lunes, 25 de abril de 2011

LA "GÜRTEL" GANÓ 159.603 EUROS CON LA CAMPAÑA DE TEÓFILA MARTÍNEZ

Un informe policial incluido en el sumario judicial detalla las operaciones de la trama en las elecciones andaluzas de 2004

RAÚL BOCANEGRA SEVILLA

La trama Gürtel se repartió unos dividendos de 159.603 euros tras la campaña de las autonómicas en Andalucía de 2004, según refleja un documento elaborado por sus componentes y llamado Distribución beneficio Rialgreen, incorporado a un informe policial de la brigada de blanqueo de capitales incluido en el sumario del caso. Rialgreen es una compañía administrada por Pablo Crespo, lugarteniente del presunto jefe de la trama, Francisco Correa. Parte de esas ganancias, según se desprende del informe policial, podrían haber acabado revirtiendo en el misterioso "PAC", definido por la Policía como una persona de "suma importancia" y con "gran influencia" sobre varios dirigentes del PP de la época. Los investigadores todavía no han logrado identificar quién está detrás de esas siglas.

Teófila Martínez fue la cabeza de cartel del PP andaluz en aquellas elecciones. Su responsable de campaña fue Ricardo Tarno, ahora diputado y azote del vicepresidente Manuel Chaves en el Congreso, número tres del PP andaluz y candidato a alcalde en Mairena del Aljarafe (Sevilla). El nombre de Tarno aparece en la agenda de Crespo, también en el sumario Gürtel, bajo el epígrafe Temas pendientes vinculado a la cifra "36.974 euros+IVA". Tarno negó a Público en varias ocasiones haber hecho negocio alguno con Pablo Crespo. "Si Crespo considera que el PP le debe algo, no le puedo decir", agregó.

"¿Cobro en B Andalucía?", escribe la trama a mano en su contabilidad

El documento de Rialgreen, empresa contratada por el PP nacional para la "prestación de servicios publicitarios" a pesar de que su objeto social era la "explotación de fincas", recoge una nota manuscrita al margen que llamó la atención de la Policía y que reza: "¿Cobro en "B" Andalucía?". Fuentes oficiales del PP andaluz dijeron sobre este extremo: "Descalificamos cualquier anotación manuscrita hecha por no se sabe quién y que tampoco se sabe en qué circunstancias se hizo".

Beneficios en dos partes
El documento registra que la trama obtuvo unas ganancias "a distribuir" de 418.000 euros. El beneficio global de la campaña era de 500.000 euros, pero la trama le resta 82.000 que recoge tras la frase "incobrables Andalucía". La compañía dividió los beneficios en dos partes, una de 209.000 euros para la multinacional McCann, a la que subcontrató para hacer parte del trabajo de publicidad encargado por el PP, y retuvo otra de idéntico importe. A sus 209.000 euros, Rialgreen restó, según registra la Policía, diversos gastos de contabilidad, de administración, de asesoría y por "campañas no realizadas" . En total, 49.397 euros. De ahí salen los beneficios de 159.603 euros.

El PP "descalifica cualquier anotación manuscrita por no se sabe quién"

El documento recoge que un 35% de esa cantidad, 55.862 euros, van para "JLRois". La Policía explica en su informe que se trata de José Luis Rois Gallego, administrador único de la sociedad Asian Deluxe Group. Esta compañía, según los investigadores, sí se dedica a la "prestación de servicios publicitarios". "La vinculación entre Rialgreen y Asian, para la que no se ha localizado contrato de colaboración alguno, [se debe] afirma la Policía a un reparto de beneficios derivado del negocio en que participaba la organización de Francisco Correa de las elecciones autónomicas y generales".

Según concluye la brigada de blanqueo de capitales en su análisis de la operativa de la trama para las autonómicas y municipales de 2003, un año antes que las andaluzas, "el beneficio que recae en JLRois se divide en otras dos partes entre PAC y JLRois".

