lunes, 31 de agosto de 2009

EL CUÑADO DE MATAS NIEGA AL JUEZ HABER HECHO PAGOS EN NEGRO A LA AGENCIA NIMBUS

Ha declarado más de dos horas


Fernando Areal a su llegada a los juzgados. | Jordi Avellà

* Su abogado Rafael Perera asegura que 'no hay ninguna cuenta B' en el PP
* Tras él declararán 15 imputados más en septiembre
* El juez no ha hecho 'la menor insinuación' sobre citar a Jaume Matas
* Areal ha llegado sobre las 9.15 horas a los Juzgados

Daniel Álvarez | Palma

Fernando Areal, ex gerente del PP balear y cuñado del ex presidente del Govern, Jaume Matas, ha asegurado al juez Castro, encargado de las investigaciones que giran en torno a la presunta malversación de fondos públicos que se produjo durante la construcción del velódromo Palma Arena, que no realizó ningún pago en negro a la agencia de publicidad Nimbus -encargada de la campaña electoral del partido en 2007- porque, tal y como ha asegurado su abogado Rafael Perera, "en el PP no existe ninguna cuenta en B, ninguna cuenta en dinero negro".

Tras algo más de dos horas de declaración, Fernando Areal ha abandonado las dependencias judiciales acompañado en todo momento de su abogado Rafael Perera, quien ha asegurado que su cliente "ha contestado a todas las preguntas" del juez Castro. Perera ha añadido que Areal, como gerente que era del PP "hizo todos los pagos de todas las facturas que se le presentaron con motivo de la campaña electoral", pero ha vuelto a recalcar que no hizo ningún pago en dinero negro.

En este sentido, el abogado del cuñado de Matas ha insistido en que "material y físicamente no podía realizar ningún pago en B porque no había fondos en B. Todos los pagos se hicieron con facturas y debidamente contabilizadas en el PP". Areal también ha explicado al magistrado durante su declaración que no había cometido ningún delito y que a su juicio, únicamente "se le podría achacar la responsabilidad de un delito electoral".

Perera también ha hecho referencia a Jaume Matas a la salida del juzgado y ha afirmado que no ha recibido ninguna notificación ni citación y que el juez Castro no ha hecho "la menor insinuación" de que vaya a ser citado en próximas fechas.

Areal ha llegado sobre las 9.15 horas a los Juzgados de Vía Alemania acompañado por su abogado, Rafael Perera, y en medio de una gran nube de periodistas que aguardaban su llegada. El también ex tesorero 'popular' ha sido preguntado por el magistrado instructor acerca de los supuestos pagos de al menos 70.000 euros sin declarar a Hacienda que realizó a la agencia de comunicación Nimbus, encargada de gestionar la campaña electoral del PP balear de cara a los comicios de 2007, aunque él ha negado cualquier pago en negro.

El Ministerio Fiscal trata de averiguar si varios organismos públicos del Ejecutivo autonómico -entre ellos el Instituto Balear de Turismo- adjudicaron sin concurso público diversos contratos a Nimbus y si la empresa emitió facturas falsas con sobrecostes sin justificar, mientras que a cambio cobró a 'precio coste' la organización de la campaña electoral del PP. En el caso de Areal, el ex director de Nimbus y también imputado, Miguel Romero, reconoció haber cobrado más de 70.000 euros en dinero negro del ex gerente 'popular', que responderían a trabajos llevados a cabo por la agencia para el partido durante su campaña.

ELMUNDO.ES

sábado, 29 de agosto de 2009

LOS NEGOCIOS PRIVADOS DE MICHAVILA ACABAN CON SU ESCAÑO DE DIPUTADO


@Alberto Mendoza.-

Al final, el popular José María Michavila tuvo que elegir. Y eligió los negocios. El ex ministro de Justicia dejará su escaño como diputado del Congreso después de haber conjugado, al límite de la legalidad, un cargo público con sus intereses privados. La polémica sobre si Michavila debería mantener su escaño ha estado presente en la Cámara desde que El Confidencial informara de su relación con el ex alcalde de Boadilla imputado en Gürtel, y de sus múltiples ocupaciones en el ámbito privado, que apenas le dejaban tiempo para dedicarse a la actividad parlamentaria.

Ahora, Michavila podrá volcarse en su grupo de asesoramiento financiero a grandes fortunas, MdF Achievers. Fuentes cercanas al ex ministro explicaron a este diario que el diputado barajaba desde hace unos meses la posibilidad de abandonar su escaño, y que deseaba hacerlo en un momento en que no se relacionara con una investigación sobre la compatibilidad de sus actividades, o con una pérdida de apoyos en la dirección del PP.

Además de por su labor en este family office, Michavila se ha dedicado a representar a estrellas del espectáculo como Alejandro Sanz o Shakira, a presidir una fundación a favor de la educación infantil o a ejercer de abogado de directores de cine como Menno Meyjes, director de la gafada Manolete, que protagonizan Penélope Cruz y Adrien Brody. Una serie de actividades que le han alejado del Congreso: en la pasada legislatura, Michavila fue el diputado más sancionado por el PP, dadas sus continuas ausencias. El pasado marzo, justificó sus variadas actividades extraparlamentarias con una rotunda afirmación: “Es bueno saber lo que pasa en la calle”.

El ex ministro también fue distinguido en los años 2004 y 2006 con el premio “Desconocido en el Parlamento” por la Asociación de Periodistas Parlamentarios. En la actual legislatura sólo ha intervenido una vez. Lo hizo para interpelar al ministro Celestino Corbacho. Eso sí, ha presentado 272 preguntas escritas al Gobierno, un número superior a la media, aunque en muchos casos se trata de cuestiones repetitivas, en las que apenas cambia la provincia sobre la que se reclama información.

Relación privilegiada en Boadilla

Pero la polémica más grave que ha salpicado a Michavila proviene de su relación con Boadilla del Monte, epicentro de la trama encabezada por Francisco Correa. Eius Abogados, el despacho para el que trabajaba Michavila, junto con los letrados del Congreso Alberto Dorrego y Andrés Jiménez, defendió al Ayuntamiento de Boadilla cuando fue denunciado por regalar a la SGAE el Palacio del Infante Don Luis. Pero las relaciones con Arturo González Panero (El Albondiguilla), ex alcalde imputado en el caso Gürtel, resultaron ser mucho más profundas. De hecho, Eius fue contratado por Panero hasta en nueve ocasiones, y ha abastecido al consistorio de Boadilla de varios directores jurídicos.

Dorrego, director de Eius y ex director general de Michavila cuando éste ejercía como ministro de Justicia, también colaboró con los negocios de otro de los imputados en Gürtel, José Luis Ulibarri. Este empresario, beneficiario de la construcción de 139 viviendas en Boadilla, situó a Dorrego como secretario de su brazo mediático, Mediamed Comunicación Digital, con el que consiguió 13 licencias de TDT en la Comunidad Valenciana, donde la hermana de Michavila ejerce de jefa de gabinete de Francisco Camps.

Por otra parte, según publicó El Mundo, Michavila habría intentado participar como mediador en una operación urbanística en Boadilla a cambio de 6 millones de euros. El ex ministro era el enlace entre Global Health, empresa que fue administrada por Dorrego, y el Ayuntamiento de Boadilla para construir la malograda ciudad sanitara de la Mutua Madrileña en el municipio.

Investigación del Congreso

El ex ministro consiguió que el Congreso aprobara su trabajo extraparlamentario en el family office el pasado marzo, pero ese mismo mes el secretario general de la Cámara anunció que investigaría a sus colegas de despacho, los letrados Dorrego y Jiménez, por sus actividades privadas. El País informó ayer que el Congreso ha obligado a Dorrego a abandonar la Cámara acogiéndose a una excedencia.

La última etapa como diputado de Michavila ha logrado eclipsar la tarea que llevó a cabo como el ministro de Justicia más joven del periodo democrático. Licenciado en Derecho, Historia y en Filosofía y Letras, el ex ministro de Aznar puso en marcha los llamados juicios rápidos, e impulsó la Ley de Partidos Políticos que permitió la ilegalización de Batasuna.

ELCONFIDENCIAL.COM

EL PP INSISTE EN LIGAR A PABLO GARCÍA CON LA AGENTE ELECTORAL

Afirma que el 'número dos' del PSdeG tramitó su contrato

MARÍA PAMPÍN - Santiago

"Fue Unións Agrarias (UU AA) la encargada de la gestión de todos los trámites" para contratar a la supuesta agente electoral del PSdeG, María Isabel Blanco, como trabajadora de Viticultores do Castro, explica en una carta dirigida a Traballo el presidente de la asociación. El Partido Popular hizo pública ayer la misiva que, considera, implica al actual secretario de Organización del PSdeG y responsable por entonces del sindicato agrario, Pablo García, en la contratación de Blanco y su "traslado" a las oficinas de UU AA en Vimianzo, donde trabajó para el responsable de A Costa de Morte del sindicato y, ahora, alcalde socialista de Muxía, Félix Porto. El portavoz del PP, Antonio Rodríguez Miranda, aseguró que fue Pablo García el que tomó la decisión de "poner a disposición del PSOE" a María Isabel Blanco.

