martes, 2 de febrero de 2010

"CASO MACARENA"; EL SUPREMO DECIDIRÁ EL 16 SOBRE LOS RECURSOS POR LAS FACTURAS FALSAS

José Pardo y José Marín fueron condenados

Europa Press | Sevilla

La sala segunda del Tribunal Supremo (TS) ha fijado para el 16 de febrero su deliberación y "decisión" en cuanto al recurso formulado por las representaciones del contratista José Pardo y del ex secretario del distrito Macarena José Marín, ambos condenados por delitos de malversación y falsedad documental al beneficiarse del cobro de obras no ejecutadas en dicho distrito de Sevilla. Tanto Pardo como Marín recurren contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que ratifica el fallo condenatorio de la Audiencia provincial.

La sala segunda del Tribunal Supremo, en una providencia, ha declarado "concluso" el recurso formulado por las representaciones jurídicas de ambos condenados, quienes habían solicitado una vista que revisase el caso en el marco de dicho recurso.

En concreto, fue el pasado 11 de septiembre cuando la defensa de Pardo formalizó esta petición, extremo que consumó la representación de Marín ese mismo día. El 28 de octubre de 2009, el PA elevó al TS un escrito de oposición en el que reclamaba la no celebración de la vista solicitada por los condenados.

Condena por beneficio 'evidente'
La Audiencia, como se recordará, había condenado al ex secretario del distrito Macarena José Marín y a Pardo a cuatro años y tres meses de prisión y a tres años y nueve meses de cárcel respectivamente al creer "evidente" que los procesados se beneficiaron del cobro de obras no ejecutadas.

La sentencia del TSJA recurrida por Pardo y Marín rechazaba, a su vez, los recursos formulados por cada uno de ellos contra la condena de la Audiencia Provincial. En concreto, la defensa de Marín pedía la nulidad del veredicto y la devolución de la causa a la Audiencia para la celebración de un nuevo juicio, argumentando para ello un quebrantamientos de garantías procesales, errónea calificación de los hechos y vulneración de la presunción de inocencia. Pardo, de su lado, denunciaba quebrantamiento de garantías procesales e indebida calificación de los hechos.

Los hechos
La Audiencia Provincial de Sevilla condenó a cuatro años y tres meses de prisión al ex secretario del Distrito Macarena José Marín y a tres años y nueve meses de cárcel al contratista José Pardo como responsables de sendos delitos de malversación y falsedad documental al entender que los acusados se beneficiaron del cobro de obras no ejecutadas. Asimismo, los acusados deberán indemnizar de manera solidaria al Ayuntamiento con 5.901 euros.

En la sentencia hecha pública el pasado 5 de marzo, el magistrado Francisco Gutiérrez comienza su fallo absolviendo al ex colaborador del distrito Manuel Portela del delito de malversación de caudales públicos en calidad de cómplice, después de que el juez decidiera retirar la acusación antes del veredicto del jurado al no ver "ninguna prueba", ya que su silencio ante actividades delictivas "no puede identificarse con colaboración, sino con desconocimiento".

Asimismo, la Sala impuso a Marín tres años de prisión y seis de inhabilitación por un delito de malversación y un año y tres meses de cárcel más una multa de 2.400 euros por un delito de falsedad en documento oficial. Del mismo modo, condenó a José Pardo a dos años de cárcel y a cuatro de inhabilitación absoluta por un delito de malversación, en calidad de cooperador necesario, y a un año y nueve meses de prisión, así como al pago de una multa de 2.160 euros por un delito continuado de falsedad en documento oficial.

La sentencia se dio a conocer una semana después de que un jurado popular declarase a los dos acusados culpables. El tribunal popular estimó que la culpabilidad de Marín radicaba en que permitió que el contratista Pardo cobrara "indebidamente" obras que no llegaron a realizarse como fue la no demolición de dos módulos de la barriada de San Diego, así como otras cuatro obras menores en distintas calles de La Macarena que sólo fueron parcialmente ejecutadas.

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"CASO MAQUILLAJE"; EL FISCAL NO PIDE MEDIDAS CONTRA NADAL NI TAMPOCO CONTRA GRIMALT

Tras el careo

Grimalt y Nadal en los juzgados. | Fotos: Jordi Avellà

* Grimalt ya ha concluido y la Fiscalía no ha pedido medidas cautelares
* Nadal ya ha terminado de declarar y el fiscal tampoco ha pedido medidas contra él

Esteban Urreiztieta | Eduardo Colom | Palma

Una vez concluido el careo en el que el conseller de Medio Ambiente del Govern, Miquel Àngel Grimalt, y el regidor de UM en el Ayuntamiento de Palma, Miquel Nadal, han confrontado las contradicciones detectadas en sus respectivas declaraciones, el juez ha decidido tomarles declaración por separado para volver a escuchar sus respectivas versiones sobre el tema.