La Gürtel también utilizó la empresa Spinaker 2000 para repartir fondos de otras campañas, distintas de la andaluza, presuntamente a los exdirigentes del PP Luis Bárcenas, Jesús Merino, Jesús Sepúlveda, Gerardo Galeote y el misterioso "PAC". "Los fondos públicos recibidos para la financiación electoral y que se destinan a pagar actos electorales revierten a los responsables políticos del PP encargados del control de los ingresos y gastos, distrayendo estos recursos de forma indirecta para su lucro personal", dice el informe.

Los conservadores se desvinculan de la contabilidad de la 'trama Gürtel'

803.224 euros
Este mismo informe recoge otro documento de Rialgreen llamado Informe facturación Andalucía, que registra un montante total entre cantidades cobradas al PP y pendientes de abono de 803.224 euros, incluido el IVA. Las fuentes oficiales del PP se desvincularon por completo de la contabilidad de la compañía Rialgreen y manifestaron en reiteradas ocasiones que sus cuentas "están perfectamente claras y auditadas por la Cámara de Cuentas de Andalucía y el Tribunal de Cuentas".

La Cámara, en su informe definitivo sobre los comicios de 2004, publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), recoge que Rialgreen no justificó 520.491 euros facturados al PP andaluz. La empresa anota en sus cuentas que efectivamente cobró 493.500 euros por diversos conceptos como "fotografías Teófila", "vídeo Teófila", "mailing", "carteles" o "vallas y marquesinas".

Rialgreen recoge que facturó otros 87.900 euros que están aún pendientes de pago por "mailing" y "cartelería", por lo que el total facturado asciende, según sus cuentas, a 581.000. El resto, 221.700 euros, está registrado como "pendiente de facturar". En este caso, la empresa no detalló el motivo por el que pretendía cobrar al PP esa cantidad. Se limita a contabilizar "presu 2: 165.800 euros"; "presu 3: 27.000 euros"; "presupuesto 4: 28.900 euros".

Como ha venido informando Público, Rialgreen apuntó también en su contabilidad, según el informe policial, que el PP de Sevilla le debía 125.700 euros de la campaña de 2004.


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"CASO PALMA ARENA"; EL BERENJENAL DEL CUÑADO DE MATAS

Fernando Areal y Rafael Perera acuden a los juzgados para prestar testimonio ante el juez Castro, hace ya un año.  b. ramon
Fernando Areal también se queja de la maraña en la que se ve envuelto por culpa del expresident

M. M. B / J. F. M. PALMA

Los vínculos familiares se entremezclaban con los negocios en la familia Matas. Cuando estalló el caso Palma Arena, el cuñado del expresident, Fernando Areal, comprobó las consecuencias funestas del espeso trabazón sanguíneo. "Bueno, me han metido en un berenjenal, sí", confesó al letrado Rafael Perera en una conversación telefónica inédita a la que ha tenido acceso este diario.
 
En los buenos tiempos, Areal compaginaba su carrera financiera con los cargos de gerente del Partido Popular en Balears y tesorero de la fundación conservadora Antonio Maura (que presidió Matas y se financió con donativos). En los ratos libres tutelaba aspectos domésticos del matrimonio constituido por su hermana y el entonces dirigente supremo de la Comunidad Autónoma. Para completar el círculo, la esposa de este hombre pluriempleado, Encarnación Padilla, ejercía de directora general de Tecnología en el Govern del PP. Todo quedaba en casa, hasta que Jaume Matas fue desalojado del Consolat de la Mar y la investigación judicial desenredó los movimientos a la sombra de la Administración pública.
 
Fernando Areal: Tú me tienes que asesorar. Yo confío en ti, Rafael, y ahora estoy completamente tranquilo.
Rafael Perera: No, bueno, tranquilo... Por desgracia estás involucrado como cada uno... Es como cuando uno se encuentra en medio de un incendio del que no es culpable [...] Lo que no podemos negar es que por circunstancias de la vida tú estás metido en un berenjenal.
Fernando A.: Bueno, que me han metido en un berenjenal, sí.
 