La supuesta agente electoral obtuvo de la Xunta un billete para viajar a Argentina entre abril y mayo de 2007, que el Gobierno atribuyó a razones humanitarias. Sin embargo, Blanco aseguró que fue a recabar votos de emigrantes para Porto. Después de que el Parlamento cerrase una comisión de investigación al respecto, con unas conclusiones pactadas por PSdeG y BNG que excluían toda responsabilidad política, el PP presentó una querella en julio del pasado año.

En la carta, el presidente de Viticultores do Castro explica que Unións Agrarias les informó de que "dada la falta de espacio en las oficinas" del área de la asociación, "se decidió trasladar a la persona a la oficina de Vimianzo" y que fue Pablo García quien les informó que ella resultó elegida en el proceso de selección.

Pablo García replicó a las acusaciones resaltando que nadie pidió en su momento que compareciese en la comisión de investigación y que tampoco está citado a declarar como testigo ni como imputado en las diligencias sobre el caso abiertas en el juzgado de Corcubión. "Toñito el Fantástico [en alusión a Rodríguez Miranda] se ha inventado una trama para tapar las vergüenzas y miserias del PP". "Es Pablo Crespo [ex secretario de organización del PP gallego] el que está en la cárcel [por la trama Gürtel] y la que está condenada es la directora general de Formación e Colocación, Ana María Díaz", aseguró García. "Nunca contraté a una agente electoral ni le dije a esa señora que lo fuera".

ELPAÍS.COM

EL PSPV ACUSA AL PP DE DENIA DE FAVORECER A UNA EMPRESA

A. RUIZ - Dénia

Las dos fuerzas políticas de la oposición de Dénia, PSPV y BNV, han denunciado un presunto trato de favor a la empresa que construye la piscina cubierta por parte del gobierno local -formado por el PP e independientes-, que en el último pleno aprobó un modificado de obra por 470.000 euros; lo que supone un 17% más del presupuesto inicial que se ha disparado ya a 3,2 millones.

El edil socialista Jordi Serra afirmó que parte de ese sobrecoste se destinará a actuaciones que la empresa ya debía sufragar en el proyecto original y destacó algunos "costes desmesurados" como el que un mostrador cueste 8.000 euros, un ajardinado de césped artificial 15.000 o un rótulo luminoso 13.400. La empresa fue la que peor puntuación obtuvo para realizar el proyecto según un informe municipal. El PSPV también denunció que a la firma se le "ha perdonado" una pista de pádel, incluida en los planos, y la urbanización del entorno, sufragada por los fondos del Plan Zapatero.

ELPAÍS.COM

LA CONSTRUCTORA DEL PALMA ARENA FACTURÓ 13,6 MILLONES DE EUROS DE FORMA IRREGULAR

Los escándalos que afectan al PP

La investigación revela recibos duplicados y partidas que no se ejecutaron

MANU MENÉNDEZ - Palma

La investigación del caso Palma Arena, que suma ya 32 imputados -12 de los cuales son ex cargos del PP de Jaume Matas-, ha certificado la existencia de un agujero de 13.595.467 millones en las cuentas del velódromo. La Unión Temporal de Empresas (UTE) constructora del recinto -formada por FCC y Melchor Mascaró- había facturado este dinero "de forma irregular" a las arcas públicas, según reveló un análisis técnico que se incluye en el sumario y que fue encargado por el juez instructor.

"Yo facturaba a quien me decían los arquitectos, es decir, al consorcio", declaró el jefe de la UTE, Miguel Ángel Rodríguez, quien dejó constancia de que "ya en marzo de 2006 se comprobó que la ejecución de la obra en los términos pactados [un presupuesto de 48 millones de euros] no era viable". Varios imputados coinciden en señalar que la obra se llevó a cabo "con prisas" o "bajo presión" de las "altas instancias". En enero de 2007, con el edificio a medio hacer, Matas se fotografió pedaleando por la pista de pino siberiano. El sobrecoste millonario se liquidó el 22 de mayo de ese año, a cinco días de las elecciones autonómicas, cuando la junta rectora del Palma Arena -con la presencia de cuatro cargos del PP- dio el visto bueno a la certificación de obra por 79,9 millones. Un peritaje posterior, encargado por el nuevo equipo de Gobierno del socialista Francesc Antich, constató un precio final de 110 millones.

Entre los 13,5 millones cuya facturación nunca debió correr a cargo del erario público se detectaron irregularidades de toda clase. La suma más cuantiosa, de más de 1.317.000 euros, corresponde a "partidas no ejecutadas o parcialmente ejecutadas", como la preparación de un aparcamiento para la obra o el tensado de la estructura de malla, al que se dedicó 1,1 millones.

En la contabilidad se hallaron "partidas ya incluidas en otras partidas", como los más de 217.000 euros que se gastaron en el alquiler, montaje y desmontaje de una serie de puntales. Se emitieron asimismo dos facturas de 17.000 y 21.000 euros por conceptos aparentemente similares: los portes de los asientos abatibles y el montaje de los asientos. "El proveedor divide la factura como cree conveniente", justificó el jefe de la UTE. También hubo incrementos de precio por valor de más de 420.000 euros, que se consideran "injustificados".

Por otro lado, se abonaron casi 1.229.000 euros en servicios "no imputables al consorcio". Actuaciones que, por contrato, deberían haber sido asumidas bien por la propia constructora, bien por el estudio de arquitectos García-Ruiz, que dirigió el proceso de construcción. Destacan en esta remesa los 712.000 euros para la pista de ciclismo cuando esta ya había sido instalada, o los 129.803 que costó un servicio de guardia jurado cuyo precio fue "un 400% superior" al del mercado. Finalmente, el informe pericial considera que tanto los gastos de agua como de electricidad deberían haber corrido a cuenta de la constructora. Esta cobró a la Administración más de 62.000 euros en grupos electrógenos y limpieza.

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UN EX ALCALDE DEL PSOE ACUSADO DE CORRUPCIÓN ADMITE IRREGULARIDADES

L. JIMÉNEZ - Huelva

El descontrol en la economía del Ayuntamiento de Bollullos Par del Condado (Huelva) quedó ayer al descubierto tras la declaración ante la juez de su ex alcalde, Juan Carlos Sánchez (PSOE), imputado por presuntas irregularidades urbanísticas. "La inmensa mayoría de los pagos realizados por el Ayuntamiento se hacían sin tener consignación presupuestaria. Había muchos informes contrarios de la Intervención, por eso no presté mayor atención a los que se referían a las obras del interior del parque", declaró.

La juez imputa al ex regidor los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude en la contratación. El motivo son las graves irregularidades detectadas en una "obra menor", según definió Sánchez, en un parque de la localidad onubense, y cuyo presupuesto aumentó de manera progresiva hasta los 608.561 euros, casi el doble de la cantidad presupuestada por la empresa Contafis, SL.

El Ayuntamiento tramitaba las obras de una forma caótica. "Desde 2003, todas las obras realizadas por el Ayuntamiento se hacían sin consignación presupuestaria, puesto que gobernaba en minoría y los presupuestos se estaban prorrogando desde que fui nombrado alcalde (en 1999)", declaró Sánchez.

La concejal de Urbanismo, Rosario Rosado, constató ante la juez el descontrol municipal: "En la contabilidad que encontré no se sabía qué se debía ni a quién". Además, el ex alcalde afirmó que no recordaba haber firmado facturas por 100.000 y 50.000 euros a Contafis el mismo día que la Intervención dictó informes contrarios.

"No sé cómo pagamos"


Ahora, la Junta de Andalucía reclama al Ayuntamiento la devolución de la subvención concedida para estas obras, a las que también contribuyó la Diputación de Huelva. "No sé cómo al final acabamos pagando 608.561 euros. No lo llevaba yo directamente. Este tema lo supervisaba el arquitecto municipal, Juan Domínguez, y el concejal de Turismo, Antonio José Carrellan", alegó el alcalde, que añadió que "pensaba regularizar las obras una vez hecha la liquidación".

Sánchez rechazó ayer las imputaciones y definió su situación como "indignante". "Son todo acusaciones de estos nueve tránsfugas que no saben gobernar", censuró. Desde junio de 2008 PP e IU gobiernan la localidad onubense.

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MICHAVILA Y EL DIRECTOR DE SU BUFETE DE ABOGADOS DEJAN EL CONGRESO

Los escándalos que afectan al PP

El ex ministro, uno de los diputados con más negocios, aduce "razones personales"

FERNANDO GAREA - Madrid

Michavila y Camps durante un mitin del pp en valencia en marzo de 2004-Tania Castro

El polémico despacho de abogados en el que trabaja el ex ministro de Justicia José María Michavila abandonará el Congreso. El hasta ahora diputado del PP anunció ayer su intención de abandonar su escaño por Valencia, y el director del bufete, Alberto Dorrego, ha solicitado una excedencia indefinida de su puesto de letrado de las Cortes.

