuras Urbanas, Barrios y Comercio-- y Antonio Rodríguez Barberá --edil de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Patrimonio y Parajes Naturales--.

También acompañan a Lorente Ginés Sánchez --responsable de Calidad Medioambiental, Energías Renovables, Cambio Climático y Transporte Urbano--; y Antonio Rodríguez Murcia --delegado de Servicios e Infraestructuras de Pedanías y Desarrollo Rural, Parques y Jardines y alumbrado público--.

La Fiscalía Anticorrupción dirige esta investigación, en colaboración con el juzgado de instrucción número 3 de Orihuela, en torno a la adjudicación del llamado Plan Zona de Residuos Zona XVII, aprobado en enero de 2008.

Esta decisión se produjo por unanimidad de los miembros del Consorcio del citado Plan Zonal, presidido por el presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll, y recayó sobre la empresa Cespa-Ortiz.

Despliegue en Orihuela
Efectivos de la Policía Nacional han retirado numerosos archivadores con documentación del interior del Ayuntamiento de Orihuela y posteriormente los han introducido en coches policiales, según ha comprobado Efe.

Por otro lado, varios miembros del ayuntamiento oriolano han sido interrogados por los agentes, y tres de ellos han sido detenidos.

Los efectivos del Cuerpo Nacional de Policía han entrado a primera hora en el Ayuntamiento de Orihuela acompañados por el concejal de Servicios Urbanos, Manuel Abadía, uno de los que ha sido posteriormente detenido, y han procedido a precintar diversas dependencias municipales.

Los agentes acudieron primero a la vivienda particular del edil, quien alrededor de las ocho de esta mañana les acompañó al Consistorio, donde la Policía ha iniciado la inspección de las oficinas de las Concejalías de Urbanismo y Fomento, así como las dependencias municipales ubicadas en el edificio Prop, que han quedado precintadas.

Las inmediaciones del Ayuntamiento se encontraban desde primera hora ocupadas por varios furgones policiales, así como vehículos camuflados. Por su parte, los miembros del equipo de gobierno municipal, del PP, han ido llegando a la casa consistorial esta mañana, y los agentes han permitido su acceso al edificio.

El secretario del consistorio oriolano, Virgilio Estremero, ha estado presente en la retirada de numerosos archivadores con documentación, que ha sido realizada a través de una puerta ubicada en la parte posterior del edificio municipal.

Instantes antes, efectivos policiales habían situado un coche junto a la citada puerta con el fin de retirar y cargar los referidos archivadores.

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"CASO SON OMS"; BARTOMEU VICENS YA ESTÁ EN PRISIÓN

Cumplirá una pena de tres años

Se convierte en el primer diputado autonómico que ingresa en un centro penitenciario

Bartomeu Vicens ha sido trasladado a prisión desde la sede del TSJB B. Ramón

El encarcelamiento del ex portavoz de UM en el Parlament tiene lugar tras la condena firme dictada ayer por el Supremo referida al "caso Son Oms".

EFE. PALMA El ex diputado autonómico de Unió Mallorquina (UM) Bartomeu Vicens ha ingresado esta mañana en la prisión de Palma para cumplir 3 años de cárcel, convirtiéndose en el primer diputado autonómico balear que ingresa en la cárcel por un caso de corrupción.

El encarcelamiento de Vicens, ex portavoz de UM en el Parlament balear y ex conseller de Territorio del Consell de Mallorca, tiene lugar tras la condena firme dictada ayer por el Tribunal Supremo (TS) referida al "caso Son Oms".

La sentencia considera probado que el Consell de Mallorca pagó en la pasada legislatura, cuando era gobernado por UM y PP, 12.020 euros al contable de Vicens -que trabajaba gratis para el ex diputado- por un informe plagiado de internet sobre el valor del suelo en la isla, el cual no aportó ninguna utilidad a los intereses públicos.

Por este motivo, el Supremo condena a Vicens, quien abandonó su escaño en el Parlamente balear tras la condena del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (TSJIB), a 3 años de cárcel y seis de inhabilitación por el delito de malversación y a siete años de inhabilitación por el de prevaricación.

El ingreso en prisión ha sido decretado esta mañana por la Sala de lo Civil y Penal del TSJIB.

Vicens ha llegado al Tribunal Superior sobre las 11.30 horas acompañado de su abogado, Eduardo Valdivia, aunque no ha sido conducido a prisión hasta las 13.00 horas.

En ese tiempo, han acudido al Tribunal su mujer con otro de sus abogados, Jaime Campaner, quienes le han llevado una maleta con efectos personales para su ingreso en la cárcel.

Finalmente, una vez que la Sala de lo Civil y Penal ha decretado el ingreso en prisión del ex diputado, Vicens ha montado en un coche policial y ha sido trasladado a la cárcel de Palma.

Vicens se ha convertido así en el primer diputado autonómico que cumple una pena de prisión por corrupción, aunque en la cárcel de Palma ya se encuentran otros políticos baleares por delitos económicos.

En concreto, cumplen condena el ex alcalde de Andratx del PP Eugenio Hidalgo por una pieza del "caso Andratx" de corrupción urbanística, así como el ex director general de Ordenación del Territorio del Govern balear (PP) Jaume Massot, también por este caso.

Asimismo, está en la cárcel el ex concejal del PP de Palma Javier Rodrigo de Santos por un caso de abusos a menores cuya pena fue rebajada ayer por el TS de 13 años y medio a 5 años, y tiene también otra condena a 2 años de cárcel por malversación de fondos pendiente de recurso.

El TSJIB también ha decretado el pago de la multa impuesta por el Supremo al contable de Vicens, Tomás Martín, dentro de este caso.

La sentencia del TS absuelve al ex director insular Damià Nicolau, condenado a 2 años y tres meses de cárcel por el TSJIB, ya que el Alto Tribunal cree que no se puede afirmar con certeza que conociera la ilegalidad de la contratación de Martín por parte del Consell.

Vicens no es el único diputado autonómico que ha ingresado en prisión por delitos de corrupción, ya que el político Dimas Martín, del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL), ha ingresado cuatro veces en la cárcel -la última en 2006- por varios delitos, entre ellos cohecho, malversación y contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social.

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