Esta conversación interceptada por la Guardia Civil tiene lugar el 3 de marzo de 2010, un día después de que el decorador de San Felio acusara a Maite Areal de entregarle sobres cerrados con dinero para pagar a los proveedores. Y veinte días antes de la gran comparecencia familiar ante el juez José Castro. Fernando Areal y el abogado analizan los últimos acontecimientos y perfilan su declaración ante el magistrado .
 
Rafael P.: Este hombre en las declaraciones de ayer [el decorador], te lo digo porque puse especial interés en este tema de los sobres y todo esto, o sea, tú no apareciste para nada ayer.
Fernando A.: Claro.
Rafael P.: No. Claro, no, hijo mío. Por favor, demos gracias a Dios. Igual podría haber dicho que los sobres los dabas tú, ¿eh?. Que tú eras el transmisor de sobres.
Fernando A..: ¡Sí pero yo soy un mero intermediario, no soy un... Me entiendes! [....] No soy un colaborador de nada.
 
En este diálogo del día 3 de marzo también sale a colación el local de la calle Sant Miquel alquilado a un comerciante. Parte del arriendo se cobra en negro. El cuñado y el letrado de Matas repasan este episodio de cara a la futura comparecencia ante el juez.
 
Rafael P.: Van a demostrar que el apartamento de la Colònia es de Jaume, no de su madre; los tiros van por ahí.
Fernando A.: El registro, ¿qué pone?
Rafael P.: No lo sé, supongo que debe poner el nombre de la madre.
Fernando A.: Pues ya está.
Rafael P.: [duda] Claro, ya está, téoricamente ya está como lo de Tolo Reus, que también estaba...
Fernando A.: La madre tiene renta suficiente [...]. Ella cobra el alquiler que son dos mil y pico euros.
Rafael P.: El alquiler de qué.
Fernando A.: De la calle Sant Miquel.
Rafael P.: Pero este alquiler, ¿quién lo cobra, Jaume o la madre?
Rafael P.: La madre, lo que pasa que la otra parte la cobran ellos.
 
Cuatro días después, el cuñado de Matas y el abogado vuelven a comunicarse. El exgerente del PP muestra su amargura ante el trago por el que pasará en solo dos semanas. "Yo no he engañado a nadie. Ni al fisco ni a nada. Todo lo que tengo yo en mi patrimonio está declarado con mis rentas. Las de mi mujer y las mías y ni un duro más. Por suerte o por desgracia, cuando me fui a Palma en el año 93 tenía muchísimo más dinero del que tengo al volver a Madrid por estas circunstancias. Algún día alguien me lo tendrá que pagar", dice.
 
Un día después, los interlocutores son Jaume Matas y Fernando Areal. En esta ocasión comentan los testimonios de antiguos colaboradores y la situación del PP. "¿El PP ha cambiado de gerente?", pregunta Matas. "No lo sé. Que yo sepa, no estaban muy contentos. Bueno, qué te voy a contar de Rosita [por Rosa Estarás]... Están hechos por el mismo corte. No quiero saber res de res", contesta su cuñado. "¿Y el presidente nuevo?", interroga Matas. "Es buen chaval. Yo creo que hizo bien al hacer votar a todo el mundo. Ahora se tiene que proteger de los de casa", apostilla Areal.

diariodemallorca.es

"CASO MALAYA"; LA UDYCO REORGANIZÓ SU INVESTIGACIÓN TRAS SER DETECTADA POR LA POLICÍA LOCAL MARBELLÍ

Dijeron que eran 'pesquisas antidroga'

José Carlos Villanueva | Málaga

La investigación policial del llamado caso 'Malaya' tuvo que ser reorganizada a los pocos días de ponerse en marcha. La Policía Local de Marbella detectó a los agentes encargados de las pesquisas sobre la trama de presunta corrupción municipal.

Así lo han declarado este lunes tanto el ex comisario jefe de Marbella Rafael Madrona, como el inspector Rando. Ambos llevaron el peso de las investigaciones en lo que respecta a la Udyco Costa del Sol, con sede en la Comisaría Provincial de Málaga.