José María Michavila Núñez
A FONDO

Nacimiento:
28-03-1960

Lugar:
Madrid

El jefe del despacho, forzado a pedir una excedencia como letrado de las Cortes

La actividad del despacho Eius salió a relucir de forma colateral como consecuencia del caso Correa. Este periódico reveló que el bufete fue contratado reiteradamente por ayuntamientos y comunidades del PP que se han visto salpicados por este caso. Especialmente, el bufete fue contratado en multitud de ocasiones por los ayuntamientos de Boadilla del Monte y Pozuelo de Alarcón, dirigidos entonces por los populares Arturo Panero y Jesús Sepúlveda, hoy imputados en el caso Gürtel.

Además, EL PAÍS publicó contratos de Eius con la Comunidad Valenciana para la elaboración de normativas. El despacho asesoraba luego a empresas que concurrían a concursos regulados en esas leyes autonómicas. Por ejemplo, uno sobre televisión digital. La ley impide que los letrados de las Cortes y los diputados contraten con las administraciones públicas y, por eso, el secretario general del Congreso, Manuel Alba, abrió una investigación contra Dorrego. También fue investigado otro letrado de las Cortes que trabaja en ese despacho, Andrés Jiménez, pero su caso era menos claro porque no firmaba los contratos.

Contra Michavila -cuya hermana Ana es jefa de Gabinete de Francisco Camps- no hubo ninguna actuación porque él tampoco firmaba. La posible sanción a Dorrego no superaría los cuatro meses de empleo y sueldo y el Congreso tendría que recabar oficialmente documentación de esas administraciones. Finalmente, se optó por forzar la petición de excedencia voluntaria e indefinida del letrado, tras archivar la investigación.

La petición tiene efectos desde el 31 de julio y sólo falta el trámite de formalización en la Mesa del Congreso la próxima semana. Coincidiendo con el inicio de esa excedencia del jefe del bufete, Michavila ha anunciado que abandona también el Congreso, aunque seguirá formando parte del Comité Ejecutivo del PP. Michavila es uno de los diputados con mayor actividad privada al margen de la Cámara. Obtuvo autorización para ejercer como abogado, actuar como representante de artistas, dirigir una empresa de gestión de grandes patrimonios y presidir una fundación solidaria y sin ánimo de lucro.

Recientemente comunicó a Mariano Rajoy y la portavoz Soraya Sáenz de Santamaría su intención de dejar el escaño, y ha remitido una carta a José Bono, presidente del Congreso, en la que da los motivos: "Razones personales y familiares que a buen seguro tú entenderás bien". La portavoz del PP expresó a este periódico su reconocimiento al trabajo de Michavila en la Cámara.

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EL PARTIDO POPULAR SUELTA LASTRE

Los escándalos que afectan al PP

Tres militantes populares afectados por los escándalos abandonan sus cargos

El PP ha soltado lastre: en dos días se han producido tres abandonos de militantes afectados de distinta forma por alguno de los escándalos que salpican al partido. El primero fue el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Palma, Rafael Durán, que el jueves anunció su dimisión (que no se materializará hasta el 31 de octubre). Durán está imputado por presuntas irregularidades en la construcción del velódromo Palma Arena y ha recibido apoyo expreso del PP, incluido Mariano Rajoy, que convirtió las circunstancias de su detención en el centro de una ofensiva para denunciar una presunta persecución al partido.

Además, ayer se conocieron dos daños colaterales del caso Gürtel: el ex ministro de Justicia José María Michavila y el responsable de la televisión pública valenciana, Pedro García. Michavila deja su escaño de diputado por Valencia. El ex ministro forma parte de un despacho de abogados que fue contratado por administraciones del PP investigadas por recibir presuntamente sobornos de la trama de Francisco Correa. El bufete estaba siendo investigado también por el Congreso por supuesta incompatibilidad de su director, Alberto Dorrego, que compatibilizaba esa actividad privada con la de letrado de las Cortes. Dorrego ha pedido una excedencia indefinida.

El tercer dimisionario, Pedro García, aparece como receptor de regalos en el mismo sumario que imputó al presidente valenciano, Francisco Camps, por recibir trajes gratis. García tiene una relación estrecha con Álvaro Pérez, El Bigotes. De hecho, fue padrino de bautizo de la hija de Pérez. Fuentes de la dirección del PP aseguran que las renuncias no tienen relación entre sí ni obedecen a ninguna estrategia.

Mientras, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid confirmó ayer el auto de prisión del supuesto líder de la trama Gürtel, Francisco Correa, tras desestimar el recurso de apelación de su defensa.

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ELPAÍS.COM

EL PSOE DE TORROX PIDE QUE SE INVESTIGUE UN TRATO DE FAVOR EN UN CONCURSO

TORROX | Pleno del Ayuntamiento

Marga García | Málaga

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Torrox ha solicitado en el pleno que ha celebrado la corporación la apertura de una comisión de investigación para aclarar si existió trato de favor o filtraciones en el proceso para la enajenación de dos parcelas municipales destinadas a las construcción de 152 viviendas de VPO en la que participó una empresa del primer teniente de alcalde y portavoz del PSA, José Pérez.

Tal y como adelantó EL MUNDO de Málaga el secretario general del Ayuntamiento de Torrox, Francisco Moreno, ha emitido un informe jurídico en el que considera ilegal el procedimiento administrativo seguido en el Consistorio para la enajenación de dos parcelas municipales de la zona del Barranco del Puerto, destinadas a las construcción de 152 Viviendas de Protección Oficial (VPO).

"A juicio de quien suscribe, esta actuación administrativa no ha respetado el procedimiento legalmente establecido para la adjudicación del contrato", señala el secretario en su informe, fechado el pasado 12 de agosto, y al que ha tenido acceso este periódico. Entre las irregularidades que menciona el secretario figura la admisión a trámite de la oferta de una empresa, Seremar Sociedad Cooperativa Andaluza, cuyo objeto social no le otorga capacidad para cumplir con el pliego de condiciones del concurso.

Otro de los aspectos que destaca el secretario en su informe es que a lo largo del proceso se han ido produciendo escritos de cada una de las empresas concursantes, entre los que destaca, el que presentó la empresa vinculada a José Pérez el 3 de Junio (dos días después de la apertura de las plicas por la mesa de contratación) valorando económicamente las mejoras de su propuesta o el que presentó posteriormente esta misma empresa, solicitando la adjudicación de las parcelas atendiendo a las irregularidades que se estaban detectando en las otras ofertas.

El Gobierno municipal ha acordado desistir de las tres ofertas presentadas al concurso atendiendo al informe del Secretario Municipal en el que se advierte de presuntas irregularidades en el procedimiento que se ha seguido desde que se abrieran las plicas el pasado 1 de junio. Entre otras cuestiones, el funcionario municipal cita en su informe que "se han producido intervenciones de algunos Concejales, y si bien en principio, esta situación no tiene porqué venir a influir sobre el expediente en ningún sentido, lo cierto es que con frecuencia se han manejado datos por los licitadores que no han debido llegar a su conocimiento".

Ante esta situación, el portavoz del PSOE, Francisco Muñoz, ha solicitado en el pleno que se desvele el concejal que ha filtrado información a las empresas "ya que se trata de una acusación muy grave que está tipificada en el código penal".

Muñoz ha recordado que en este procedimiento ha concursado una empresa vinculada al primer teniente de alcalde, José Pérez, lo que ha ocasionado como ocurriera hace un año cuando este mismo edil trató de adjudicarse una parcela municipal por 1.000 euros que se enturbie el procedimiento llegando a dejar el concurso para la adjudicación de las parcelas sin efecto.

El portavoz socialista ha culpado a la alcaldesa, Toñi Claros, como presidenta de la mesa de contratación de las irregularidades que han dado pie a esta situación que a juicio del PSOE "están desacreditando gravemente al Ayuntamiento". Muñoz ha añadido que "probablemente lo que pretende el Gobierno municipal es que ninguna empresa se presente a los concursos municipales para permitir que los intereses del primer teniente de alcalde salgan favorecidos". Ante esta situación el PSOE ha solicitado la apertura de una comisión de investigación que clarifique "el segundo culebrón de este tipo que vive nuestro Ayuntamiento en un año y podemos estar ante un caso grave de corrupción que se debe aclarar".

Por último, ha lamentado que los cuatro partido que integran el Gobierno (IU, PIU, PSA y PP) rechazaran la comisión de investigación "continuando con el oscurantismo y la falta de transparencia en el Ayuntamiento para favorecer los intereses del edil José Pérez".