La declaración de Miguel Ángel Grimalt ya ha concluido y la Fiscalía no ha pedido medidas cautelares para él, que en el careo con Miquel Nadal se ha ratificado punto por punto en su declaración anterior. Después, ha sido el turno de Miquel Nadal, que ha testificado ante el juez y tras declarar, el fiscal tampoco ha pedido medidas cautelares contra él.

El careo ha arrancado a las 10.25 horas y durante la vista el juez interrogará al mismo tiempo a ambos encausados dentro de esta compleja separada del caso Son Oms. Grimalt ha llegado en torno a las 9.50 horas a los juzgados de Vía Alemania, en medio de una gran expectación mediática, mientras que Nadal lo ha hecho quince minutos después, aunque ninguno de los dos imputados quiso hacer declaraciones a los numerosos medios de comunicación congregados.

La causa investiga la presunta trama de corrupción urdida la pasada legislatura en torno a contratos y subvenciones otorgados de forma irregular desde el Consell de Mallorca a varias productoras audiovisuales.

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IMPUTADA LA EX ALCALDESA DE PINTO POR PRESUNTA PREVARICACIÓN

TRIBUNALES | Declarará ante el juez el día 26

Miriam Rabaneda, ex alcaldesa de Pinto, en una foto de archivo. | Diego Sinova.

Europa Press | Madrid

El juzgado de Instrucción número 6 de Parla ha imputado a la ex alcaldesa de Pinto y actual portavoz del PP, Miriam Rabaneda, y a su hermana Tamara, que fuera concejala de Hacienda en su gobierno, por un delito de prevaricación por la gestión económica durante su mandato, al figurar presuntamente gastos sin consignación presupuestaria, prelación y fraccionamiento de pagos y facturas sin aprobación previa, según la denuncia que interpuso el actual alcalde, Juan José Martín (PSOE).

El juzgado ha citado a ambas ex responsables municipales a declarar el próximo día 26 a las 10.00 horas, para pronunciarse en sede judicial, entre otras cosas, "por las órdenes de pago efectuadas contraviniendo el procedimiento a que obligan los reparos de legalidad emitidos por la Intervención de la Corporación municipal y contra el informe negativo de intervención de fecha 19 de diciembre de 2008", según el auto judicial.

Fuentes municipales explicaron que esta resolución implica que la ex regidora habría aprobado cerca de 400 expedientes administrativos con informes desfavorables de Intervención o Tesorería, lo que habría colocado al Consistorio pinteño "en una de las situaciones más difíciles de su historia reciente".

Por su lado, Rabaneda señaló que aún no le han comunicado el auto y, en todo caso, manifestó sentirse "tranquila", ya que, a su entender, tiene "las manos limpias y la cabeza alta".

"Siempre actuamos a favor de los pinteños y nadie nos puede acusar de haber metido la mano en la caja", manifestó tras afirmar que "es sorprendente" que, antes que ella, la información haya trascendido al Partido Socialista y a los medios de comunicación.

En cualquier caso, recordó que esta denuncia es paralela a la que se mantiene en el Tribunal de Cuentas por la gestión de los populares durante su mandato. "El Tribunal de Cuentas es el máximo órgano fiscalizador", apuntó a Ep tras señalar que esta querella "no se puede comparar" a la que su grupo interpuso contra los firmantes de la moción de censura de diciembre de 2008: PSOE, IU y 'Juntos por Pinto' (JpP).

El Ejecutivo local inició los trámites para la denuncia ante el Tribunal de Cuentas y el juzgado de Instrucción en enero del pasado año, cuando en el Pleno del 29 de enero del pasado año el Gobierno local (PSOE, IU y 'Juntos por Pinto) informó de que la gestión del PP en el Gobierno local en los 18 meses que gobernó dejó gastos sin consignación presupuestaria por valor de 1.077.138 euros y facturas sin aprobación previa de 11.522 euros.

Además, el equipo de Gobierno reveló que, trece días antes de la moción de censura del 22 de diciembre que apartó de la Alcaldía a la coalición del Partido Popular y Juntos por Pinto (JpP), se produjeron hasta 522 órdenes de pago que contaron con "informes desfavorables emitidos por la Interventora o de la Tesorera".

A estos se unirían, durante 2008, otros 167 informes desfavorables de Intervención sobre unos gastos de 8,6 millones. La situación llegó a tal punto que, según la responsable de Hacienda, en los expedientes figuran dos mandamientos de pago "con reparo de ilegalidad" firmados por la anterior concejala de Hacienda a, Tamara Rabaneda.

En aquel Pleno, el PP argumentó, durante el Pleno del pasado día 29, que las irregularidades denunciadas y los expedientes son "cuestiones procedimentales, del día a día", que el anterior Gobierno también detectó de los gestores que le precedían.

El 6 de marzo, el Pleno aprobó llevar toda la información relativa a esta gestión al Tribunal de Cuentas. La sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas decidió, a finales de mes, nombrar un delegado instructor para analizar la gestión del Partido Popular.

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