Madrona, que en noviembre de 2005 cuando arrancó la instrucción judicial era inspector jefe, ha recordado que el entonces superintendente de la Policía Local de Marbella, Rafael del Pozo, les preguntó personalmente a qué se estaban dedicando en la ciudad: "Le contestamos que se trataba de una operación antidroga", ha detallado el mando policial.

Por su parte, Rando, ex jefe del Grupo III de Blanqueo de Capitales, ha expuesto que la unidad que él lideraba "estaba formada por sólo seis funcionarios". No obstante, ha asegurado que "la Policía Local hacía imposible una aproximación sin riesgo de ser detectados".

Fue encargo del entonces juez instructor del caso, Miguel Ángel Torres, actuar con "el máximo sigilo". En las primeras vigilancias policiales, que se llevaron a cabo en el entorno de las oficinas de Urbanismo, cuartel general de Juan Antonio Roca, los agentes fueron detectados, "tras recibirse una llamada de Marbella preguntando por un vehículo sospechoso". El demandante de aquella información era Del Pozo.

A partir de ese momento se extremó al máximo el celo policial, como ya es sabido, hasta el punto de 'blindar' las pesquisas en el seno del propio Cuerpo Nacional de Policía. De hecho, Rando y otro inspector pendiente de declarar en el juicio sólo daban cuenta de sus informes al juez Torres, por expreso deseo de éste, y no a sus superiores directos de Madrid, ni tampoco a la cúpula de Málaga.

"Las cautelas comenzaron en la propia Comisaría Provincial", ha expuesto Rando a preguntas del fiscal delegado de Anticorrupción en Málaga, Juan Carlos López Caballero.

Tales hechos generaron múltiples tensiones y los dos inspectores acabaron tirando la toalla cuando aparecieron una serie de nombres que resultaron incómodos a la superioridad policial, tal y como informó EL MUNDO en 2007. Ambos mandos policiales acabaron destinados en la comisaría del distrito malagueño de El Palo, dedicados a la delincuencia común, a pesar de la alta cualificación y capacitación profesional que tenían en la lucha contra el crimen organizado.

Durante la investigación del caso 'Malaya', que se prolongó desde noviembre de 2005 y desembocó con las detenciones de la primera fase en marzo de 2006, hubo "numerosas rotaciones" de vehículos y participaron cientos de agentes. Se trataba de no despertar ninguna sospecha en el entorno del Ayuntamiento de Marbella, tras ser detectados por primera vez.

Ratificación
A lo largo del interrogatorio de este lunes a los testigos policiales el fiscal ha buscado, con sus preguntas, la ratificación de toda la investigación mediante la corroboración pormenorizada de los numerosos oficios e informes elaborados a instancia del juez Torres.

Sorprendentemente el comisario Madrona ha asegurado que no tenía conocimiento de actos de corrupción - en el Ayuntamiento de Marbella- antes de iniciarse la investigación del caso 'Malaya' en noviembre de 2005.

Todo ello a pesar de que el caso 'Saqueo 1' se inició en octubre de 1999, tras denunciar EL MUNDO el desvío de 24 millones de euros de sociedades municipales a cuentas privadas. En abril de 2002 Roca y el ex alcalde Gil, entre otros, ingresaron en prisión preventiva incomunicada durante una semana, por orden del juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo, a petición de la Fiscalía Anticorrupción.

Al ser preguntado por la contabilidad de la empresa Maras Asesores, incautada a raíz de la detención del contable y testaferro Salvador Gardoqui, Rando ha declarado que dentro del movimiento de entradas y salidas, de dicha contabilidad, "para el señor Roca el Ayuntamiento era una empresa más" .