ELMUNDO.ES

VICENS RESERVA UN VIAJE DE PLACER A VENECIA CON EL PASAPORTE RETIRADO

Caso Son Oms

* El diputado y su mujer se montan unas vacaciones pese a tener sus bienes embargados
* Ya tienen billetes con Iberia para octubre

Esteban Urreiztieta | Eduardo Colom | Palma

El diputado Bartomeu Vicens y su mujer ponen de nuevo a prueba a la Justicia. Tras haber sido perdonados por la Fiscalía Anticorrupción y el Tribunal Superior de Justicia después de haberse deshecho de pruebas clave del caso Son Oms en plena investigación; tras aflorarles nuevas conductas delictivas como el cobro de asesorías urbanísticas a través de su tapadera Metalumba mientras el primero era conseller de Ordenación del Territorio; o haber hecho cuantiosos pagos en metálico con dinero de origen desconocido mientras tienen todos sus bienes embargados –el último de ellos un coche pagado con billetes de 500 euros–, ahora el matrimonio ha decidido lanzar un nuevo órdago. Esta vez adopta la forma de un viaje de placer de una semana a la ciudad italiana de Venecia.

En libertad bajo fianza de 100.000 euros y 40.000 euros respectivamente; con su patrimonio bloqueado hasta superar la cifra de 8 millones de euros; imputados por cohecho, blanqueo de capitales, tráfico de influencias, falsedad documental, delito contra la Hacienda pública, prevaricación o malversación de caudales públicos; y con sus pasaportes retirados, Bartomeu Vicens y Antonia Martorell realizaron por su cuenta y riesgo hace ya una semana una reserva para desplazarse a Italia durante el próximo mes de octubre.

Para ello no se molestaron en solicitar la preceptiva autorización al juez Antonio Capó y a la Fiscalía Anticorrupción que investigan el caso Son Oms y que les tienen prohibido abandonar el territorio español sin autorización expresa. Según aseguran a EL MUNDO/El Día de Baleares fuentes judiciales, el diputado habría dado cuenta ayer mismo a la Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de su intención de abandonar el país próximamente, pero ya con el paquete del viaje prácticamente cerrado.

El origen de los fondos

Este diario ha rastreado en las centrales de reservas de las compañías y según ha podido confirmar este diario existe vigente una reserva a nombre del matrimonio y que habría sido tramitada el pasado 20 de agosto con Iberia en clase turista.

De esta manera los Vicens no han esperado al visto bueno del juez Capó para preparar su viaje y dejan en manos del magistrado su visto bueno definitivo. Quedando además pendiente por aclarar por su parte a la máxima instancia judicial de las Islas el origen de los fondos que tienen previsto emplear para afrontar este periplo por la ciudad de los canales.

ELMUNDO.ES

viernes, 28 de agosto de 2009

UNA AGENCIA BAJO SOSPECHA INGRESÓ 2,1 MILLONES EN CONTRATOS DEL GOBIERNO MATAS

Los escándalos que afectan al PP

M. M. - Palma

"Yo no he dado ni un duro al PP", se quejaba el publicista Miguel Romero en una conversación telefónica intervenida por la policía en noviembre de 2008. Hace dos semanas, Romero, director de la agencia de comunicación Nimbus e imputado en el caso Palma Arena, reconoció a los fiscales el pago de comisiones "en mano" al gerente del velódromo, Jorge Moisés, a cambio de la adjudicación de diversos contratos.

Los investigadores sospechan que estas dádivas podrían ser sólo la punta del iceberg de un complejo entramado diseñado para lograr una auténtica catarata de suculentas adjudicaciones de las entidades públicas, entonces en manos del PP.

Nimbus tuvo un vínculo estrecho con el entorno de Jaume Matas: cuatro antiguos jefes de prensa del PP trabajaron en diferentes épocas para la empresa, que además organizó un gabinete de comunicación alternativo para Matas cuando éste fue ministro de Medio Ambiente, entre 2000 y 2003. En el registro de su sede se hallaron indicios de que el tesorero del PP y cuñado del ex presidente, Fernando Areal, pagó a la agencia cerca de 80.000 euros en dinero negro por la campaña autonómica del partido en 2007. Romero lo admitió ante el juez.

Según la Fiscalía Anticorrupción, entre 2004 y 2007, Nimbus ingresó unos 2,1 millones de euros procedentes de las arcas públicas. Su director creó dos sociedades paralelas, con los nombres de Iberpacific y Promarca, para aglutinar el máximo número de ofertas. Según declaró el publicista, los responsables del Palma Arena "conocían que estas tres empresas estaban estrechamente ligadas entre sí", lo que no impidió que otorgaran a Promarca la organización de cuatro viajes a Barcelona, Valencia, Berlín y Burdeos (26.800 euros en total) para visitar velódromos y negociar con posibles proveedores. Iberpacific, por su parte, se benefició de otro jugoso contrato para la construcción de una maqueta del complejo deportivo. Romero subcontrató este encargo a una empresa alicantina, a la que instó a "engordar las facturas". El precio final de la maqueta fue de 66.120 euros.

El flujo de dinero público desde las instituciones hacia la red empresarial de Romero fue constante. Se han recopilado 55 contratos concedidos a Nimbus por parte de la Vicepresidencia del Ejecutivo autónomo, entonces dirigida por la actual presidenta del PP balear, Rosa Estaràs. El montante total ascendió a 678.579 euros.

Por su parte, la Consejería de Deportes adjudicó a la agencia otros 15 contratos por 125.150 euros. Los fiscales consideran que "muchas de estas adjudicaciones nada tenían que ver con el objeto social de una empresa de comunicación", y cita como ejemplos "el traslado y acondicionamiento de una caseta o la compra de cascos y chalecos de obra". En enero de 2007, el Gobierno balear pagó a Nimbus 845.549 euros por la campaña de publicidad del Mundial de Ciclismo en Pista que se celebró en el Palma Arena.

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EL TRIBUNAL SUPERIOR DE MADRID ORDENA QUE CORREA SIGA EN PRISIÓN PROVISIONAL

'GÜRTEL' | Desestima la petición de la defensa del imputado

* Los magistrados ven riesgo de fuga y peligro de que destruya pruebas

Europa Press | Madrid

La Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha decidido mantener la prisión provisional para el supuesto líder de la 'trama Gürtel', Francisco Correa, atendiendo así a la solicitud de la Fiscalía y en contra de la petición del abogado del detenido.

Los magistrados adoptaron esta decisión tras escuchar durante una vistilla los motivos alegados por el abogado de Correa, José Antonio Choclán, y las fiscales Concha Sabadell y Miriam Segura sobre la prisión provisional del principal imputado en el 'caso Gürtel'.

En la vista, las representantes de la Fiscalía Anticorrupción se opusieron a que Correa abandonara la cárcel por el riesgo de fuga y el peligro de destrucción de pruebas. La Sala convocó esta vistilla después de que anulara el último auto de prisión dictado por no convocarse precisamente esta vista previa por un error de forma.

A las puertas de la sede judicial, el abogado insistió en declaraciones a la prensa en que tanto los problemas de salud que sufre Correa -depresión y claustrofobia- como sus circunstancias familiares son motivos adicionales para que su cliente salga de prisión.

"El principal motivo es que no se ha celebrado juicio y no se ha ejercitado todavía una defensa contradictoria. Siete meses de prisión para un presunto inocente es un periodo suficientemente largo", alegó Choclán para sustentar su solicitud de libertad.

Preguntado por el estado de salud de su cliente, al que visitó el jueves en la cárcel de Soto del Real, se limitó a señalar que se encuentra "bien". Tras la celebración de la vista, Choclán informó a los medios que las fiscales habían impugnado las razones de su recurso, aunque declinó especificar los motivos en los que basaron su argumentación.

Los magistrados revocaron otro auto de prisión emitido el pasado 17 de julio por un error en la transcripción porque "la Sala acordó señalar día y hora para la deliberación del recurso, cuando procedía señalar día y hora para celebrar la vista", tal y como había solicitado el letrado de Correa.

El presunto líder de la trama de corrupción ingresó en la prisión de Soto del Real el pasado 12 de febrero por orden del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. El pasado 30 de abril, el instructor del TSJM acordó mantener su prisión al imputarle los delitos de asociación ilícita, fraude fiscal, blanqueo de capitales, cohecho, tráfico de influencias y falsedad.

ELMUNDO.ES

miércoles, 26 de agosto de 2009

MANOS LIMPIAS LLEVA AL TS EL CONFLICTO DE INTERESES DE CARME CHACÓN

El sindicato interpone una querella ante el alto tribunal y una denuncia ante la Oficina de Conflictos de Intereses del Gobierno.

Roberto R. Ballesteros

El sindicato Manos Limpias llevará mañana ante el Tribunal Supremo el supuesto conflicto de intereses de la ministra de Defensa, Carme Chacón. El colectivo presentará una querella por un delito de tráfico de influencias ante la Sala Segunda del alto tribunal. Acusa a la ministra de no ausentarse durante el Consejo de Ministros del 13 de agosto en el que se aprobó el decreto ley sobre la Televisión Digital Terrestre de pago. El marido de Chacón, Miguel Barroso, es consejero delegado de una de las empresas del grupo WPP, dueño de La Sexta, cadena de televisión que tiene intereses en el citado decreto ley. El Tribunal Supremo deberá decidir ahora si admite a trámite la querella o no.

Si lo hace, automáticamente se paralizará el proceso administrativo, que Manos Limpias preveía abrir hoy mismo a través de una denuncia interpuesta ante la Oficina de Conflictos de Intereses, órgano encargado de sancionar a los altos cargos o miembros del Gobierno que incumplan la ley de incompatibilidades 5/2006 de 10 de abril. El artículo 7 de la citada norma es claro: “Quienes desempeñen un alto cargo vienen obligados a inhibirse del conocimiento de los asuntos en cuyo despacho hubieran intervenido o que interesen a empresas o sociedades en cuya dirección, asesoramiento o administración hubieran tenido alguna parte ellos, su cónyuge o persona con quien conviva en análoga relación de afectividad o familiar dentro del segundo grado y en los dos años anteriores a su toma de posesión como cargo público”.

La Ley 5/2006 promovida por el presidente del Gobierno puede volverse contra él mismo
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, quiso otorgar rango de ley al Código de Bueno Gobierno elaborado apenas un año después de llegar a La Moncloa. Ahora, esa declaración de intenciones tiene fuerza legislativa y obliga a sus ministros y altos cargos a cuidar aspectos éticos y estéticos que no se están cuidando, según denuncia Manos Limpias y la Asociación de Internautas. Se vuelve contra el propio presidente. Sin embargo, y paradójicamente, los conflictos de intereses no son juzgados por un órgano independiente, sino por el propio Ejecutivo.

EL VELÓDROMO ENGULLÓ MILLONES DE EUROS EN FACTURAS HINCHADAS Y COMISIONES

Los escándalos que afectan al PP
Palma

La ingente documentación recopilada sobre el caso Palma Arena pone al descubierto una trama difícil de desenmarañar, salpicada de comisiones, facturas falsas, contratos millonarios y actuaciones urgentes de obras con minutas astronómicas. El velódromo de Palma, obra emblemática de la era Matas, costó 110 millones de euros, cuando estaba inicialmente presupuestado en 41. La tarea del juez pasa por averiguar en qué medida este sobrecoste injustificado se debe al desvío de dinero público, o, como aseguran los implicados, a las prisas y a la mala planificación del proyecto.

Los arquitectos cargaron al consorcio público 5.000 euros en refrescos
Ya son 12 los ex altos cargos del PP imputados en la causa, entre ellos tres personas del entorno más inmediato de Matas: su ex jefe de prensa y actual responsable de comunicación del PP balear, Joan Martorell; su ex jefa de gabinete, Dulce Linares; y la que fuera su secretaria de Vicepresidencia, Jane King.

La investigación subraya decenas de irregularidades en el proceso de construcción. Desde una lona protectora cuyo precio inicial era de 600.000 euros y por la que se acabó pagando 1,8 millones, a un videomarcador de última generación -presentado en su día como "el más grande de Europa"- que supuestamente se adjudicó por seis millones a un proveedor amigo del director general de Deportes, José Luis Pepote Ballester.

La lista de conceptos que se cargaron a las arcas públicas incluye algunos desembolsos sorprendentes. En una práctica que los fiscales definen como "poco usual", el estudio de arquitectos García-Ruiz (contratado a dedo por Matas) llevó a cabo gestiones que, aparentemente, se salían de su cometido técnico. Así, cargó al consorcio público 13.920 euros por un lote de gafas de sol deportivas, como regalo a los ciclistas participantes en el Mundial de Ciclismo en Pista de 2007; más de 29.000 euros por el servicio de leasing de un vehículo y otros 1.300 por la matriculación y el seguro de otro coche; y cerca de 5.000 euros en refrescos y agua.

Por su parte, la agencia de publicidad Nimbus, que organizó parte de la campaña autonómica del PP en 2007, cobró 104.000 euros por un vídeo sobre la construcción del edificio; 81.200 por un modelo en 3D y un total de 77.700 euros en concepto de visitas de obra. Su director, Miguel Romero, asumió que hinchaba facturas para pasar comisiones de entre un 3% y un 8% "en mano" al gerente del velódromo, Jorge Moisés, pero negó tajantemente que este hecho esté vinculado con una posible financiación irregular del PP, de la cual se hallaron indicios en la contabilidad B de la agencia.

Un capítulo aparte lo conforman los supuestos viajes que se hicieron a diferentes puntos de Europa (Barcelona, Valencia, Berlín, Burdeos) para visitar otros velódromos. Pese a que una empresa satélite de Nimbus (Promarca) cobró unos 27.000 euros por los desplazamientos, no se halló justificación de los gastos ni referencia de cuántas personas viajaron.

Los imputados dieron versiones contradictorias: "A Burdeos fueron sólo una o dos personas", afirma Moisés. "En ese viaje éramos unos veintitantos", declaró uno de los arquitectos. Hay sospechas fundadas de que la mayoría de expediciones fueron de un día, por lo que no se explica que se abonaran cargos por alojamiento. Se han detectado también cuentas de restaurantes duplicadas y pagadas con dinero público.

La presidenta del PP en Baleares, Rosa Estaràs, volvió a salir ayer en defensa de "la transparencia, la seriedad y la honradez" de su formación política y avisó de que solicitará una revisión "de todos los contratos menores" del actual Gobierno balear: "Si se van a investigar los contratos uno a uno, que se investigue igual a todas las administraciones".

"EL PALMA ARENA LO LLEVA PEPOTE Y NUESTRO AMIGO DE WASHINGTON"

Los escándalos que afectan al PP

Conversaciones grabadas describen las obras como "una irregularidad total"

ANDREU MANRESA / MANU MENÉNDEZ - Palma

Miguel Romero, a la izquierda, junto al concejal del PP de Palma Rafael Durán.

Las pesquisas de la Fiscalía Anticorrupción sobre el caso del Palma Arena (cuyo presupuesto se duplicó hasta los 100 millones) se iniciaron hace más de un año a raíz de un informe pericial del Gobierno balear en el que se concluía que no existía ningún documento que justificara el precio final del velódromo. Desde entonces, se han llevado a cabo decenas de interrogatorios, se han efectuado registros en las sedes de diversas entidades y, con la ayuda del grupo de Delitos Económicos de la Policía Nacional y de expertos de la Agencia Tributaria, se han elaborado informes pormenorizados de los movimientos bancarios de los implicados. El juez autorizó también el seguimiento de algunas de sus conversaciones telefónicas, aunque algunos de los encartados ya sabían que estaban siendo escuchados.

Noticias relacionadas:
* El velódromo engulló millones de euros en facturas hinchadas y comisiones
* La acusación de escuchas ilegales al PP encalla en el Congreso

"Del total de mangancia que hubo, una parte justifica el coste"

Muchos de los folios del sumario están dedicados a inventariar el tráfico de llamadas y SMS de los principales imputados. Entre ellos, destaca esta conversación entre el publicista Miguel Romero, propietario de la agencia Nimbus, y uno de sus colaboradores (que aparece identificado como Javier) en noviembre de 2008, al poco de que se iniciara la instrucción secreta del caso.

Romero. Es un problema administrativo, pero no es penal.

Javier. Que yo no sé si es delito, pero irregularidad total, ¿eh?

Romero. Es un caos completo ¿no?, pero por lo visto no solamente es de la construcción, es de todo, como tú dijiste.

Javier. Claro, porque es un caos, porque cuando un tío lo lleva mal, lo lleva todo mal.

Romero. En el partido de tenis se perdieron cuatro millones de euros [en referencia al partido de exhibición La Batalla de las Superficies, que enfrentó a Rafael Nadal con Roger Federer en el Palma Arena, en mayo de 2007].

Javier. Lo que pasa es que, por lo visto, en la infraestructura hubo cuanto mangante hubo, y del total de mangancia que hubo, una parte supongo que tiene la justificación de que es el coste.

Miguel. Tres veces, se montó tres veces.

Javier: Pues imagínate lo que encarece eso, el proveedor que aprovecha para meterte mano cuando ve que no te enteras de nada, y claro, aquello debía ser una cosa de circo.

Miguel. Y eso lo lleva Pepote [José Luis Ballester, ex director general de Deportes con el Gobierno del PP en las islas y medallista olímpico] personalmente. Pepote y nuestro amigo de Washington [en referencia, según los investigadores, a Jaume Matas, que se trasladó a Washington tras la derrota en las elecciones autonómicas de 2007].

Javier. Sí, porque se metía en cosas de ese nivel.