Paralelamente se ha referido a Maras como "la caja única de los cohechos", en relación con las iniciales que aparecían en la contabilidad y que la Udyco atribuyó a empresarios que entregaban fondos a Roca a modo de supuestos sobornos, para agilizar permisos urbanísticos.


elmundo.es

LA FISCALÍA PIDE 8 AÑOS DE INHABILITACIÓN PARA EL EX ALCALDE DE LA ALGABA Y CANDIDATO DE IU

Vega acusa a la Fiscalía y el PSOE de alterar el proceso electoral

* Por prevaricación: dictó una 'orden caprichosa' para colocar un toldo
* El ex alcalde critica a la Fiscalía no esperar a que se resuelvan los recursos

Efe | Sevilla

La Fiscalía ha pedido ocho años de inhabilitación para José Luis Vega (IU), ex alcalde de La Algaba (Sevilla) y candidato, en la actualidad, a la Alcaldía de esta localidad, por prevaricación al dar una orden "caprichosa" para la instalación de un toldo.

El escrito de acusación, al que ha tenido acceso Efe, explica que existía una orden de la Alcaldía de 17 de abril de 2007, confirmada en resoluciones posteriores, para la retirada de un toldo de la Cafetería Río Blanco de La Algaba.

El toldo fue retirado el 21 de junio de 2007 y el 5 de julio siguiente el entonces alcalde "ordenó de forma verbal y por escrito al jefe de la Policía Local que pusiese los medios oportunos, acompañado de personal del Ayuntamiento", para su reposición.

Con esta orden "contravenía lo previamente acordado según expediente administrativo, sin que contara esta nueva decisión con amparo legal alguno, dado el carácter caprichoso y sin fundamento de la misma", sostiene la Fiscalía.

El 6 de julio de 2007 "se procedió a la instalación nuevamente del toldo por personal del Ayuntamiento", añade el escrito de acusación, que imputa a Vega un delito de prevaricación por el que pide ocho años de inhabilitación.

Vega ha manifestado a Efe su sorpresa por el hecho de que se haya hecho pública una resolución de la Fiscalía sin que, a día de hoy, se hayan resuelto los recursos de su defensa contra el auto de procesamiento.

El ex alcalde ve en este hecho "un interés claro" por parte de la Fiscalía y el PSOE -que está personado en la causa a través el Ayuntamiento que ahora gobierna La Algaba- por dar a conocer estos hechos unos días antes de las elecciones municipales.

"Es rotundamente falso que yo haya ordenado la colocación de ningún toldo, como demostraré en su día y como han declarado todos los testigos que han pasado por el juzgado de instrucción 8", ha añadido.


elmundo.es

"CASO GÜRTEL"; EL JUEZ RECHAZA IMPUTAR A ANA MATO POR COHECHO PORQUE EL DELITO HABRÍA PRESCRITO

JUSTICIA | Trama de corrupción en Madrid

Efe | Madrid

El juez instructor del 'caso Gürtel' en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, ha rechazado citar a declarar en calidad de imputada por un delito de cohecho a la vicesecretaria de Organización del PP Ana Mato, como había solicitado el PSOE de Boadilla del Monte (Madrid).

En un auto fechado el pasado día 19, el magistrado acuerda no admitir a trámite la denuncia presentada por el portavoz socialista en Boadilla del Monte, Pablo Nieto, y otros tres miembros de este partido contra Mato, al entender que en el "hipotético supuesto de que concurriesen indicios delictivos", los mismos habrían prescrito.

La denuncia hacía alusión a los informes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en los que se apunta la posibilidad de que la trama de corrupción presuntamente dirigida por Francisco Correa pagara varios viajes, billetes de avión y estancias en hoteles al ex alcalde de Pozuelo de Alarcón Jesús Sepúlveda (PP) y a varios miembros de su familia, entre ellos su exesposa -Ana Mato-.

En concreto, los denunciantes mencionaban un viaje realizado por la dirigente del PP y su hija, así como su estancia en el hotel Capital Swisse Golf, y pedían al instructor que investigara una posible responsabilidad penal.

El fiscal, sin embargo, se opuso a la denuncia y a la imputación de Ana Mato, argumentando que ya había prescrito el presunto delito que pudiera haber cometido en el caso de acreditarse que los "regalos percibidos en 2003 y 2004 lo fueron en consideración al cargo que desempeñaba y no en su entonces condición de cónyuge del imputado Jesús Sepulveda".

El Ministerio Público recordó que el delito que podría imputársele por estos hechos sería el de "cohecho impropio", castigado con multa de tres a seis meses y cuya prescripción es de tres años.

Sin entrar en el fondo del asunto, el auto del juez Pedreira sostiene que "de los hechos descritos no se deduce apariencia de responsabilidad penal" y que "se ha producido prescripción por el transcurso del tiempo, por lo que carece de justificación abrir un proceso penal.


elmundo.es

CARGOS DEL PP LOGRARON COMISIONES DE LA RED GÜRTEL EN LA CAMPAÑA DE RAJOY

La financiación de los partidos políticos

Un informe policial sostiene que cuatro dirigentes se repartieron miles de euros

JOSÉ A. HERNÁNDEZ - Madrid

La campaña electoral en la que Mariano Rajoy fue por primera vez candidato a la presidencia del Gobierno le costó al Partido Popular más dinero del necesario. Cuatro altos cargos de esa formación política, según un informe policial adelantado por la revista Interviú, cobraron de Francisco Correa, el jefe de la trama de corrupción Gürtel, decenas de miles de euros que habían salido del propio PP para pagar la campaña de Rajoy.

La trama apuntó el reparto de miles de euros a cuatro dirigentes nacionales

"Existe una idea previa de obtener lucro derivado de las campañas"

El informe policial, que ya forma parte del sumario del caso Gürtel, señala que la red empresarial de Francisco Correa participó entre 2003 y 2004 en la organización de los eventos que dicha formación convocó de cara a los comicios autonómicos, municipales y generales que tuvieron lugar aquellos dos años.

El PP firmó un contrato para la prestación de distintos servicios relacionados con la campaña electoral con la sociedad inmobiliaria de la trama, llamada Realgreen. El contrato en cuestión se refería a la "planificación estratégica, publicitaria y promocional, así como la creación, el diseño, la producción de creatividad, la aplicación de la imagen corporativa y el servicio al cliente".

"El beneficio obtenido de las elecciones tanto autonómicas, municipales, como generales se repartía en dos partes iguales. Una para McCann Erickson [la sociedad encargada de la creatividad de la campaña] y otra para Realgreen [la empresa de Francisco Correa]. El beneficio correspondiente a Realgreen (que factura al Partido Popular entre 2003 y 2004 más de tres millones de euros) se divide en dos partes iguales. Una de esas partes se destina a Spinaker 2.000 SL, y al final se distribuye en seis partes idénticas entre las siglas PAC, LB, GG, JS, JM y PC". La policía identifica cinco de las seis siglas, y mantiene la incógnita sobre la identidad que se esconde tras las siglas "PAC", que corresponderían a una persona con una influencia y un peso especialmente relevante en todo el entramado, según la investigación.

La policía atribuye las otras siglas al extesorero y exsenador Luis Bárcenas ("LB"); al exeurodiputado Gerardo Galeote ("GG"); al exalcalde de Pozuelo Jesús Sepúlveda ("JS"); y al exdiputado nacional Jesús Merino ("JM"), todos ellos del PP. El propio líder de la trama, Francisco Correa, aparece como "PC".

La documentación del sumario judicial acredita cuando menos un reparto de 13.927 euros para cada una de las personas que se esconden bajo estas siglas.

Los cuatro cargos del PP presuntamente beneficiados por las comisiones que les habría pagado Correa a cambio de que le adjudicaran contratos en sus ámbitos correspondientes de decisión ocupaban todos cargos relevantes dentro de la formación política.

La policía, según revela Interviú, resalta que "la persona que se identifica bajo las siglas "PAC" es de suma importancia, al cobrar un porcentaje tanto de la parte del beneficio de Realgreen SL como de la parte que se destina a Spinaker 2000 SL". Sin embargo, no aventura ningún nombre.