En su declaración, Romero reconoció que pagó "comisiones que oscilaban entre el 3% y el 8%" al gerente del Palma Arena, Jorge Moisés, a cambio de "saltarse el procedimiento administrativo" en la adjudicación de servicios de promoción. Un dinero que se entregaba directamente "en mano". En una conversación telefónica anterior a su imputación, el publicista aseguró: "Nosotros no hemos financiado al PP ni de coña, vamos, no se me ocurriría en la vida financiar a un partido político". No obstante, la fiscalía documentó el pago fraccionado de casi 80.000 euros a Nimbus por parte del entonces tesorero del PP balear, Fernando Areal, cuñado de Jaume Matas.

Por su parte, Jorge Moisés negó tajantemente el cobro de estas comisiones y acusó a Romero de querer incriminarle. El gerente del velódromo expresó ante el juez su sorpresa ante cada una de las supuestas irregularidades que le fueron presentadas: "Ignoro por qué se facturaban hoteles que no se habían utilizado y quién se beneficiaba con ello"; "no sé de quién fue la idea de ampliar el videomarcador"; "tampoco sé nada de que se hayan colocado 2.000 metros de lona y se hayan cobrado 7.000".

Además del supuesto trasiego de facturas falsas, Moisés está bajo sospecha de haber ingresado cerca de 12.000 euros por la elaboración de un informe sobre accesibilidad al recinto, a pesar de que carecía de la formación necesaria para este tipo de trabajo. Aceptó el encargo por orden directa de Jane King, entonces secretaria de Vicepresidencia del Gobierno de Matas.

ELPAÍS.COM

martes, 25 de agosto de 2009

¿RAJOY SE EQUIVOCA O MIENTE?: "TREINTA Y OCHO DE LOS 40 CASOS ABIERTOS EN LA REGIÓN HAN SIDO ARCHIVADOS"

La corrupción en Murcia y aquello de “la manzana podrida…” (II)

CECILIA GUZMÁN

Mariano Rajoy ha asegurado que “treinta y ocho de los 40 casos abiertos en la región de Murcia contra militantes populares han sido archivados”. ¿El líder de la oposición vive de espaldas a la realidad de su partido o miente deliberadamente? ¿Es esta la prueba que puede ofrecer sobre la supuesta persecución por parte de los que calificó como “Torquemadas de Zapatero”. No son 40 los sumarios abiertos en esa Comunidad contra militantes del PP, ni, 38 las actuaciones archivadas. Además, los casos más importantes de presunta corrupción destapados por la Fiscalía continúan siendo investigados.

Veintiséis ayuntamientos de la Comunidad murciana, que cuenta con un total de 45 localidades, tienen procesos judiciales abiertos por corrupción contra algunos de sus altos cargos, sobre todo alcaldes, la inmensa mayoría del PP. A esto se suman las causas que implican al gobierno autonómico de Ramón Luis Valcárcel Siso.

En la foto, Mariano Rajoy, Ramón Luis Valcárcel y el alcalde de Totana, José Martínez Andreo.

Estos son algunos de los casos de corrupción investigados por los tribunales en Murcia, según fuentes consultadas por Público, Interviu y la web La Sombra de Aznar:

Televisión Autonómica
El Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJM) ha abierto diligencias sobre el proceso de adjudicación y construcción de la sede del canal autonómico 7 Región de Murcia al Grupo Empresarial Televisión de Murcia (GTM).El empresario Facundo Armero [fundador de Polaris World], que aparece imputado en el caso de Torre Pacheco, se encargó de la construcción del centro de emisión, meses antes de que el concurso de adjudicación se resolviera.

La balsa Jenny
La Fiscalía Central Anticorrupción ha visto indicios de un delito de malversación de caudales públicos en relación con la cesión gratuita, por parte del Gobierno autonómico, de una balsa de acopio de minerales contaminantes a la empresa Portman Golf, cuya limpieza luego se realizó con dinero público y a un coste de 5,4 millones de euros. Por este asunto ya han ido a declarar, en principio en calidad de testigos, miembros del Equipo del presidente murciano Ramón Luis Valcárcel.

Cartagena
La Fiscalía investiga dos recalificaciones en terrenos protegidos. La primera, en el paraje de Lo Poyo, cuyo fin era la construcción de un campo de golf y 5.000 viviendas, que tuvo al presunto cerebro de la trama de Marbella Juan Antonio Roca como intermediario, y por el que la Kutxa y varios socios pagaron 300 millones de euros antes de recalificar. El propio presidente Valcárcel paralizó el expediente al reconocer que no parecía normal. En Novo Carthago, la empresa investigada es Hansa Urbana, propiedad en un 15% de la Caja del Mediterráneo, y que planeaba construir una urbanización en un paraje protegido por la Unión Europa como zona de protección de aves.

Abanilla
Varios cargos populares han sido imputados tras la acusación de una propia concejala del PP, María Dolores García, de haber comprado votos en las elecciones locales, con empleos municipales y vales de comida. Además, el concejal de Economía y Hacienda, José Antonio Blasco, el ingeniero José Enrique Pérez González y el secretario municipal, Miguel Castillo López, han sido acusados de falsedad documental en contratos de obras.

Aguilas, caso La Zerrichera
Diez personas implicadas en la recalificación de una finca protegida de unas 240 hectáreas que representa el 1,07% de la Sierra de la Almenara-Cabo Cope, entre ellas los ex directores generales de Calidad Ambiental y de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo de la Comunidad murciana, Antonio Alvarado y Manuel Alfonso Guerrero; el subdirector general de Vivienda, José María Ródenas; el alcalde de Aguilas, Juan Ramírez, el ex concejal de Agricultura y Pesca, José López Díaz, y el empresario Trinitario Casanova Abadía.

Fuente Álamo y Torre Pacheco
Catorce imputados, incluidos los alcaldes, María Antonia Conesa, y Daniel García Madrid, por presuntos delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, prevaricación, fraude y revelación de secreto. También está implicado el fundador de Polaris World, Facundo Armero, y el actual presidente de esa empresa, José Luis Hernández.

Los Alcázares, caso Ninette
Catorce imputados y seis detenidos, entre ellos el arquitecto Mariano Ayuso, que permanece en la cárcel, y el ex alcalde socialista Juan Escudero, en libertad bajo fianza de 60.000 euros. Entre los que tuvieron que declarar, Juan Antonio Roca. La Fiscalía investiga un convenio firmado en 2001 entre la empresa Condeor -intervenida en la "operación Malaya"- y el Ayuntamiento, por el que la sociedad pagó 630.000 euros para financiar la construcción del nuevo consistorio a cambio de una modificación de uso de una parcela donde Juan Antonio Roca construyó un hotel de cuatro estrellas.

Cieza
El alcalde popular Antonio Tamayo acusado por una presunta recalificación de 270 hectáreas de suelo rústico, en la cual favorecía a su nuera y a otros familiares, para la construcción de unas 5.000 viviendas.

Mazarrón
El alcalde, Francisco Blaya, imputado por presunta malversación de fondos públicos y cohecho. El juez investiga si el primer edil pagó 33.000 euros a tres concejales de un partido localista para que apoyaran al equipo de Gobierno popular en la recalificación de suelo rústico.

Mula
La fiscalía investiga determinadas actuaciones urbanísticas vinculadas con determinados ex miembros de la corporación municipal pertenecientes al PP.

San Javier
El ex regidor popular José Hernández Sánchez está siendo investigado por presuntas adjudicaciones a dos promotores, socios suyos en la empresa Nueva Valencia al Mal, S.L, en la que figura como consejero Antonio Sánchez Carrillo, dirigente del PP murciano. Antonio Alvarado (director general del Medio Natural) y Marcos Ortuño (director general de Transportes y Puertos) también están imputados.

Puerto Lumbreras
El alcalde popular, y diputado regional, Pedro Antonio Sánchez, está acusado de prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.

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o Veintiséis ayuntamientos murcianos mantienen en sus puestos a alcaldes y altos cargos pendientes...

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EL PP EXPEDIENTA A UNA ALCALDESA POR SUPUESTAS ILEGALIDADES

Concejales del partido en Anchuelo denuncian deficiencias en las cuentas

J. S. G. - Madrid

Anchuelo es uno de los pueblos más desconocidos de la región. Tiene poco más de 1.000 habitantes y muchos de sus vecinos llevan en su apellido el nombre del municipio. Está situada en la alcarria complutense, cerca de Alcalá de Henares, y su Ayuntamiento está compuesto por sólo siete concejales: cuatro del PP y tres del PSOE. Pocos para la bronca que tienen en el municipio.

"Me han ofrecido un ascenso a cambio de que dimita", asegura Paramio

La alcaldesa, Rosario Paramio (PP), atraviesa un mal momento político. No cuenta con el apoyo de sus compañeras de partido. Se han enfrentado a ella y piden su dimisión. La acusan de lucrarse a costa del Ayuntamiento. Su breve carrera política se ha frenado en seco. La dirección de su partido le ha abierto un expediente informativo por supuestas irregularidades.