Los investigadores destacan que entre la documentación incautada a la red Gürtel figuran archivos en los que se detalla la relación de facturas emitidas por una de las empresas de la trama -Special Events-, al PP nacional y madrileño, y a Fundescam (una fundación vinculada a esa formación en la Comunidad de Madrid). En todas ellas se indica cuál es "el concepto real y cuál es el concepto factura".

El informe policial sugiere así que había una cierta manipulación de los datos para camuflar una supuesta financiación ilegal de determinados actos electorales del partido.

En las conclusiones del documento, la policía explica que, "previo acuerdo de la organización [de Correa] con determinados responsables políticos del PP, se adjudica a Realgreen [empresa de la red] la ejecución de unas campañas electorales; la organización gestiona su ejecución con un socio y reparte el beneficio una vez detraída la parte del socio y del intermediario en seis partes iguales".

"Existe", señala el informe policial, "una idea previa de obtener un lucro personal por parte de los partícipes derivado de la ejecución de la campaña. La organización [de Correa] actúa como canal de circulación de los fondos, a través de su propia estructura societaria configurada por [el asesor fiscal de Correa] Luis de Miguel. La Sociedad Spinaker 2000 reparte el beneficio generado".

Todos estos cargos del PP, que según el informe policial cobraron comisiones de Correa a cambio de adjudicar a las empresas de la trama contratos para distintas campañas electorales del partido, ya no tienen ninguna responsablidad. Todos ellos han dimitido o han sido obligados a dimitir de sus cargos públicos o de sus puestos institucionales.

Las relaciones de Correa y su grupo de empresas con el PP, de la que consta abundante documentación en el sumario del caso, empeoraron cuando el expresidente del Gobierno José María Aznar renunció a la reelección, a finales del verano de 2003, y designó como sucesor al frente del partido a Mariano Rajoy. Aunque en 2004, algunos de los actos del PP siguieron en manos de la trama, pronto la dirección nacional marcó las distancias e incluso, a raíz de algunas denuncias de alcaldes de pueblos madrileños, recomendó que no se contratara al grupo de empresas.

Pese a esa supuesta recomendación, los Gobiernos del PP en la Comunidad de Madrid y en la Comunidad Valenciana siguieron contratando a sociedades de Francisco Correa.

En el sumario del caso, las relaciones de la trama de corrupción con los dirigentes nacionales del PP son permanentes hasta ese año, 2004; más adelante aparecen algunos apuntes en la documentación de la red Gürtel, aunque muy escasos.
   
Más información:
* Tema: Caso Gürtel
* "¿Cobro en "B" Andalucía?"
 

EL CONSEJO DE EUROPA SUSPENDE A ESPAÑA POR LA OSCURA FINANCIACIÓN DE LOS PARTIDOS

La financiación de los partidos políticos INFORME ESPECIAL DEL GRUPO DE ESTADOS CONTRA LA CORRUPCIÓN (GRECO)

La investigación ve especialmente opacas las ayudas municipales

LUIS GÓMEZ - Madrid

Expertos europeos consideran que España no ha avanzado lo suficiente en la transparencia de las finanzas de sus partidos políticos. Los préstamos de los bancos en condiciones favorables y las cancelaciones de créditos sin justificación suficiente siguen siendo una fórmula muy criticada por el Grupo de Estados contra la Corrupción, un órgano del Consejo de Europa.

Ninguna de las seis recomendaciones de 2009 se cumplió "satisfactoriamente"

El Tribunal de Cuentas se queja de falta de información sobre fundaciones

El GRECO suspende a España en su último informe, del día 1 de abril, por no cumplir satisfactoriamente ninguna de sus seis recomendaciones. Además, la información proporcionada no resulta suficiente: fuentes del Tribunal de Cuentas confirman que no han podido cruzar datos con el Banco de España.

La legislación española en materia de financiación de partidos ya fue analizada por el GRECO en 2009. A pesar de que el Parlamento había modificado la ley dos años antes (la anterior databa de 1987), los expertos consideraron que había todavía algunos aspectos por mejorar para garantizar la transparencia de las finanzas de los partidos.

Uno de ellos era la opacidad de las cuentas de las agrupaciones locales, sobre todo en municipios de más de 20.000 habitantes. El informe señalaba la existencia de "malas prácticas" en un punto en donde "los riesgos de corrupción son particularmente altos", teniendo en cuenta además que, según los informes del Tribunal de Cuentas, el 25% de los ingresos de los partidos proviene de sus sedes locales.

Otros aspectos muy criticados eran los relacionados con la ausencia de información sobre las fundaciones vinculadas a partidos y las deudas de estos con las entidades de crédito. El informe consideraba que las formaciones españolas estaban en una posición muy vulnerable/dependiente de los bancos. Sus deudas en 2005 ascendían a 144 millones en créditos. Por tal motivo, el documento concluía con seis recomendaciones que España debía aplicar en su legislación.

Dos años después, los expertos concluyen en un nuevo análisis que ninguna de sus seis recomendaciones se han cumplido "satisfactoriamente". La nota es pues un suspenso.

El GRECO pone especial atención en el endeudamiento de los partidos. Las advertencias del Tribunal de Cuentas no tienen carácter vinculante, señala el informe, y no hay datos suficientes como para concluir que el nivel de endeudamiento se haya reducido.

Critica además que no exista una regulación para determinar el límite de endeudamiento o las condiciones con las que se negocian los créditos, de tal forma que estos pueden llegar a confundirse con donaciones, sobre todo cuando se producen cancelaciones.

De hecho, el Tribunal de Cuentas no ha podido cruzar datos con el Banco de España: "Nos ha negado información sobre los créditos de los partidos", señalan fuentes de dicha institución. El Tribunal de Cuentas se ha quejado reiteradamente de recibir datos parciales sobre los ingresos procedentes de las fundaciones: "Si no podemos analizar la contabilidad de las fundaciones vinculadas y solo los ingresos que den a los partidos", afirman dichas fuentes, "no podemos conocer toda la realidad". Los expertos afirman que no se ha avanzado nada en esta materia y que no existe seguridad de que créditos negociados en condiciones muy favorables puedan servir para eludir la ley. Insisten pues en que España sigue estando en una posición muy vulnerable en esta materia.

La segunda recomendación estaba relacionada con los ingresos de las sedes locales de los partidos. Eran opacos en 2009, y lo siguen siendo en 2011: "No hay evidencia de que haya aumentado la transparencia respecto de los ingresos y los gastos de las sedes locales y entidades vinculadas".

Por otro lado, las contabilidades de los partidos son muy heterogéneas y siguen criterios diferentes, por lo que resulta muy complicado comparar la contabilidad de distintas formaciones. No se presentan cuentas consolidadas. "No hay una concepción única de las cuentas de un partido", señalan fuentes del Tribunal de Cuentas. "Los hay que consideran como entidades diferentes del partido y a su grupo parlamentario", explican.

Los expertos del GRECO habían solicitado que todos los partidos siguieran un mismo sistema contable. El Parlamento español solicitó en junio del año pasado al Tribunal de Cuentas que elaborara un plan de contabilidad, que previsiblemente estará listo en el segundo semestre de 2011. En ese capítulo, el GRECO considera que su indicación ha sido "parcialmente" atendida.

Cuarta recomendación: los expertos señalaban que los partidos carecían de un control interno de sus finanzas y no realizaban auditorias externas. El Tribunal de Cuentas, en un informe del 22 de junio de 2010, recomendaba a los partidos que establecieran sistemas de auditoria interna. A pesar de ello, el GRECO concluye que no hay evidencias de mejora en ese aspecto.

Las dos últimas indicaciones fueron atendidas solo parcialmente. Una hacía referencia al Tribunal de Cuentas y a la necesidad de reforzar sus medios y el personal necesario para llevar a cabo el trabajo de inspección. Tras su visita a España, los expertos destacaron que solo se había contratado a una persona para aumentar la plantilla de dicha institución.

Por último, demandaban una normativa sancionadora en la materia para los casos de incumplimiento. "El Tribunal de Cuentas ha presentado algunas propuestas que han sido aceptadas", concluye al respecto el informe.