Las otras concejales del PP la acusan de haberse quedado con más de 10.000 euros procedentes de la recaudación de la piscina municipal. Y discuten su gestión como regidora por facturar de forma supuestamente irregular con una ferretería, propiedad de su hijo. "Además, ha realizado alguna declaración despectiva hacia el partido", añaden las fuentes populares. El comité de derechos y garantías del PP ha abierto una investigación. "Algo habitual en todos los grupos políticos", explican fuentes del partido en Madrid. "Ahora hay que escuchar sus argumentos. Si es necesario se abrirá un expediente disciplinario", detallan las mismas fuentes.

Rosario Paramio se halla en una situación complicada. Niega las acusaciones. "Todo es incierto. Tengo toda la contabilidad municipal desglosada y en regla. Los gastos corresponden a que hemos arreglado el colegio. Hacía 25 años que no se arreglaba. Y las farolas estaban muy mal", explica. Pese a todo no piensa dimitir. "Me han presionado para que renuncie", insiste. Ella achaca lo ocurrido a una lucha política interna.

El pasado abril, Paramio intervino en un pleno municipal para desvelar el supuesto intento de las concejales de su partido para desalojarla de la alcaldía. La tesorera, Almudena Anchuelo, la acusó entonces de irregularidades en la gestión y la culpó de no pagar a los proveedores de las fiestas de 2008. Un gasto de más de 60.000 euros para un municipio con un presupuesto de 680.000 euros. Paramio achaca el inicio de la tormenta política cuando se opuso a que una de las concejales se construyera una vivienda en suelo no urbanizable. "La tesorera, Almudena Anchuelo, está detrás de todo. Ha convencido a las otras (ediles). Las ha manipulado", lanza.

"Estuve unos meses de baja. Cuando regresé querían echarme", indica.

Las diferencias se hicieron públicas en el último pleno, celebrado a final de julio. Entonces las dos facciones del PP local enfrentadas se enzarzaron. "Me han presionado desde el partido para que dimita. Soy enfermera y me ofrecieron un cargo mejor en un hospital", sostiene la regidora. El PP no confirma la oferta. "Hace mutis por el foro. Génova no se pronuncia", advierte.

La oposición asiste incrédula a la situación. "No entendemos cómo si hay ilegalidades no acuden a un juez", señala Rafael Fernández Anchuelo, concejal socialista. "Están intentando ocultar las irregularidades", concluye.

ELPAÍS.COM

EL PP ACUSA A LOS SOCIALISTAS DE FINANCIACIÓN ILEGAL

El PP ha acusado a los socialistas de "presunta financiación ilegal". En un comunicado difundido ayer, los populares relacionan el caso de la agente electoral del PSdeG de Muxía -que ya fue objeto de una comisión de investigación en el Parlamento- con una "supuesta red de desvío de fondos públicos con dirección a las arcas socialistas". Las acusaciones del partido del Gobierno coinciden con la vista judicial en la que mañana comparecerá el ex secretario general de Emigración del bipartito, Manuel Luis Rodríguez y el ex director general de Empleo Álvaro Ansias, ambos de PSdeG. El alcalde de Muxía, el también socialista Félix Porto, está imputado por los supuestos delitos de malversación y fraude en subvenciones.

ELPAÍS.COM

EL JUEZ IMPUTA A OTROS CINCO EX CARGOS DE MATAS

Los escándalos que afectan al PP

El ex presidente balear negoció en persona con FCC que el velódromo estuviera listo antes de las elecciones

MANU MENÉNDEZ - Palma

El juez cerca al entorno del ex presidente balear Jaume Matas. Anoche, la declaración del ex gerente de la Fundación Illefport -entidad que asignaba los fondos públicos del velódromo Palma Arena- desencadenó en 14 nuevas imputaciones, entre ellas, las de otros cinco ex altos cargos del ex presidente balear. Uno de ellos es su ex jefe de comunicación, Joan Martorell, de su máxima confianza, y actualmente jefe de prensa del PP de Baleares. En total, el juez que lleva el caso Palma Arena por una obra que costó casi 110 millones, el doble de lo presupuestado, ha imputado a 32 personas, de las que 12 son ex altos cargos del Gobierno de Matas.

Además de Martorell, también resultaron imputados anoche otros cuatro ex altos cargos. Son Raimundo Alabern, ex director general de Ibatur, el instituto balear de turismo; Pedro Álvarez, ex regidor de Hacienda del Ayuntamiento de Palma, y actual consejero del Consell de Mallorca; Antonio Amengual, ex secretario general de la Consejería de presidencia y deportes; y Javier Cases, ex secretario general de la Consejería de Turismo. Está previsto que no presten declaración antes de septiembre.

Muchas prisas

Un informe oficial incluido en el sumario revela que Matas se implicó en persona en la construcción del velódromo. Ayer, el ex director de Deportes del Consell de Mallorca, Antoni Palerm, reconoció ante el juez haber facturado 840.000 euros de su empresa de construcción al consorcio público responsable del recinto.

Durante el concurso para adjudicar las obras, que se anunció en noviembre de 2005, todas las constructoras candidatas coincidieron en que era imposible culminar el velódromo a principios de 2007, tal y como pretendía el Gobierno balear. No obstante, la UTE (unión temporal de empresas) integrada por Melchor Mascaró y FCC aceptó el encargo tras la mediación directa de Matas. El informe "Situación de Obra y Valoración Económica del Palma Arena", elaborado por la dirección de la obra, indica que Matas llegó a un "compromiso personal" con responsables de FCC para que la empresa finalizase en poco más de un año, una construcción cuya duración habitual habría sido de dos años y medio.

Los hermanos arquitectos García-Ruiz, que heredaron el proyecto del alemán Ralph Schürmann por decisión de Matas y con un contrato de casi nueve millones de euros, realizaron entonces una nueva valoración de las obras. Estimaron que en el coste previsto inicialmente faltaban al menos 4,5 millones en concepto de unidades de obra, dos millones en forjados, 2,5 millones en suministros de agua y electricidad, tres millones por la urbanización del perímetro, 2,3 millones por los videomarcadores y 1,5 millones más en equipamientos. La declaración de los responsables de la UTE será clave para justificar el sobrecoste millonario del velódromo, que se construyó con prisas ante la inminencia de las elecciones autonómicas.

Noticias relacionadas:
* El PP denuncia en el Congreso una conspiración pero elude mencionar las escuchas
* La constructora del Palma Arena triplicó el precio de una lona, según un testigo


Jaume Matas Palou
A FONDO

Nacimiento:
05-10-1956

Lugar:
Palma de Mallorca

ELPAÍS.COM

UN TESTIGO ASEGURA QUE LA UTE FACTURÓ POR UNA LONA EL TRIPLE DE SU VALOR

PALMA ARENA | Prosiguen las declaraciones

* 'La factura eran 600.000 euros y la UTE facturó 1.800.000'

Efe | Palma

Jordi Casasnoves, un responsable de la empresa Tecnoeventos, que elaboró una lona para proteger el interior del Palma Arena de la luz exterior, ha declarado ante el juez José Castro que la UTE responsable de la construcción del velódromo triplicó el coste que él había facturado por dicho elemento.

Casasnoves ha prestado declaración durante casi dos horas ante el magistrado José Castro, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma que investiga una posible trama de corrupción en torno a la construcción del Palma Arena durante la pasada legislatura del PP.

Al finalizar la declaración, su abogado, Felipe Amengual, ha detallado en los pasillos del Juzgado que Casasnoves ha comparecido ante el juez como testigo y ha afirmado que su defendido es "una víctima de la UTE" que construyó el velódromo, formada por Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) y Melchor Mascaró.

"Ha facturado un precio de mercado, según parece, del triple de la factura que mi cliente ha pedido en un principio", ha afirmado el abogado sobre la UTE constructora de la infraestructura, según ha declarado Casasnoves, a partir de la documentación que le ha mostrado el juez en la comparecencia.

Según Amengual, "la factura eran 600.000 euros y la UTE facturó 1.800.000" al Consorcio del Palma Arena, en concepto de dicha lona.

"La UTE ha facturado tres veces más por el mismo trabajo al consorcio", ha asegurado el abogado.

Las declaraciones prosiguen este martes en el Juzgado de Instrucción número 3, donde presta declaración como imputado un constructor.

La instrucción del caso investiga la presunta corrupción relacionada con el sobrecoste que supuso la construcción de este velódromo de la capital balear en la pasada legislatura (2003-2007), cuando el PP gobernaba la Comunidad insular.

El presupuesto inicial del pabellón deportivo era de 48 millones de euros y finalmente superó los cien millones.

Además

* El juez cita como imputados a tres ex altos cargos del PP

ELMUNDO.ES

EL JUEZ JOSÉ CASTRO CITA COMO IMPUTADOS A TRES EX ALTOS CARGOS DEL PP

CASO PALMA ARENA | Operación Espada

* Se trata del ex director de comunicación, Joan Martorell, el ex director del Ibatur, Raimundo Alabern y el ex concejal de Hacienda en Palma
* Todos ellos prestarán declaración ante el juez en septiembre

Eduardo Colom | Palma

Nuevas imputaciones en el Caso Palma Arena. El juez José Castro, que instruye el caso por las presuntas irregularidades en la construcción del velódromo, ha realizado una nueva ronda de citaciones para el mes de septiembre.

Todas estas nuevas citaciones se producen en calidad de imputados y entre ellas destacan las de tres ex altos cargos del PP en la anterior legislatura: El ex director general de comunicación del Govern de Jaume Matas, Joan Martorell, al ex director del Ibatur (Instituto Balear del Turismo), Raimundo Alabern y el ex concejal de Hacienda en el Ayuntamiento de Palma, Pedro Álvarez.

Alabern y Álvarez prestarán declaración ante el juez el día 4 de septiembre a las 09.15 horas mientras que Martorell lo hará el día 16 a las 09.15 horas también. Además de estos tres ex altos cargos, el juez ha citado como imputados a otras 11 personas más, que declararán también en septiembre. Ocho personas prestarán declaración también en calidad de testigos ante el magistrado.

Con esta nueva ronda de declaraciones el juez trata de dilucidar la relación entre la Fundación Illesport (impulsora del Palma Arena) con la empresa de publicidad Nimbus que también está siendo investigada.

El juez y la Fiscalía Anticorrupción investigan posibles irregularidades en los contratos de obras durante la ejecución del Palma Arena, proyecto estrella durante la pasada legislatura del PP, que podrían haber duplicado el presupuesto de esta infraestructura hasta superar los 100 millones de euros. Así, se investigan los presuntos delitos de malversación, prevaricación, cohecho y falsedad documental.

El Ministerio público trata de averiguar así el origen de los 45 millones de euros que la Unión Temporal de Empresas que construyó el velódromo (Melchor Mascaró y FCC) reclama al actual Govern, sumando casi el doble del coste inicial de la obra, que rondaba los 48 millones de euros.

Además

* Palerm reconoce que facturó más de 800.000 euros

ELMUNDO.ES

lunes, 24 de agosto de 2009

VEINTISÉIS AYUNTAMIENTOS MURCIANOS MANTIENEN EN SUS PUESTOSS A ALCALDES Y ALTOS CARGOS PENDIENTES DE JUCIO

La corrupción en Murcia y aquello de “la manzana podrida…”

CECILIA GUZMÁN

Dice el refranero popular que “la manzana podrida pierde a su compañía”, y algo así ha debido pasar en la Comunidad Autónoma de Murcia, donde una enmarañada trama de corrupción se ha cebado con las fechorías de alcaldes y altos cargos del Gobierno que preside el popular Ramón Luis Valcárcel Siso desde el año 1995, con mayoría absoluta. Un sinfín de causas judiciales abiertas, donde ediles imputados y otros pesos pesados continúan en sus puestos a día de hoy, a falta de sentencias.

La oposición ha acusado a Valcárcel de “no tener autoridad moral para depurar responsabilidades en su partido” y que “no puede exigir a sus alcaldes y concejales que separen claramente los intereses privados de los públicos, porque él mismo no lo ha hecho”. El secretario general de los socialistas en esa región, Pedro Saura, durante un debate televisivo en Canal 6, en 2007, [cuyo video se reproduce aquí], reveló que la familia del presidente poseía ocho conocidas empresas dedicadas al negocio de la construcción y promoción inmobiliaria, que “les habían producido pingües beneficios”.















Las empresas de la familia
En el listado presentado por la oposición socialista (enlace información diario La Verdad) aparecen más de ocho empresas de familiares del presidente murciano, cuyo objeto social es el asesoramiento inmobiliario, construcción y promoción de inmuebles. En “10 J. M. Gunter”, fundada en 2001, aparecen como administradores una hermana, María Isabel Valcárcel Siso, y su marido; en “Ancara-9, S.L”, inscrita en 2005, figura su hermano, Carlos Valcárcel Siso, y la esposa de este; mientras en “Guayaquil Import”, la administradora única es su hermana, Marta Valcárcel Siso. Por otro lado, las compañías “Meroño y Cruz”, “Habvit Viviendas”, “Secruz 3”, “Faromar Urbanizaciones”, “Faromur Promociones”, e “Hijos de Juan Francisco Cruz Alfaro” son propiedad de su cuñado Juan Francisco Cruz Alfaro.

Peñalver, el jefe de Urbanismo











Peñalver en su época de jefe de Urbanismo. Foto de La Verdad.es

La evidencia de las empresas familiares del presidente Valcárcel, no obstante, no ha pasado a más. No ha tenido la misma suerte el ex jefe de Planeamiento de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia, Joaquín Peñalver Mota, que sí está inmerso en una causa judicial porque, según el informe de la Fiscalía, pretendía “controlar toda la actividad urbanística de la región”, desde el despacho de arquitectos de su familia, Peñalver Arquitectos S.L, fundado por su padre, hermano y esposa, esta última como tapadera de su marido.

Los Peñalver, “los naranjitos”
Fiscalía apunta en su informe que “tal era el número de proyectos presentados al visado por el despacho Peñalver Arquitectos y Asociados S.L., y que irónicamente debían recibir el dictamen favorable del propio Joaquín Peñalver, que los funcionarios de Urbanismo lo denominaban sarcásticamente los naranjitos, dado el color de la carátula que utilizaban”, según el diario La Verdad.

Veintiséis de cuarenta y cinco
Veintiséis ayuntamientos de la Comunidad murciana, que cuenta con un total de 45 localidades, tienen procesos judiciales abiertos por corrupción contra algunos de sus altos cargos, sobre todo alcaldes, la inmensa mayoría del PP. Sobre sus hombros, imputaciones por presuntos delitos urbanísticos, compra de votos, cobro ilegal de comisiones, prevaricación o falsedad documental, y la mayoría sigue en sus puestos a la espera de juicios, según evidenció la revista Interviu.

Los excesos… y comilonas” en Villanueva















López Ayala y Valcárcel. Foto de Vegamedia Press

En Villanueva del Segura, que cuenta con apenas 1.500 habitantes, el alcalde, José Luis López Ayala(a la izquierda, en la foto), “ha malgastado en poco más de dos legislaturas más de 800 millones de las antiguas pesetas, ha forjado una red de privilegios a afines a su partido. Asesores personales, excesos en los sueldos del alcalde y de los concejales del PP, vehículos, comilonas (60 millones de pesetas gastadas en fiestas)”, según denunció en un comunicado el grupo socialista en ese municipio. Actualmente, López Ayala, el arquitecto municipal y tres concejales de su Gobierno están siendo investigados, a partir de una denuncia de Ecologistas en Acción, por la concesión de una licencia para construir en una zona de dominio público del río Segura la urbanización Spa Valley, en el paraje de La Morra.

Caso Totem, ¿caso Murcia?












El alcalde Andreo aclamado cuando salió de la cárcel. Foto de VegaMedia Press

Antes de que termine este año, podría comenzar el juicio por el llamado caso Totem, una operación destapada en la localidad de Totana a finales de 2007, contra el pago de comisiones millonarias a cambio de licencias municipales, y en la cual están acusadas 17 personas, entre ellas, el ex regidor Juan Morales y el actual alcalde, también popular, José Martínez Andreo, que fue detenido en noviembre de 2007 acusado de nueve delitos, y que consiguió salir de prisión en febrero de 2008 pagando una fianza de 70.000 euros. Actualmente, continúa al frente de la Alcaldía. Esta trama de corrupción ha llegado también a Cajamurcia, a través de su filial Summa Inversiones Inmobiliarias, implicada en la causa judicial.

El apoyo al alcalde corrupto
La detención del alcalde Martínez Andreo levantó revuelo en la localidad de Totana, pero por razones contrarias a lo que podría pensarse. Más de 500 personas se concentraron ante la cárcel de Sangonera, convocadas por la plataforma Por el Buen Nombre de Totana, para apoyarle. Y esta contradictoria actitud refleja una realidad que se extiende a toda la Comunidad de Murcia, donde en las últimas elecciones, a pesar de los muchos escándalos de corrupción, los populares obtuvieron el 61,55% de los votos.

Urbanismo especulativo y riqueza
Juan José Cánovas, concejal de Izquierda Unida en Totana, explica la razón del éxito de Andreo, que apunta a un fuerte caciquismo del PP en la Comunidad. “Desde el ayuntamiento se han anulado todos los colectivos críticos, además, el consistorio ha gastado 100.000 euros en publicidad para los medios locales. Y controla la mayoría de las subvenciones”. Por otro lado, y con un gran peso en la conciencia de la gente está la especulación inmobiliaria, “que ha dejado muchos nuevos ricos en Murcia. Todo el mundo tiene un vecino o un conocido que contaba con un terreno que ya no servía para cultivos y que ha hecho dinero con las recalificaciones”, de acuerdo con la opinión de ecologistas de la zona. "Es una vinculación psicológica muy fuerte entre urbanismo especulativo y crecimiento económico", resume el líder regional de IU, José Antonio Pujante.

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